Recortes
En 2012 se incorporan un 55% menos de beneficiarios catalanes de la Ley de Dependencia de los que lo hicieron en 2011
Un total de 18.098 catalanes se han convertido en beneficiarios de la Ley de dependencia en 2012, un 55% menos de los que lo hicieron en 2011, cuando se incorporaron más de 40.000 dependientes.
Entonces, el número de solicitudes fue un 35% superior, con 63.000 peticiones iniciales de valoración frente a las 41.195 registradas en 2012.
Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, recogidos por Europa Press, el número total de dependientes catalanes reconocidos y que reciben algún tipo de prestación o servicio es actualmente de 158.589, mientras que 2011 se cerró con 140.491 beneficiarios.
Durante el último año, la Generalitat ha tramitado 94.652 valoraciones, 48.008 correspondientes a solicitudes iniciales –también de años anteriores– y 46.644 a peticiones de revisión de grado de dependencia.
Aunque en 2012 se han frenado las solicitudes iniciales de valoración porqué la mayor demanda se registró durante los primeros años de la Ley –en 2008 se computaron más de 101.000–, sí que se han incrementado las revisiones de grado, teniendo en cuenta que la situación de los beneficiarios empeora con los años.
En 2012, la Generalitat ha revisado casi 40.000 casos de dependientes ya reconocidos, mientras que en 2011 fueron 37.202, y en 2012, 22.136.
Además, ha resuelto 34.502 planes de atención individualizada (PIA), un 9,2% menos que en 2011, cuando se realizaron 38.019.
DESDE 2007
Desde la implantación de la Ley de dependencia en 2007, un total de 436.613 catalanes han solicitado valoraciones para poder ser beneficiarios, y 103.993 han pedido revisar la valoración de su grado.
En el mismo periodo, la Generalitat ha valorado 398.662 casos, resolviendo 225.528 nuevos PIA y quedando aún pendientes 18.286, aunque 90.000 casos más no se han podido tramitar por caducidad de los documentos, desestimación del caso o defunción de los solicitantes.
Además, la administración catalana ha tramitado 98.834 revisiones de grado, de las cuales ya ha resuelto el 83,8%, aunque aún están pendientes el 16,2% de ellas.
SIN PROTECCIÓN
Según los mismos datos, un total de 63.237 personas han sido catalogadas de ‘grado no protegido’, o bien porqué su discapacidad no es aún suficiente como para acceder al sistema de prestaciones y servicios, o bien porqué han sido valorados de ‘grado 1’, cuya cobertura ha sido eliminada por el Gobierno central.
Los pagos a estos dependientes han sido pospuestos por el Ejecutivo central hasta 2015 por falta de liquidez, por lo que todas aquellas personas que sean reconocidas como dependientes leves hasta entonces no podrán recibir prestaciones pese a necesitarlo.
Aerte y FED trasladan al Comité Consultivo del Sistema de Atención de la Dependencia Nacional la necesidad de resolver la deuda pendiente de 60 millones
La FED, Federación Empresarial de la Dependencia a la que pertenece AERTE -patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana- ha trasladado en el Comité Consultivo de la Dependencia, su disconformidad a la forma en cómo se han realizado los pagos del pasado 28 de diciembre a las empresas del sector de la dependencia.
Aerte y FED han trasladado al Comité Consultivo del Sistema de Atención de la Dependencia Nacional la necesidad de resolver la deuda pendiente de 60 millones que aún mantiene con sus asociados. «Los pagos realizados recientemente no han cubierto la deuda de la mayor parte de las empresas asociadas a la patronal de la dependencia de la Comunidad Valencia».
La patronal de la dependencia traslada su malestar con los sindicatos por no haber defendido a todas las empresas del sector de la dependencia por igual. Aerte insiste en la necesidad de solucionar la situación de más de 11.000 dependientes reconocidos con los expedientes paralizados y sin resolver.
La Casa Real intercederá ante Bienestar Social para que salde la deuda con Apadis
La Casa de Su Majestad el Rey ha respondido a la carta enviada por el Ayuntamiento de Villena donde se le informaba de la situación que está viendo la Asociación para la Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual de Villena y Comarca (Apadis). En la misiva enviada a la corporación municipal, Su Alteza Real la infanta Elena «lamenta mucho las circunstancias que se describen», y ha dispuesto que se envíe la información a la Conselleria de Bienestar Social, responsable de abonar los pagos pendientes. De este organismo espera que estudie la situación y que «envíen la respuesta que proceda». Asimismo, expresa su deseo para que se solucione el problema.
El 20 de diciembre el pleno municipal de Villena acordó por unanimidad enviar a la infanta Elena una carta para pedirle su intercesión ante la Generalitat Valenciana por la difícil situación económica en que se encuentra Apadis debido a los impagos de la Conselleria de Bienestar Social. Con ella, además, se adjuntó el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villena en el que se abordó la acuciante necesidad de apoyar a Apadis y conseguir que la Generalitat regularice los pagos con la entidad. Se incluyó, además, un escrito en el que el alcalde, Javier Esquembre, describió a Doña Elena los graves problemas que hay.
La idea de enviar esta carta a la Casa Real nació de la vinculación que la asociación villenense tiene con la infanta Elena, que acudió a la inauguración del último edificio construido por esta asociación, el centro de Atención Temprana. El 20 de octubre de 2009, la Infanta Elena inauguraba las instalaciones ubicadas en la avenida Paco Arévalo, tras visitar la Casa Consistorial, saludar a la corporación municipal y conocer el Tesoro de Villena que se ubica en el Museo Arqueológico José María Soler.
El presidente de Apadis, Luciano Martínez, habló en esta inauguración de la labor de más de 40 años de la asociación y su objetivo de atender a las personas con discapacidad psíquica en todo su ciclo vital. En la infancia con el centro de atención temprana que se acababa de inaugurar, en la adolescencia con el centro de educación especial, y en la edad madura con el centro ocupacional y la vivienda tutelada. Entonces se valoraba, además, la construcción de un centro de día para cerrar el círculo de la atención a las personas con discapacidad psíquica.
Los concejales de la actual corporación villenense, que apoyaron por unanimidad el envío de esta carta a la infanta Elena, así como otras acciones a favor de la entidad social, consideran que Su Alteza Real podría ser una buena intermediaria al conocer la actividad que realiza Apadis.
Sánchez Zaplana irá comunicando a los colectivos la manera en que efectuará los pagos pendientes de 2012 y 2013
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha señalado que su departamento irá comunicando a los colectivos, personas y entidades que dependen de Bienestar Social, «de qué manera se van a efectuar los pagos pendientes de 2012 y 2013». Los datos «los iremos proporcionando conforme sea necesario», ha apuntado.
Sánchez Zaplana, que se ha expresado de esta manera tras la reunión de trabajo mantenida este miércoles con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha indicado que trabajan de forma «coordinada» con la Conselleria de Hacienda y que «sobre la mesa están los pagos pendientes del año pasado, del que se ha realizado a finales de ejercicio uno «importante con algunos colectivos» que ha sumado casi 120 millones.
De esta manera, ha sostenido que, junto con Hacienda, trabajan para«atender los pagos y acuerdos» que desean alcanzar con plataformas de dependientes, el Cermi o Concemfe, para esa sostenibilidad del sistema de dependencia. «Se trata de dar un paso tras de otro», ha apostillado.
Por otro lado, ha destacado la apuesta de su departamento por alcanzar un«gran pacto social» con los colectivos que dependen de esta Conselleria que sirva para «escuchar, coordinar y consensuar» las reivindicaciones de este sector, para plasmarlas en iniciativas parlamentarias, así como crear mesas sectoriales.
Este pacto social consiste en «escuchar las reivindicaciones de los colectivos, la patronal y los servicios que gestionan la discapacidad, la enfermedad mental, escuchar a las familias, a los dependientes y, si es posible, crear mesas sectoriales o la fórmula que se vea», ha apuntado la consellera.
«Si es posible, que creo que sí aunque va a ser un trabajo complicado pero muy posibilista, conseguir un gran pacto social con los sectores, fundamentalmente con el sector de la dependencia y la discapacidad», ha subrayado.
«ESCUCHAR, COORDINAR Y CONSENSUAR»
«Algo que nos están reivindicando desde el primer momento es que se les escuche, que se atiendan sus reivindicaciones y que las iniciativas que vayamos a llevar al Parlamento valenciano sea escuchándoles y coordinándose con ellos, colectivos, familias y gestores de servicios», ha dicho la consellera, quien ha remarcado que se trata de «escuchar, coordinar y consensuar».
En cuanto al encuentro que ha mantenido con el jefe del Consell, Sánchez Zaplana ha explicado que le han informado de los «objetivos y líneas maestras del equipo de la Conselleria para este año».
Por su parte, Alberto Fabra les ha trasladado el «compromiso de cercanía que quiere que tenga este departamento con los colectivos y que la gente sepa que estamos comprometidos con las personas y que nuestro primer objetivo es el mantenimiento de las prestaciones básicas, garantizar la sostenibilidad del sistema de dependencia y trabajar de manera coordinada», ha explicado.
Los empleados del centro de Burjassot posponen su huelga de hambre tras el compromiso de pago de Bienestar Social
Los dos trabajadores del Centro Ocupacional para discapacitados psíquicos Los Silos de Burjassot (Valencia) que tenían previsto iniciar este jueves una huelga de hambre para exigir el pago de los más de 188.000 euros que les adeuda la Generalitat han pospuesto esta medida después de que la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, se comprometiera a saldar en 9 días los impagos a todos los centros ocupacionales.
Al respecto, uno de los trabajadores, Julián Oviedo, ha explicado que en la tarde de este miércoles la Coordinadora de centros ocupacionales de la Comunidad Valenciana (Copava) se reunió con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y le entregó un escrito firmado en el que se compromete a saldar las deudas con todos los centros ocupacionales en un plazo de 9 días ya que antes «no pueden por trámites burocráticos con la conselleria de Hacienda».
Ante este compromiso, el personal del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot, en el que trabajan ocho empleados de los cuales seis son socios de la asociación que gestiona el centro, mantuvieron una reunión en la que se acordó posponer esta medida de presión nueve días hasta comprobar que Bienestar Social cumple con su compromiso.
No obstante, ha recalcado que si pasado ese plazo Sánchez Zaplana no hace efectivo el impago del 40 por ciento de las subvenciones que el centro, que cuenta con 40 usuarios, debería haber recibido correspondientes al año 2012, un porcentaje que equivale a seis meses de impagos, iniciarán la huelga de hambre.
Oviedo, junto a Vicente Gasó, el otro trabajador que iba a iniciar la huelga de hambre, han acudido este jueves a las puertas de la Generalitat Valenciana, acompañados de un nutrido grupo de usuarios del centro, para leer un manifiesto en el cual han comunicado que posponen la huelga de hambre hasta que se cumpla el plazo acordado, nueve días.
Asimismo han acudido para mostrar su apoyo los representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burjassot, Rafa García, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Emili Altur Diputado y Concejal, José Blanco y Manuel Menero, concejales del Ayuntamiento de Burjassot, y además de otros representantes del sector como Ángel Bonafé, presidente de COPAVA y director del Centro Ocupacional El Renàixer de Godella, según han señalado fuentes municipales.
Oviedo ha explicado que estos impagos han provocado que el centro no pueda pagar a la empresa de catering desde septiembre y que se haya agotado la póliza de crédito que suscribieron con una entidad bancaria, lo que podrá desembocar en un embargo por parte del banco de las casas de alguno de los socios que avalan dicha póliza.
ACCIONES EXTREMAS
Al respecto, la diputada autonómica de EUPV Esther Barceló ha lamentado que la consellera «haya esperado para comprometerse a pagar a estos trabajadores hasta que estos habían convocado una huelga de hambre». «Es intolerable que la Conselleria atienda sus responsabilidades cuando los trabajadores y usuarios del sector de la discapacidad deciden llegar a acciones tan extremas como una huelga de hambre, con las que incluso ponen en peligro sus vidas», critica.
En ese sentido, ha señalado que «es muy triste ver que la conselleria actúa tarde y mal ante situaciones desesperadas». «La situación de sector de los dependientes y la discapacidad está al límite, y no podemos tolerar esta incapacidad y total irresponsabilidad ni un minuto más», ha apostillado.
Aerte lamenta el oportunismo de aquellas formaciones políticas más interesadas en obtener rédito de la situación del sector de la dependencia que en encontrar una solución a sus problemas
Aerte recuerda que la mayoría de sus centros, que no han cobrado desde hace 1 año, no han abonado las nóminas completas de los dos últimos meses ni las pagas extras
La patronal del sector de la dependencia mantiene su confianza en los esfuerzos que se están realizando desde la Consellería
Aerte, la principal patronal de la dependencia valenciana tanto por número como por volúmen de centros representados, ha mostrado su crítica hacia el oportunismo de algunas formaciones políticas cuya trayectoria parece estar más centrada en obtener rédito político de la situación por la que atraviesa el sector actualmente, que en trabajar por encontrar soluciones a los problemas que arrastran las empresas de la dependencia en la CV.
Aerte ha trasladado al entorno político la necesidad de buscar puntos de consenso a través de los cuales resulte posible trabajar, de forma conjunta, en la resolución de los problemas de aquellas personas en situación de dependencia -alrededor de 11.000- cuyos expedientes aún no se han resuelto y se encuentran desamparados, así como a paliar la situación de los más de 12.000 trabajadores del sector dependencia que se encuentran en una situación de riesgo laboral extremo.
En este sentido, Aerte ha recordado que resultará más fácil recorrer el camino para la resolución de los problemas que aquejan actualmente al sector desde la unidad y el trabajo conjunto que permita a las diferentes formaciones políticas encontrar soluciones para esta problemática situación de índole social, que afecta a un importante porcentaje de la población.
En este sentido, Aerte ha instado a estas formaciones políticas a tomar ejemplo de la responsabilidad de aquellos centros que tras más de un año sin haber cobrado, continúan prestando sus servicios a las personas dependientes, aún haciéndolo a costa de solicitar préstamos y pólizas de crédito, pues se trata de un derecho adquirido y reconodido socialmente.
2013 comienza con los mismos problemas
El año 2013 ha comenzado para el sector de la dependencia arrastrando los mismos problemas con el que se ha despedido el año 2012: deuda pendiente sin cobrar, problemas para el pago de nóminas de los centros a sus trabajadores, pagas extraordinarias que no se han podido abonar y en general, percepción de desamparo.
No en vano, los centros representados por Aerte acumulan aún una deuda de un año pendiente de resolución. La mayor parte de ellos no han podido abonar las últimas dos nóminas de sus trabajadores, ni tampoco la paga extraordinaria de Navidad. Pese a ello, los centros continúan prestando sus servicios a los dependientes.
En cuanto a los 11.000 expedientes de personas dependientes que todavía no se han resuelto o no han podido regularizar su situación, Aerte ha solicitado un esfuerzo conjunto y vocación de justicia para reconocer a este segmento de la sociedad un derecho adquirido con el que los gobernantes tienen una clara responsabilidad.
En este contexto, Aerte ha manifestado su confianza en el trabajo del nuevo equipo de gobierno de Bienestar Social, así como su fe en que está haciendo lo posible por resolver una situación complicada, en el momento en que nos encontramos, pero que requiere de una inmediata resolución, al tratarse de salvaguardar el derecho de asistencia de un segmento especialmente vulnerable de la población valenciana.
Las residencias cántabras tendrán que asumir el transporte de todos sus usuarios dependientes
Los centros concertados tendrán que realizar directamente el servicio de transporte adaptado de todos sus usuarios con dependencia reconocida, incluidos los de grado III, de los que hasta ahora se encargaba la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social en virtud de una encomienda de gestión que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria acaba de revocar parcialmente.
El departamento que dirige la vicepresidenta, María José Sáenz de Buruaga, publica este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución de revocación, que tiene efecto a partir del 31 de diciembre.
Ello supone que a partir del 1 de enero, el servicio de transporte adaptado para los usuarios de centros concertados con dependencia reconocida de grado III pasará a ser realizado por los propios centros concertados, mediante la extensión del servicio que actualmente ya prestan a las personas con dependencia reconocida de grados I y II.
En la misma resolución, la Consejería también revoca la encomienda de gestión relacionada con el servicio de transporte adaptado y del servicio de catering en el Centro de Día de Castro Urdiales, en este caso con efectos desde el 16 de diciembre.
Como consecuencia de la privatización de la gestión del Centro de Día de Castro Urdiales, el adjudicatario del contrato tendrá que asumir entre sus obligaciones la prestación de los servicios de transporte adaptado y de manutención de los usuarios.
Todo ello supone la modificación del convenio de abril de 2008, por el que se encomendó a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas en situación de dependencia y de otras prestaciones derivadas de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales, entre las que se encuentra el servicio de transporte a las personas en situación de dependencia.
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, anuncia el pago pendiente con APADIS antes de final de mes
En la tarde de ayer el alcalde, el primer teniente de alcalde y los cuatro portavoces de los grupos políticos con representación municipal se reunieron en Valencia con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. El objetivo de este encuentro era trasladar a la nueva consellera las reivindicaciones de APADIS, tal y como se comprometió por consenso la corporación en el Pleno de diciembre. En esta reunión, que alcalde y concejal de Bienestar Social han definido como “cordial, interesante e intensa”, tuvieron también ocasión de reclamar a Sánchez el pago de la deuda que su Conselleria mantiene con el Ayuntamiento de Villena, y que asciende a 1.600.000 euros.
Los detalles de este encuentro han sido aportados esta mañana por Javier Esquembre, alcalde de Villena y Fulgencio Cerdán, concejal de Bienestar Social, que destacaban la unidad y el consenso de todos los grupos políticos sobre este tema y el haber sido el primer municipio recibido por Asunción Sánchez tras el cambio de conseller de Bienestar Social, en sustitución de Jorge Cabré.
De la reunión volvieron con el compromiso de la consellera de regularizar el pago pendiente de APADIS, que asciende a 528.000 euros. En un primer momento se establece el 21 de enero -o en su defecto el 31- como tope para actualizar los pagos con las asociaciones de discapacidad de toda la Comunidad, aunque esta fecha quedará mejor definida tras la reunión que durante el día de hoy mantendría Sánchez con el conseller de Hacienda.
En esta misma reunión con Hacienda, la consellera prometió incidir en la particularidad de nuestra ciudad con el CRIS, que en el caso de Villena es de titulariadad municipal pero que en la mayoría de municipios asume directamente Conselleria. Esto supone un importante incremento de la deuda que la entidad autonómica mantiene con el Ayuntamiento, y que asciende a 1.626.130,62 euros, una cifra que según el alcalde “asombró” a la Consellera, y que le llevó a comprometerse a subrayar esta singularidad en la valoración de prioridades de pagos.
Tanto Esquembre como Cerdán coincidían en la “satisfacción” con la que salieron de la reunión, al haber podido profundizar en las cuestiones que interesan a Villena y percibir el compromiso de la nueva consellera con el bienestar social, pues Asunción Sánchez fue durante años concejala de este ámbito en el Ayuntamiento de Alicante. “Conoce el área y es consciente de que el apoyo del entorno es fundamental para que el pilar se los servicios sociales se mantenga”, indicaba el alcalde.
Por su parte Fulgencio Cerdán facilitó a la consellera el listado de la deuda que su administración mantiene con las diferentes asociaciones sociosanitarias de Villena. Del mismo modo le recordó las cantidades pendientes de pago con el Ayuntamiento, a las que corresponden 140.000 euros de 2010, 200.000 euros de 2011 y unos 500.000 euros de 2012. La consellera se comprometió a agilizar las gestiones con el conseller de Hacienda para que el Consistorio pueda cobrar pronto lo correspondiente a 2010, 2011 y un 60% de 2012.
El edil de Bienestar Social avanzaba que esta misma mañana se reunía con el CRIS para trasladarle las impresiones de esta reunión y estudiar cómo afrontan la difícil situación económica que está atravesando el centro. Aunque anuncian un pago próximo desde el Ayuntamiento, Cerdán avanzaba que el departamento de Intervención advierte de que será difícil que Villena siga adelantando estos pagos si no son correspondidos por Conselleria.
Cerdán valoraba el talante cercano y dialogante de la consellera, pero subrayaba que el problema actual es fruto de “la gestión de los últimos años de la Generalitat y las Consellerias”, al tiempo que esperaba que “el PP sea capaz de rectificar esta mala gestión de muchos años”. En la reunión también estuvo presente la Secretaria Autonómica de Bienestar Social y la villenense Mª José García Herrero, diputada autonómica del Partido Popular.
Hachazo a la ley de Dependencia
El sistema de dependencia se desmorona y la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno vaticina lo peor: su desaparición. Los recortes en las prestaciones y el aumento del copago hacen insostenible el sector, que sufre colapsos, retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores y lo más importante, deja a los dependientes desatendidos.
Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres con Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), tuvo que abandonar su empleo para poder atender a su hija dependiente, que presenta un 66% de minusvalía. «En 2008, se le valoró como gran dependiente grado 3, con 90 puntos de dependencia. En 2011, cuando cambió el Gobierno, volvieron a reevaluar a la niña y pasó a ser considerada no dependiente», asegura.
Pero el drama familiar que sufre Gil no termina ahí: su cuñada, que padece una discapacidad psíquica y física, también vive con él. «Se le valoró como grado 2-nivel 2, también con prestación económica y yo como cuidador. Se le suprimió la prestación. Tengo a dos grandes dependientes en mi casa: una necesita una máquina para vivir y la otra tiene discapacidad física y psíquica y está en silla de ruedas«, denuncia.
El futuro de los dependientes se encuentra en un limbo desde el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó a través de decreto ley, una serie de medidas que cuestionan la conservación del sistema. El golpe es duro. Las prestaciones económicas a los cuidadores familiares se han reducido un 15%, es decir que la baja podría superar los 50 euros al mes. Además, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social y se les exige cumplir con unos conocimientos básicos para atender al dependiente. También se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia y el copago podría alcanzar hasta el 90% del pago en el servicio recibido. Estas son, a grandes rasgos, las medidas que inquietan a las asociaciones, a la patronal de los dependientes, a los sindicatos y que han generado un rechazo social absoluto.
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), explica a este diario que actualmente hay «un millón de personas que dependen de la ley, que nos necesitan para levantarse, para asearse, para comer, nos necesitan para realizar las actividades básicas de la vida diaria».
Desde FED son incapaces de encontrar explicación a este hachazo que propone el Ejecutivo y consideran que el duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia». Echevarría asegura que «está firmemente convencido de que puede ser un motor de la economía, porque es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda y se podrían crear 38.000 puestos de trabajo»
La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad de reconocer por fin un derecho social, un sistema gratuito y universal que garantiza todos los servicios necesarios para las personas dependientes. Por eso desdeUGT señalan que otro de los problemas que supone el severo recorte en la ley es el atraso social que podría generar. Ana Sánchez Cobo, responsable de Políticas Sociales del sindicato, explica a este diario que una de las consecuencias de la reforma de la ley es la regresión social:«Volvemos otra vez a lo que ha pasado toda la vida en este país y es que las mujeres se tienen que quedar en su casa sin poder desarrollar su vida laboral para atender a las personas dependientes que hay en el hogar».
Tanto FED como UGT coinciden en que el ataque que se produce es directamente a un derecho adquirido. Echevarría se lamenta y denuncia que la situación es «gravísima, tenemos un compromiso moral con estas personas, nos necesitan, son las personas más frágiles de la sociedad, estamos atendiendo a nuestros padres». Y ahí es donde UGT considera que está el problema. Sánchez Cobo cree que «los temas sociales siempre se han visto como problemas individualizados puesto que no existía una ley a nivel de estado que garantizara este derecho» y aclara que «para que la gente tenga interiorizado que es un derecho ciudadano, tiene que pasar mucho tiempo».
Por el momento se desconoce cuántas personas quedarán desatendidas con el endurecimiento de la ley. Según UGT, sólo en Madrid 20.000 personas dependientes ya padecen los recortes y más del 50% de las empresas y trabajadores del sector sufren «retrasos tremendos en el pago de sus nóminas». FED, convencido de que la conservación de la ley es posible, ha intentado contactar con el Gobierno central para demostrar «con cifras, estudios y números» que sí es posible, pero todavía no han recibido respuesta.
Los trabajadores municipales sevillanos de dependencia piden solución a sus despidos
El colectivo de trabajadores sociales y auxiliares administrativos que trabajaban para el Ayuntamiento de Sevilla prestando labores en los servicios sociales y de atención a personas dependientes hasta su reciente cese ha celebrado este jueves una concentración en la plaza de la Encarnación, ante la sede del área de Recursos Humanos. Después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) haya publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente a la asignación de 740.497 euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad de Sevilla, estos trabajadores consideran que el Consistorio no tiene «excusas» para mantenerles en el paro.
Estos trabajadores, como se ha informado, están sujetos a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas actuacionescofinancian en la ciudad las administraciones autonómica y local.
En ese sentido, el área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento hispalense resolvió el pasado 31 de diciembre el «cese» de estos empleados, en concreto 31 trabajadores sociales y 18 auxiliares administrativos, a cuenta de los «recortes» anunciados por el Gobierno andaluz en materia de dependencia y la ausencia de datos exactos en cuanto a las aportaciones autonómicas para la aplicación de la Ley de Dependencia en la capital andaluza.
Todo el mismo día
Pero Yolanda Carrasco, miembro de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado a Europa Press que el mismo día que se hizo efectivo el cese de estos trabajadores municipales, el 31 de diciembre, el BOJA publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativo a los créditos asignados por la Administración andaluza para la aplicación de la Ley de Dependencia. En el caso de Sevilla, figura un crédito de 740.497 euros, según el documento oficial recogido por Europa Press.
Yolanda Carrasco ha explicado que esta asignación implica una reducción «del 48 por ciento» respecto a la consignación del año 2012, pero ha advertido de que tras la publicación de este acuerdo del Consejo de Gobierno en el BOJA y la resolución de la incógnita que pesaba sobre la aportación estatal, el Ayuntamiento hispalense «no tiene excusas» para mantener en el paro a estos trabajadores cuyos despidos «han sido innecesarios», pues como ella misma ha señalado, los programas correspondientes a la aplicación de la Ley de Dependencia funcionan «desde 2007» y la publicación de las aportaciones autonómicas surge «siempre a final de diciembre». «Esto es así todos los años», ha enfatizado.
Necesario «ajuste»
Carrasco ha reconocido que la aportación autonómica ha sufrido una caída muy significativa, pero ha defendido que es posible mantener los programas de atención a personas dependientes y los puestos de empleo a través de un «ajuste» de las actuaciones, por lo que ha llamado al Consistorio hispalense a trabajar en la materia. En ese sentido, ha rememorado que el último pleno del Consistorio respaldó «por unanimidad» la continuidad de estos programas con los mismos empleados.
Trabajadores y usuarios de la Ley de Dependencia protestan por los recortes
Trabajadores de la Ley de Dependencia en la Sierra, así como usuarios de sus servicios junto a sus familiares, han protagonizado junto con representantes de Comisiones Obreras (CCOO) concentraciones en la Avenida de España de Ubrique y en la Plaza de la Concordia de Olvera para denunciar los recortes que sufrirá esta norma a partir del año que viene.
Estas protestas, que se celebran en los municipios reseñados todos los viernes de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, han conseguido muy buena respuesta por parte de los convocados para poner de manifiesto los perjuicios que sufrirá el tijeretazo previsto en esta normativa, resultado de una nueva merma en la partida que le dedican los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para 2013.
En estas concentraciones, además de lucir pancartas contra este recorte, se ha dado lectura a un manifiesto reivindicativo en el que los participantes han insistido en los motivos de estas movilizaciones, «no estamos aquí para pedir más salario porque cobramos tarde, pero cobramos. Nuestro salario es bajo, pero tenemos trabajo. Estamos en la calle porque nos parece una injusticia que las personas más necesitadas sean las que tengan que sufrir tanto recorte que sólo crea más desigualdad.
Estos recortes también nos van a afectar a los trabajadores y trabajadoras que vemos cómo se reduce nuestro horario de trabajo y, por tanto, nuestro bajo salario», recoge el escrito.
Con todo, estas concentraciones volverán el próximo viernes 21 y el siguiente 28 de diciembre, a la Avenida de España de Ubrique y en la Plaza de la Concordia de Olvera.
Aerte liderará las reclamaciones de las personas dependientes
Aerte, la patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, celebró su asamblea general extraordinaria, cuyo contenido ha girado en torno a la situación a la que la administración ha arrastrado a sus asociados por los impagos reiterados de la deuda. Ademas, se debatió sobre la representación de todos los usuarios (personas en situación de dependencia) que bien no han percibido sus mensualidades correspondientes por parte de la administración o que no gozan del reconocimiento y resolución de su situación.
La adopción de una línea jurídica defensiva, en representación de los usuarios que no han cobrado sus prestaciones, resoluciones ni cobros -personas en situación de dependencia- representa el primero de los compromisos adoptados en la asamblea general que Aerte celebró ayer.
En este sentido, la patronal de la dependencia valenciana ha asumido el compromiso de aglutinar las reclamaciones, en nombre de estos usuarios, tanto de las mensualidades que se les adeuda como la retroactividad, el reconocimiento o la resolución.
Aerte se concede un plazo de cuarenta y cinco días en su Asamblea General Extraordinaria para acordar con la Administración el pago de la deuda pendiente
La asamblea General Extraordinaria de AERTE, celebrada en el día de hoy ha decidido, a petición de la Junta Directiva, darse un plazo de cuarenta y cinco días, dada la urgencia de la situación, para llegar a un acuerdo con la Administración, en la línea de las negociaciones que se venían llevando a cabo con el anterior equipo de Gobierno.
Estos acuerdos pretenden establecer el procedimiento para el pago de la mayor parte de la deuda pendiente, en el marco de un plan de pagos creíble y seguro para el resto de la deuda no pagada, así como un compromiso firme de atender puntualmente las facturas mensuales que se vayan generando.
Por otra parte se pretenden establecer otras medidas como la creación de 4000 plazas subvencionadas para atender a las personas en situación de dependencia que se encuentran en listas de espera así como diversas cuestiones relacionadas con las acreditaciones de los centros y funcionamiento ágil de la tramitación de la dependencia.
El próximo 31 de Enero de no haber logrado un acuerdo con la Administración se convocarán elecciones para que una nueva Junta Directiva continúe el trabajo en defensa del sector; con independencia de que continúe la actual Junta su trabajo hasta la toma de posesión de la nueva Junta.
Más de 60 ‘iaioflautas’ ocupan en Barcelona la Consejería de Salud contra los recortes
Más de 60 ‘iaioflautas’, vinculados al movimiento de ‘indignados’ que nació el 15M, han ocupado el vestíbulo de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña en una acción simbólica y pacífica contra los recortes de los dos últimos años en el sistema, que posteriormente les ha llevado al Hospital Clínico de Barcelona.
En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces del colectivo, Paco González, ha explicado este miércoles que el objetivo de su acción sorpresa y reivindicativa de la jornada es reclamar un sistema sanitario de calidad, coincidiendo con las concentraciones de personal convocadas en diversos hospitales catalanes.
Con el lema ‘La salut no és un negoci’ (La salud no es un negocio), los presentes, que se han quedado en la entrada del pabellón Ave Maria del departamento sin pasar los controles de seguridad, han pedido una reunión con directivos de la Consejería.
En la sala contigua de las Palmeras, han sido atendidos por el jefe de Gabinetedel consejero Boi Ruiz, Jaume Tort, así como por el director de Servicios del departamento, Xavier Rodríguez, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería, que han señalado que la acción ha transcurrido de forma «tranquila».
LISTAS DE ESPERA
En la entrada de la Consejería, han leído un manifiesto, en el que han criticado que«las listas de espera son cada vez más grandes y cada vez hay más corrupción en la sanidad catalana».
Posteriormente, y sobre las 12.30 horas el colectivo ‘iaioflauta’ ha llegado al Hospital Clínico, coincidiendo con la concentración de personal convocada por un grupo de trabajadores del centro y por el movimiento Acampada Barcelona en contra del cambio de régimen jurídico que se plantean Generalitat y hospital.
Casi el 30% de la población de Murcia viven ya en situación de pobreza y exclusión
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-Región de Murcia, aprovecha la celebración del Día de los Derechos Humanos para reclamar que los derechos humanos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se apliquen a todas las personas.
Pues nadie debería ser excluido del ejercicio de ninguno de ellos por ser mujer, pertenecer a una minoría o profesar una religión determinada; ni por ser gay, tener una discapacidad o afiliación política particular; ni por ser migrante o pertenecer a una raza o un grupo étnico.
Desafortunadamente, éste no es el caso de muchas personas. En España, casi 10 millones de personas viven ya en situación de pobreza y exclusión (el 20% de la población). En la Región de Murcia 413.000 (el 28,6% de la población). En el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 1.000 millones sufren hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
A cuenta de la crisis financiera, se recortan derechos para el 99% de la población, mientras que el 1% restante es más rico, acumula más poder cada día. Políticas públicas como la Cooperación Internacional está al límite de la desaparición en España y en la Región de Murcia lleva años desaparecida. Así, señala, no es posible cumplir con los compromisos de desarrollo. No es posible atender las necesidades básicas de las personas más débiles, las que sufren la pobreza y el hambre en todo el mundo.
Sacrificar la cooperación no es gratis: de ella dependen muchas vidas. Junto a ella, las políticas públicas relativas a educación, sanidad, empleo, dependencia, igualdad y servicios sociales se encuentran al borde del abismo. Los continuos recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, mantienen a España muy por debajo de la media de la UE en gasto social, manifiesta esta coordinadora en comunicado de prensa, que rechaza esta política de recortes que empobrece cada vez más a las personas.
Esta política de recortes, manifiesta, significa el desmantelamiento del estado del bienestar, que acaban con la solidaridad, que vulneran derechos y que acrecientan la desigualdad social.
Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-Región de Murcia, lanzan un grito desesperado, «tenemos nuestros derechos, queremos participar en la gestión de nuestras sociedades y economías y seguiremos trabajando para conseguirlo» porque, concluye, «existen alternativas».
Música y teatro para reivindicar la Ley de Dependencia
La plataforma en defensa de las personas en situación de dependencia organizó ayer un acto para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural de Muro donde actuaron los miembros del grupo de dolçainers i tabaleters La Xafigà quienes interpretaron la obra «Dependents» del compositor José Rafael Pascual Vilaplana. El cantautor contestano, Andreu Valor, también pisó el escenario para ofrecer un pequeño concierto y los actores y actrices de Faula Teatre protagonizaron una representación.
La plataforma organizó este acto para «denunciar delante de la sociedad la falta de aplicación y eficacia de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que todavía estamos sufriendo en la sociedad valenciana», para «sensibilizar y visualizar la existencia de las personas dependientes y el mundo que nos rodea» además de «informar a toda la sociedad, y en especial a las personas con situación de dependencia de nuestras comarcas, el ataque permanente que estamos sufriendo por una mala gestión del Gobierno central vulnerando el derecho subjetivo adquirido mediante la LAPAD», según señaló este colectivo a través de un comunicado.
En noviembre se han dado de baja 85.233 cuidadores de dependientes
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que no se podían mantener las cotizaciones a la Seguridad Socialde las personas que atienden a sus familiares dependientes, después de conocerse que en noviembre se han dado de baja 85.233 cuidadores.
Así lo ha indicado Moreno durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado, donde ha explicado que la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia no obliga a dar de alta a este colectivo, sino que «da la posibilidad», pero «sin asignación presupuestaria».
En este sentido, ha señalado que para las cotizaciones el Gobierno socialista destinó 33 millones de euros, cuando se necesitaban más de 300. Esto, según el ‘número dos’ del departamento de Ana Mato, ha generado al IMSERSO una deuda de 1.034 millones de euros con la Seguridad Social.
«La relación entre el cuidador y el dependiente se recoge más en el ámbito familiar y no laboral», ha defendido el secretario de Estado, para añadir que la figura del cuidador no se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, ha señalado que hace un año el Gobierno reconoció esta deuda con la Seguridad Social que «había que pagar» y que, para ello, se han buscado «formulas muy flexibles» para que las cuidadoras hagan una aportación propia, si querían continuar cotizando.
Cleries critica que el Gobierno haya «dimitido de sus responsabilidades» con los discapacitados
El conseller en funciones de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha deplorado que el Gobierno español haya «dimitido de sus responsabilidades» con los discapacitados al incumplir los pagos mínimos comprometidos con este colectivo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este lunes.
A través de un comunicado, Cleries ha reclamado al Gobierno central que respete las competencias exclusivas de la Generalitat en el ámbito de la discapacidad, asegurando que la actual Ley de Dependencia está «muy ahogada económicamente y a día de hoy se ha demostrado ineficaz e ineficiente».
Además, ha explicado que el Govern ha hecho grandes esfuerzos para dar respuesta a la falta de compromiso del Ejecutivo español, y ha afirmado que desde Catalunya se ha trabajado por «poner las personas en el centro de las políticas, especialmente las más vulnerables».
Ha insistido en la necesidad de impulsar un cambio de paradigma en el ámbito de la discapacidad: «Dejar de hablar de dependencia para centrarnos en la promoción de la autonomía personal y en potenciar y poner en valor las capacidades de cada uno».
En este sentido, ha recordado que el Govern ha impulsado el anteproyecto de Ley de Accesibilidad durante esta legislatura y se ha comprometido a elaborar una Ley de Autonomía Personal antes de cuatro años.