Recortes
Un estado de Bienestar para nuestros mayores
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el 1 de octubre, tenemos que hacer visible la necesidad imperiosa de la atención a las personas de edad avanzada en un momento en el que caminamos hacia una Europa envejecida, que va a carecer de un sistema que dé seguridad y cobertura social a las personas longevas.
El progresivo envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida a nivel mundial en las últimas décadas han provocado un cambio en las necesidades de salud de nuestra población que debiera ser una prioridad para nuestras Administraciones Públicas.
En España, la inmensa mayoría de las personas que precisan de cuidados para realizar las actividades cotidianas reciben ayuda a través del cuidado personal realizado por sus familiares más directos.
En el 21% de los hogares canarios hay una o más personas con limitación de la actividad. En Gran Canaria, el 86,3% del cuidado se realiza en el ámbito familiar, siendo las mujeres, en la mayoría de los casos, quienes desempeñan este rol. El 13,7% restante del cuidado de las personas dependientes está a cargo del servicio doméstico, los servicios sociales y otros tipos de atención.
El desmantelamiento del Estado de Bienestar afecta, sobre todo, a los mayores, que ven cómo en este último tiempo se aminoran los recursos de atención y prevención de enfermedades asociadas a la edad. Asistimos al repago de sus medicamentos, a la falta de servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, y al colapso en la red asistencial a los grandes dependientes. Asistimos a la muerte súbita de una Ley de Autonomía que apenas acababa de nacer, y que era el cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Los recursos de la Ley de Autonomía Personal se han suprimido, sacrificando a los mayores en pro de construir un Estado que deja atrás el compromiso con las personas que han dejado lo mejor de sí en hacer un país más grande en el conjunto de los Estados, un esfuerzo que, sin duda, debería ser recompensado en la última etapa de su vida. Pero la realidad es que se encuentran con unos gobernantes que, nuevamente, los sacrifican.
En pleno siglo XXI, asistimos a la vuelta de los hijos a los hogares de sus mayores, ya jubilados en la mayoría de los casos. El papel que juegan pasa a ser relevante, ya que se han convertido, en muchos de los casos, en el sostén de una familia con alto índice de desempleo. Es el regreso al hogar de los abuelos con el fin de poder sobrevivir gracias a una mínima jubilación.
Las necesidades de los hijos y las hijas de depender de las pensiones de sus padres chocan frontalmente con las de los mayores, de tener una vida de confort en la última etapa de su vida. Disponer de una jubilación para la atención propia, para su salud y bienestar social, se sacrifica por mantener a una generación que no tiene capacidad para contribuir a las pensiones futuras, ni aún para mantenerse en el presente.
Las pensiones de nuestros mayores se encuentran entre las más bajas de Europa, ocupando el octavo lugar de un ranking de 15. En algunos casos, ni siquiera llegan a tener el valor de sueldo mínimo interprofesional pensiones como las no contributivas o de viudedad. Menos capacidad adquisitiva y menos cobertura social.
En nuestra Isla tres residencias de mayores han sido cerradas en los últimos tiempos: Mogán, San Mateo y Firgas. Un mal que está afectando a las 3.000 personas mayores que están a la espera de una plaza en una residencia de gran dependencia.
Aún queda una oportunidad para hacer prevalecer el espíritu solidario con las personas que han conformado lo que hoy conocemos como nuestro país. El Estado tiene una deuda pendiente con todos los mayores, que hoy ven aminorada su capacidad adquisitiva, y que ven con sufrimiento cómo se encuentran sus hijos e hijas, que no disponen de otra ayuda que no sea la de ellos mismos.
No puede ser una entelequia el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal en un Estado como el nuestro. No es una quimera pensar que podemos y debemos tener el Estado de Bienestar social que merecen nuestros mayores.
ISABEL GUERRA, Consejera del PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria
Una mujer impedida de 102 años lleva 2 esperando a cobrar la dependencia
Higinia Maestre Micó, conocida por todos los que la conocen como Etelvina, pasa sus días entre la cama y el sillón. Casi no oye y apenas puede moverse, lo que no es raro porque ya ha cumplido 102 años. Como no tiene hijos, la cuida una asistenta en su propia casa cuyo salario lo pagan varios de los sobrinos de la anciana ya que ella sólo recibe una pensión de 395 euros mensuales. Mientras a sus sobrinos les fue bien, no hubo problemas, pero ahora con la crisis, tienen más dificultades para ocuparse de su tía por lo que en 2010 decidieron solicitar la prestación acogiéndose a la Ley de Dependencia que les ayudara a mantener a Etelvina en buenas condiciones. Dos años después siguen esperando.
El de Etelvina es sólo uno de los miles de casos que hay en la provincia de personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibir una prestación por la Ley de Dependencia pero que aún no la cobran. Según los datos de Bienestar Social, hay más de 7.300 personas a las que les corresponde el dinero pero que no lo reciben aún, casos como el de Etelvina quien, según teme Carmen Maestre, una de sus sobrinas, «puede que no llegue ni a cobrarlo» dada su avanzada edad.
El caso de esta mujer resulta especialmente penoso cuando se escucha a su sobrina Carmen hablar de ella y recordar toda una vida de trabajo. Cuenta Carmen que Etelvina «fue una de las modistas más importantes de Elche», ciudad en la que ha pasado la mayor parte de su vida aunque nació en Petrer. «Era muy famosa, hacía trajes de noche, de fiesta para lo mejor de la sociedad de Elche. Estudió en Alicante y se convirtió en una de las mejores en lo suyo. Toda la vida la recuerdo cosiendo hasta que ya no tuvo edad para seguir», dice.
Efectivamente, Lolita, una de las discípulas de Higinia, ya jubilada, cuenta que «era la mejor haciendo trajes de novia, aunque apuraba hasta el último momento y antes de una boda nos pasábamos la noche cosiendo y luego llevábamos con prisa el vestido a la novia, pero eran los más bonitos». También recuerda Lolita que «en los juegos Florales que se hacían en Elche ella hacía unos trajes maravillosos, era una artista e incluso ganó varios premios».
Higinia no se casó ni tuvo hijos. «Su amor fue la costura», cuenta su discípula ya jubilada. «A ella le salieron muchos novios pero como era la única hija, se quedo con sus padres, así que dedicó su vida a coser y siguió trabajando hasta los 90 años enseñando además a un montón de gente el oficio de modista».
A Lolita y a Carmen les da lástima ver a Higinia tan mayor. «Ha estado toda la vida trabajando y ha ayudado a mucha gente, sobre todo a sus hermanos. es una bellísima persona», dicen. Etelvina, ajena a los halagos de su sobrina y de su discípula, dormita en el sillón en casa de su cuidadora. Antes vivía de alquiler, «pero era imposible pagar el alquiler y a la mujer que la cuida» dice Carmen, por lo que los sobrinos optaron por el traslado a casa de su asistenta a la que ayudaron para empezar a pagar el piso. «El problema que tenemos es que las cosas están mal, y la ayuda por la dependencia, que le corresponde, es fundamental porque no toda la familia puede ya aportar dinero para ayudar a mi tía. Somos cuatro sobrinos dando lo que podemos, pero cada vez es más difícil».
Carmen asegura que desde que se le concedió a su tía la situación de dependencia, en grado 3 y nivel 2, «he reclamado varias veces y siempre me dicen que ya llegará. La asistente social también nos ha dicho que seguirá intentando hablar con Valencia pero que no puede hacer nada y en el Ayuntamiento de Elche tampoco. Desde que cumplió 100 años nos mandan una carta de felicitación por su cumpleaños y una plantita. Eso es todo». La puntilla para los familiares de la anciana ha sido el tener que abonar parte de las medicinas de Etelvina, «sobre todo los pañales, que son muy caros». Se supone, como en el caso de todos los jubilados desde que entró en vigor el copago farmacéutico, que con la paga de este mes la Conselleria abonará el gasto de medicinas, pero de momento, una vez más, el sobrecoste ha corrido a cargo de los sobrinos.
El nivel 3 grado 2 de dependencia que sufre Etelvina es el grado máximo reconocido, por lo que, según ha señalado el portavoz de la Plataforma por la ley de Dependencia, Miquel Martorell, «tendría que recibir casi 600 euros de paga aunque con los últimos los recortes se le rebajaría un 15%». En cualquier caso, esos quinientos y pico euros supondrían un gran alivio para los familiares de la anciana.
Más de 30.000 personas han muerto esperando a cobrar
El portavoz de la Plataforma por la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, considera que la situación es dramática y que el retraso llega hasta el punto de que en la Comunidad hay más de 30.000 personas que han fallecido esperando la prestación. A su juicio, «en la dependencia está ocurriendo lo mismo que en otras partidas del presupuesto para reducir el déficit. El Gobierno ha eliminado partidas a la dependencia para contrarrestar el déficit y está ahogando a las autonomías y a los ayuntamientos». Tal como ha señalado el portavoz, «como las autonomías no tienen dinero y se ha reducido el mínimo que el estado da para unas prestaciones, se ha recortado en 200 millones, lo que supone que en la Comunidad Valenciana hay unos 6 millones menos para la dependencia». Además, según señala Martorell «está la parte del nivel acordado que es un dinero que se acuerda con las autonomías en función de la población, dispersión geográfica, pobreza, número de dependientes, etc.. Ahí había 283 millones que se daban a las comunidades y ahora no se van a dar. Eso son unos 20 millones y pico menos en la Comunidad que se utilizaban para dependencias, mayores, etc. Al final, las comunidades, al no recibir el dinero, paralizan la dependencia».
Por otra parte, y según los datos facilitados por la plataforma, no se dan resoluciones definitivas de dependencia desde marzo del año pasado. Martorell ha señalado a este respecto que «las que se están dando son las solicitudes que hicieron hasta 2009 y, por otra parte, por Real Decreto se les concede a las comunidades un plazo de dos años y medio para resolver, y si ya estaban esperando a una resolución definitiva, ahora puede tardar dos años». A juicio del portavoz de los afectados, «esto es un secuestro del derecho a los dependientes, muchos de los cuales han fallecido sin recibir la prestación».
El Gobierno recorta un 16,61% las partidas sociales de Catalunya
El Gobierno central recortará un 16,61% las partidas de Catalunya destinadas a servicios sociales, como ha lamentado el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, tras participar en un desayuno con la presidenta del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras.
El Gobierno central recortará un 16,61% las partidas de Catalunya destinadas a servicios sociales, como ha lamentado el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, tras participar en un desayuno con la presidenta del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras.
Tras el foro ‘Primera plana’ de El Periódico, el conseller ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ponen la cohesión social en un «callejón sin salida», y ha advertido de que Catalunya no está dispuesta a poner en riesgo la cohesión social.
El conseller Cleries ha acusado al Gobierno central de «deslealtad» para con las personas desfavorecidas de Catalunya el nuevo ajuste en las partidas sociales, que se suma al ya realizado el año pasado.
¿La reforma de la Ley de Dependencia se dicta desde Alemania?
Salvados llega este domingo a La Sexta, para preguntarse ¿Quién gobierna en España?, ¿tiene algo que ver Alemania con la reforma de la ley de dependencia? ¿Y con la subida del IVA? ¿Y con el copago sanitario? Todas las respuestas a estas preguntas desde las 21.30 horas.
Mariano Rajoy reconoció hace unas semanas que «no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios, no tenemos libertad». ¿Cuánto poder tiene Alemania en la Unión Europea? ¿Están de acuerdo los alemanes en rescatar a países como España, Grecia y Portugal?
Para radiografiar esta relación entre España y Alemania, Jordi Évole parte del caso de una familia dependiente que está sufriendo los recortes de la ley de dependencia. ¿Son comparables los recortes de España con los ajustes que hizo Alemania hace 10 años? Jordi hablará con expertos en la materia, que evaluarán el poder real de Angela Merkel en la UE y viajará hasta Alemania para saber por qué nos exigen estos recortes y conocer la opinión de los alemanes sobre las ayudas a los países del sur.
Plataforma dice que se ha reducido un 21% la partida para Dependencia
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia mantiene que el Gobierno regional ha reducido en los Presupuestos del 2013 la partida destinada para esta prestación social un 21 por ciento, pues si el pasado ejercicio fueron l67 los millones habilitados para tal fin, el próximo año va a destinar 131.
Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de esta plataforma, José Luis Gómez, quien ha denunciado que para «enmascarar más el recorte» el Gobierno regional ha habilitado dos partidas diferentes a este servicio concreto.
El portavoz de la plataforma, que forma parte de la Cumbre Social de Castilla-La Mancha, ha alertado de que con este «recorte», añadido a la revisión de la Ley de la Dependencia que el Ejecutivo central llevó a cabo en verano, el Gobierno de María Dolores Cospedal «va a expulsar del sistema a gente que tiene reconocida esta prestación».
José Luis Gómez ha criticado la partida de 167 millones que los presupuestos regionales contemplan para los 170 altos cargos que integran el Ejecutivo ‘popular’, y que, según ha denunciado, cuestan a las arcas de la región 40.000 euros al año.
«Mientras, los dependientes de la región cuestan al Gobierno de Castilla-La Mancha 2.275 euros al año», ha explicado el portavoz de esta plataforma.
Rojas avisa de que Canarias no puede dar ´ni un alta más´ en dependencia
El Gobierno canario denunció ayer que los Presupuestos del Estado para 2013 reducen un 39,8% el dinero que destinan a los servicios sociales del Archipiélago, lo que provocará, entre otras cosas, que no se pueda tramitar «ni una sola alta» más en el sistema de dependencia.
Así lo explicó la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, quien además subrayó que ese descenso de fondos de casi el 40% se produce tras un ejercicio en el que la Comunidad Autónoma ya ha sufrido un recorte en ese mismo ámbito del 45%.
En conferencia de prensa, la consejera destacó que los 49,9 millones de euros transferidos en 2012 por el Estado para los programas de servicios sociales se verán recortados a 30 millones de euros el próximo año.
Asimismo, Rojas recordó que en las últimas memorias de los 88 ayuntamientos canarios, las corporaciones locales atendieron a 481.147 personas en los centros de servicios sociales municipales.
En el área de políticas sociales, la titular del área destacó la desaparición del nivel acordado con el Estado, que ascendía a 283 millones de euros, y un recorte de 200 millones en el nivel mínimo garantizado, que se quedará en 1.087 millones en el 2013.
De igual manera, la consejera subrayó que el Estado solo aportará en 2013 el 18% de la financiación del Sistema de Dependencia cuando, por ley, lo debería sufragar al 50 %, lo que supondrá la imposibilidad de tramitar nuevas altas en este servicio. «El Estado solo nos deja el dinero justo para las personas que ya están dentro del Sistema de Dependencia», señaló la consejera.
Igualmente, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda apuntó que se demorará hasta julio de 2015 la incorporación al sistema de dependencia de nuevos «dependientes moderados», que se reduce en un 15% las cuantías e la prestación económica por cuidado en el entorno familiar y que se eliminan de la financiación estatal las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
Rojas también resaltó la supresión de los programas contra el maltrato infantil y el de medidas alternativas para jóvenes infractores, así como la reducción de 500.000 euros en el presupuesto para atención de menores extranjeros, que en este ejercicio es de 1,8 millones. La consejera enfatizó que esa partida ya fue recortada de 10 a 1,8 millones de 2011 a 2012.
Rojas aseguró que el Ejecutivo canario luchará con «las herramientas que da la democracia» para que se corrijan los Presupuestos del Estado. Si de esta manera no lo consigue, «solo nos quedará que la población actúe también en consecuencia y que sea la que tenga algo que decir, conjuntamente con sus instituciones».
«Vamos a luchar con enmiendas en el Congreso y Senado, en el marco de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas y en el de las denuncias administrativas ante los juzgados que correspondan para que el Gobierno central no aísle a Canarias y sume más paro y pobreza, cuando es el territorio que más difícil lo tiene en España», adelantó la consejera del Ejecutivo canario.
A su juicio, el Estado «aísla» a Canarias a la hora de darle lo que le corresponde, pero no para recaudar. En este sentido, recordó que el Archipiélago «aporta 3.525 millones de euros a la Seguridad Social y, de esa cifra, las Islas se quedan 3.060 millones de euros en pensiones». En su opinión, los casi 500 millones de euros de diferencia sirven para financiar a las comunidades que no recaudan lo suficiente –»por lo visto son muchas en España»– y que con ese dinero las islas ya se arreglaban.
Los ‘iaioflautas’ irrumpen en la Conselleria de Bienestar por una «renta básica universal»
Un centenar de ancianos del colectivo ‘iaioflautas’ han irrumpido este miércoles en la Conselleria de Bienestar Social y Familia en Barcelona para reclamar «una renta básica universal», mostrando pancartas y coreando consignas contra los recortes.
Los ‘iaioflautas’ han pedido en un manifiesto que las administraciones frenen los recortes presupuestarios y de personal en la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales y apuestan por una renta básica «para llevar una vida digna».
Además, apoyan la huelga general ciudadana convocada por sindicatos y otras entidades sociales la segunda quincena de noviembre.
Los manifestantes han llegado a la Conselleria sobre las 11.30 horas y se han concentrado en el vestíbulo del recinto hasta que la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, Carmela Fortuny, les ha recibido.
En ese momento, el centenar de personas que se encontraba dentro de la Conselleria, han abandonado las instalaciones y han continuado con su protesta en la calle.
Un portavoz de los ‘iaioflautas’, Paco González, ha lamentado que el Gobierno y la Generalitat «estén acabando con el Estado de Bienestar».
González ha indicado que a pesar de que todos los integrantes de su grupo son personas mayores, «no hay cansancio ante la lucha» y ha añadido que esperan que la juventud siga su ejemplo y no se conformen.
La Ley de Dependencia apenas ha impulsado las plazas en geriátricos
Llegó la ley y llegó la crisis. Eso es lo que le ha pasado al sistema de dependencia, que apenas entró en vigor la norma ya asomaba la recesión económica. Esa es una explicación, aunque hay más, que responde al escaso florecimiento de los servicios profesionales de atención a los dependientes, que debieron haber experimentado un auge al amparo del nuevo derecho de los ciudadanos. Pues no, las plazas de residencia crecen a un ritmo similar al de años atrás, y lo mismo con los centros de día. En el caso de la ayuda a domicilio es peor aún: el número de usuarios atendidos crece cada año menos que el anterior.
Entre 2007 y 2008, los dos primeros años de la ley, el número de plazas experimentó un incremento de un 5,3%, apenas un punto más que entre 2006 y 2007. Los años siguientes, hasta 2010, la variación apenas se ha movido unas décimas. No es de extrañar, por tanto, que la cobertura que presta este servicio (número de plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, que así se mide) siga rondando la misma cifra que en 2006: entonces era un 4 y ahora un 4,56. La recomendación de la OMS es de 6 plazas por cada 100 ciudadanos que pasan de 65 años.
Prácticamente lo mismo ha ocurrido con los centros de día: 63.446 plazas tenían en 2008 y 81.390 en 2010. Ese crecimiento no ha impedido que la cobertura a la población apenas haya pasado de un 0,83 a un 1,01.
Los datos de la ayuda a domicilio (unas horas al mes de asistencia en el hogar propio) son aún peores: crecen los usuarios atendidos, pero cada año a un ritmo más mortecino. Entre 2002 y 2003 crecieron en un 39%. Entre 2009 y 2010 apenas un 0,2%. La tendencia, año a año, no deja lugar a dudas. Y no cabe buscar una explicación en que se ha llegado a un momento de estabilidad, porque hay cerca de 240.000 personas en lista de espera.
Todos estos datos, que se paran en 2010, pertenecen al informe sobre servicios sociales para personas mayores que hacía público el Gobierno cada dos años. En 2010 no se publicó, ni en 2011. Y este año, en pleno verano, ha aparecido en la página web del Imserso, sin mayor publicidad. El de 2008 tenía cerca de 500 páginas, este 67. La estadística en servicios sociales, comunidades autónomas mediante, nunca ha sido un capítulo notable. Sin ser exhaustiva, sin embargo, permite atisbar la poca repercusión que ha tenido la ley en los servicios profesionales. En las residencias se ha notado, eso sí, un esfuerzo de las Administraciones, aunque desigual por territorios. Se ha trasvasado dinero público a las residencias privadas para que cualquier anciano pueda entrar en ellas. Son los llamados conciertos, subvenciones para convertir en públicas las plazas privadas. Mientras las plazas públicas perdían peso entre 2008 y 2010 (de un 2,3% de incremento a un 1%), las públicas lo ganaban (de un 8,8% a un 9,4%) vía conciertos, sobre todo. A pesar de ello, los empresarios no han dejado en ningún momento de expresar su malestar por el diseño y la deriva de la ley, una “norma de subsidios, no de servicios profesionales”, suelen decir.
En parte tienen razón, porque la prestación económica para que un familiar cuide al anciano en casa ha sido la reina de las ayudas concedidas, y eso que se concibió como algo excepcional. De 776.000 personas atendidas, 440.000 tienen una de estas ayudas, ahora muy mermada, como mínimo un 15% menos.
“No nos engañemos”, dice un empresario que no quiere dar su nombre, “un uso masivo de las residencias es para países con pleno empleo y una fuerte incorporación de la mujer al mundo laboral. Tampoco es cierto que hayan estado sacando en masa a los ancianos de las residencias para llevárselos a casa ahora con la crisis, es que han dejado de entrar y, además, este colectivo presenta un 25% de bajas anuales, que en la mayoría de las comunidades no se cubren con nuevas entradas. En Castilla-La Mancha muchas plazas se están amortizando. Las deudas con los empresarios son fuertes, o no se les pagan los conciertos o se les paga mal”, dice. “Pero también es cierto que todos nos tenemos que apretar el cinturón. En Castilla y León y Andalucía se ha llegado a un acuerdo para rebajar el precio de los conciertos alrededor de un 10% y un 15%”, dice.
“La ley no ha supuesto una mejora sustancial en las atenciones a las personas en situación de dependencia”, lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “La mejora de cobertura en residencias no procede de los esfuerzos e inversión de la iniciativa privada. Solo desde la inversión pública se ha logrado esta mejora”, afirma. “Los recortes actuales hacen prever que estas prestaciones solo se mantendrán para quien pueda complementar las ayudas públicas con sus propios medios económicos. Y no hay que descartar una regresión destructiva de este sector en el ámbito privado-concertado ante la falta de pago por parte de las Administraciones. Es posible que se asista a la paradoja del cierre de empresas mientras existe una demanda potencial enorme”, añade.
La dependencia entra en la UCI
En estado reservado. Esté es el pronóstico que administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos del sector dan a ley de dependencia. Los recortes presupuestarios del Gobierno central y la apatía de la Junta de Andalucía, que no reacciona ni jurídica ni económicamente a diferencia de otros ámbitos, auguran una evolución crítica. Las ayudas se seguirán otorgando, pero en menor cuantía y calidad. Las prestaciones económicas (recortadas) prevalecerán sobre los servicios. Cinco años después del inicio de la ley, la crisis comienza a demoler lo que fue denominado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Septiembre supone un punto de inflexión, la grieta que descubre el impacto. Los beneficiarios de las ayudas han descendido a niveles de enero. No existe tasa de reposición, es decir, los que fallecen no son sustituidos por nuevos dependientes, pese a la cuantiosa lista de espera de personas que tienen reconocido el derecho y aún no perciben la ayuda; éstos pertenecen al limbo de la dependencia.
En la comunidad, a 1 de septiembre, 258.198 andaluces tienen reconocido el derecho, de los 381.757 a los que los técnicos ya han valorado y dado un dictamen. De ellos, sólo 194.794 reciben una ayuda. El número es similar que a principios de año (194.877) y 1.200 menos que en junio.
¿Está el sistema en coma? José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social, admite una «ralentización» en la tramitación de ayudas por el «shock administrativo» que atribuye a los cambios normativos aprobados por el Gobierno desde diciembre. Reconoce otros factores «internos», provocados por el cambio de competencias tras las elecciones andaluzas, la tardanza en la elección de delegados provinciales o el verano para explicar lo que funcionarios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia describen como un «atasco»: los técnicos aprueban los PIA (Programas Individuales de Atención), pero éstos no pasan de las delegaciones provinciales. Los expedientes se guardan en un cajón. No entran dependientes nuevos desde hace meses. No hay dinero.
Rocha confía en que se normalice la situación, pero advierte: lo que viene no es favorable. El responsable en la Junta no sólo no prevé una recuperación, sino que espera una caída progresiva en el número de dependientes atendidos. «Estos números que vemos ahora irán disminuyendo, sin duda», repasa los últimos datos publicados por el Imserso.
¿Motivos? Como todo en la actualidad, de índole económico. En Andalucía la aplicación de esta ley en los últimos años rebasó de largo los mil millones de euros. La aportación del Gobierno apenas llegó a un tercio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recortado en los fondos destinados a las comunidades sobre un 20% y a los usuarios (recorte de un 15% en la paga económica, baja en las cotizaciones a la Seguridad Social, incompatibilidad de tener más de una prestación,…).
La Junta, anuncia Rocha, no tiene intención de paliar esta merma, de sufragar casi en exclusiva la aplicación de la ley. No es cuestión única de Salud; no hay hasta el momento apuesta política de la Junta, pese a que la dependencia fue uno de los estandartes en campaña de los actuales dirigentes, la raya roja de las políticas sociales. Así que la consigna es mantenerse, sobrevivir, ya con eso sería un «milagro».
«No podemos, estamos atados de pies y manos, tenemos un objetivo de déficit que cumplir», subraya Rocha. Ahora toca la supervivencia a la espera de una reanimación sin fecha.
Las políticas de dependencia las gestiona la Consejería de Salud tras la desaparición de Igualdad y Bienestar Social. El objetivo de los nuevos gestores es implantar el modelo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hablan de revisión y planificación, de «evaluación de la calidad», benchmarking (comparación y clasificación de los servicios) o «eliminación de la variabilidad», conceptos populares en la gestión sanitaria y que pasarían por aumentar la «eficiencia» para reducir los costes.
Habrá decisiones polémicas, sobre todo, por lo que respecta a los gestores de las residencias y centros concertados. «El coste-plaza con las aportaciones actuales es inviable. Van a tener que hacer ajustes muy notables», avanza Rocha.
Se mantiene la filosofía de la Junta de no «institucionalizar» a los dependientes ingresándolos en centros. «Hay pocos dependientes en residencias e intentaremos que sean menos», subraya Rocha.
¿Alternativa? Preferentemente, la prestación económica, la paga (entre 500 y 300 euros al mes). Sin los complejos de los anteriores gestores, que pese a la mirada de soslayo la convirtieron en la ayuda favorita (110.841 de los 194.794 beneficiarios, el 56,9%), Rocha desafía a debatir por qué no es una opción adecuada, e incluso sugiere que presiones de las residencias provocaron que la paga se recogiese en la ley como una ayuda «excepcional».
El espíritu de la norma fue que los familiares (el 95%, mujeres) no fuesen dependientes del dependiente y, si no había posibilidad de darle un servicio (ayuda a domicilio, residencias, centros de día,..), tuviesen una paga cotizando a la Seguridad Social. Las administraciones se abonaron a esta fórmula cómoda y barata, aunque la fórmula tampoco desembocó en la agilidad de un sistema que se ha caracterizado por amplias demoras desde la solicitud de la ayuda.
La paga por lo tanto tomará carta de naturaleza en un nuevo modelo, de supervivencia, para un paciente maltrecho, con problemas de inanición presupuestaria y en riesgo de colapso.
Recurren ante TSJC para paralizar el descuento del 15% a cuidadores familiares
El representante de la Associació pels Drets Civils dels Discapacitats, Antonio Moreno, ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso para paralizar la reducción del 15% de la prestación a los cuidadores familiares que establece la reforma de la Ley de la Dependencia.
El contencioso, que se dirige contra el gobierno de la Generalitat, que es la administración competente en la aplicación de la ley, también pide al TSJC que eleve «cuestión de inconstitucionalidad» al Tribunal Constitucional para que no se aplique este recorte de prestación.
Esta misma asociación ya presentó el pasado mes de agosto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto ley 20/2012 de reforma de la Ley de la Dependencia, en los apartados que establecen recortes en las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y la decisión de dejar de cotizarles en la seguridad social.
La dependencia pierde otros 200 millones para 2013
El anteproyecto de presupuestos para dependencia sufre otro severo recorte para el año que viene. La partida destinada a las comunidades autónomas, es decir, lo que el Gobierno financia por cada dependiente, pierde 200 millones y se queda en 1.087, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. El presupuesto refleja así el recorte que se decretó en julio de alrededor de un 15% en las cantidades que perciben los dependientes por el llamado nivel mínimo.
Solo para atender a las personas que hay actualmente en el sistema se necesitaría sumar a esos 1.087 millones unos 300 más, según cálculos de los expertos. Pero es que, además, en el presupuesto, el Ministerio de Sanidad estima que en 2013 el número de dependientes atendidos crecerá hasta los 850.000. De ser así, se precisarían otros 200 millones más, en cifras redondas.
Las comunidades autónomas recibieron con enojo aquel decreto de julio, que ahogaba aún más sus arcas para sacar adelante el sistema de dependencia. Y han ido rebajando en un 15% o más el dinero que reciben los cuidadores familiares, un ahorro que, en principio, se destinaría a conceder más ayudas profesionales, es decir, plazas en residencias, en centros de día o ayuda a domicilio. Pero las estadísticas del sistema, en número negativos, demuestran que poco o nada se está haciendo porque no hay dinero para ello. Este presupuesto colapsará aún más la situación.
El año pasado el programa de la dependencia (31.34) tuvo un presupuesto de 1.407 millones de euros, del que se habían eliminado unos 283 millones, una partida completa, la del nivel acordado. El proyecto para este año se eleva hasta 2.205 millones. No hay que llevarse a engaño. De esa cifra hay que descontar 1.034 millones, que es la deuda contraída por Sanidad con la Seguridad Social en todos estos años en los que se ha hecho cargo de las cotizaciones de los cuidadores familiares. Pero no se han ido pagando. El ministerio anunció en julio que el Gobierno ya no pagaría esas cuotas y que las personas que cuidan a ancianos en casa deberían abonarlas por su cuenta de forma voluntaria. Pero la deuda acumulada durante estos años hay que pagarla. Así lo ha admitido el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, en una reciente reunión privada con empresarios del sector, donde se mostró “realista” con la mala situación económica, según los presentes en aquella reunión.
Por tanto, el presupuesto total para la dependencia pierde esos 200 millones. “Si estos son los datos para 2013, nos tememos que existe una demolición controlada de la Ley de Dependencia que afectará a una reducción en el número de beneficiarios, a la calidad de las atenciones, al predominio de la prestación más barata, que es la del cuidador familiar y, por consiguiente, al desmantelamiento de la red de centros y servicios con el efecto directo en la destrucción de empleo en el sector”, ha dicho el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Lo afirmado por el ministro de Economía, [Luis de Guindos, cuando dijo que de seguir la situación actual los servicios sociales no podrían pagarse] va camino de hacerse realidad”, ha lamentado.
Educadores sociales alertan de «más desigualdades» por las políticas actuales
Los educadores sociales defienden su labor como «más necesaria que nunca» con la crisis y denuncian que las políticas sociales que se desarrollan en la actualidad generan «cada vez más desigualdades, pobreza y sufrimiento».
Este colectivo ha elaborado, en el marco del sexto Congreso Estatal de Educación Social, la «Declaración de Valencia», en la que se considera que otras políticas son «posibles y deseables» y reivindica una «clara opción por la acción constructiva de una sociedad centrada en los derechos básicos de las personas».
Según adelanta el Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana, los recortes económicos que se producen en el área de servicios sociales «propician» que los colectivos más desfavorecidos «se encuentren cada vez más en situación de exclusión social» y que aumenten las «desigualdades sociales».
En el documento, al que ha tenido acceso EFE y presentarán mañana en rueda de prensa, declaran su compromiso de buscar soluciones a las alternativas que se están dando para superar la actual crisis económica y ofrecen «propuestas basadas en la dignidad, las capacidades y fortalezas de las personas, rompiendo el fatalismo imperante».
También expresan su deseo de devolver a la ciudadanía el «ser consciente de sus propios derechos y de sus responsabilidades reales en la construcción del Estado de Bienestar Social, que sabemos posible y viable».
Los educadores sociales apuestan por un contrato social, para trabajar y fomentar una educación social de calidad, «entendida como derecho de ciudadanía par hacer un mundo más justo y solidario».
Además, declaran su implicación en la creación de las «condiciones sociales, educativas, económicas, participativas, necesarias para que todas las personas puedan ejercer plenamente todos sus derechos».
Esther Díaz critica las «trabas» que pone el Gobierno de Rajoy para aplicar en Asturias la Ley de Dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, la socialista Esther Díaz, ha dicho este martes en la reunión del pleno del Consejo Asesor de Discapacidad del Principado que el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy está poniendo «trabas de todo tipo» de cara a que Asturias pueda seguir aplicando la Ley de Dependencia.
Segun ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la consejera destacó las medidas en las que está trabajando el Gobierno del Principado «para minimizar los recortes en la ley introducidos por el Gobierno de España». Unos ajustes, según Díaz, con los que «literalmente se han cargado la ley y la función que perseguía está absolutamente paralizada».
La titular de Bienestar Social confía en que las propuestas en las que está trabajando su departamento sirvan para minimizar esos recortes y espera que las «zancadillas permanentes» que les están poniendo no les impidan alcanzarlo.
En el pleno celebrado esta mañana, la consejera de Bienestar Social también señaló que su consejería informará a finales de año a las entidades de discapacitados sobre «cuál será el escenario de trabajo para el próximo ejercicio, de cara a que puedan planificar su estructura y su propio funcionamiento».
AYUDAS
Además, en el Consejo de Discapacidad se informó de que se destinarán 600.000 euros para «Programas de Discapacidad», una línea de ayudas dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de diversos programas.
Asimismo, Díaz anunció también que próximamente se convocarán las ayudas individuales para alojamiento y transporte, por un importe de 200.000 euros.
La Ley de Dependencia puede crear 635.000 empleos potenciales
La Ley de Dependencia puede generar más de 600.000 empleos antes de 2015, según un informe de la Fundación Alternativas. “No hay otro sector donde se pueda conseguir un crecimiento tan rápido y con tan poca inversión” asegura Ángel Rodríguez Castedo, uno de los autores del estudio. El documento arguye que se puede conseguir hasta 300.000 empleos en un año con una inversión de 6.000 millones de euros al año, una cifra que consideran poca, comparada “por ejemplo con los más de 34.000 millones destinados a financiar Bankia”.
Los autores defienden que los servicios a personas con dependencia ofrecen oportunidades de empleos a los jóvenes que buscan su primer empleo y a los desempleados con mayores dificultades de inserción.
El documento se hace público el mismo día que el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha manifestado que la atención de estas personas «crearía puestos de trabajo» y ha subrayado que por cada dos dependientes graves en un centro residencial se genera un puesto de trabajo, informa Europa Press. El presidente de esta patronal ha recordado, además, que hay más de 200.000 dependientes graves que todavía no reciben ninguna prestación al tiempo que ha destacado la “grave situación” por la que atraviesa las empresas del sector.
«Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del sector de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con países más desarrollados es muy alto», ha manifestado Antonio Jiménez Lara, uno de los autores del informe y colaborador del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Según el estudio, España se encuentra por debajo de la media europea en cuidados sociales y necesitaría crear más de un millón de empleos en el subsector de sanidad y servicios sociales, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la atención a la dependencia para ponerse al día.
Para Jiménez Lara la ley de la dependencia está “herida de gravedad” y con respiración asistida, en referencia a los recortes del presupuesto al sector de servicios sociales y la reforma de la norma aprobada este verano por el Ejecutivo que incluye el aplazamiento de la atención a las personas de dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas a la seguridad social de estos cuidadores, que pagaba el Gobierno.
Uno de los problemas, reconocen los autores, es la identificación y clasificación de los servicios que se prestan en el ámbito de la atención a la dependencia para poder cuantificar la llamada economía social dentro de los servicios sociales. El sector de los servicios sociales ha sido el único que ha generado empleo según los datos del INE y la Encuesta de Población Activa (EPA)
Los autores del documento La economía social y la atención a la dependencia entienden que actualmente los subsidios a la dependencia se han convertido en una renta más que entra a las familias, especialmente en épocas de crisis, lo que consideran un uso abusivo de la ley que ha perjudicado a las empresas que gestionan residencias, centros de días u otros servicios. Sin embargo, conciben que es lo normal, porque generalmente los mayores se sienten más cómodos con sus familiares que con desconocidos, al igual que muchos usuarios pueden sentir aprehensión a que un desconocido vaya a su casa.
Según Ángel Rodríguez Castedo, coautor del estudio, las medidas actuales reflejan que el Gobierno considera que los ajustes y recortes del gasto son la única vía para superar la crisis. El exdirector del IMSERSO considera «sorprendente», que no se incluya en la agenda política y social la creación de un pacto por el crecimiento y el empleo. “¿Qué más tiene que pasar para que se aborde la economía social de forma prioritaria y paralela al plan que se está desarrollando de consolidación fiscal?”, cuestiona Castedo.
«la ley de dependencia está herida de gravedad», sostiene Ángel Rodríguez Castedo ex-director del Imserso
El sociólogo y antropólogo social, Antonio Jiménez Lara y el ex director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, Ángel Rodríguez Castedo, concluyeron este martes que «la Ley de Dependencia está herida de gravedad».
Ambos especialistas realizaron este análisis durante la presentación del estudio «La Economía Social y la atención a la dependencia» del que ambos son autores y que se presentó hoy en la sede de la Fundación Alternativas. El informe ha contado con la financiación de Cepes, Suara Cooperativa, Fundación Cajamar y la Fundación Gredos San Diego.
«La Ley de Dependencia está herida de gravedad, con respiración asistida y si no se actúa pronto su estado empeorará», señaló Jiménez.
Por su parte, Rodríguez Castedo abogó por impulsar un «gran pacto nacional con los empresarios del sector de servicios sociales porque este sector podría generar 300.000 puestos de trabajo ya».
El informe también asegura que la economía social representa un 10% de la oferta en las ramas de actividad de servicios sociales y realiza una serie de propuestas para mejorar el sector como reequilibrar la prestación y los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad), desarrollar prestaciones inéditas como la asistencia personal, potenciar el servicio de ayuda a domicilio, desarrollar el equilibrio del Saad en las Comunidades Autónomas y mejorar la atención en el medio rural, entre otras.
El estudio también concluye que para que España se homologue a la media de la UE en cuidados sociales «necesitaría crear más de un millón de empleos en el subsector de sanidad y servicios sociales, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la atención a la dependencia».
«Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del serctor de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con países más desarrollados es muy alto».
«Potenciar la ayuda familiar a dependientes haría desaparecer los servicios sociales»
La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comenzará a enviar la semana que viene las primeras resoluciones ajustadas al nuevo modelo de dependencia, que primará los servicios profesionales frente a las ayudas al cuidado en el entorno familiar, cuyas cuantías sufrieron el 1 de agosto una reducción del 30 por ciento, un 15 por parte del Gobierno central y otro por parte de la Junta. Aunque la consejera Milagros Marcos reconoce que se están «pidiendo sacrificios» a los dependientes y sus familias, insiste en que las modificaciones servirán para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro», con las miras puestas en la «atención de calidad» y la «generación de empleo».1.600 cuidadoras en Navarra, sin Seguridad Social por el recorte estatal en la Dependencia
Muchos familiares de dependientes han tenido que dejar sus empleos para cuidar de los suyos. Hasta hace poco podían seguir cotizando a la Seguridad Social por realizar este ingente trabajo en un régimen especial, una cotización que pagaba el Estado, que les servía para completar periodos cotizados a lo largo de su vida laboral y poder acceder a una pensión de jubilación.
Pamplona. Sin embargo, el último decreto de reforma de la Ley de Dependencia implica que el Estado deja de pagar esas cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.
Cerca de 1.600 cuidadoras y cuidadores (1.564 según los últimos datos de julio) han quedado fuera de la Seguridad Social en Navarra a partir de este mes de septiembre excepto quienes voluntariamente hayan solicitado la suscripción de un convenio especial hasta el 31 de diciembre pagando, el 85% de la cotización de su bolsillo con una bonificación del 10% de la Seguridad y el 5% del Ministerio de Empleo. En enero, todas. A partir de ahora, quien quiera seguir cotizando se lo tendrá que pagar él mismo. Cabe recordar que los cuidadores cotizaban sobre la base mínima de 748,20 euros mensuales, es decir, pagaba 142 euros. Una de las razones que aduce el Ejecutivo estatal para prescindir de esta cotización es intentar que los dependientes tengan una atención más profesionalizada, algo que no comparten las plataformas reivindicativas.
Para el colectivo que dirige Isabel Arbonies, de la Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia, se trata de una «medida miserable que vuelve a cargar sobre las espaldas de los familiares, la mayoría mujeres (85-90%), el cuidado de los ciudadanos más vulnerables, sin reconocimiento de derechos activos ni pasivos por su trabajo y dedicación». Mujeres que han abandonado su actividad laboral pero que también han «renunciado a su vida social y personal», reitera.
«Fuerza nuevamente a las familias a ejercer la asistencia de forma gratuita y no reconocida en el ámbito privado», alega quien agrega que «hay mucha gente que no podrá tener los años mínimos para cotizar, ni para una pensión contributiva ni para las no contributivas».
Consideran además que el Gobierno foral debe estudiar alguna fórmula para «dar cobertura a esta dejación de responsabilidades del Gobierno del Estado». La Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia habilitará un número de teléfono y un horario semanal de atención directa para recoger las situaciones a las que se enfrentan las familias con personas en situación de dependencia. Familias que ya sufren los «recortes en derechos sociales y atención sanitaria». Reprueban además las «dificultades» a la hora de requerir prestaciones y servicios sociales, así como «situaciones gravosas que no nos parecen de recibo». Ponen como ejemplo que «se acaba de pedir la devolución de los cuatro días de una ayuda vinculada al servicio residencial de un dependiente fallecido el 27 de julio».
Y anuncian que estarán «vigilantes» ante el recorte de 1.391 millones para el 2013 y otros 1.473 para el 2014. «Además, se pretende modificar la normativa relativa a la capacidad económica y aportación del beneficiario al coste de los servicios, algo que en Navarra ya es palpable, especialmente en el SAD», abundan.
También la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa bajará un 15% como mínimo. Esta medida, estiman, podría afectar a más de 400.000 personas en todo el Estado, aunque no se sabe cómo influirá a Navarra. Además, a partir de ahora no solo se tendrá en cuenta la renta del dependiente para determinar la ayuda, sino que también se tendrá en cuenta su patrimonio. Asimismo se les exigirá a todos los cuidadores familiares que cumplan con unos conocimientos básicos para atender al dependiente, así como también convivir con él.
Cospedal pide a la población “sacrificio”, pero ella y su Gobierno consumen agua de 5 euros la botella
Diez mil empleados públicos a la calle, cierre de plantas hospitalarias, clausura de un centenar de colegios rurales, derogación de la gratuidad de los libros de texto y congelación de la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otros brutales recortes, han sido llevados a cabo por María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha en aras del sacrificio y la austeridad, mientras que ella y su Gobierno se permite el lujo de consumir un agua mineral de 27,18 euros la caja de seis botellas.
“Los ciudadanos tienen derecho a que desde el ámbito de lo político se puedan hacer determinados esfuerzos, derecho que se ha ganado la población por todos los sacrificios que está soportando para luchar contra la deuda y el déficit”. Declaraciones realizadas por María Dolores Cospedal en el transcurso del Debate del Estado de la Región, el pasado 6 de septiembre, para justifcar la retirada del sueldo a los diputados y a toda la oposición.
“Numen Premium Water”
Pero mientras que la presidenta de Castilla-La Mancha hacía ese discurso populista y demagogo, como así lo catalogó la oposición, en su mesa de despacho o en la sala de reunión de su Consejo de Gobierno se enjuagan con la exclusiva agua “Numen Premium Water”, cuyo botellín cuesta 4,53 euros, o lo que es lo mismo, cada caja de seis unidades le vale a las arcas públicas la friolera de 27,18 euros. Agua por cierto, que también ofrece a todas las personas que recibe en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo castellano-manchego, donde recientemente se han reunido con ella los líderes sindicales.
“Lujo, placer y exclusividad”
Y es que consumir Numen no es cualquier cosa. No, esta agua “se ha creado para satisfacer a las personas que valoran los pequeños placeres de la vida y disfrutan con la combinación del lujo y la salud”, deja claro al consumidor la página web (aguanumen.com) de la compañía, para quien el “nuevo lujo es intangible y los consumidores buscan Numen: inspiración”, al mismo tiempo que subraya que “el lujo ha dejado de tener que ver con comprar lo mejor que el dinero podía alcanzar para, en cambio, intentar el difícil equilibrio de atraer a la mayoría, sin perder la imagen de exclusividad”.
Un agua para los “NEO”
No cabe duda de que el lujo y la exclusividad van muy con el estilo de María Dolores Cospedal (mansión valorada en 2,3 millones de euros, descanso en la lujosa Guadalmina marbellí, sueldos millonarios…), una neocoservadora que, según “Numen Premium Water”, puede participar “de este nuevo sentido, del sueño que venden las marcas de Neo-lujo”, añade en su web, “el neolujo es una categoría con altos estándares de calidad, servicio al cliente y diseño, que, a pesar de ser más caros que otros productos similares en el mercado, son más accesibles que las marcas más exclusivas, pudiendo llegar a un gran número de clientes”.
Doble vara de medir
No es de extrañar, entonces, que los socialistas acusen a María Dolores Cospedal de tener una doble vara de medir, y que mientras que “exige a los demás sacrificios, despidiendo a 10.000 empleados públicos, privatizando hospitales y cerrando colegio, ella continúa con su costoso tren de vida”, señalan a ELPLURAL.COM fuentes de la dirección regional del PSOE.
