Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón

Asunción Sánchez ZaplanaA la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.

La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.

Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.

Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.

COPAGO

El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.

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