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Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley de Dependencia
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. «Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», concluye.
En comparación con el mes anterior, «el retroceso es notorio», según el estudio, porque «todas las cifras son negativas»: 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.
Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.
«Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncian los expertos, para asegurar que «los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema».
En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida «como un logro» por el Ministerio de Sanidad, «se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos», señalan.
La Generalitat valenciana adeuda más de 35 millones de euros a los centros de atención a dependientes
El viernes 13, Aerte se reune con las consellerías de Hacienda y de Bienestar Social. Los centros sufren también las bajas de los residentes que esperaban el pago de su dependencia reconocida, y no llega.
En junio, la Generalitat se comprometió con Aerte, la asociación que aglutina a la mayoría de estos centros, a pagar en agosto toda la deuda de 2012. Pero no ha sido así. Ha habido algunos pagos, pero no el total. Con la suma de todo 2013, la deuda es ya de más de 35 millones de euros. La presidenta de Aerte, Mª José Mira se reune el próximo viernes con los secretarios autonómicos de las consellerías de Hacienda, Eusebio Monzón y de Bienestar Social, Álvaro Cuadrado.
A esta situación tan grave, se une el drama de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia y el cobro de una ayuda, y no la han cobrdo núnca. Aerte denuncia que once mil expedientes se encuentran en esta situación. Muchos de ellos, que han venido pagando la residencia como adelanto de lo que tenían que recibir, ya no pueden pagar más, y están abandonando las residencias.
Los beneficiarios asturianos de la ayuda a domicilio deberán pagar hasta 10 euros a la hora
Los beneficiarios asturianos de las prestaciones de la Ley de Dependencia deberán abonar, con carácter retroactivo al pasado 1 de julio, una parte del coste de los servicios que reciben y, además, verán recortado el volumen de horas semanales de ayuda a domicilio que tenían asignado por parte la Administración regional. Así se lo está comunicando a los afectados, por medio de una carta, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, cuyos responsables aseguran que han pospuesto hasta el límite legal una medida que -subrayan- se deriva de los recortes aplicados al sistema de dependencia por iniciativa del Gobierno central.
El recorte fue denunciado ayer por Julio Carretero, secretario general de UGT en Siero, quien ha recogido las quejas formuladas por las trabajadoras de ayuda a domicilio de la comarca sierense. «Los usuarios les están comentando que han recibido una carta y que, como consecuencia de su contenido, muchos de ellos se ven obligados a reducir o anular la demanda de ayuda porque, sencillamente, no pueden pagarla», señaló Carretero.
El dirigente ugetista agregó que el coste de las prestaciones para los usuarios puede alcanzar los diez euros a la hora. A juicio de Julio Carretero, la implantación de un copago -pago compartido entre las administraciones públicas y los ciudadanos- tiene una doble repercusión negativa. Por un lado, para los beneficiarios, en su mayoría pensionistas con recursos económicos limitados, que no pueden afrontar el coste y se ven obligados a restringir las horas de ayuda que reciben. Por otro, para el colectivo de trabajadores -mujeres en su práctica totalidad- dedicados a la prestación de estos servicios, que inevitablemente serán víctimas de «una pérdida de empleo en un momento muy crítico para todos».
La misiva enviada a los usuarios de la dependencia lleva la firma de la jefa de servicio de atención a la dependencia. El documento explica los cambios en la regulación de la dependencia promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el epígrafe de la ayuda a domicilio, señala que «la nueva intensidad de horas» del servicio -esto es, el recorte de tiempo- entrará en vigor «a partir del primer día del mes siguiente al que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión». En el capítulo de copago, indica que sus efectos tienen carácter retroactivo con fecha 1 de julio de 2013.
Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social precisó ayer que las cuantías que deberán abonar los usuarios no han sido estipuladas por el Gobierno asturiano, sino por el Ejecutivo central con arreglo a una fórmula matemática que combina los ingresos y otros datos de cada beneficiario.
Aburto denuncia que la actual Ley de Dependencia es una ‘falacia’
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha manifestado que la Ley de la Dependencia «no deja de ser una falacia» porque por un lado incluye en su denominación la promoción de la autonomía, pero por otro es necesario ser una persona dependiente y ser calificada como tal para tener derecho a los servicios y prestaciones de la misma. «Quizá sea el momento de pensar de verdad en una ley o en un pacto de verdad de promoción de la autonomía», proclamó.
Frente a esta legislación, el consejero expresó ayer su voluntad de que en Euskadi «seamos capaces de aprobar un plan vasco de envejecimiento activo» en esta legislatura y destacó las oportunidades económicas y profesionales que aporta este sector, por encima del enorme gasto que conlleva para la sociedad.
En la inauguración del curso de verano de la UPV/EHU Envejecimiento activo. Calidad de vida y solidaridad intergeneracional, Aburto hizo hincapié en que el envejecimiento activo constituye «una forma de plantear las políticas»»y por tanto «un medio para transformar nuestra sociedad abocada al envejecimiento».
El consejero explicó que una de las actuaciones en las que está inmerso su departamento en estos momentos es el desarrollo de «una Euskadi más amigable», ya que un entorno «amigable» alienta la prolongación de la vida activa y autónoma de los mayores mejorando así la calidad de vida de todos.
Para Aburto, «el reto» de desarrollar actuaciones orientadas al envejecimiento activo puede verse de dos formas: como el enorme gasto que genera «el bienestar de una sociedad envejecida», pero también como una «oportunidad de generar riqueza».
«Consideramos que la priorización de la atención de las personas que forman nuestra comunidad es un hecho fundamental, y que en su análisis, investigación e intervención se generan oportunidades socioeconómicas».
Según dijo el consejero, la intención de sus palabras era evitar «generar más incertidumbre en todo el entorno de prestaciones y derechos relacionados con la protección social de las personas mayores». Teniendo en cuenta la alta esperanza de vida registrada en el País Vasco, el colectivo de personas mayores «supone un gran potencial que puede revertir en el bienestar de la propia sociedad», insistió.
Y es que la contribución activa de la sociedad no sólo se hace desde la actividad laboral, apuntó, sino también desde el trabajo voluntario, que es «una fuente de riqueza cada vez de mayor valor». Por este motivo, defendió la idea de «explorar nuevas oportunidades» de forma coordinada entre las administraciones públicas y con los agentes que trabajan en esta materia. Estamos en el inicio de «un cambio largo», pero de cuyos resultados «podemos esperar una auténtica revolución cultural que depende en definitiva de todos y cada uno de nosotros».
El objetivo es pasar de la situación actual a «un nuevo paradigma de envejecimiento activo» aprovechando las estructuras que ya existen –como los órganos de participación del departamento de Empleo y Políticas Sociales– para abrir nuevas líneas de trabajo y reducir las barreras existentes. «Sin ninguna duda el esfuerzo vale la pena», alentó.
Aburto destacó que Euskadi goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que representa «un éxito social» y abre nuevos horizontes. «Me gustaría poner esto en valor porque a veces hablamos del problema de las personas mayores y terminamos concluyendo que son un problema, sobre todo si lo ligamos a la sostenibilidad de los servicios sociales», admitió. «Que vivamos más es un éxito de todos«.
Por otra parte, el consejero propuso «estudiar» el tránsito de la jubilación laboral a la vida posterior de las personas mayores. El fin del ciclo laboral –antes a los 65 años– «no agota las aspiraciones vivenciales», aseguró.
Aburto abogó por establecer mecanismos asociados al envejecimiento activo para que la vida de las personas «no cambie de un día para otro» y no dejen de golpe de hacer lo que habían estado haciendo durante los últimos veinte o treinta años, de manera que su vida sea «absolutamente diferente» de un día para otro.
Asimismo, sostuvo que el proceso de envejecimiento activo debe ser «un éxito» en el sentido de que las personas mayores asuman el reto de «ser productivas y útiles» para la sociedad, que vean su propio proyecto personal «con un aspecto participativo», y que no adopten «una actitud pasiva fomentada muchas veces por actitudes paternalistas tanto de las administraciones públicas como de la propia sociedad».
La profesionalización de la Dependencia permite crear o mantener 4.000 empleos
La profesionalización de la Ley de la Dependencia, esto es, la apuesta por ofertar servicios especializados alternativos al cuidado familiar, ha permitido mantener o crear 4.000 puestos de trabajo durante el último año. Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en el balance que ayer hacía en Valladolid, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que obligaba a reorganizar el modelo y orientarlo a esa mayor especialización. Según sus datos, se ha pasado de 4,5 empleos derivados de la atención personal por cada mil habitantes a los 6,1 actuales (que duplican la media nacional de 3,3 por ciento), y de 11.591 puestos de trabajo a medidados de 2012 a los 15.509 de junio de este año.
Unas cifras que tienen su traslación en el modelo autonómico, en el que se han reconocido 17.615 nuevas prestaciones por alta o cambio de servicio reconocidos a 15.504 usuarios, con un claro cambio de tendencia hacia los servicios profesionales, que suponen ya el 61 por ciento del total, frente al 39 por ciento de ayudas dirigidas al entorno familiar.
Esto representa un cambio estadístico evidente, que se ha hecho notar, en particular, a partir del pasado mes de febrero -seis meses después de que comenzaran a llegar los primeros expedientes posteriores el Real Decreto, que suelen resolverse en medio año-, lo que ha tenido como resultado la caída en un 17 por ciento de beneficiarios que recibían cuidados familiares, frente al avance, en ese mismo porcentaje, de personal externo que da apoyo a los pacientes dependientes. Milagros Marcos se refirió a los dos acuerdos sellados el pasado año (junio y septiembre) en el marco del Diálogo Social, que han propiciado el crecimiento de la profesionalización y destacó que a la norma estatal se añadió, por parte de Castilla y León, una rebaja del 15 por ciento en los recursos dirigidos a cuidados familiares en todos los grupos de dependientes, frente a la aportación suplementaria del 20 por ciento en los incluidos en los grupos I y III y del 74%para los registrados en el II.
Frente a las críticas socialistas, que apuntaban a una caída de beneficiarios y prestaciones, la consejera pidió «más coherencia y compromiso», si bien, desde el PSOE, la secretaria autonómica de Políticas Sociales, Marta Olmedo, planteaba a la Junta «que pregunte a los usuarios» del sistema si los recursos que reciben permiten pueden definir una asistencia de calidad.
La reforma de la dependencia ha tenido «efectos devastadores»
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido «efectos devastadores», tras un año de la aprobación del texto.
Según los portavoces de la organización, la medida ha «consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y ha «impactado» en las personas dependientes «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Así, han acusado al Gobierno de «hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes» y de ofrecer información «mentirosa» cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.
En este sentido, destacan que se trata únicamente de una «verdad a medias» y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, «no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013».
En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de «aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención» y de los que han muerto «sin haber sido atendidos por el sistema».
Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, «pero sin ninguna cobertura».
También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.
Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley «dilata los plazos hasta la desesperación» e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.
El Ayuntamiento almeriense no dará pasos atrás con las cuidadoras de dependencia
Después de semanas de negociación y de varios tira y afloja, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín, está dispuesta a sacar dos pliegos de condiciones diferentes para concertar el servicio de atención a personas dependientes con dos empresas diferentes. El motivo: la falta de acuerdo con las 53 trabajadoras del plan concertado de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.
Martín explica que el Estado ha retirado la aportación al plan concertado de los ayuntamientos y ha apostado por unificar las ayudas en torno a la Ley de Dependencia a cuyas trabajadoras, más de 400, también subvenciona la Junta de Andalucía. La concejal entiende que lo suyo sería sacar unificar el servicio y no tener dos empresas diferentes, con condiciones laborales diferentes y una de ellas con, cada vez, menos aportaciones económicas “puesto que lo del plan concertado para la ayuda a domicilio se acaba”.
Pérdida de beneficios La edil reconoce que las 53 trabajadoras del plan concertado tendrán que perder algunos de sus beneficios. Además de una rebaja en el sueldo (pasarían a cobrar 13 euros la hora en lugar de los 24 actuales), se les pide una modificación en la jornada laboral que quizá no fuera inmediata, pero sí a medio o largo plazo.
Y es que, si se unifica el servicio, el medio centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio no pueden “legalmente” entrar a formar parte de una empresa cuando el grueso del personal (más de 400 trabajadoras) tienen otras condiciones laborales inferiores. Así lo explica la concejal que ve “imposible” que el Ayuntamiento pueda subir el sueldo a más del doble a cientos de trabajadoras algo que ocurriría si éstas lo solicitan legalmente tras una unificación de servicios.
La concejal de Asuntos Sociales insiste en que se trata de “perder ahora, para ganar después”. No sólo se les garantiza el trabajo, la antigüedad y una indemnización, sino que tendrían un empleo “de gran proyección en el futuro” y en el que mejorarían las condiciones laborales en cuanto haya mejores perspectivas económicas, entiende la edil.
Una concejal que “se ha cansado” de la postura de las trabajadoras del plan concertado y está dispuesta a dejar los dos servicios y preparar dos pliegos de condiciones diferentes para concesionar el servicio a dos empresas.
Claro que así las trabajadoras del plan concertado no asegurarían su puesto de trabajo dado que “las ayudas para este plan se están agotando”, insiste.
Mediación del alcalde Por su parte, las cuidadoras del plan concertado han denunciado en una nota de prensa que la concejal “juega con los derechos y los puestos de trabajo” y piden al alcalde que intervenga a su favor. Si no iniciarán protestas, dicen.
Por otra parte, frente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Almería, hay más de 400 empleadas más que están sujetas a la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía y que piden igualdad de condiciones laborales y “más compañerismo” a las que hoy dependen del Ayuntamiento. Consideran que la situación de crisis obliga a “apretarse el cinturón”, pero confían en que mejore a corto plazo.
Patronales de residencias de mayores piden a Junta andaluza no dejar de pagar plazas reservadas por cuestiones económica
Diferentes patronales de residencias de mayores han solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado la Consejería de Salud y Bienestar Social con el propósito de «dejar de pagar» las plazas reservadas en los centros para mayores «por falta de dinero» porque con ello «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».
Según ha informado a Europa Press el presidente de una de estas patronales, la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación propuesta por Salud se permitiría a las residencias bajar el ratio de residentes autorizados en función de la población, cuando Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8.
Este hecho desencadenaría, según Olmedo, la pérdida de «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro».
Según la patronal del sector, el proyecto de orden de la Junta consideraría vacía una plaza, y por tanto la dejaría de pagar, cuando el residente supere los cuatro días de permiso de fin de semana o vacaciones fuera de la residencia o bien cuando el titular se encuentre hospitalizado.
Olmedo ha criticado especialmente este aspecto, ya que ha puesto de manifiesto que «las personas mayores con frecuencia están en el hospital y cada vez que estén ingresados la Junta dejará de pagar esa plaza, pero al mismo tiempo estará reservada y no podrá entrar otra persona».
«UN AÑO MUY DIFÍCIL»
Según ha subrayado, esta nueva orden se produce durante un año «muy difícil», ya que hay más de 2.800 plazas sin ocupar y «este asunto está afectando de manera importante», sobre todo porque la mayoría de las residencias están en entornos rurales.
Asimismo, «se están llevando a cabo traslados de los pueblos a las ciudades, hay personas que están en pueblos porque cuando solicitaron la plaza no había sitio en la ciudad, y cuando hay sitio en las ciudades son trasladados», lo que se traduce en una despoblación de las pymes en los pueblos y supone «un problema grave», ha destacado Olmedo.
Sin embargo, a pesar de las 2.800 plazas vacías, la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.
Plataforma Dependencia, preocupada por el futuro de las ayudas a familiares
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha expresado hoy su opinión respecto a la Orden, publicada ayer, que regula la Dependencia en la región, y muestran su preocupación por la eventual desaparición de las prestaciones que reciben los familiares cuidadores.
En un comunicado, este colectivo ha puesto de manifiesto su inquietud por los cuidadores familiares, el más amplio e importante dentro de la Ley de Dependencia, «ante la posibilidad que se pudiera abrir para dejarlos sin las prestaciones económicas que ahora reciben».
También han expresado su sorpresa por la celeridad en la publicación de dicha Orden, «en pleno periodo estival», así como «la falta de consultas y aportaciones» de la citada plataforma, que «quizás, hubieran enriquecido y modulado algunos aspectos de la citada orden».
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha entiende que en la citada Orden de la consejería de Sanidad se «aumentan de forma sustancial el proceso y las condiciones» para el acceso a las prestaciones de posibles nuevos beneficiarios, sobre todo a las personas valoradas como grandes dependientes.
Ello conllevaría, afirman en el comunicado, la práctica imposibilidad de poder ofertarles otros servicios, servicios que en realidad no podrían disfrutar, obviando que el espíritu de esta Ley era mantener a la personas dependientes dentro de su ambiente familiar con todos los beneficios que para ellos esto representa.
Además, han remitido a un estudio por parte de sus servicios jurídicos determinados artículos de esta Orden que «podrían no estar ajustados a derecho».
No obstante, valoran de forma positiva que se potencie en la Orden la prevención de las situaciones de dependencia y la intención de incorporar a los dependientes de grado moderado a algunas prestaciones antes de enero de 2015, aunque se muestran «expectantes».
AERTE solicita una reunión urgente con las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda para buscar una solución
El Gobierno deja fuera del Mecanismo de Pago a Proveedores a los centros de dependencia de titularidad pública al que se comprometió la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas con dependencia y/o discapacidad. El promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ante la exclusión del compromiso por parte de la Generalitat de introducir el pago pendiente a los centros de titularidad pública dentro del primer tramo del Mecanismo de Pago a Proveedores, desea manifestar que:
– La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a los centros de atención a dependientes de titularidad pública. Esta cantidad corresponde a todas las facturas desde octubre de 2012 que, en algunos casos, incluso se remontan a meses anteriores
– Que a pesar de ser debido a directrices del mismo mecanismo de pagos establecido a nivel nacional y de los esfuerzos efectuados desde la misma Conselleria de Bienestar Social por cumplir con el compromiso adquirido con estos centros, la situación en la Comunidad Valenciana es la más grave de toda España, ya que el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces por encima de la media.
– Esta situación supone un importante agravamiento para la continuidad de estos centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales. Algunos de ellos ya no cobrarán, de nuevo, sus nóminas de agosto y la mayoría de ellos las de septiembre si no se abonan las cantidades comprometidas por Conselleria y ante la dificultad añadida de poder negociar con entidades financieras el adelanto de financiación para la supervivencia de los centros.
– Ante la insostenibilidad total que supone el impago continuado y la falta de ejecución de los diversos compromisos de pago adquiridos por la administración valenciana, Aerte ha solicitado por vía de urgencia una reunión a la consellera de Bienestar Social y al conseller de Hacienda y Administración Pública con el fin de encontrar las fórmulas que permitan un compromiso serio y en firme para poder incluir, tal y como se comprometió la Conselleria de Bienestar Social, la deuda acumulada dentro del Mecanismo de Pago a Proveedores.
– Aerte, patronal del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana y única asociación que representa a las empresas que gestionan centros de titularidad pública, ofrece una vez más la máxima colaboración a la Administración valenciana para trabajar de forma conjunta a favor de la sostenibilidad de un sector que aglutina, solo en la red de Aerte, a más de 10.000 profesionales y más de 200 centros que atienden día a día a más de 22.000 personas.
García Ferrer afirma que la nueva ley de dependencia será ‘más sostenible y eficiente’
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, señaló que la nueva ley de dependencia va a ser «más sostenible y eficiente» y va a apostar más por la «prevención que la intervención».
García Ferrer se pronunció así tras la reunión mantenida con la presidenta de la Federación Provincial Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de la Tercera Edad, Carmen Hombrados, con el objeto de informar a este colectivo acerca de la nueva normativa que entrará en vigor en breve, según palabras del director general de Mayores.
«Entendemos que era importante regular los servicios de prevención y de promoción de la independencia personal y así lo hemos recogido en la nueva ley», señaló el director general de Mayores, quien destacó que la nueva normativa recoge con detalle los servicios de atención al dependiente, «apostando por un modelo de servicio público y, si con éste no es suficiente, aportar el dinero necesario para que el dependiente contrate a profesionales que le presten dicho servicio».
En este sentido, defendió la profesionalización de la asistencia a los dependientes a la región, con un apoyo en casa en lugar de la asistencia en residencias y la inclusión del dependiente moderado «que con la actual ley no está recogido de forma detallada».
Todas estas medidas recogidas en la nueva normativa, insistió García Ferrer, van encaminadas a un objetivo único que es atender a los que más lo necesiten y de forma proporcionar a sus necesidades.
El director general explicó, asimismo, que la Consejería va a mantener el mismo número de horas de ayuda a domicilio a todos los grandes dependientes, a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que se reduzca su intensidad más de un 20 por ciento.
Para el próximo año, el Gobierno regional tiene prevista una inversión de más de 400 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, señaló García Ferrer.
Por su parte, Carmen Hombrados manifestó su apoyo a la nueva ley que «no viene a quitar nada» sino a regular los servicios y adaptarla tras ocho años en funcionamiento de la norma. Como representante del colectivo de jubilados y pensionistas de la provincia agradeció a la Junta que «hayan contado con nosotros para saber las necesidades y servicios más adecuados» que la nueva ley debe recoger.
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
Sanidad asegura que ha satisfecho pagos a Cataluña para financiar dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que ha satisfecho el pago que cada mes recibe Cataluña para financiar la ley de dependencia, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio, han respondido de esta manera al anuncio de la Generalitat de Cataluña que ha culpado al Estado de incumplir la financiación prevista en la ley y ha anunciado que suspenderá durante dos meses las nuevas prestaciones para pagar las residencias.
En concreto, la Generalitat ha decidido suspender durante ese periodo y de manera transitoria nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la ley de dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
Las fuentes de la Secretaría de Estado han insistido en que la parte de la financiación que el Estado debe destinar a las comunidades autónomas, según la legislación, el denominado nivel mínimo, ya ha sido entregada mes a mes a Cataluña.
En concreto, el Estado ha destinado a Cataluña 15,5 millones de euros en el mes de enero; 22,7 millones en febrero; 31,7 millones en marzo; 17,9 millones en abril; 14,9 millones en mayo; y 18,8 millones de euros en junio.
Las fuentes han indicado que la aportación del Estado a las comunidades autónomas depende del número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por lo que si la aportación a Cataluña ha descendido en los meses de abril y mayo ha sido porque esta comunidad no ha incorporado nuevos dependientes.
En total, esta comunidad cuenta con 139.117 beneficiarios.
Cataluña es tras Andalucía la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley, subrayan las fuentes, que han hecho hincapié en que la gestión de la dependencia es competencia «exclusiva» de las autonomías.
En este sentido, subrayan que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y, en este caso, de políticas de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse» reorientar sus fondos «a las personas que más lo necesitan».
Desde el Ministerio, añaden las fuentes, «se hace un esfuerzo» para hacer sostenible la ley de la dependencia y entre otras medidas han señalado que hace pocas semanas se aprobó el plan de pago a proveedores por lo que la deuda de los conciertos con las residencias de ancianos estará cubierta.
La Generalitat catalana cifra en medio millar los dependientes afectados por el nuevo recorte en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha cifrado este miércoles en medio millar las personas con dependencia que se verán afectadas por la suspensión de nuevas ayudas para pagar una residencia privada por falta de una plaza pública, y se ha comprometido a que la medida será «transitoria».
En un comunicado, Munté también se ha comprometido a que la medida «no afectará a ninguno de los beneficiarios» que ya reciben este tipo de ayuda, conocida como prestación económica vinculada residencia (PEV), que actualmente beneficia a unos 9.000 catalanes.
Las personas que durante estos dos meses puedan quedar afectadas por esta suspensión serán atendidas «por otros servicios y ayudas» en el marco de la Ley de dependencia, ha dicho Munté, aunque no ha concretado cuales.
También ha mostrado la voluntad de la Generalitat de «no generar más problemas» a las entidades sociales y mercantiles, ni tampoco a los usuarios.
Ha recordado que en Cataluña «se han hecho esfuerzos económicos muy importantes para responder a los servicios y prestaciones vinculadas a la dependencia pese a los incumplimientos del Estado».
Ha alegado que la Generalitat ha decidido suspender las nuevas ayudas porque no quiere «generar falsas expectativas» al sector debido a la complicada situación de las arcas públicas, y ha defendido que se trata de una decisión que persigue la sostenibilidad del sistema.
«Lo que hemos hecho es establecer un plazo transitorio para ver de qué modo podemos resolver esta situación y como podemos ser el máximo de efectivos», ha valorado la consellera, que ha deplorado la deslealtad que, según ella, está mostrando el Estado con el pago de la dependencia a las autonomías.
Munté ha catalogado de «ejercicio de cinismo» el hecho de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya dicho que el Estado ha efectuado las transferencias necesarias para que Cataluña pueda pagar las PEV.
Nota de prensa conjunta de las asociaciones empresariales del sector asistencial catalán
Las organizaciones empresariales del sector social piden a la consejera de Bienestar Social y Familia que no aplique la suspensión de las ayudas de la Ley de Dependencia anunciados.
Barcelona-. 31 de julio.
ACRA, la Unión Catalana de Hospitales, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR quieren expresar su preocupación ante el anuncio hecho por parte de la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté sobre la suspensión de las ayudas de la Ley de la Dependencia (prestaciones económicas vinculadas a servicios) durante los meses de agosto y septiembre.
A pesar de que se trata de una medida transitoria, las organizaciones empresariales del sector asistencial quieren manifestar que:
- Parar las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) durante dos meses impedirá que personas mayores, que no pueden pagar una plaza, se queden sin ingresar en un centro, abocando muchas familias a una situación muy complicada.
- Esta medida creará desocupación en los establecimientos asistenciales, cuando ya hay una lista de espera de 17.000 personas. El sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar ocupación (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
- La medida se añade al hecho que el ICASS no ha liquidado la totalidad de la deuda a los centres proveedores.
Por todo esto, las entidades piden a la consejera que:
- Reconsidere la aplicación de esta medida que afecta directamente los centros que han apostado para mantener un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país.
- Que establezca un calendario para liquidar las deudas pendientes con los centres proveedores de servicios.
- Que no se siguen recortando los presupuestos de Bienestar Social y Familia si se quiere garantizar la continuidad de este sector y atender las necesidades asistenciales de nuestra gente mayor.
Las entidades se ofrecen a trabajar con la consejería de Bienestar Social y Familia en favor de la sostenibilidad de un sector tan importante por nuestro país.
La Generalitat aplaza el ingreso de dependientes en residencias durante dos meses
La consejería de Bienestar Social retira las ayudas de la ley de la dependencia para acceder a centros residenciales y elimina las evaluaciones de nuevos usuarios durante los meses de agosto y septiembre.
Hace dos años fue el PIRMI, el año pasado los impagos a las entidades sociales y este año en la ley de la dependencia. Y ahora, la conselleria de Bienestar Social ha suspendido durante dos meses, agosto y septiembre, las ayudas que da a las personas dependientes para poder ingresar en una residencia. Es una ayuda que la administración les da para que puedan pagar parte de una plaza en un centro privado. Con este recorte no habrá ni nuevos ingresos ni tampoco se evaluarán nuevos usuarios para que puedan obtener estas prestaciones.
La Generalitat ha anunciado este recorte a través de un comunicado en la web y a través de un email a los trabajadores sociales. Bienestar Social lo argumenta asegurando que no le llega el dinero del Estado para pagar la ley de dependencia y que debe tomar esta medida transitoria de dos meses. «La actual situación presupuestaria, marcada por un escenario de prórroga, hace necesario el establecimiento de medidas extraordinarias que permitan la estabilidad del sistema«, dice el comunicado de Bienestar Social.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, cree que los efectos serán muy negativos: «Dicen que es una medida transitoria pero encontrarnos como sector y como país con esta situación es del todo dramático».
El PSC, por su parte, ha denunciado que la Generalitat aproveche el mes de agosto para recortar por tercer año consecutivo. La portavoz de cohesión social del PSC, Eva Granados, explica las consecuencias que tiene el recorte que impone ahora la Generalitat: «simplemente no podrán acceder a las residencias y deberán quedarse en casa y ser atendidos por sus familias de manera no profesional cuando son personas que necesitan ser atendidas por profesionales en una residencia «. Recuerda también que la medida de no hacer nuevas evaluaciones durante dos meses supondrá que la situación de estas personas se alargue mucho más ya que hasta el mes de octubre no tendrán opciones de poder acceder al PIA (Programa Individual de Atención). Según Granados el perfil del usuario de una residencia es una mujer, de más de 80 años, con grado III (alta dependencia) con un nivel de ingresos medio de entre 8.500 y 10.000 euros anuales.
Un 44% de las personas que ocupan una plaza en residencias privadas reciben esta prestación de la Generalitat.
Los centros de día de Cádiz se quedan vacíos por los recortes en la Ley de Dependencia
Lo que se convirtió en una conquista en tiempos de bonanza, corre ahora peligro con la crisis y las reformas. Los ajustes en todas las áreas, también en la de Servicios Sociales, están haciendo tambalear los cimientos de una ley que se definió como uno de los grandes avances en materia de bienestar social. La paralización de la Ley de Dependencia ha puesto en jaque a la mayoría de las residencias de ancianos de la provincia que ven como cada día cuesta más salir adelante ante los retrasos de los pagos de la Administración andaluza y la ausencia de nuevos usuarios. En especial, existe cierta preocupación por la viabilidad de los centros de día, un eslabón intermedio entre una residencia de ancianos y la convivencia con la familia. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha querido potenciar la estancia en las unidades diurnas en los últimos años, lo cierto es que muchos de los centros de la provincia se han quedado sin usuarios a pesar de que las plazas están concertadas. Desde la Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna (Fanued), su vicepresidente José Andrés de la Cruz explica que «a pesar de que existen una gran demanda, las plazas están vacías porque todo el sistema está paralizado».
Según los datos que manejan las asociaciones de unidades diurnas, el tiempo de espera desde que una persona solicita ser valorada a través del Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel de dependencia y se le asigna un recurso en algunas ocasiones llega a superar con creces un año lo que a su vez retrasa la llegada a los centros concertados.
En residencias como la de San Juan de Dios, gestionada por la Fundación Gerón, reconocen que de las 20 plazas concertadas que disponen en su unidad de día tan solo hay dos ocupadas. Ellos ya tuvieron que hacer un reajuste de su proyecto en Cádiz tras verse obligados a abandonar la idea de montar una segunda residencia de ancianos en el Convento de Santo Domingo y decidieron centrarse sólo en la de San Juan de Dios.
Situación parecida ocurre en la residencia geriátrica Adema, donde a pesar de tener solo dos plazas concertadas de las 29 que disponen, señalan que «entre unas 10 y 15 personas están a la espera de que se resuelvan sus expedientes». Circunstancias más complicadas viven en la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, también en la capital, donde de las 30 plazas conveniadas con la Junta mantienen sin ocupar seis. Sus circunstancias se agravan puesto que asumieron los costes de una reforma para ampliar su oferta a 45 plazas con el objetivo de poder firmar un convenio con la Junta pero la ansiada rúbrica no ha llegado y ahora compaginan las públicas con las privadas. En este centro critican que desde «hace dos meses y medio el Gobierno andaluz tan solo ha resuelto los expedientes para cubrir 11 plazas en toda la provincia».
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalan que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha provocado una tendencia ascendente en el número de plazas concertadas. Una dinámica que se cortó en julio de 2012. Desde Fanued alertan de que «salvo casos de extrema urgencia» ninguna persona dependiente «se ha incorporado en el último año a los recursos que ofrece la administración autonómica en materia de dependencia». La Federación hace hincapié en que en la Consejería de Salud y Bienestar Social se amontonan «cientos de expedientes» mientras «las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal».
Recortes en plantilla
Desde Comisiones Obreras, el secretario provincial de Sanidad, José Antonio Aparicio subraya que la reducción de plazas o la falta de llegada de nuevos usuarios está en directa proporción con los ajustes en la plantilla. «El empleo estable que generó la Ley de Dependencia en sus inicios está en verdadero riesgo», asegura, puesto que al no cubrir las plazas «se está comenzando a despedir a los profesionales». Desde el sindicato calculan que en torno a un 10 o un 15% de plantilla «se ha recortado» en los últimos años con la excusa de que no hay ratio para todos los profesionales, la gran mayoría de ellos contratos temporales.
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) reclama a Rajoy el dinero que garantiza la ley
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), patronal que aglutina al sector empresarial de atención a la Dependencia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que apruebe la partida presupuestaria suficiente que garantice el “cumplimiento íntegro” de esta Ley. Más de 200.000 personas no reciben ninguna prestación a pesar de necesitarla.
“La crisis no puede convertirse en el pretexto para acabar, por la vía de los hechos consumados, con los derechos reconocidos, por Ley, a las personas en situación de Dependencia”, asegura la FED en un comunicado con el que expresan su “más enérgica protesta” a la actitud del Gobierno en este sentido.
Por ello, inciden en la necesidad de que Rajoy dote de la financiación suficiente para dar atención a un colectivo, el de los dependientes, que están notando como nadie las consecuencias de la delicada situación económica y los recortes.
Además del mencionado llamamiento al Gobierno, estos ‘empresarios’ de atención a la Dependencia han solicitado la ayuda del propio presidente del Congreso. En un comunicado, la FED pide el popular Jesús Posada “la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno de España a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes” en esta norma.
Asimismo, esta federación, que engloba a los operadores que actúan en residencias, centros de día y noche, servicios de ayuda domiciliaria y de teleasistencia, solicita a los parlamentos autonómicos que pongan su granito de arena y ayuden a que la Cámara baja presione a La Moncloa.
Junto a este llamamiento al Gobierno y al Congreso, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha iniciado una recogida de firmas en change.org para lograr 500.000 firmas con las que incidir en la necesidad de que Rajoy dé su brazo a torcer en este asunto.
“Nuestro único propósito se encamina exclusivamente a que el Sistema responda a las necesidades de atención que requieren las más diversas situaciones de Dependencia, así como a la promoción de la autonomía personal, a la mejora de la calidad de vida y a hacer realidad la igualdad de oportunidades”, aseguran desde este colectivo.
