Archivo mensual: octubre 2012
Los imapagos de la Generalitat valenciana deja sin suministro electrico a la conselleria de Bienestar Social entre otras sedes del govern
Las Consellerias de Justicia y Bienestar Social y de Agricultura, así como la Biblioteca Valenciana, ubicada en el monasterio de San Miguel de los Reyes, se han quedado a oscuras este martes después de que Iberdrola, por orden de Unión Fenosa, haya cortado el suministro de luz por los impagos de la Generalitat Valenciana.
La compañía también ha amenazado con cortar la luz a la Conselleria de Sanidad donde, según ha denunciado Esquerra Unida, se ha recomendado a los trabajadores que no utilicen el ascensor «por si la empresa corta la luz».
El suministro en las dos Consellerias afectadas se ha restablecido pasadas las cuatro de la tarde.
Un comunicado de Gas Natural Fenosa asegura que, «de acuerdo con los procedimientos internos elaborados al amparo de la Ley de Compras de la Administración Pública», solicitó a la distribuidora -en alusión a Ibedrola- el «cese temporal» de suministro de «unos pocos puntos no esenciales de la Generalitat».
Según la empresa, se ha estado en «permanente contacto» con la Administración autonómica y se está «procediendo a solicitar» a Iberdrola el restablecimiento del servicio «una vez resulta la situación».
La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha pedido la comparecencia del conseller Luis Rosado para que explique las amenazas de cortes de luz y ha lamentado que la situación financiera de la Generalitat esté «degenerando» hasta este punto. «El conseller Rosado tendrá que dar explicaciones sobre cómo se ha llegado a esta lamentable situación y cómo piensan solucionarlo», ha asegurado.
Albiol ha lamentado que la «nefasta política» del PP haya dejado la caja vacía «hasta el punto de no tener ni para pagar la luz». La diputada autonómica ha registrado una petición de comparecencia del conseller Luis Rosado en las Cortes.
Desde la coalición Compromís, su portavoz en las Cortes, Enric Morera ha considerado «lamentable» que el mismo día que se presentan los Presupuestos de 2013 «se produzca el corte del suministro eléctrico de varias consellerias, lo que es increíble».
«La negligente gestión económica del PP valenciano de Alberto Fabra está provocando un descrédito de las instituciones valencianas y la imagen interna y externa de nuestra tierra es muy mala y es necesario actuar con urgencia porque los valencianos no somos un pueblo de malpagdores, pese a los gobernantes que tenemos», ha asegurado.
En la provincia de Alicante también se han quedado sin luz el Club Náutico de Xàbia así como en instalaciones portuarias de otros municipios cercanos, como el de Santa Pola.
Desde el Club Náutico se ha subrayado que se desconocen los motivos exactos del corte y que todo apunta a un «problema administrativo» por parte de la Conselleria, al tiempo que fuentes de esta institución han subrayado que el Club Náutico se mantiene al día de las mensualidades, que rondan los 9.000 euros y que la gestión ante Iberdrola depende de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Grupo Amma, patrocinador del V Congreso Nacional de Alzheimer
El Grupo Amma es una de las entidades patrocinadoras del V Congreso Nacional de Alzheimer que comienza mañana jueves, día 25 de octubre, en el Palacio de Congresos-Kursaal de San Sebastián y que está organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Entre otros patrocinadores y colaboradores figuran también entidades públicas como el IMSERSO, el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, y entidades privadas como Pfizer, Lilly o Novartis, entre otras.
El congreso, que se prolongará hasta el día 27 bajo el lema de «Esfuerzo compartido», y que ha sido declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, supone un punto de encuentro para familiares, profesionales socio-sanitarios y trabajadores del movimiento asociativo que están directamente vinculados con esta enfermedad. Se espera la asistencia de más de 600 personas, entre médicos especialistas en neurología o geriatría, psicólogos, profesionales de la asistencia social y representantes institucionales.
El objetivo es reivindicar el papel de todos los profesionales en la atención a estos pacientes y también el de los familiares cuidadores como agentes activos del proceso socio-sanitario, pero también como objeto de atención en sí mismos. En definitiva, el congreso pretende compartir esfuerzos para afrontar la enfermedad, tratar al paciente y cuidar al cuidador.
Como ha recordado CEAFA en la presentación del congreso, unas 800.000 personas padecen el Alzheimer en España, pero las consecuencias de esta enfermedad afectan de forma directa o indirecta a cerca de 3,5 millones, incluyendo a sus familiares. Y las previsiones hablan de que la prevalencia del Alzheimer irá en aumento hasta duplicarse en 2020 y triplicarse en 2050.
Dependencia y justicia social
El 15 de diciembre de 2006 en el Boletín Oficial del Estado se publicó la ley 39/2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El proyecto de ley fue presentado en marzo de ese año por el Gobierno de Zapatero, y fue considerado el cuarto pilar que faltaba al Estado del Bienestar. Hoy los cuatro pilares se tambalean y los mayores se han convertido en el «último colchón» que amortigua la caída y posibilitan que hijos y nietos no se conviertan en excluidos sociales, en parias. Una de cada cuatro o cinco personas que viven en España está por debajo del llamado umbral de la pobreza y otros muchos hacen peligrosos equilibrios en ese umbral.
En 2008 había en España aproximadamente dos millones de personas dependientes. Se estima que actualmente 100.000 personas esperan la evaluación para ser consideradas «dependientes» y tendrán que seguir esperando; los fondos asignados se han disminuido en un 45% por lo que miles de personas dejarán de ser atendidas, junto con la pérdida también de miles de servicios y de puestos de trabajo. Mientras se niega la ayuda a dependientes y ancianos como establece la ley, muchos mayores han tenido que asumir obligaciones en una etapa de la vida en la que les correspondería, y muy merecidamente descansar, disfrutar de un ocio que siempre se les negó. Se trata de una generación que lo tuvo muy difícil, reconstruyó un país devastado por una terrible guerra civil, padeció una postguerra viviendo en condiciones penosas, muchos tuvieron que irse a trabajar por el mundo y no siempre fueron acogidos con amabilidad.
Algunos ancianos se han visto obligados a volver a trabajar, a reducir gastos, otros dejan las residencias para contribuir con sus pensiones posibilitando que sus hijos y nietos coman. El perfil de dependientes ahora también ha cambiado, incluyendo entre ellos a muchos niños y jóvenes.
Y si algo faltaba: el «re-pago» y la eliminación de una serie de prestaciones. Por perder han perdido también el derecho a enfermar y a morir tranquilos. ¿Que será de los suyos si ellos faltan?
Estos recortes ponen de manifiesto una vez más que el hilo se corta por lo más delgado. Que se vulneran los derechos de miles de personas condenándolas al abandono, a la indefensión y a la exclusión social, por lo que se seguirán produciendo movimientos sociales de protestas mientras no exista una verdadera justicia social. Una sociedad democrática no puede hacer oídos sordos y mirar para otro lado, si así lo hacemos las próximas generaciones y la historia nos juzgarán muy duramente.
La nadadora paralímpica Teresa Perales clausura la III Semana del Deporte Inclusivo
La nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de seis medallas en los Juegos Paralímpicos de Londres, ha clausurado este domingo en el Parque del Retiro de Madrid la III Semana del Deporte Inclusivo, promovida por la Fundación Sanitas y el Centro de Estudios de Deporte Inclusivo (CEDI).
Los madrileños han podido participar durante toda la jornada en diferentes actividades de deporte inclusivo como fitness, hockey en silla de ruedas, bolos, baloncesto o atletismo, entre otros.
Esta iniciativa es una de las actividades que la Fundación Sanitas promueve dentro de la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, creada en 2010 junto con socios como el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, el Comité Paralímpico Español, la Fundación ONCE, Telemadrid, la Fundación Real Madrid, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación También, la Fundación SM, la Fundación También y Liberty Seguros.
El programa de vacaciones de Turismo Tropical acoge 500 mayores granadinos
Prevenir la dependencia y promover la autonomía personal son los objetivos de este proyecto que el área de Familia y Bienestar Social pone a disposición de personas mayores y dependientes
La diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha compartido un día con los mayores en la Residencia de Turismo Tropical de la Diputación en Almuñécar, donde ha podido comprobar el estado de las instalaciones y los servicios que se les ha ofrecido durante su estancia vacacional de cuatro días. Interesada especialmente en que las atenciones y servicios que se les prestan sean de primera calidad, Marta Nievas ha departido con cada uno de ellos a fin de que pudieran exponerle las necesidades o el servicio que se les ha prestado, al igual que les ha agradecido sus opiniones y quejas ya que con ello Institución Provincial pretende mejorar día a día la calidad de los servicios que se prestan en esta residencia vacacional.El Imserso recibe protestas por el cambio de Cruz Blanca a ‘Clece’ en Ceuta
Usuarios del servicio de asistencia a domicilio del Imserso, vinculado a la ley de dependencia, protestan por la eliminación de servicios como toma de tensión, peluquería o podología. Se quejan de que se han dejado de prestar al cambiar, desde el 1 de octubre, de la ONG Cruz Blanca, gestionada a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la empresa privada ‘Clece’. El director de la institución explica que son casos puntuales y que la empresa está aún en proceso de adaptación.
El pasado 1 de octubre, Cruz Blanca -que operaba a través de un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales- dejó de prestar el servicio de ayuda a domicilio en el Imserso, vinculado a la Ley de Dependencia. El motivo fue que ganó un nuevo contrato la empresa ‘Clece’. Mientras el servicio de asistencia a domicilio de la Ciudad continúa atendiéndolo la ONG, el del Imserso pasó a gestionarlo esta empresa.
El cambio no ha sentado demasiado bien a muchos de los usuarios, que han visto mermados algunos de los servicios que recibían, puesto que aunque no los incluía la contratación, Cruz Blanca sí los prestaba, tal como explican tanto los usuarios como fuentes cercanas al caso. Esta reducción ha sido objeto de protesta de varios usuarios dependientes que se acogen a este programa, tal como ellos han señalado. Es el caso de Libertad Medina, quien lamenta que con el cambio de empresa han dejado de prestarle servicios como la toma de tensión.
Peluquería, podología, toma de glucosa o asistencia social y psicológica son otros de los servicios que echan en falta los usuarios y que antes sí recibían por parte de Cruz Blanca. Muchos de estos usuarios han manifestado sus quejas en el Imserso, desde donde reconocen que estas protestas existen aunque matizan que son “casos puntuales”. “Tenemos más de cien usuarios y las quejas no son más de cuatro o cinco”, explica a EL PUEBLO el director del Imserso, Alfonso Grande. Destaca además que estas son sobre aspectos “muy concretos” y no sobre un mal servicio. Agrega que estas vienen derivados por cambios de las personas que atienden al usuario, pese a que la plantilla ha sido subrogada. Asimismo resalta que las quejas han llegado tanto por medio de la institución como a través de los trabajadores, y que están trabajando en solucionarlas.
De hecho, el director el Imserso explica que con el objetivo de analizar estas quejas, mantuvieron el jueves una reunión con la junta directiva de ‘Clece’. “Aunque haya una sola queja, estamos ahí para solucionarla”, garantiza.
Grande considera que estas protestas vienen motivadas por el “proceso de adaptación” y por ello ha pedido a ‘Clece’ una mayor “agilidad” para que este proceso “sea lo más rápido posible”. “Aunque la plantilla sea la misma, la coordinación y distribución por zonas geográficas es diferente y yo creo que lo que hoy son quejas mañana será considerado incluso mejor”, destaca Grande.
El director del Imserso asegura que “no se han reducido prestaciones” y agrega que servicios como la toma de tensión pueden tomársela en el centro social de mayores del Imserso, donde trabajan dos enfermeros, además de como una actuación dentro de los convenios con Ingesa. “Quizá sea un poco prematuro para llegar a conclusiones”, apunta Grande, quien confía en que la situación se soluciones en cuanto la empresa se adapte.
Menor coste del servicio
Este servicio se presta en función de las horas de reconocimiento del grado de dependencia y se gestiona directamente por el Imserso, prescindiendo de los convenios que anteriormente le vinculaban a la Ciudad Autónoma.
Esta contratación pública a ‘Clece’ ha supuesto una reducción en el coste del servicio, según reseña el director del Imserso. “No es lo mismo hacer un convenio con una entidad que sacar a contratación, que se ajusta más el importe”, agrega. “No es una cantidad importante pero sí significativa, pero eso no va en detrimento de la calidad del servicio, siempre hay unos parámetros”, apostilla.
El contrato de ‘Clece’ es de un año prorrogable a uno más. Sólo se encarga de la ayuda a domicilio en el marco de la Ley de dependencia, mientras que la ayuda a domicilio básica la sigue prestando Cruz Blanca, gestionado por la Ciudad Autónoma.
El sector de la Dependencia hará acciones conjuntas por los impagos del Consell
Las patronales del sector de la dependencia Aerte y Lares y los sindicatos CCOO y UGT han anunciado acciones conjuntas para protestar por la «situación límite» a la que los impagos de la Generalitat, que les adeuda cerca de 100 millones de euros, ha llevado a los centros que atienden dependientes y a sus trabajadores.La Defensora del Pueblo recomienda apoyar a los cuidadores de la Dependencia para que no se queden fuera del sistema
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores de personas en situación de dependencia para evitar que aquellas personas que «no puedan hacer frente al pago de las cuotas por falta de capacidad económica queden fuera del sistema».
En el marco de una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Becerrill ha realizado una serie de sugerencias para paliar los efectos que este Real Decreto-Ley pueda tener para los dependientes y sus familias.
En este sentido, recomienda la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar, en línea con la propuesta de revisión formulada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
También recomienda establecer medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización.
Para la Defensora del Pueblo los cuidadores no profesionales están realizando «una función social que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, por lo que considera que habría que facilitar que estas personas permanezcan dentro del sistema».
En cuanto a las condiciones que establece el Real Decreto-Ley para acceder al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalle «claramente» en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes pueden salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.
Tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero «por cualquier motivo o duración» anula la inscripción como demandante de empleo.
Esta exigencia, que «para algunos supone vulnerar la libertad de circulación de las personas, aparece matizada en una instrucción que detalla seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses».
Para la Defensora, estos supuestos deberían estar detallados en el Reglamento que regula el Real Decreto-Ley y la Administración debería asegurarse que los solicitantes de la RAI tengan suficiente información que advierta claramente sobre «los términos, circunstancias y límites temporales» que se fije para los viajes al extranjero.
En este mismo ámbito, Becerril pide que se incluya a las personas discapacitadas entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.
El sector de la dependencia anuncia una huelga el día 31
Lares Comunitat Valencia, Aerte, UGT y CC OO anunciaron ayer acciones conjuntas para protestar por la situación «límite» que «casi un año de impagos ha llevado a centros para la asistencia socio-sanitaria y de la dependencia, trabajadores y dependientes». Además, los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV han convocado para el próximo 31 de octubre una huelga en el sector de atención a personas con discapacidad, ya que a consecuencia del impago del dinero adeudado hay trabajadores que llevan más de cuatro nóminas sin cobrar. Según informaron, las patronales prevén el cierre de centros y la desatención a dependientes de mantenerse una situación que ha llevado a las empresas «a la quiebra y la pérdida de empleo de trabajadores». Las entidades explican que «nunca», desde la aprobación de la Ley de Dependencia, el sector se ha visto en una situación «tan límite». Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia convocó ayer una protesta frente a la sede del Consell «ante los brutales recortes que los Gobiernos de Rajoy y Fabra están haciendo a las personas dependientes».
La Junta cambia de modelo y cierra una primera unidad de estancia diurna
Dieciocho personas mayores dependientes tendrán que cambiar de centro los próximos días para ser atendidas mientras sus familiares trabajan. Estos ancianos son los usuarios de la estancia diurna de Ciudad Jardín que la Junta cerrará en noviembre para ampliar el centro de partipación activa anexo a dichas instalaciones, un modelo asistencial que el Gobierno andaluz quiere potenciar. Así, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se hará cargo de esta reubicación tras notificar la medida a la empresa que gestionaba este servicio, Asisttel. Con esta clausura se reduce en 20 plazas la oferta de centros de día que el gobierno regional tiene en la provincia de Sevilla.
El cierre se produce tras agotar el periodo de concesión de la empresa encargada de gestionar este servicio, que viene prestándolo desde 2006, cuando se puso en marcha la unidad de estancia diurna en Ciudad Jardín. Según fuentes de Bienestar Social, la decisión tomada por el departamento que dirige María Jesús Montero no guarda relación con los recortes, sino con una «reutilización» del espacio público. El nuevo uso de las instalaciones servirá para ampliar el centro de participación activa de mayores que funcionaba con anterioridad a la unidad de día. Dicho centro es uno de los que más socios tiene de Andalucía, lo que, según las fuentes señaladas, ha provocado que sus dimensiones resulten pequeñas.
La finalidad de estos espacios es el desarrollo de programas para fomentar la capacidad de aprendizaje de las personas mayores, su participación cultural en el entorno, ampliar el nivel formativo de estas personas además de prevenir situaciones de dependencia y fomentar la cooperación y solidaridad entre generaciones. La filosofía de estos centros viene recogida en el Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo publicado en 2010. En dicho documento se impulsa la creación de este servicio que ha de sustituir al que se venía prestando en las unidades de día convencionales, de manera que el anciano no sea tratado sólo como un sujeto pasivo, sino que logre su inserción social a través del desarrollo de actividades.
En el conjunto de Andalucía hay más de 900 centros de este tipo, de los cuales sólo el 18,5% son de titularidad pública, con cerca de 620.000 asociados (personas que se beneficien de ellos de forma gratuita). En Sevilla esta red está constituida por 31 centros, repartidos en 27 municipios con 114.000 socios. El último en incorporarse abrió sus puertas en el Cerro del Águila el pasado 4 de octubre y en él pueden inscribirse hasta 5.000 personas. En sus 1.872 metros cuadrados dispone de gimnasio, salón de baile, talleres y podología.
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social se hará cargo de recolocar en otros centros «cercanos» a los ancianos atendidos en la unidad diurna de Ciudad Jardín. En este sentido, la Administración regional insiste en que todos los servicios de día para personas mayores tienen vacantes actualmente y que «rara vez» la demanda ha superado la oferta en la provincia de Sevilla, un excedente al que ha contribuido la Ley de Dependencia.
La empresa que gestiona el centro de día tendrá que hacerse cargo de reubicar a los ocho trabajadores de la unidad de Ciudad Jardín en los otros tres centros destinados a atender a personas mayores que explota en Andalucía o, en caso de no haber puestos libres en ellos, a indemnizarlos por el despido. La plantilla de trabajadores no descarta convocar algún tipo de protesta los próximos días ante este cierre que vinculan «a la política de recortes de la Junta». Fuentes de Asisttel señalaron a este periódico que Bienestar Social sólo les comunicó el cierre de la unidad sin explicar los motivos.
El impago de los atrasos de la ley de la dependencia ahoga a los afectados
El caso de Juan Manuel Escobar ejemplifica el drama personal que están viviendo muchísimas familias de nuestro país, castigadas de una manera profunda por la crisis económica y que se encuentran especialmente ahogadas al no haber cobrado los atrasos que les deben de la Ley de la Dependencia. Este ciudadano de Reus -en el paro, con siete personas a su cargo, y que tiene que pasar cada mes con poco más de 1.300 euros- exige que le paguen los más de 3.000 euros de atrasos que le deben a su mujer, la cual cobra cada mes 250 euros a través de la Ley de la Dependencia.
«En 2009 nos concedieron una paga por la Ley de la Dependencia, pero hasta 2010 no empezamos a cobrarla. Entonces nos dijeron que nos pagarían los 4.000 euros que nos debían de atrasos. Desde entonces, sólo nos han ingresado 700 euros», se lamenta este vecino de Reus. Todo ello ha coincidido en el tiempo con una serie de calamidades, a nivel laboral, tanto para él como para su familia.
Después de quedarse en el paro, y de que su hijo también se quedase sin empleo, Juan Manuel lleva dos años haciendo auténticas filigranas para pasar el mes con poco más de 1.300 euros. «La hipoteca la voy pagando, pero de aquella manera, a medias, por lo que debo unos 500 euros. De la comunidad de vecinos debo dos años y de impuestos del Ayuntamiento más de 1.000 euros», explica desolado este ciudadano, quien añade que «para más inri, mi mujer es diabética y sufre depresión, por lo que toma unas 14 pastillas al día que, con el copago de los medicamentos, me suponen un gasto de unos 40 euros al mes».
Pero, por si fuera poco, Juan Manuel Escobar se encuentra desde hace unas semanas con el problema añadido de que su hija, yerno y dos nietas están a la espera de que el juez ejecute una orden de desahucio, por lo que antes de que se queden en la calle las acogerá en su casa. «Seremos ocho bocas que alimentar, entre ellas dos niñas de nueve años, sin que nadie trabaje», comenta este ciudadano, quien reconoce que «los más de 3.000 euros que nos deben de la Ley de la Dependencia los necesitamos para poder acondicionar el piso ante la inminente llegada de mi hija y su familia». Juan Manuel, quien asegura que lleva tres meses sin dormir por culpa de la preocupación, se queja especialmente por «el trato que nos dan a los ciudadanos en las administraciones. Fui a exponer mi caso a Tarragona y me trataron como a un número. Además, los políticos son todos unos insensibles que lo único que saben hacer es engañar a la ciudadanía».
Juan Manuel quiere que «mi caso, como el que deben estar pasando muchas familias, se sepa para que la gente conozca quienes nos están gobernando. Lo único que reclamo es un dinero que es mío y que me permitiría vivir un poco más tranquilo».
Nuevas tasas para los dependientes en Madrid
La tasa por solicitar una revisión del grado de dependencia y de discapacidad en la Comunidad de Madrid tendrá un coste de 30 euros conforme a una orden que entró en vigor el pasado 10 de julio tras la publicación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid.
Mientras, la evaluación para solicitar el grado de dependencia o discapacidad seguirá siendo gratuita, como hasta ahora, según explicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales.
También hay otra nueva tasa de seis euros para la expedición del titulo de familia numerosa, estando exentos los perceptores de la renta mínima de inserción.
La orden, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se dictó a raíz de la nueva Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid aprobada el pasado julio.
Tasa por la revisión del grado
«Los procesos técnicos y médico para diagnosticar un grado de dependencia seguirán siendo gratuitos. Sólo se impone la tasa en los casos en los que se solicite una revisión del grado», han recalcado.
Según la orden, esta norma legal persigue «que quienes ya tienen un grado de dependencia reconocido contribuyan a sufragar, al menos parcialmente y en una cuantía moderada, el coste de una actuación administrativa que se genera a su instancia y de la que serán sus beneficiarios directos».
Así, quedarán exentos del pago de la tasa aquellos «cuya capacidad económica personal sea igual o inferior a dos veces la cuantía del indicador público de renta de efectos múltiples».
Nuevos modelos de vivienda para personas mayores: espacios y tecnologías amigables para vivir en casa
Objetivos de la Jornada:
La Jornada tiene como objetivo reflexionar sobre nuevos modelos de vivienda que den respuesta a las necesidades y expectativas de las personas mayores para vivir con autonomía el mayor tiempo posible en su entorno habitual participando activamente en la sociedad. Durante la Jornada se presentarán tanto adecuaciones y adaptaciones para viviendas ya existentes como nuevas tendencias en viviendas para todas las edades con aportaciones de las tecnologías de la información y comunicación.
Dirigida a:
A profesionales del campo de la arquitectura, el diseño, las telecomunicaciones, los servicios sociales y los servicios y tecnologías de apoyo.Así mismo va dirigida a asociaciones, entidades, representantes de personas mayores y centros y grupos de investigación sobre temas de habitabilidad y vivienda del futuro.
Fecha
7 de Noviembre de 2012
Lugar
SS. CC. IMSERSO
Avda de la Ilustración s/n, con vta Ginzo de Limia 58
28029 Madrid.- Tfno 917 033 633
La Jornada contará con servicio de interpretación de lengua de signos,
estenotipia computerizada y será transmitido por streaming accesible
desde la página del IMSERSO (www.imserso.es)
Expertos resaltan el papel asistencial que cobrará la Psicogeriatría con el progresivo envejecimiento de la población
Especialistasen geriatría reunidos desde este miércoles en Sevilla, en el marco de la ‘XII Reunión Anual Mundial del Colegio Internacional de Psiconeurofarmacología Geriátrica (ICGP)’, han resaltado el creciente papel que cobrará la Psicogeriatría, rama de la medicina que aborda los problemas mentales de las personas mayores, en los próximos años ante el progresivo envejecimiento de la población española.
En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), Raimundo Materos, que se ha apoyado en las proyecciones del INE que apuntan que para 2049 habrá en España 15 millones de mayores de 65 años, el 32 por ciento de la población actual, (a día de hoy son 7,8 millones las personas mayores de 65), ha explicado que este incremento del envejecimiento «genera a su vez nuevas necesidades y demandas individuales, sociales y sanitarias por parte del colectivo senior».
De hecho, ha sostenido que los trastornos mentales de las personas mayores afectan en la actualidad a un 35 por ciento de las personas mayores del país. De ellas, ha dicho, el 25 por ciento sufre depresión.
Según este especialista, este envejecimiento «jamás visto en la historia de la humanidad» viene generado por el descenso de la mortalidad, una menor fecundidad, los avances sanitarios y tecnológicos, la tendencia al retorno de los inmigrantes, el aumento progresivo de la población y los avances técnicos y sanitarios «que están dando lugar a la esperanza de vida más alta de toda la historia, 83 años, una de las más altas de toda Europa«.
AUMENTO DE OCTOGENARIOS
Hacia 2045, ha agregado, se empezará a perder población con un declive demográfico en el que ni los nacimientos ni la inmigración compensarán las defunciones y el incremento de los octogenarios se producirá a un ritmo mayor que el del resto de población. Si en la actualidad son 2,3 millones, después de haberse multiplicado por 19 desde principios de siglo XX, en 2050 llegarán a los 5,6 millones los octogenarios, ha avanzado.
Mateos se ha referido así a la necesidad de «aportar soluciones al grave problema social y sanitario que se avecina si no comenzamos a prevenir y tratar el envejecimiento».
La realidad social, asegura, «es que a mayor población, más número de personas mayores, afortunadamente, pero este fenómeno demanda nuevas atenciones y necesidades no sólo para el colectivo senior, sino para su Sociedad Española de Psicogeriatría entorno y toda la sociedad».
Por ello, apuesta por que medicina y sociedad «se adapten a esas necesidades. Si no lo hace, se puede generar un gran impacto social, sanitario y económico».
Una de las herramientas para abordar este fenómeno es la Psicogeriatría, «ya que si el país envejece, los problemas mentales de las personas mayores también, y pese a que el sector de las personas mayores es el que menos servicios tiene a su disposición y el acceso a ellos más dificultoso». Por otra parte, ha lamentado que cuando esta población diana consigue este servicios, «no siempre encuentran un servicio especial de Psiquiatría Geriátrica».
POLÍTICAS DE DEPENDENCIA
«Todo ello agravado por los recortes sociales y sanitarios, esto es, un verdadero peligro que supone eliminar lo poco que existe en prevención y en políticas de apoyo para que la gente mayor siga siendo activa», ha proseguido este experto, quien ha apostado por «no estropear la situación más de lo que está, ya que no podemos generar más enfermos, sino curar a los que existen y procurar que no haya más».
Por ello, ha pedido «más formación, no sólo en esta especialidad, sino en las restantes ramas médicas que atienden a las personas mayores y servicios asistenciales de psicogeriatría, con más unidades de este tipo en todos los servicios de salud del país, adaptando la atención sanitaria al área de salud mental en personas mayores por su creciente y progresiva demanda».
Finalmente, ha pedido el reconociendo oficial de la Psicogeriatría «como subespecialidad de la psiquiatría», a la par que «se tiendan puentes en atención primaria y el resto de especialidades médicas y sanitarias».
«La atención primaria tiene que priorizar la atención a los mayores, que son los que más problemas de salud tienen, y detectárselas a tiempo», ha reclamado Materos, quien ha pedido a las administraciones «más formación a estos doctores, por ejemplo con masters en psicogeriatría; aumentando el tiempo de consulta; priorizando los casos de personas mayores, que son los que más problemas de salud tienen, y estando en contacto continuo con los psicogeriatras».
«Sin cambio en la atención primaria no habrá cambios en la atención a los mayores ni en el resto de la población», ha concluido.
Fundación Botín ‘rescata’ a profesionales de alta cualificación en paro para proyectos innovadores del Tercer Sector
Un total de 13 entidades han sido seleccionadas en la III edición del Programa Talento Solidario de la Fundación Botín que promueve la contratación de profesionales muy cualificados que se encuentran en paro con el objetivo de captar talento para liderar proyectos innovadores en el Tercer Sector.
En esta edición, se han presentado un total de 523 entidades, lo que supone cinco veces más que el año pasado –cuando se presentaron 96–, y 2.500 profesionales, más del doble que en 2001, con 952 candidatos. De los proyectos presentados este año, un 76 por ciento pertenece a asociaciones y un 24 por ciento a fundaciones.
Con la profesionalización de estas 13 organizaciones, la Red de Talento Solidario cuenta ya con 45 entidades que, según cálculos de la Fundación Botín, han beneficiado a más de un millón de personas de forma directa o indirecta. Por áreas geográficas, por primera vez se han presentado proyectos de toda España, en su mayoría procedentes de Madrid (22,8 por ciento), Barcelona (9,23 por ciento) y Valencia (6,3 por ciento).
La Fundación Botín invertirá un millón de euros –entre 2010 y 2015– en proyectos sociales destinados a la contratación de profesionales con interés en trabajar en el Tercer Sector, que supone «el 11 por ciento del PIB y el 10 por ciento de la fuerza laboral en España», según ha destacado en el acto de presentación de las candidaturas elegidas el director general de la Fundación Botín, Iñigo Sáenz de Miera.
En su intervención, Sáenz de Miera ha destacado que los proyectos y profesionales seleccionados se caracterizan por su capacidad «para crear». En este punto, ha insistido en la importancia de transmitir «ilusión y confianza» para salir de la situación actual «y no ceder ni un metro», además de destacar el papel de las instituciones privadas que se están encargando «de lo más necesario desde un punto de vista público»
En concreto, las entidades y profesionales seleccionados en esta edición son la Asociación Amigos del Museo de América, que cuenta con el proyecto ‘Sostenibilidad en la generación de proyectos culturales y sociales’ y ha seleccionado a Virginia Molinero; la Asociación Coopera ONGD, con el proyecto ‘Olimpiada solidaria de estudio’ y la profesional Eva Salvó; la Asociación Hechos, con ‘Agorahub’ y el profesional Javier Serrano; Cáritas Interparroquial de Gandía, con el ‘Centro de Atención Integral San Francisco de Borja’ y Enrique Reigadas; la Fundación Abacadabra, con ‘Magia en hospitales y centros asistenciales’ e Isabelle Le Galo-Flores; y la Fundación Alejandro de la Sota, con ‘Difusión 2.0 del patrimonio arquitectónico español del siglo XX’, con Marta Causapé.
Además, la Fundación Alia2 llevará a cabo el proyecto ‘Sistema integrado de vigilancia de la red’ con la ayuda de Pedro Revuelta; la Fundación Altius, el proyecto ‘CARE’ con Maria José Tena; La Fundación Ana Bella, la ‘Escuela Ana Bella de Innovación Social y Empoderamiento’, con Ana Isabel Burillo; la Fundación FEASYC, la ‘Casa Santa María de la Almudena’, con Belén Cabello; la Fundación Global Play, con ‘Baikskul-Facilitando el acceso a la escuela para niños y niñas de Mali’, con Elena Lavín; la Fundación Inversión y Cooperación, con ‘Tecnología en la Nube’ y Santiago Barragán; y la Fundación Jóvenes Empresarios de Asturias, con ‘Emplea-T 4×4’ y Cyntia Suárez.
Cruz Roja Águilas acuerda con Fundación ‘la Caixa’ promover la autonomía social de las personas mayores dependientes
Cruz Roja de Águilas y la Fundación ‘La Caixa’ han firmado este martes un convenio de colaboración en virtud del cual, la ONG promoverá la autonomía social de las personas mayores dependientes y apoyará a sus cuidadores a través de la participación de personal voluntario.
La colaboración entre la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Águilas y el Área de Integración Social de la Fundación ‘la Caixa»‘ ha sido rubricada por parte de la ONG su presidente, Miguel Molina; y por parte de la Fundación, la directora de Área de Negocio en Lorca, Mª Josefa Martínez.
El Proyecto ‘Intervención social con personas dependientes’ ha sido seleccionado por la Obra Social de ‘La Caixa’ en la convocatoria realizada por la entidad dentro de este año.
Supone una inversión total de 35.700 euros, de los cuales 13.800 euros son aportados por la Fundación y el resto, 21.900 euros, sufragados con fondos propios de la Organización No Gubernamental.
Uno de los objetivos prioritarios es aumentar el grado de autonomía de los mayores atendidos, todo ello en coordinación directa con los agentes públicos y privados del municipio que trabajan actualmente con este colectivo. Junto a él, se pretende contribuir a evitar el aislamiento de nuestros mayores y fomentar un envejecimiento saludable.
De forma paralela, la proximidad en el seguimiento de los usuarios que se beneficien del programa, conseguida con el trabajo voluntario de miembros de Cruz Roja de Águilas, permitirá conocer en profundidad la evolución de la situación de dependencia, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando los recursos disponibles, según la ONG.
Aerte combate el intrusismo por los perjuicios para los dependientes
Aerte, Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia, entidad que representa el 80% del sector de la dependencia con más de 150 empresas asociadas y 12.000 trabajadores, ha detectado la presencia de empresas que están prestando el servicio de ayuda a domicilio en varios municipios de la Comunidad Valenciana fuera de la legalidad vigente, con el peligro que implica la falta de garantías en su relación profesional con enfermos, miembros de uno de los colectivos socialmente más sensibles.
Para Aerte, el hecho de que determinadas empresas que muestran un total desprecio hacia las normas existentes – y con ello, hacia la salud y el bienestar de los propios dependientes – estén prestando servicios fuera de la legalidad va más allá de la competencia desleal, poniendo en serio peligro la atención y los adecuados cuidados de los dependientes, con las graves responsabilidades que de ello pudieran derivarse para las instituciones que los contraten, en caso de suceder algún tipo de problema.
En esta línea, la patronal valenciana de la dependencia ha instado a los municipios de la Comunidad Valenciana a realizar un seguimiento del servicio prestado a los dependientes en sus municipios, ante la necesidad de confirmar que ninguna de estas empresas puede estar prestando servicio y poniendo en riesgo la salud de los Dependientes que reciben el servicio. El servicio de ayuda a domicilio es un modelo de asistencia orientado a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.
Por ello, manifiesta Aerte, resulta inconcebible que empresas sin las garantías profesionales que exige la ley estén prestando un servicio necesario para que las personas dependientes puedan sobrellevar su día a día, pues se trata de personas con un grado de enfermedad cuyo tratamiento y cuidados exige de unos requisitos profesionales que determina la ley, que en estas empresas no están cumpliendo. También ha solicitado realizar un seguimiento de aquellas empresas en situación ilegal que puedan presentarse a los concursos, instándoles a recabar toda la información necesaria que justifique que la prestación de este servicio se realiza con arreglo a la legalidad vigente y especialmente, con la autorización adecuada para prestar dicho servicio.
Hoy día, existe un elevado número de dependientes en el marco de la Comunidad Valenciana. Personas que necesitan ayuda para llevar a cabo las funciones más básicas y esenciales del día a día, desde levantarse, asearse, vestirse o alimentarse, como para tratamientos más complejos que empresas ilegales y sin ningún tipo de autorización no deben desempeñar, pues lo contrario pone en riesgo la salud del dependiente, primer y último compromiso de Aerte.
La Generalitat premia proyectos juveniles a favor de discapacitados y pobres
El Departamento de Bienestar Social y Familia ha distinguido con los Premios de Civismo dos proyectos juveniles a favor de los discapacitados y de la integración de los niños en riesgo de exclusión social, además de varias agrupaciones de escoltas.
El conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Clèries, ha entregado hoy los Premios, que persiguen fomentar el civismo en la población desde distintos ámbitos de actuación, en un acto celebrado en el Auditorio de Barcelona.
En el marco del Premio Jaume Ciurana, que este año ha alcanzado su XXVI edición premiando a grupos de jóvenes con iniciativas cívicas, la Generalitat ha distinguido en primer lugar a los voluntarios de la Asociación Ayuda a la Infancia sin Recursos de Barcelona por su iniciativa para formar el grupo musical AISBAND, integrando en el mismo a discapacitados.
El segundo de los premios Ciurana ha recaído en el Festival «Jóvenes en Acción» del Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris de Barcelona por su tarea de propiciar la convivencia intercultural entre los jóvenes y facilitar la integración de los que han sufrido situaciones de exclusión social.
El tercer premio ha ido a parar al grupo de jóvenes voluntarios de la Biblioteca Infantil «La Butjosa» de Parets del Vallès (Barcelona) y también se ha concedido una mención especial a la Agrupación Escolta y Guia Terra Plana de Belianes por la organización anual de la Marcha Ecológica.
Asimismo, el primero de los Premios «En la mejora del entorno natural» se ha otorgado al grupo de Pioneros y Carabelas de la Agrupación Escolta «Montnegre» de Calella (Barcelona) por su actividad de recuperación de la plaza de Sant Andreu del Parque Natural de Montnegre Corredor.
El segundo de estos premios ha sido para la colla Dinizulú de la Agrupación Escolta y Guía Mare de Déu de Núria por su actividad de limpieza de una antigua zona de pasto y el tercero ha recaído en el grupo de jóvenes del Club Esplai Pubilla Cases de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por su trabajo por la mejora ambiental de los parques públicos.
En el marco de los XVII Premios a los Medios de Comunicación, se ha galardonado a Televisió de Catalunya por su programa «Souflan, el nen que volia volar» por la imagen positiva que ofrece sobre la discapacidad.
En la modalidad de producción radiofónica, la Generalitat ha premiado al programa «Solidaris» de Catalunya Ràdio, por su defensa de los derechos humanos, la cooperación y la solidaridad, y en la prensa escrita a «L’Amic. Revista d’acció social de la Fundació Casal l’Amic».
En la categoría de página web, se ha distinguido a «Desdelamina TV» de Grupo Unión, por constituir un ejemplo de dinamización comunitaria y fomentar el periodismo social.
