Archivo mensual: octubre 2012
Plataforma dice que se ha reducido un 21% la partida para Dependencia
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia mantiene que el Gobierno regional ha reducido en los Presupuestos del 2013 la partida destinada para esta prestación social un 21 por ciento, pues si el pasado ejercicio fueron l67 los millones habilitados para tal fin, el próximo año va a destinar 131.
Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de esta plataforma, José Luis Gómez, quien ha denunciado que para «enmascarar más el recorte» el Gobierno regional ha habilitado dos partidas diferentes a este servicio concreto.
El portavoz de la plataforma, que forma parte de la Cumbre Social de Castilla-La Mancha, ha alertado de que con este «recorte», añadido a la revisión de la Ley de la Dependencia que el Ejecutivo central llevó a cabo en verano, el Gobierno de María Dolores Cospedal «va a expulsar del sistema a gente que tiene reconocida esta prestación».
José Luis Gómez ha criticado la partida de 167 millones que los presupuestos regionales contemplan para los 170 altos cargos que integran el Ejecutivo ‘popular’, y que, según ha denunciado, cuestan a las arcas de la región 40.000 euros al año.
«Mientras, los dependientes de la región cuestan al Gobierno de Castilla-La Mancha 2.275 euros al año», ha explicado el portavoz de esta plataforma.
El TSJ ordena pagar por la Ley de Dependencia a una heredera
La oriolana Julia Álvarez recordaba ayer aquel día, a comienzos de 2009, en que le llegó a casa una carta de la Conselleria de Bienestar Social desestimando una petición que había hecho dos años antes para que, a través de la Ley de Dependencia, se reconociese que su padre, Manuel Álvarez, de 80 años, era un «gran dependiente» (el grado máximo que concede la legislación) y, por tanto, tenía derecho a una percepción mensual de algo más de 500 euros para pagar los gastos por su cuidado.
Manuel, cuando llegó aquella carta, ya había fallecido, concretamente cuatro meses antes, sin que las pruebas que presento Julia por un cuadro de obesidad mórbida, incontinencia, inmovilidad, demencia senil y artrosis hubieran hecho mella en la Administración valenciana y todo porque ésta argumentaba que no había hecho costar que hubiese acreditado haber recibido los servicios previstos en el catálogo del decreto del Consell.
La mujer había comenzado en 2007, cuando se publicó la Ley de Dependencia, una batalla para conseguir la ayuda y cuando ésta llegaba, su padre se había ido.»¿Llorar?, no lloré, soy más mujer de enfadarme que de llorar», recordaba ayer.
Cinco años después ha ganado una de las primeras sentencias que dicta el TSJ reconociendo que un heredero tiene derecho a la percepción hasta la fecha del fallecimiento y desde que se presentó la solicitud. Algo más de 9.000 euros que ahora tendrá que esperar a cobrar cuando se ejecute el fallo y algo que no será fácil porque, tal y como recordó ayer Manuel García, presidente de la Asociación de Discapacitados, la Conselleria no ha pagado a una buena parte de los 4.500 perceptores reconocidos en la Vega Baja ni julio ni agosto, y nadie sabe qué pasará a final de septiembre.
La Asociación que preside García lleva 20 casos en los tribunales parecidos al de Julia y todos denegatorios de un derecho. El TSJ recuerda en su resolución que «…es forzoso concluir que con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud, de fecha 2 de junio de 2o07, la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la citada normativa, debiendo reconocerse la prestación económica desde la fecha de la solicitud».
Rojas avisa de que Canarias no puede dar ´ni un alta más´ en dependencia
El Gobierno canario denunció ayer que los Presupuestos del Estado para 2013 reducen un 39,8% el dinero que destinan a los servicios sociales del Archipiélago, lo que provocará, entre otras cosas, que no se pueda tramitar «ni una sola alta» más en el sistema de dependencia.
Así lo explicó la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, quien además subrayó que ese descenso de fondos de casi el 40% se produce tras un ejercicio en el que la Comunidad Autónoma ya ha sufrido un recorte en ese mismo ámbito del 45%.
En conferencia de prensa, la consejera destacó que los 49,9 millones de euros transferidos en 2012 por el Estado para los programas de servicios sociales se verán recortados a 30 millones de euros el próximo año.
Asimismo, Rojas recordó que en las últimas memorias de los 88 ayuntamientos canarios, las corporaciones locales atendieron a 481.147 personas en los centros de servicios sociales municipales.
En el área de políticas sociales, la titular del área destacó la desaparición del nivel acordado con el Estado, que ascendía a 283 millones de euros, y un recorte de 200 millones en el nivel mínimo garantizado, que se quedará en 1.087 millones en el 2013.
De igual manera, la consejera subrayó que el Estado solo aportará en 2013 el 18% de la financiación del Sistema de Dependencia cuando, por ley, lo debería sufragar al 50 %, lo que supondrá la imposibilidad de tramitar nuevas altas en este servicio. «El Estado solo nos deja el dinero justo para las personas que ya están dentro del Sistema de Dependencia», señaló la consejera.
Igualmente, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda apuntó que se demorará hasta julio de 2015 la incorporación al sistema de dependencia de nuevos «dependientes moderados», que se reduce en un 15% las cuantías e la prestación económica por cuidado en el entorno familiar y que se eliminan de la financiación estatal las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
Rojas también resaltó la supresión de los programas contra el maltrato infantil y el de medidas alternativas para jóvenes infractores, así como la reducción de 500.000 euros en el presupuesto para atención de menores extranjeros, que en este ejercicio es de 1,8 millones. La consejera enfatizó que esa partida ya fue recortada de 10 a 1,8 millones de 2011 a 2012.
Rojas aseguró que el Ejecutivo canario luchará con «las herramientas que da la democracia» para que se corrijan los Presupuestos del Estado. Si de esta manera no lo consigue, «solo nos quedará que la población actúe también en consecuencia y que sea la que tenga algo que decir, conjuntamente con sus instituciones».
«Vamos a luchar con enmiendas en el Congreso y Senado, en el marco de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas y en el de las denuncias administrativas ante los juzgados que correspondan para que el Gobierno central no aísle a Canarias y sume más paro y pobreza, cuando es el territorio que más difícil lo tiene en España», adelantó la consejera del Ejecutivo canario.
A su juicio, el Estado «aísla» a Canarias a la hora de darle lo que le corresponde, pero no para recaudar. En este sentido, recordó que el Archipiélago «aporta 3.525 millones de euros a la Seguridad Social y, de esa cifra, las Islas se quedan 3.060 millones de euros en pensiones». En su opinión, los casi 500 millones de euros de diferencia sirven para financiar a las comunidades que no recaudan lo suficiente –»por lo visto son muchas en España»– y que con ese dinero las islas ya se arreglaban.
Los ‘iaioflautas’ irrumpen en la Conselleria de Bienestar por una «renta básica universal»
Un centenar de ancianos del colectivo ‘iaioflautas’ han irrumpido este miércoles en la Conselleria de Bienestar Social y Familia en Barcelona para reclamar «una renta básica universal», mostrando pancartas y coreando consignas contra los recortes.
Los ‘iaioflautas’ han pedido en un manifiesto que las administraciones frenen los recortes presupuestarios y de personal en la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales y apuestan por una renta básica «para llevar una vida digna».
Además, apoyan la huelga general ciudadana convocada por sindicatos y otras entidades sociales la segunda quincena de noviembre.
Los manifestantes han llegado a la Conselleria sobre las 11.30 horas y se han concentrado en el vestíbulo del recinto hasta que la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, Carmela Fortuny, les ha recibido.
En ese momento, el centenar de personas que se encontraba dentro de la Conselleria, han abandonado las instalaciones y han continuado con su protesta en la calle.
Un portavoz de los ‘iaioflautas’, Paco González, ha lamentado que el Gobierno y la Generalitat «estén acabando con el Estado de Bienestar».
González ha indicado que a pesar de que todos los integrantes de su grupo son personas mayores, «no hay cansancio ante la lucha» y ha añadido que esperan que la juventud siga su ejemplo y no se conformen.
Jornada SARquavitae Valladolid: “Ética en la atención a personas vulnerables”
SARquavitae y su Fundación se involucran con su entorno en la divulgación de diferentes aspectos relacionados con el envejecimiento y la calidad de vida. Cada año se celebran, desde sus centros o líneas de actividad, diversas conferencias y actividades con profesionales de diferentes ámbitos.
Si comparamos la ética con la edificación de una casa, los principios son los pilares. Los pilares son invisibles, no se perciben a simple vista, pero soportan el peso de todo el edificio y, si son sólidos y compactos, podrán soportar fuertes vientos y movimientos. Si, en cambio, son frágiles, el edificio se derrumbará frente a la primera inclemencia. Lo más relevante de un edificio es precisamente lo que no se ve: los pilares que lo sostienen y la vida que tiene lugar en su interior.
Desde SARquavitae llevamos años trabajando desde el ámbito de la ética del cuidar con el objetivo de contribuir en la mejora de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad para que desarrollen su proyecto vital de la forma más satisfactoria posible. En este sentido, reflexionar sobre los procesos de pérdida de la competencia y lo que implica para las personas en situación de dependencia, nos parece muy relevante en el momento actual.
Durante la jornada se debatirán aspectos clave de la ética de la atención a personas vulnerables y se reflexionará sobre el papel de los Comités de Ética en el ámbito sociosanitario. Además, se presentará la última publicación del Comité de Ética Asistencial de SARquavitae Entrar en casa del otro. Ética de la Intervención Domiciliaria en la que se aborda la cuestión de la atención domiciliaria desde distintas perspectivas y, al final, se ofrecen un conjunto de pautas éticas para alcanzar la excelencia en este ámbito asistencial.
Bienestar Social argumenta el retraso en el pago a Adislan en que no ha justificado subvenciones
El consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, ha destacado este lunes que la asociación de discapacitados de Lanzarote (Adislan) “gestiona plazas públicas y esas plazas tienen garantía de financiación”.
De esta forma, el consejero ha querido garantizar que los servicios para discapacitados que gestiona Adislan contará con respaldo financiero del Cabildo lanzaroteño, que según UGT adeuda más de un millón de euros correspondientes a 2012.
Eso sí, Acuña ha insistido en que la falta de pago se debe “no a que el Cabildo no tenga el dinero para abonárselo” sino a que “no puede hacerlo porque Adislan no ha hecho los deberes”.
En ese sentido, el consejero insular de Bienestar Social aseguró que la entidad, de la que dependen unos 86 trabajadores y que presta servicio a unos 200 usuarios, tiene pendientes tareas “contables” para justificar las aportaciones del año pasado de acuerdo a “la ley de subvenciones”.
La polémica por el impago de las instituciones públicas –el Gobierno canario también adeuda unos 180.000 euros- se desencadenó el pasado viernes, tras las manifestaciones del secretario de UGT, César Reyes, de que Adislan estaba en una situación crítica.
Reyes apuntó que los trabajadores de Adislan no habían percibido la paga extraordinaria de junio y que, según la dirección de la entidad, carecían de liquidez para hacer frente a las nóminas de septiembre.
La réplica de Adislan llegó unas horas más tarde, desmintiendo que la organización estuviera “abocada al cierre” y confiando en que las instituciones públicas hicieran frente a la deuda, pero obviando las objeciones hechas públicas ahora por el consejero de Bienestar Social.
El mismo viernes al mediodía, desde la dirección de Adislan se aseguró al comité de empresa que, tras una reunión mantenida en el Cabildo, la entidad dispondría de liquidez para el pago de las nóminas entre el martes y el miércoles de esta semana, lo que choca con la versión de Acuña.
Cleries afirma que el bienestar social de los catalanes aumentaría con una mayor soberanía
El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha asegurado este lunes que «cuanta más soberanía tenga Catalunya más bienestar social tendrá su gente», especialmente los más mayores y dependientes.
Tras participar en el VII Pleno de la Experiencia en el Parlament de Catalunya, al que han asistido 200 personas, Cleries ha explicado que «con los recursos que genera Catalunya y unas estructuras de estado sólidas y propias», la Generalitat podría dar mayor respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía.
«¿De qué nos sirve legislar si luego nos pasan el rastrillo y laminan nuestros anhelos?», se ha preguntado el conseller, recordando los recortes e incumplimientos del Gobierno español con la Generalitat en materia de dependencia.
Así se ha dirigido Cleries a más de 200 ancianos que han acudido al Parlament para celebrar el Día Internacional de las personas mayores, una efeméride que los representantes del Consell de la Gent Gran de Catalunya han aprovechado para alertar a la sociedad sobre los efectos de la crisis en este colectivo.
En un acto presidido por la presidenta de la cámara catalana, Núria de Gispert, los portavoces del Consell han criticado la tasa del euro por receta, los desahucios que afectan a sus descendientes y los recortes sociales.
La Ley de Dependencia apenas ha impulsado las plazas en geriátricos
Llegó la ley y llegó la crisis. Eso es lo que le ha pasado al sistema de dependencia, que apenas entró en vigor la norma ya asomaba la recesión económica. Esa es una explicación, aunque hay más, que responde al escaso florecimiento de los servicios profesionales de atención a los dependientes, que debieron haber experimentado un auge al amparo del nuevo derecho de los ciudadanos. Pues no, las plazas de residencia crecen a un ritmo similar al de años atrás, y lo mismo con los centros de día. En el caso de la ayuda a domicilio es peor aún: el número de usuarios atendidos crece cada año menos que el anterior.
Entre 2007 y 2008, los dos primeros años de la ley, el número de plazas experimentó un incremento de un 5,3%, apenas un punto más que entre 2006 y 2007. Los años siguientes, hasta 2010, la variación apenas se ha movido unas décimas. No es de extrañar, por tanto, que la cobertura que presta este servicio (número de plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, que así se mide) siga rondando la misma cifra que en 2006: entonces era un 4 y ahora un 4,56. La recomendación de la OMS es de 6 plazas por cada 100 ciudadanos que pasan de 65 años.
Prácticamente lo mismo ha ocurrido con los centros de día: 63.446 plazas tenían en 2008 y 81.390 en 2010. Ese crecimiento no ha impedido que la cobertura a la población apenas haya pasado de un 0,83 a un 1,01.
Los datos de la ayuda a domicilio (unas horas al mes de asistencia en el hogar propio) son aún peores: crecen los usuarios atendidos, pero cada año a un ritmo más mortecino. Entre 2002 y 2003 crecieron en un 39%. Entre 2009 y 2010 apenas un 0,2%. La tendencia, año a año, no deja lugar a dudas. Y no cabe buscar una explicación en que se ha llegado a un momento de estabilidad, porque hay cerca de 240.000 personas en lista de espera.
Todos estos datos, que se paran en 2010, pertenecen al informe sobre servicios sociales para personas mayores que hacía público el Gobierno cada dos años. En 2010 no se publicó, ni en 2011. Y este año, en pleno verano, ha aparecido en la página web del Imserso, sin mayor publicidad. El de 2008 tenía cerca de 500 páginas, este 67. La estadística en servicios sociales, comunidades autónomas mediante, nunca ha sido un capítulo notable. Sin ser exhaustiva, sin embargo, permite atisbar la poca repercusión que ha tenido la ley en los servicios profesionales. En las residencias se ha notado, eso sí, un esfuerzo de las Administraciones, aunque desigual por territorios. Se ha trasvasado dinero público a las residencias privadas para que cualquier anciano pueda entrar en ellas. Son los llamados conciertos, subvenciones para convertir en públicas las plazas privadas. Mientras las plazas públicas perdían peso entre 2008 y 2010 (de un 2,3% de incremento a un 1%), las públicas lo ganaban (de un 8,8% a un 9,4%) vía conciertos, sobre todo. A pesar de ello, los empresarios no han dejado en ningún momento de expresar su malestar por el diseño y la deriva de la ley, una “norma de subsidios, no de servicios profesionales”, suelen decir.
En parte tienen razón, porque la prestación económica para que un familiar cuide al anciano en casa ha sido la reina de las ayudas concedidas, y eso que se concibió como algo excepcional. De 776.000 personas atendidas, 440.000 tienen una de estas ayudas, ahora muy mermada, como mínimo un 15% menos.
“No nos engañemos”, dice un empresario que no quiere dar su nombre, “un uso masivo de las residencias es para países con pleno empleo y una fuerte incorporación de la mujer al mundo laboral. Tampoco es cierto que hayan estado sacando en masa a los ancianos de las residencias para llevárselos a casa ahora con la crisis, es que han dejado de entrar y, además, este colectivo presenta un 25% de bajas anuales, que en la mayoría de las comunidades no se cubren con nuevas entradas. En Castilla-La Mancha muchas plazas se están amortizando. Las deudas con los empresarios son fuertes, o no se les pagan los conciertos o se les paga mal”, dice. “Pero también es cierto que todos nos tenemos que apretar el cinturón. En Castilla y León y Andalucía se ha llegado a un acuerdo para rebajar el precio de los conciertos alrededor de un 10% y un 15%”, dice.
“La ley no ha supuesto una mejora sustancial en las atenciones a las personas en situación de dependencia”, lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “La mejora de cobertura en residencias no procede de los esfuerzos e inversión de la iniciativa privada. Solo desde la inversión pública se ha logrado esta mejora”, afirma. “Los recortes actuales hacen prever que estas prestaciones solo se mantendrán para quien pueda complementar las ayudas públicas con sus propios medios económicos. Y no hay que descartar una regresión destructiva de este sector en el ámbito privado-concertado ante la falta de pago por parte de las Administraciones. Es posible que se asista a la paradoja del cierre de empresas mientras existe una demanda potencial enorme”, añade.
La dependencia entra en la UCI
En estado reservado. Esté es el pronóstico que administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos del sector dan a ley de dependencia. Los recortes presupuestarios del Gobierno central y la apatía de la Junta de Andalucía, que no reacciona ni jurídica ni económicamente a diferencia de otros ámbitos, auguran una evolución crítica. Las ayudas se seguirán otorgando, pero en menor cuantía y calidad. Las prestaciones económicas (recortadas) prevalecerán sobre los servicios. Cinco años después del inicio de la ley, la crisis comienza a demoler lo que fue denominado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Septiembre supone un punto de inflexión, la grieta que descubre el impacto. Los beneficiarios de las ayudas han descendido a niveles de enero. No existe tasa de reposición, es decir, los que fallecen no son sustituidos por nuevos dependientes, pese a la cuantiosa lista de espera de personas que tienen reconocido el derecho y aún no perciben la ayuda; éstos pertenecen al limbo de la dependencia.
En la comunidad, a 1 de septiembre, 258.198 andaluces tienen reconocido el derecho, de los 381.757 a los que los técnicos ya han valorado y dado un dictamen. De ellos, sólo 194.794 reciben una ayuda. El número es similar que a principios de año (194.877) y 1.200 menos que en junio.
¿Está el sistema en coma? José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social, admite una «ralentización» en la tramitación de ayudas por el «shock administrativo» que atribuye a los cambios normativos aprobados por el Gobierno desde diciembre. Reconoce otros factores «internos», provocados por el cambio de competencias tras las elecciones andaluzas, la tardanza en la elección de delegados provinciales o el verano para explicar lo que funcionarios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia describen como un «atasco»: los técnicos aprueban los PIA (Programas Individuales de Atención), pero éstos no pasan de las delegaciones provinciales. Los expedientes se guardan en un cajón. No entran dependientes nuevos desde hace meses. No hay dinero.
Rocha confía en que se normalice la situación, pero advierte: lo que viene no es favorable. El responsable en la Junta no sólo no prevé una recuperación, sino que espera una caída progresiva en el número de dependientes atendidos. «Estos números que vemos ahora irán disminuyendo, sin duda», repasa los últimos datos publicados por el Imserso.
¿Motivos? Como todo en la actualidad, de índole económico. En Andalucía la aplicación de esta ley en los últimos años rebasó de largo los mil millones de euros. La aportación del Gobierno apenas llegó a un tercio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recortado en los fondos destinados a las comunidades sobre un 20% y a los usuarios (recorte de un 15% en la paga económica, baja en las cotizaciones a la Seguridad Social, incompatibilidad de tener más de una prestación,…).
La Junta, anuncia Rocha, no tiene intención de paliar esta merma, de sufragar casi en exclusiva la aplicación de la ley. No es cuestión única de Salud; no hay hasta el momento apuesta política de la Junta, pese a que la dependencia fue uno de los estandartes en campaña de los actuales dirigentes, la raya roja de las políticas sociales. Así que la consigna es mantenerse, sobrevivir, ya con eso sería un «milagro».
«No podemos, estamos atados de pies y manos, tenemos un objetivo de déficit que cumplir», subraya Rocha. Ahora toca la supervivencia a la espera de una reanimación sin fecha.
Las políticas de dependencia las gestiona la Consejería de Salud tras la desaparición de Igualdad y Bienestar Social. El objetivo de los nuevos gestores es implantar el modelo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hablan de revisión y planificación, de «evaluación de la calidad», benchmarking (comparación y clasificación de los servicios) o «eliminación de la variabilidad», conceptos populares en la gestión sanitaria y que pasarían por aumentar la «eficiencia» para reducir los costes.
Habrá decisiones polémicas, sobre todo, por lo que respecta a los gestores de las residencias y centros concertados. «El coste-plaza con las aportaciones actuales es inviable. Van a tener que hacer ajustes muy notables», avanza Rocha.
Se mantiene la filosofía de la Junta de no «institucionalizar» a los dependientes ingresándolos en centros. «Hay pocos dependientes en residencias e intentaremos que sean menos», subraya Rocha.
¿Alternativa? Preferentemente, la prestación económica, la paga (entre 500 y 300 euros al mes). Sin los complejos de los anteriores gestores, que pese a la mirada de soslayo la convirtieron en la ayuda favorita (110.841 de los 194.794 beneficiarios, el 56,9%), Rocha desafía a debatir por qué no es una opción adecuada, e incluso sugiere que presiones de las residencias provocaron que la paga se recogiese en la ley como una ayuda «excepcional».
El espíritu de la norma fue que los familiares (el 95%, mujeres) no fuesen dependientes del dependiente y, si no había posibilidad de darle un servicio (ayuda a domicilio, residencias, centros de día,..), tuviesen una paga cotizando a la Seguridad Social. Las administraciones se abonaron a esta fórmula cómoda y barata, aunque la fórmula tampoco desembocó en la agilidad de un sistema que se ha caracterizado por amplias demoras desde la solicitud de la ayuda.
La paga por lo tanto tomará carta de naturaleza en un nuevo modelo, de supervivencia, para un paciente maltrecho, con problemas de inanición presupuestaria y en riesgo de colapso.
El Gobierno destaca el «gran colchón de solidaridad» que son las personas mayores para sus familias en esta crisis
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdadad, José Manuel Moreno, ha destacado, en el Día Internacional de las Personas Mayores, el «gran colchón de solidaridad»que supone la ayuda de este colectivo a sus hijos y nietos, especialmente en estos momentos «dificilísimos» de crisis económica.
Así ha expresado Moreno su «agradecimiento» a los mayores durante la presentación del libro ‘La Experiencia de Envejecer’ de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en el que se recoge el testimonio de 44 personas, entre las que destaca el arquitecto Norman Foster, el exfutbolista Alfredo Di Stefano, las actrices Concha Velasco y Asunción Balaguer, la periodista Paloma Gómez Borrero o los escritores Ana María Matute y José Luis Sampedro, entre otros.
«Agradecemos a los entrevistados que nos hayan abierto las puertas de su vida con esa lucidez, sentido del humor, optimismo y experiencia acumulada», ha subrayado el secretario de Estado que ha señalado la importancia de la contribución de los mayores en la sociedad española, que, según ha afirmado, «han hecho que sea más justa y próspera». «Gracias por lo que habéis hecho y por lo que hacéis. Tenéis mucho que aportar y contribuir», ha dicho a las personas mayores que han acudido a este acto.
Moreno también ha recordado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad invierte ocho de cada diez euros a políticas dirigidas a mayores, aunque ha reconocido que esta partida puede que «no sea suficiente». «La atención a los mayores es una de nuestras prioridades», ha añadido.
Por su parte, el presidente del grupo editorial Bayard, Eduardo Rodríguez Rovira, ha destacado el papel de las personas mayores en el mundo laboral y ha criticado la imagen «negativa» y estereotipada que se tiene de ellas y que se relaciona con el bajo rendimiento o su resistencia a lo nuevo.
Asimismo, ha advertido de que el envejecimiento de la población, el retraso a la incorporación al primer empleo y la prejubilación provoca un «desequilibrio financiero» en el sistema de pensiones que, según ha alertado, «prácticamente se encuentra ya en la línea roja de déficit». también ha recordado el Pacto de Toledo y el compromiso sobre la coexistencia entre la pensión y el salario por actividad.
ENTREVISTAS A MAYORES ACTIVOS
Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ‘El arte de Envejecer’ tiene como principal objetivo concienciar a la sociedad sobre el significado real del envejecimiento, «evitando estereotipos y prejuicios».
Con las entrevistas, esta entidad no pretende mostrar «modelos ideales» de envejecimiento, ni tampoco dar pautas de cómo envejecer correctamente, sino que plantean experiencias vitales que muestran cómo envejece cada persona y cuáles son las motivaciones personales que a cada personaje le enganchan a la vida.
La elección de los personajes entrevistados ha sido «fundamental», según la Sociedad Española de geriatría y Gerontología, para representar la «miscelánea de estilos y vivencias». Son personajes del mundo del deporte, de la cultura, el arte, las ciencias y la política, que contraponen sus ideas, proyectos y particular experiencia de envejecer.
Ballesol Valterna apuesta por la estimulación sensorial
BALLESOL VALENCIA Un centro no sólo para vivir y recuperarse sino también para explorar y relajarse. En los centros Ballesol se buscan continuamente programas y acciones tanto de carácter preventivo y rehabilitador que permitan la estimulación de los déficits de nuestros residentes. Esto es lo que la Residencia Ballesol-Valterna está logrando con la puesta en marcha de su nueva Unidad de Estimulación de Capacidades o aula de estimulación multisensorial, medio que estimula los sentidos mediante la luz, el sonido, el olfato, el sabor y el tacto. El aula está destinada a todos los residentes del centro, aunque la experiencia nos indica que los que más se benefician de sus resultados positivos son los enfermos de alzhéimer y otras demencias, así como aquellos que presentan problemas de estrés, déficits sensoriales, accidentes cerebrovasculares, dolores agudos y crónicos, entre otros. Con esta estimulación multisensorial ejercemos una influencia positiva sobre el bienestar de nuestros residentes, mejoran su estado de ánimo, potenciando las conducta de adaptación, estando más atentos y sensibles al entorno, con más iniciativas y mejor relación con el cuidador, y reduciendo las conductas inadaptadas, conductas antisociales, apáticas, pérdidas de conciencia, alteraciones, ansiedad, depresión o agresividad. No solamente se benefician de esta estimulación los residentes, sino también el personal que los atiende, reduciendo el estrés y desgaste emocional de los cuidadores y ejerciendo un efecto positivo sobre la calidad de vida en el trabajo.
Es importante comentar que en esta aula multisectorial se crean escenarios periódicamente, como puede ser el escenario estacional, con diferentes aromas, murales… para trasladar al residente a un campo imaginario que le proporcione bienestar , a la vez que orientación temporoespacial, además de conectarnos con emociones agradables.
Recurren ante TSJC para paralizar el descuento del 15% a cuidadores familiares
El representante de la Associació pels Drets Civils dels Discapacitats, Antonio Moreno, ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso para paralizar la reducción del 15% de la prestación a los cuidadores familiares que establece la reforma de la Ley de la Dependencia.
El contencioso, que se dirige contra el gobierno de la Generalitat, que es la administración competente en la aplicación de la ley, también pide al TSJC que eleve «cuestión de inconstitucionalidad» al Tribunal Constitucional para que no se aplique este recorte de prestación.
Esta misma asociación ya presentó el pasado mes de agosto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto ley 20/2012 de reforma de la Ley de la Dependencia, en los apartados que establecen recortes en las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y la decisión de dejar de cotizarles en la seguridad social.
El Ministerio de Sanidad destinará el 75% de su presupuesto para 2013 a «consolidar» la Ley de Dependencia
El presupuesto previsto para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2013 será de 2.970 millones de euros, un 28,5 con respecto a las cuentas de este año, y el 75 por ciento de esta partida irá destinada a «consolidar» la Ley de Dependencia.
Así lo han asegurado desde el departamento que dirige Ana Mato, destacando que el presupuesto representa «uno de los mayores esfuerzos realizados por el Gobierno dentro del contexto de austeridad», con el objetivo de «proteger a las personas en situación de dependencia y el interés por proteger la sanidad pública».
Una gran parte de este presupuesto irá destinado a hacer frente al pago de la deuda de 1.034 millones de euros contraída en la pasada legislatura por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, acusando al anterior Gobierno de haber hecho una «mala previsión presupuestaria» entonces.
De hecho, las cuentas presentadas este sábado en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestran que, si se excluyen las obligaciones de ejercicios anteriores y el cambio de modelo en las aportaciones a la Seguridad Social, el presupuesto de Mato bajaría un 22,6 por ciento, pasando de los 536 millones de euros de 2012 a los 415 millones de euros que tendrá para el próximo año.
Sin embargo, fuentes ministeriales han precisado a Europa Press que este descenso del 22,6 por ciento obedece a la exclusión de otras dotaciones que sí pertenecen a su departamento, como el presupuesto del Ingesa y parte del Imserso, por lo que el «descenso real» del presupuesto para 2013 sería de en torno a un 15 por ciento.
SANIDAD
De este presupuesto, Mato destinará 338 millones de euros al área de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, lo que considera «un «esfuerzo para que la sanidad pública quede completamente protegida».
Además, asegura que se priorizan las partidas destinadas a la aplicación de la ‘e-salud’ y la tarjeta sanitaria interoperable en todas las comunidades para garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de los ciudadanos.
Este presupuesto permitirá el desarrollo de proyectos como la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias, un instrumento para mejorar la eficiencia del Sistema nacional de Salud.
Asimismo, se abordarán trabajos esenciales para hacer frente a las enfermedades más frecuentes, como la Estrategia de abordaje de la cronicidad, cuyo desarrollo se completará en 2013. El Ministerio también mantiene su compromiso con las iniciativas destinadas a investigar y mejorar el tratamiento de las enfermedades raras.
Sanidad destaca además su apuesta por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que mantiene su dotación, al igual que la Estrategia del Plan Nacional sobre el Sida.
En cuanto a las políticas de protección de los consumidores, crece el peso porcentual presupuestario del Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).
SERVICIOS SOCIALES
En el capítulo de Servicios Sociales, el departamento de Mato destaca la «especial atención» prestada a los mayores, ya que 8 de cada 10 euros del presupuesto total está comprometido con las personas mayores y la dependencia.
Los créditos dirigidos a fomentar el envejecimiento activo alcanzan los 114,7 millones de euros. Esta apuesta se traduce en programas como los de Turismo Social, con 68,2 millones de euros, y termalismo Social, con 34,2 millones. Estas actuaciones, además, contribuyen a mantener 90.000 puestos de trabajo.
La partida del Imserso, que es una agencia con presupuesto propio, por su parte, se incrementa en 1.274 millones de euros. De este modo, aumenta en un 22,92 por ciento la dotación asignada para financiar el pago de las pensiones no contributivas.
El compromiso del Ministerio con el tercer sector se pone de manifiesto en Presupuestos de 2013, pues salvaguardan la aportación del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales. Inicialmente son 105 millones, ampliables en función de la decisión de los contribuyentes Asimismo, priorizan con más de 20 millones de euros las ayudas dirigidas a las entidades que apoyan a los colectivos más vulnerables.
Los servicios de Familia e Infancia mantienen sus programas más importantes, de demostrado beneficio social, que garantizarán la puesta en marcha del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia y del de Apoyo a la Familia durante el próximo ejercicio. Se trata de un reconocimiento al imprescindible papel de esta institución como red de protección frente a la exclusión.
El Ministerio continúa contribuyendo con 6,6 millones de euros al fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, en colaboración con las entidades que trabajan por la protección social de estas personas.
En materia de juventud, han avanzado que mantiene el mismo presupuesto que en 2012, 27,5 millones de euros, para estas políticas, con especial incidencia en el fomento del empleo juvenil.
En cuanto al Plan Nacional sobre Drogas, dispone de un presupuesto de 14,8 millones de euros. Los programas derivados del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito se mantienen sin cambios.
IGUALDAD
Por otro lado, recuerdan que la lucha contra la violencia de género sigue siendo «una de las principales prioridades» del Ministerio, de ahí que se hayan presupuestado 22,1 millones para hacer frente a los objetivos estratégicos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Todos los créditos destinados a mejorar la seguridad y la protección de las víctimas se mantienen o se incrementan. Así, el Sistema de Seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, se incrementa un 8 por ciento y se queda en 5,2 millones.
También se mantiene el crédito de 7,6 millones para financiar los servicios que tienen incidencia directa en las víctimas (016, Atenpro, etc.). También se mantiene la partida para sensibilización para prevenir las distintas formas de violencia de género.
En lo referente a otras políticas de igualdad, se ha priorizado el empleo y el emprendimiento femenino. Para luchar contra la discriminación y fomentar el empleo y la formación de las mujeres se han presupuestado 18,9 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que se han creado cuatro nuevos programas que serán cofinanciados con cargo a fondos del Espacio Económico Europeo, por un total de 2,3 millones de euros. Asimismo, se ha mantenido la dotación para la implantación de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas.
Aerte lanza un curso en Valencia y Alicante para fomentar el desarrollo personal y profesional de los Directores de Centros en Servicios Sociales
Aerte -Asociación Empresarial de Servicios a personas en situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana- en su compromiso con la calidad de la gestión y los servicios prestados en sus centros y en el marco de sus objetivos de formación, ha lanzado un curso de actualización dirigido a los Directores de Centros de Servicios Sociales interesados en mejorar sus conocimientos, actualizar su formación, optimizar la gestión de sus centros y crecer tanto personal como profesionalmente hablando.
Se trata de un curso que comprende un total de de 36 horas -repartidas en 6 módulos de 6 horas cada uno- y se desarrollará en sesiones presenciales, los
viernes alternos, en jornadas de 6 horas con turnos de mañana o de tardes, tomando los viernes, de 9:00 a 15:00 o de 15:00 a 21:00, como horario con
Coffee incluido
Los criterios básicos de acceso a este curso exigen tanto poseer título de Curso Superior Director de Centros Sociales o estar en activo en puesto de dirección en un Centro Social con un mínimo tres años de experiencia en el sector como hacer entrega en forma y plazo de los datos de inscripción solicitados.
Entre los objetivos de formación que contempla este curso, y al margen de la actualización genérica de conocimientos adquiridos por la experiencia laboral y por la formación, Aerte ha considerado de interés fomentar el aprendizaje desde el intercambio de experiencias y conocimientos, conocer los cambios que se han producido en materia normativa dentro del sector socio-sanitario, así como asumir el concepto y significado de la mejora continua.
Módulos y profesorado
El curso de Actualización para Directores de Centros de Servicios Sociales contempla seis módulos con temáticas formativas diferenciadas.
Entre los mismos, destaca un primer módulo destinado al ámbito laboral y de recursos humanos, un segundo módulo centrado en la contratación pública, un tercer módulo relativo al conocimiento de la fiscalidad de la Dependencia – derivado de las reformas llevadas a cabo en la Ley- y un cuarto módulo que analizará el sistema de atención a la Dependencia.
La normativa sanitaria y la autorización de centros, la calidad y comunicación en la prestación de los servicios completan esta ambiciosa oferta formativa con expertos de los sectores de la consultoría, abogacía, medicina, farmacia y otras profesiones de interés por su estrecha colaboración con el sector.
El curso tiene un coste de 575 €, bonificables hasta en un 80% con crédito formativo.
