La Defensora del Pueblo recomienda apoyar a los cuidadores de la Dependencia para que no se queden fuera del sistema

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores de personas en situación de dependencia para evitar que aquellas personas que «no puedan hacer frente al pago de las cuotas por falta de capacidad económica queden fuera del sistema».

En el marco de una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Becerrill ha realizado una serie de sugerencias para paliar los efectos que este Real Decreto-Ley pueda tener para los dependientes y sus familias.

En este sentido, recomienda la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar, en línea con la propuesta de revisión formulada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

También recomienda establecer medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización.

Para la Defensora del Pueblo los cuidadores no profesionales están realizando «una función social que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, por lo que considera que habría que facilitar que estas personas permanezcan dentro del sistema».

En cuanto a las condiciones que establece el Real Decreto-Ley para acceder al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalle «claramente» en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes pueden salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.

Tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero «por cualquier motivo o duración» anula la inscripción como demandante de empleo.

Esta exigencia, que «para algunos supone vulnerar la libertad de circulación de las personas, aparece matizada en una instrucción que detalla seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses».

Para la Defensora, estos supuestos deberían estar detallados en el Reglamento que regula el Real Decreto-Ley y la Administración debería asegurarse que los solicitantes de la RAI tengan suficiente información que advierta claramente sobre «los términos, circunstancias y límites temporales» que se fije para los viajes al extranjero.

En este mismo ámbito, Becerril pide que se incluya a las personas discapacitadas entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.

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