Archivo mensual: enero 2013
Los centros de personas discapacitadas contarán con un órgano consultivo con representantes de usuarios y de dirección
La nueva entidad de derecho público Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) contará con un órgano consultivo, los consejos de centro, en todos los centros de atención a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Estará constituido por representantes legales de los usuarios del propio centro y de la dirección y miembros del equipo técnico.
Además, dispondrá de una comisión asesora, como órgano colegiado de asesoramiento al Consejo de Dirección, respecto de las acciones y políticas a realizar por el IVAS, cuyo reglamento de organización y funcionamiento publica este lunes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
El IVAS es la entidad resultante del antiguo Instituto Valenciano de Atención a las Personas con Discapacidad y Acción Social (Ivadis). La entidad de derecho público tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y queda adscrita a la Conselleria de Bienestar Social.
FUNCIONES
Entre sus funciones, destacan la gestión de centros y servicios especializados para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia; la gestión de programas y actuaciones de inserción social y laboral, el diseño de los criterios de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia que deben prestarse a los usuarios de los servicios que gestiona el instituto.
También fomentará, promoverá y gestionará la creación de nuevos recursos y servicios, programas de atención social y de participación en I+D+i necesarios para la mejora de la atención a las personas con discapacidad; orientará a los familiares o representantes legales en sus problemas; y realizará acciones para favorecer y facilitar el acceso al empleo a las personas con discapacidad, entre otras funciones.
El Instituto Valenciano de Acción Social contará con una presidencia, que a su vez lo será del Consejo de Dirección, y que corresponderá a la persona titular de la conselleria competente en materia de servicios sociales y acción social, en este caso la consellera Asunción Sánchez.
El Consejo de Dirección se reunirá, en sesión ordinaria, como mínimo, cada tres meses. La convocatoria la realizará el presidente. La convocatoria urgente deberá ser notificada con al menos 24 horas de antelación. Además, el Consejo se podrá reunir de forma extraordinaria cuando el presidente lo considere justificado o cuando lo pidan, al menos, un tercio de los miembros del mismo.
Asimismo, la entidad contará con un director general que se contratará, previo acuerdo del Consejo de Dirección, a propuesta del presidente. El IVAS se organizará en subdirecciones, aprobadas por el Consejo, y la gestión de la entidad estará integrada por diversos servicios y unidades.
El instituto también dispondrá de un auditor interno, cuyo plan de trabajo será aprobado por el comité de auditoría de la Corporación Pública Empresarial Valenciana a través del plan anual de auditoría. La entidad podrá contar con personal funcionario y laboral, pero no con personal eventual.
COLABORACIÓN DE EMPRESARIOS
Por lo que se refiere al capítulo de contratación, destaca que la entidad podrá requerir, en sus actuaciones obligatorias, la colaboración de empresarios particulares. La entidad no podrá participar en los procedimientos de adjudicación de contratos convocados por la Administración de la Generalitat. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, se le podrá encargar la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
Medio centenar de personas protestan ante Bienestar Social por la «asfixia económica» a centros y programas de menores
Medio centenar de trabajadores y delegados sindicales han protestado este lunes ante la sede de la Conselleria de Bienestar Social en Valencia por los recortes y la «asfixia económica» causada por los «retrasos de más de un año» en los pagos de la Generalitat a centros y programas de atención a menores gestionados por entidades sin ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana.
En declaraciones a los periodistas, el coordinador del sector de atención a menores en CCOO-PV, Antonio Jiménez, ha criticado los «recurrentes retrasos en los pagos» a las entidades y ayuntamientos que gestionan los servicios públicos de atención al menor, familia y juventud, así como la supresión de algunos programas comunitarios de prevención que se llevaban a cabo en el ámbito municipal.
El representante de UGT-PV, Antonio Femenía, también ha reprobado que la administración haya «rebajado muchísimo» –un 40 por ciento– su aportación a los ayuntamientos para los Servicios de Atención a Familia e Infancia (Seafis), con lo que duda de «cuántos se van a acoger en 2013 porque no cobran». Además, denuncia que la dotación para servicios de atención a la infancia en municipios que carecen de Seafis «simplemente desaparece» este año, con lo que «la mitad o más de los municipios de la Comunitat se van a quedar sin el servicio de atención a la familia y a la infancia en los momentos de más crisis».
Femenía alerta, en este sentido, de que habrá casos en que «no se detecten maltratos» y otros en los que los servicios municipales no podrán atender a menores de familias desahuciadas porque «no tienen medios suficientes» y, por ejemplo, han tenido que reducir la jornada laboral de sus trabajadores de cinco a tres días semanales, de modo que «les será imposible hacer su trabajo cuando más necesario es».
EL SECTOR RECLAMA «HECHOS, NO PALABRAS»
Así, exigen a la Generalitat que «pague puntualmente a los centros de atención al menor y sobre todo, que no desmantele el sistema de protección a la infancia en los momentos en que más falta hace» y subrayan que quieren«hechos, no palabras». «Regalar fotos no queremos», incide Femenía, quien asevera que por el momento «hay poca interlocución, autismo total», por parte de la Conselleria.
Ambos representantes sindicales señalan que «es difícil saber la deuda exacta en estos momentos» porque la Generalitat, con la llegada del último tramo del FLA a final de año, pagó parte de la deuda de los conciertos aunque esos fondos no llegaron a los trabajadores y todavía «quedan subvenciones por pagar» y «muchos meses» que abonar a «entidades que gestionan servicios públicos y centros de la propia administración para niños tutelados o con medidas judiciales».
Femenía apunta que «se debían decenas de millones de euros» y que, en cualquier caso, «es insostenible que se alarguen durante meses o años los impagos y que trabajadores y entidades hayan sufrido lo insufrible para mantener un sistema público que es responsabilidad de la Generalitat«.
En este sentido, acusa al Consell de hacer que la financiación de estos centros y servicios recaiga sobre las propias entidades y sobre sus trabajadores, a quienes adeudan «muchísimas nóminas», hasta el punto de que algunos han tenido que «abandonar su piso e irse con sus hijos a vivir a casa de sus padres porque ya no aguantan más».
«LIMPIEZA IRREVERSIBLE» EN LA ATENCIÓN A MENORES
El representante de UGT-PV advierte de que esta situación puede conllevar«una limpieza irreversible en este campo de la intervención social», que constituye «el núcleo duro del sistema de protección».
Entre las consecuencias de esa «asfixia económica», cita que menores acogidos en centros propios de la Conselleria «algunos días no tenían ropa interior porque no se dispone de dinero para comprar» mientras que, en otros, «se tienen que limpiar con papel de cocina en vez de papel higiénico» y la ropa «se lava con lavavajillas» porque «los proveedores están desfondados y ya no sirven más».
Según Jiménez, en el último año «se han cerrado diez centros de entidades que, por ahogo, ya no han podido» y se ha recortado un 7,3 por ciento la dotación para programas de acogimiento familiar en 2013, en más de ocho millones de euros. En la actualidad, hay más de 1.800 menores en centros, pero el número de atendidos en este sistema de protección y reforma de la Comunitat Valenciana supera los 20.000, al incluir barrios, centros de día y Seafis.
Benedicto XVI señaló la necesidad de que la UE cuente con representantes «previsores y cualificados»
El papa Benedicto XVI pidió hoy que en una crisis económica como la actual no se dejen en un segundo plano y se combatan las crecientes diferencias sociales «entre unos pocos, cada vez más ricos, y unos muchos, irremediablemente cada vez más pobres».Los trabajadores municipales sevillanos de dependencia piden solución a sus despidos
El colectivo de trabajadores sociales y auxiliares administrativos que trabajaban para el Ayuntamiento de Sevilla prestando labores en los servicios sociales y de atención a personas dependientes hasta su reciente cese ha celebrado este jueves una concentración en la plaza de la Encarnación, ante la sede del área de Recursos Humanos. Después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) haya publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente a la asignación de 740.497 euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad de Sevilla, estos trabajadores consideran que el Consistorio no tiene «excusas» para mantenerles en el paro.
Estos trabajadores, como se ha informado, están sujetos a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas actuacionescofinancian en la ciudad las administraciones autonómica y local.
En ese sentido, el área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento hispalense resolvió el pasado 31 de diciembre el «cese» de estos empleados, en concreto 31 trabajadores sociales y 18 auxiliares administrativos, a cuenta de los «recortes» anunciados por el Gobierno andaluz en materia de dependencia y la ausencia de datos exactos en cuanto a las aportaciones autonómicas para la aplicación de la Ley de Dependencia en la capital andaluza.
Todo el mismo día
Pero Yolanda Carrasco, miembro de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado a Europa Press que el mismo día que se hizo efectivo el cese de estos trabajadores municipales, el 31 de diciembre, el BOJA publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativo a los créditos asignados por la Administración andaluza para la aplicación de la Ley de Dependencia. En el caso de Sevilla, figura un crédito de 740.497 euros, según el documento oficial recogido por Europa Press.
Yolanda Carrasco ha explicado que esta asignación implica una reducción «del 48 por ciento» respecto a la consignación del año 2012, pero ha advertido de que tras la publicación de este acuerdo del Consejo de Gobierno en el BOJA y la resolución de la incógnita que pesaba sobre la aportación estatal, el Ayuntamiento hispalense «no tiene excusas» para mantener en el paro a estos trabajadores cuyos despidos «han sido innecesarios», pues como ella misma ha señalado, los programas correspondientes a la aplicación de la Ley de Dependencia funcionan «desde 2007» y la publicación de las aportaciones autonómicas surge «siempre a final de diciembre». «Esto es así todos los años», ha enfatizado.
Necesario «ajuste»
Carrasco ha reconocido que la aportación autonómica ha sufrido una caída muy significativa, pero ha defendido que es posible mantener los programas de atención a personas dependientes y los puestos de empleo a través de un «ajuste» de las actuaciones, por lo que ha llamado al Consistorio hispalense a trabajar en la materia. En ese sentido, ha rememorado que el último pleno del Consistorio respaldó «por unanimidad» la continuidad de estos programas con los mismos empleados.
Sanitas Residencial, ganadora del premio La Unió a la Innovación en Gestión por su proyecto “Por unas residencias sin sujeciones”
Sanitas Residencial ha sido galardonada con el reconocimiento a la Innovación en Gestión Asistencial a la Persona en la III edición de los premios a la Innovación en Gestión que otorga La Unió, asociación empresarial de entidades sanitarias y sociales.
El proyecto “Por una residencia sin sujeciones”, puesto en marcha a principios de 2011, ha sido el principal motivo de La Unió para conceder este premio a Sanitas Residencial.
Se trata de un plan con el que se quiere eliminar el uso de las sujeciones en los 40 centros de la compañía para así preservar la dignidad y proteger la integridad de los residentes ofreciéndoles los mejores servicios y cuidados a lo largo de las diferentes fases de la vida de las personas.
De este modo, Sanitas Residencial ha querido compartir su experiencia conforme es viable eliminar las sujeciones físicas en residencias de diferente dimensión, niveles de dependencia y de diferentes comunidades y al mismo tiempo lograr un mantenimiento y algunos casos reducción en el número de caídas que sufren los residentes, así como también en la cifra de las que tienen consecuencias más graves.
Actualmente, doce centros de Sanitas Residencial ya han realizado la acreditación por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores –CEOMA- como libres de sujeciones y cinco más han completado la certificación como centros no sujeción de LIBERA GER. Asimismo, diez centros más se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones, camino de su eliminación.
Los premios La Unió a la Innovació en Gestió responden a la voluntad de reconocer y poner en valor el trabajo de las organizaciones sanitarias y sociales al aplicar innovaciones en gestión de sus instituciones, destacar el valor que aportan en la gestión de las personas y premiar las innovaciones que se traducen e impactan positivamente en resultados para los ciudadanos.
Una empresa del sector de los seguros lanza el primer seguro de Dependencia
Una empresa del sector de los seguros, Previsión Sanitaria Nacional (PSN) directamente relacionada con Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) ha lanzado a bombo y platillo el primer seguro de Dependencia, seguro que juega, sin rubor alguno, con la situación por la que atraviesa el país y el miedo e inseguridad que de forma intencionada se está extendiendo entre todas las personas dependientes con situaciones, en la mayoría de los casos, extremas.
Primero fue la incógnita de las pensiones, después la sanidad y ahora, el pastel de miles de millones de euros se completa con la dependencia. Un negocio redondo a costa de un colectivo que tiene que luchar por seguir viviendo día a día y además deberá lidiar con los euros que le van a demandar los consejos de administración de empresas que ven números de pólizas y nunca personas.
La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está denunciando la progresiva exclusión del sistema mediante revaloraciones de expedientes antiguos, revaloraciones en la mayor parte de los casos ilegales; está denunciando la constante disminución de beneficiarios y prestaciones; está denunciando el incumplimiento de la llamada «tasa de reposición”… En Castilla-La Mancha se lleva haciendo durante los últimos 15 meses y está siendo el ariete de todo lo que se ha extendido a la mayoría del Estado Español.
Afirmamos, sin margen de error, que la presidenta de la región María Dolores de Cospedal y su lugarteniente José Ignacio Echániz están marcando la política a nivel nacional a la Ministra Ana Mato. Esto se plasmó en el R.D. de 13 de Julio de 2012 en el que se pusieron las cargas en los pilares del Sistema de Atención a la Dependencia y que están produciendo una voladura controlada de la mejor ley social de la historia de nuestro país. Esta voladura progresiva coincide con la aparición de la empresa privada en el reparto del pastel.
Para corroborar todo lo que la Plataforma ley Dependencia en Castilla-La Mancha está denunciando, hace unos días un miembro de la misma se presentó en una oficina de Previsión Sanitaria Nacional y solicitó información y simulación de pólizas que cubrieran una hipotética situación de dependencia.
Resultado, 300 euros anuales durante más de 55 años con un límite de las prestaciones hasta los 85 años, es decir, a partir de esa edad ninguna cobertura. un informe médico extraordinariamente exhaustivo, unas prestaciones que deben esperar al reconocimiento por parte de las administraciones del grado de dependencia, que no hay que olvidar puede extenderse hasta dos años y medio, con lo que además de seguir pagando durante ese periodo no hay derecho a prestación alguna, todo ello con un único argumentario por parte del agente de seguros que propone la póliza, «EL ESTADO NO VA A PODER GARANTIZAR EL CUIDADO DE LOS DEPENDIENTES, NO HAY DINERO, HAY QUE ASEGURARSE DE FORMA INDIVIDUAL SU BIENESTAR”. De todo esto nuestra Plataforma tiene el soporte documental que lo atestigua. (Propuesta de Póliza, Condiciones Particulares, Cuestionario Médico…)
El Director Gerente de esta aseguradora, Sr. Martín Garvín, lo expone muy claramente y sin ningún pudor, estamos hablando de una previsión de casi cuatro millones de dependientes y según su opinión interesada y sospechosamente coincidente con lo que el Sr. Rajoy y sus lugartenientes han manifestado, el Estado no podrá asumir el coste de su cuidado. El negocio con los dependientes está servido. Casi cuatro millones de ellos con una media superior a los 300 euros por póliza nos dá la irrisoria cantidad, si la comparamos con el rescate de la banca, de más de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS AL AÑO.
En Castilla-La Mancha por ejemplo supondría mas de DIECISIETE MILLONES DE EUROS, curiosamente la misma cantidad del llamado nivel acordado y que la Sra. Mato eliminó de los presupuestos.
Además de todo esto no debemos olvidar que este seguro no cubre situaciones de dependencia ya reconocidas ni situaciones que en función del exhaustivo reconocimiento médico previo puedan inducir a la misma por lo que estaríamos hablando de una clientela y por tanto de un volumen de negocio infinitamente mayor.
En definitiva este seguro, como es lógico al tratarse de un negocio, plantea la situación real a la que este Gobierno quiere llevar a las personas dependientes o a aquellas que pudieran serlo. usted puede pagar, usted tiene cobertura, usted no puede pagar usted queda indefenso. La sociedad española deberá elegir entre un seguro de coche, un seguro de vivienda… o un seguro que les pueda cubrir una vida digna en el caso de sobrevenirle una situacion de dependencia.
La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla- La Mancha quiere denunciar ante la sociedad española que, precisamente, los promotores de este negocio y los que les dan cobertura política y legislativa, son los que nunca tendrán problema económico alguno para afrontar una situación de dependencia que para el 90% de la ciudadanía pueden suponer situaciones personales dramáticas.
ONCE reivindica el uso del Braille aplicado a las nuevas tecnologías
La ONCE ha reivindicado el uso del Braille aplicado a las nuevas tecnologías como herramienta de integración social y cultural y como elemento para dotar de autonomía a las personas ciegas, con motivo de la conmemoración este viernes 4 de enero del Día Mundial del Braille.
De esta forma, la organización ensalza el sistema Braille de ‘lecto-escritura en relieve’ que permite a las personas ciegas desarrollar tareas como votar en secreto o reconocer los medicamentos. Además, ha subrayado que gracias al Braille las personas ciegas pueden utilizar medios informáticos, que «les abren múltiples posibilidades laborales, de educación o de ocio».
Además, ha recordado que este sistema de escritura ya no aparece solo en papel, sino que se encuentra también en ‘líneas Braille’, es decir periféricos que transforman en caracteres Braille la información contenida en las pantallas de los ordenadores, las impresoras personales o los anotadores digitales –que pueden también proporcionar la información en voz sintética–.
Para impulsar este sistema, la ONCE creó la Comisión Braille Española, se trata de un órgano que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y el desarrollo del método de lecto-escritura. También se encarga de la simbología en relieve y del color aplicable a láminas o a cualquier otro producto utilizable por las personas ciegas y deficientes visuales.
Por otro lado, esta Comisión ha aprobado una signografía para la representación en Braille de estructuras químicas bidimensionales y un documento donde se recogen las directrices para la confección de planos de planta que sean accesibles para las personas con discapacidad visual. Además, está llevando a cabo la elaboración de un nuevo Código Matemático Unificado, conjuntamente con los países de Latinoamérica; la confección de directrices para la elaboración de mapas físicos en relieve, Braille y macrocaracteres; así como normas de adaptación de métodos de aprendizaje de idiomas, según ha informado la organización.
Por último, la Once ha destacado que ha llevado a cabo la «modernización» de la producción bibliográfica en Braille, lo que ha permitido, a su juicio, «aumentar el número de publicaciones adaptadas y acortar los tiempos en que los afiliados tenían a su disposición los textos que precisan para llevar a cabo su formación educativa, su labor profesional o para acceder a la cultura».
Abuelos, principales cuidadores de sus nietos en una de cada tres familias
Los abuelos son los principales cuidadores de sus nietos menores de 12 años para el 30 por ciento de las familias, según ha explicado el investigador de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Daniel Molinuevo, durante el ‘II Congreso de Familias’.
Los horarios laborales y los ajustes económicos domésticos son una de las causas que se han señalado para el aumento de la participación de los abuelos en el cuidado de sus nietos, que va, «muchas veces», en detrimento de las guarderías, según ha señalado la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), organizadora del evento.
En este sentido, la catedrática de psicología de la Universidad de Barcelona, Carmen Triado, ha señalado que el rol de los abuelos como cuidadores dentro de sus familias «da sentido al envejecimiento activo y a la solidaridad intergeneracional». Asimismo, ha señalado cómo la configuración de la familia en los distintos países desarrollados ha favorecido que los abuelos adquieran «un papel importante» dentro de la estructura familiar.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable, Mariqueta Vázquez, ha subrayado la previsión de que en 2017 «habrá más fallecimientos que nacimientos» en España. Por ello, ha asegurado que la familia «ya no es garante de la vejez» y que los mayores «deben tomar las riendas de su vida y cambiar estereotipos sociales y familiares».
El año 2012 ha sido «horrible» para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, según el CERMI
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha asegurado que el año 2012 ha sido «horrible» para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, Cayo ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de un año «aún no concluido», pero que ya «ha adquirido la nota de horror propia de lo que destruye lo valioso»
Asimismo, ha señalado que en este año «se han intensificado, hasta extremos de casi devastación, los efectos de la crisis económica y de los ajustes presupuestarios de todas las administraciones en las estructuras del bienestar dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias».
Además, ha denunciado que otro «factor añadido negativo» es la paralización de las nuevas iniciativas, que dejan la agenda política de la discapacidad «inactiva, sin avances y todo justificado por la crisis».
El presidente del CERMI ha explicado que habría que distinguir dos planos. Por un lado, el territorial y, por otro, el estatal. En el plano territorial, correspondiente a las comunidades autónomas, Cayo ha apuntado a las políticas de recorte iniciadas hace cuatro o cinco años y que «se han agudizado de tal manera que el sector de la discapacidad corre un claro peligro de colapso».
En cuanto al plano estatal, ha destacado que el sector de la discapacidad «ha acusado con mayor virulencia si cabe las políticas de reducción del gasto impuestas por la situación económica». «No ha habido una voluntad de debilitar específicamente las políticas de discapacidad, pero los recortes han repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a esta materia, situándolos en una posición de enorme precariedad y con dudas sobre su continuidad», ha aseverado.
«El error de nuestra clase política dirigente es que no saben actuar si no es echando mano del dinero –ha agregado–. No hay espacio siquiera para ‘la agenda amable’, es decir, para el conjunto de decisiones e iniciativas que no están condicionadas por los recursos económicos y que contribuyen a generar un cambio social favorable».
Cayo ha advertido de que los recortes en esta materia dan pie a la «destrucción del frágil bienestar alcanzado en los últimos años para un grupo social tan vulnerable en términos de derechos como el de las personas con discapacidad y sus familias». Así, ha asegurado que «no se salva nadie de la agresión contra la discapacidad, que ha sido práctica extendida y de la que solo cabe levantar acta».
Por último, ha recordado que «la situación en la que se encuentra la discapacidad es tal que ha llevado a hablar, sin exageración, de la discapacidad como zona próxima a lo catastrófico y que ha inducido a lanzar una llamada de socorro, un ‘SOS Discapacidad’, que clamaron más de 90.000 personas en Madrid el pasado día 2 de diciembre».
Miles de dependientes morirán en 2013 sin recibir la prestación
Las asociaciones para la dependencia han calificado de «canallada» los recortes en el sector aprobados por el Gobierno y han alertado de que supondrán previsiblemente en 2013 la muerte de «miles» de personas sin llegar a recibir las prestaciones correspondientes a su dependencia.
Así, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha criticado la «demolición controlada» de la ley de dependencia, resaltando que este año el incremento de personas atendidas ha sido diez veces menos que en 2010.
De esta manera, este servicio tan solo ha registrado 18.944 beneficiarios nuevos, no manteniéndose la tasa de reposición en diez comunidades autónomas y habiéndose reducido en 9.589 beneficiarios en los últimos cuatro meses.
Durante 2010 el incremento de personas atendidas (saldo altas/bajas PIA) fue de 197.638 personas, mientras que el año siguiente fueron 83.427 las personas que engrosaron las listas de atendidos. «La destrucción y total paralización del sistema es tan evidente que no merece que le dediquemos más cálculos», ha señalado Ramírez.
Según las previsiones de esta asociación, considerando que en la actualidad hay en espera 230.203 personas con derecho reconocido, el dato de 18.944 incorporados en todo un año supone, a ese ritmo, una espera de doce años para atender la totalidad de expedientes acumulados.
«La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada, ya que se reduce el ‘limbo de la dependencia’ no porque se les atienda sino porque quita el derecho de atención a los moderados hasta el año 2015», ha explicado.
En esta misma línea, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha denunciado la «miopía» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al poner «en peligro de viabilidad» a más de 4.000 empresas debido a los recortes.
CIERRE DE UNA RESIDENCIA POR DÍA
Según los cálculos de esta asociación, estos cierres afectarían a cerca de 200.000 trabajadores, una situación «que no se solucionará el año que viene a no ser que haya un cambio de política». A lo largo de 2012, después del verano, se ha producido al menos el cierre de una residencia por día.
Las dos asociaciones han coincidido en resaltar el retorno económico del sector, donde se han invertido más de 16.000 millones de euros por parte de operadores privados en construcción de centros residenciales. Además, por cada euro invertido por las administraciones públicas, retornan 1,20 euros vía impuestos o cuotas de seguridad social, entre otras.
«Aún a pesar de estos datos, el Gobierno no hace más que recortar y poner en peligro al sector. La atención a la dependencia es un derecho al que nos hemos comprometido moralmente pero hay que tener en cuenta que es un sector generador de riqueza», ha apuntado Echevarría.
El Gobierno ha recortado 835 millones de euros al sistema en 2012, eliminando la financiación del nivel acordado y reduciendo un 15% el nivel mínimo. Asimismo, en este año las aportaciones estatales no superan el 25% del total de los costes y para el año 2013 no llegará al 20%, lo que se aleja de la financiación paritaria entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
MEDIDAS «SANGRANTES»
Además, Ramírez ha apuntado a «otras medidas sangrantes» como la suspensión de la incorporación de dependientes ‘moderados’ hasta 2015 o la creación de un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas. Además, ha reiterado que se ha dejado sin cotización a la seguridad social en el convenio especial a 146.000 cuidadores (un 93% de ellos, mujeres).
«Las medidas adoptadas este año son desalmadas y crueles con las personas al tiempo que son antieconómicas. Rajoy cierra los ojos ante una realidad socio-demográfica evidente y apremiante y España pierde la oportunidad de invertir en uno de los poquísimos sectores con capacidad de retorno», ha concluido Ramírez.
Los centros de dependencia valencianos, en pie de guerra
La patronal Aerte asegura que empezará a cobrar en enero el coste total a los pacientes porque la Generalitat no ha pagado en todo el año los bonos. Se quejan de que el pago realizado con el dinero del FLA -de 63 millones de euros- sólo ha llegado a los centros concertados, no a los privados.
Las empresas privadas de atención a los dependientes han montado en cólera por la distribución de los pagos pendientes. El sector estima que la deuda de la Generalitat era de 124 millones de euros hasta ahora, y con los fondos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se acaban de pagar 63 millones.
El descontento en una parte importante del sector viene por los conceptos que se han pagado y los que se han dejado fuera. Aerte agrupa a unas 200 empresas privadas, de las que sólo seis -que trabajan con plazas concertadas- han recibido fondos de este pago.
Sí han percibido el importe pendiente los centros concertados, la mayoría agrupados en la asociación Aecas. También parte de las gestiones integradas, agrupadas en la asociación Lares -de centros de mayores-.
Desde Aerte explican que, de los 67 millones que faltan por cobrar, diez millones
corresponden a los bonos que la Generalitat concede a las personas dependientes, pero que abona directamente a los centros, de manera que los pacientes sólo tienen que abonar una diferencia. La gerente de Aerte, María José Mira, asegura que no se ha pagado nada de los bonos en todo el año 2012. El resto corresponde a gestiones integradas, que son centros públicos gestionados por empresas privadas, a los que se les adeudan diez meses, afirma Mira.
La gerente asegura que hace dos días mantuvieron una reunión con el nuevo equipo de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se les aseguró que el pago que se iba a realizar ahora con los fondos de FLA se distribuiría de forma equilibrada en todo el sector de la dependencia, pero consideran que el pago realizado no cumple esas expectativas.
Por ello, Aerte ha comunicado a sus centros que gozan de libertad para comenzar a cobrar las plazas de bono integras, «como medida para no estrangular al sector». Es decir, que el dinero que no está pagando la Generalitat se lo van a cobrar a los pacientes.
Mira afirma que «nosotros no podemos bajar las persinas y hacer una huelga, como las
farmacias, y no dar de comer a los pacientes».
Situación de Aerte
Por otra parte, la propia asociación Aerte atraviesa un momento interno complicado. La semana pasada, la asamblea acordó dar de plazo hasta el 31 de enero a la actual junta directiva para solucionar la situación de los impagos; si esto no se solventa, la cúpula deberá dejar sus puestos.
Mira señala que el equipo ha hecho todo lo posible y que «si otros pueden hacerlo mejor, adelante».
Consideraciones de Cáritas respecto al nombramiento de Neus Munté como nueva consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya
“Muchas gracias señor Cleries, bienvenida señora Munté”
Desde el año 2002 hasta el 2012, el departamento de Bienestar Social y Familia ha tenido al frente, con el reciente nombramiento de Neus Munté, a seis personas diferentes.
De los cinco consejeros que han asumido este departamento hasta ahora, se puede resaltar su preparación, la sensibilidad mostrada hacia las personas más pobres y desfavorecidas y la profesionalidad en la gestión del día a día. Desde Cáritas, se valora muy positivamente su dedicación a «pisar la calle» y que, en muchos casos, lo hicieran de forma estrictamente anónima y sin fotos.
Ahora bien, las personas pobres -las que siempre nos recuerdan que no pueden esperar- y que se encuentran hoy en uno de los momentos más duros de la historia reciente, lamentaríamos que ahora tuviéramos que empezar de nuevo, porque “empezar de cero” implica a menudo un desgaste y una dedicación extra de tiempo.
Por ello, desde Cáritas Diocesana de Barcelona queremos expresar las siguientes consideraciones.
-Ante la previsión de recibir, como entidad social, nuevas convocatorias de reuniones, nuevas propuestas de programas para luchar contra la pobreza, nuevos espacios de debate… reclamamos que las cuestiones importantes avancen sin más dilación. Sobre todo hay que evitar -como se menciona en El Gatopardo- que se cambie todo para que todo siga igual (o sumando, incluso, más recortes).
-Lamentamos que el factor humano y la política del bien común no sean el eje central de nuestro Estado del Bienestar para mitigar el sufrimiento extremo de tantas familias y personas.
-Reiteramos que la dureza de la actual situación social requiere una línea de continuidad que ponga las administraciones y la economía al servicio de las personas, y no a la inversa como ha sucedido hasta ahora.
Recordamos que sólo hay una salida: priorizar la recuperación de la dignidad humana, contando con la implicación de todos, agentes políticos, económicos y sociales.
Las entidades como la nuestra, en que el 85% – 90% del gasto se cubre con donativos de particulares, no podemos sustituir, año tras año, una parte del Estado del Bienestar.
Por ello, desde Cáritas Diocesana de Barcelona pedimos políticas activas de ocupabilidad para las personas pobres o en exclusión social y unos objetivos concretos de lucha contra la pobrezacon indicadores de desarrollo social que se deben lograr como país.
Ahora, con el inicio de una nueva etapa, tenemos la oportunidad de demostrar –para la historia- que hemos sido capaces de dar respuestas y de actuar contra la alarmante precarización de nuestra sociedad.
Señora Munté, bienvenida, y quedamos a su disposición.
Cáritas Diocesana de Barcelona 28/12/2012
Servicios Sociales: Cambios en la Ley de Dependencia frente a los cuidados familiares
Los cambios en la aplicación de la Ley de Dependencia y la firme apuesta de la Junta por los servicios profesionales frente a los cuidados familiares marcaron 2012 en el ámbito de los Servicios Sociales. El 1 de agosto entró en vigor el nuevo Real Decreto Ley que regula este derecho aprobado por el Gobierno central, que estableció una reducción del 15 por ciento de las prestaciones económicas para los cuidadores familiares, a la que se sumó una rebaja del 15 por ciento acordada por la Junta para esta misma cuestión, paralela a un 20 por ciento de incremento de las cuantías para financiar las prestaciones profesionales, tanto residenciales como a domicilio.
Por otra parte, dos de las principales novedades de este año en el ámbito de los Servicios Sociales fueron la creación de un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y la integración de los Bancos de Alimentos en la red de recursos contra la exclusión social, dos proyectos no incluidos en la agenda de la Consejería de Familia al comienzo de la legislatura y que tratan de responder a los graves problemas generados por la crisis económica. Puesto en marcha el 1 de noviembre, en su primer mes de funcionamiento más de 300 castellanos y leoneses ya habían pedido ayuda al servicio de apoyo contra los desahucios, en el que además de la Junta y las entidades locales, están implicados Cáritas, los colegios profesionales de Abogados y Registradores de la Propiedad, y diez entidades financieras.
