Bienestar Social
Los consejeros de Economía y Bienestar Social piden perdón por los impagos a entidades sociales
El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, y el de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, han pedido disculpas por el impago del Govern de la mensualidad de julio de todos los convenios de la Generalitat con las entidades sociales dedicadas a la atención de personas mayores, menores, o discapacitados entre otros. En el inicio de su comparecencia en el Parlament, forzada por todos los grupos de la oposición, Mas-Colell ha pedido disculpas «a las entidades y personas que se han visto perjudicadas” y ha añadido: “Quiero agradecer su esfuerzo y trabajo valioso que hacen cada día, esencial para que la nuestra sea una sociedad cohesionada y ejemplar». Cleries también ha iniciado su intervención elogiando al Tercer Sector social y disculpándose por lo que, ha matizado, es un «atraso» y no «un impago».
“No es un impago sino un aplazamiento”, ha asegurado Cleries, que este viernes ha comparecido en la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre esta situación, atribuyéndola al Gobierno central que preside Mariano Rajoy. El consejero ha indicado que, a las entidades sociales, el Govern les ha dejado de pagar en total 70 millones, pero matizando que están al día el pago de prestaciones y ayudas como la Red Mínima de Inserción (RMI), el fondo de garantías para el impago de pensiones alimenticias, la dependencia, entre otras.
“Hay una asfixia económica –del Gobierno– que deriva en asfixia social”, ha dicho, recalcando en varias ocasiones que no se puede asegurar que el Govern esté ejecutando políticas antisociales. “No volvemos a la era de la caridad”, ha insistido Cleries, que ha remarcado que desde el tercer sector, pese al aplazamiento de los pagos a las entidades de julio, se ha dado garantías de que todos los usuarios van a seguir recibiendo servicios y que ninguna plaza concertada va a peligrar.
Ha anunciado, además, que su Conselleria ha habilitado un dispositivo para hacer seguimiento y dar apoyo a las entidades, ha indicado que se reunirá con el sector en septiembre y ha sostenido que su departamento ha estado “a la altura”. El conseller ha pedido a los grupos hacer lo posible para que esta situación no se vuelva a producir y ha lamentado que durante los últimos días haya habido informaciones sobre este tema que innecesariamente han creado “alarma social”.
Por su parte, Mas-Colell, ha explicado que el Govern “confía en que la situación se normalice” en el mes de agosto y pueda a volver a pagar al sector concertado tras los impagos del mes de julio y ha vinculado las posibilidades de pago a que “los mecanismos de liquidez del Gobierno tendrían que estar implantados”, lo que permitiría a la Generalitat aliviar su situación de tesorería.
Mas-Colell ha argumentado que la mejora de la situación económica de la UE también repercutiría positivamente sobre la situación catalana, aunque ha lamentado que las “noticias de ayer no son alentadoras”, en alusión a la comparecencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
Como ya hizo el martes el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha responsabilizado al Estado de la dificultades de liquidez catalanas, y ha lamentado esta situación, sobretodo porque “los catalanes son contribuyentes generosos” a las arcas públicas españolas. Mas-Colell también ha insistido en que el impago al sector concertado es fruto de que la ley marca que primero el Govern debe cumplir con sus obligaciones financieras ante vencimientos crediticios, y segundo, debe afrontar las nóminas públicas. En concreto, ha hablado de la necesidad de dar la “confianza absoluta” a los compradores de los bonos que ha emitido la Generalitat en el pasado.
Las entidades sociales de Cataluña garantizarán la atención a las personas
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha asegurado hoy que las entidades sociales garantizarán los servicios y la atención a las personas, pese a que el Govern de la Generalitat les ha trasladado el problema de tesorería al no pagarles los conciertos de julio.
En declaraciones a Efe, Guiteras ha asegurado que los trabajadores de las entidades «garantizarán los servicios», aunque los problemas de liquidez de la Generalitat «ponen en peligro la viabilidad de muchas entidades».
En este sentido, la Mesa del Tercer Sector está haciendo un seguimiento de todas las entidades conjuntamente con el departamento de Bienestar Social y Familia para evitar que ninguna entidad quiebre y deje de prestar sus servicios.
Según Guiteras, el impago de los conciertos de las plazas asistenciales repercutirá en las nóminas, el pago de los proveedores y la liquidez de las entidades, pero menos en los servicios y atención a las personas, que, ha insistido, «quedan garantizados».
«Nos consta que el Govern prioriza en políticas sociales, pero hemos de pedir que esta situación de falta de liquidez sobrevenida no suceda más, que se prevenga con más tiempo y mirar de que los impagos vayan hacia otros lugares», ha dicho Guiteras.
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales catalanas, ha lamentado que la Generalitat haya notificado esta falta de liquidez a pocos días de final de mes, lo que ha dificultado la planificación de pagos y servicios por parte de geriátricos y centros de discapacitados, drogodependientes o menores tutelados.
«No ha habido posibilidad de planificación para dar respuesta a los compromisos inmediatos», ha reconocido Guiteras, que ha reiterado que la Mesa trabajará para garantizar la calidad de la atención y los servicios a las personas.
El copago también afecta a las enfermedades raras
El representante madrileño de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Justo Herranz, ha denunciado este viernes que la aprobación del copago farmacéutico ha supuesto para los afectados de dolencias poco prevalentes y para sus familiares un incremento aproximado de 200 euros mensuales y, que esta situación, hará que muchos de ellos, en situación de desempleo, tendrán que elegir entre comer o destinar el dinero a medicinas.
En declaraciones a Europa Press, Herranz explica que los gastos de una familia con una enfermedad rara oscilaban, antes de la aprobación de estas medidas, «en torno al 20 por ciento de los ingresos familiares». «Hoy con el repago no sabemos dónde va a terminar», señala.
En sus palabras, la situación actual es «muy delicada» y, «lógicamente, cualquier familia con una enfermedad rara puede quedarse en paro con el agravante de que tiene que medicarse». Puesto que se trata de una enfermedad crónica, prosigue, los afectados antes desembolsaba un 10 por ciento, «ahora entre el 40 ó 50, depende de la situación de cada familia».
En este sentido, el representante madrileño de FEDER manifiesta su miedo en que estas medidas desemboquen en «situaciones extremas» en las que las familias tengan que elegir «entre comprar fármacos o comer». «Lo estamos viviendo con mucha preocupación», insiste, a la par que pide a la Administración que no ponga a estas personas en esa disyuntiva y que dé una «respuesta equitativa».
En relación sobre el aumento del desembolso económico que va a tener que realizar las familias reconoce que, aunque hacer ahora estimaciones «es muy arriesgado», pues cada viernes aprueban nuevas restricciones, se está pasando de unos 300 ó 400 euros mensuales en costes de fármacos u otros desembolsos que no cubre la seguridad social a unos 500 ó 600.
Por otro lado, los recortes en subvenciones pueden tener «repercusiones graves», advierte. «Van a tener que cerrar despachos, reducir personal y tiempo», precisa. Por todas estas razones, Herranz explica que están buscando el apoyo europeo. A nuestro colectivo «le «define la lucha. Nos acostamos por la mañana muy tristes y nos levantamos con ganas de luchar», declara.
Sobre la situación de los españoles con enfermedades raras con respecto a la que vienen sus homólogos europeos, reconoce que «es muy diferente» y explica que, pese a que se había realizado «muchos esfuerzos» para igualarse, «ahora todos estos pasos se han paralizado».
De la misma opinión es Ana Isabel Ordoñez, madre de un niño de 12 años con el síndrome de Carpenter, quien explica a Europa Press que, pese haber solicitado en marzo de 2011 la ayuda de la Ley de Dependencia, aún no ha recibido ninguna cuantía. «Se está demorando más de lo que se estaba demorando antes. Es una situación frustrante», señala.
«Si era difícil antes, ahora va a ser mucho más. Con el desempleo o los salarios bajos junto con los tratamientos que cada día son más caros, como no seas una persona afortunada, no puedes salir adelante», insiste.
PINGÜINO SOLIDARIO
Estas declaraciones han sido realizas con motivo de la presentación de la campaña del pingüino solidario de FEDER, apoyada por el grupo Fundosa, división empresarial de Fundación ONCE, y enmarcada dentro del proyecto ‘Penguin Madrid’, promovido por Faunia.
El pingüino, diseñado por Kukuxumusu, situado en la Puerta de Madrid del Parque del Retiro, acompaña a una pancarta solidaria en la que las personas que lo deseen pueden dejar sus mensajes de solidaridad con los afectados de enfermedades raras.
El objetivo es que esta primera sábana se convierta en una pancarta solidaria de más de mil metros construida con la aportación de otras provincias españolas en las que el Grupo Fundosa cuenta con un centro de trabajo, y que será presentada durante el próximo mes de febrero con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Además, los ciudadanos también pueden colaborar enviando un mensaje con la palabra FEDER al 28011, cuyo coste es de 1,20 euros, que irá destinado integramente a los afectados por enfermedades raras.
El proyecto ‘Penguin Madrid’, organizado por Faunia, supone la distribución de 20 pingüinos de grandes dimensiones por Madrid, que estarán expuestos hasta su subasta. El dinero se destinará a los 20 colectivos que participan en la iniciativa.
Acra demanda que los servicios de atención a la dependencia queden fuera del aumento del IVA
La Associació Catalana de Recursos Asistencials ha demandado que el posible aumento de diez puntos en el IVA que se plantea el Gobierno central no afecte a la facturación de ningún servicio de atención a la dependencia, de igual forma que parece que no acabará afectando ni al sector hotelero, ni al sanitario.
A raíz de unas recientes informaciones aparecidas en medios de comunicación en relación con la intención del Gobierno central de incrementar en un 10% el IVA para una amplia gama de productos y servicios, entre los cuales se encuentran los residenciales, la presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha denunciado que esta medida sería irresponsable y del todo insensible con la delicada situación económica de muchos usuarios de estos centros y sus familias.
En este sentido, la organización empresarial del sector asistencial catalán considera que los principales afectados por una subida de este impuesto al sector serán, precisamente, los 56.021 usuarios de residencias y los 16.471 de centros de día, pues según la Ley del IVA, al tratarse de un impuesto finalista, las empresas tienen la obligación de repercutirlo y el destinatario del servicio la de hacerse cargo del mismo.
Del mismo modo, desde Acra han reclamado a las instituciones públicas implicadas en el diseño y aplicación del probable aumento que éste no afecte en ningún caso a los servicios de atención a la dependencia. «Si así fuera, y teniendo en cuenta las tres dimensiones con respecto a los costes de estos servicios (hoteleros, sanitarios y asistenciales), se entendería que el incremento grabaría sólo la parte asistencial, que es la más frágil, dado que al parecer la medida que se plantea el Gobierno no acabará afectando ni al sector hotelero ni al de la sanidad», manifiestan desde la entidad catalana.
Prejuicios y certezas a cerca de las unidades de convivencia para personas con dependencia
Por Pilar Rodríguez, directora de la Fundación Pilares
Desde la década de los 80 del siglo pasado contamos con evidencia científica suficiente que describe los efectos negativos sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven en residencias de tipo institucional. Todavía en 2009 un informe de la Unión Europea volvía a advertir de las consecuencias para las personas que continúan en estos establecimientos: despersonalización en el trato, rigidez en las rutinas cotidianas, aislamiento y segregación social, distanciamiento entre el estatus de profesionales y el de residentes, pérdida de oportunidades para tomar decisiones, etcétera.
No es extraño que la imagen social de las residencias tradicionales continúe siendo negativa y que los potenciales destinatarios de las mismas y sus familias se resistan a considerarlas como posibilidad deseable, declarando sistemáticamente su apego, vinculación y deseo a permanecer viviendo en su casa incluso en situación de grave dependencia. Pero, en muchas ocasiones esta preferencia no es posible de satisfacer por muchos recursos humanos o tecnológicos que se inviertan en la atención domiciliaria: cuando, por ejemplo, se tienen deterioros cognitivos y no se cuenta con suficiente apoyo familiar es preciso (y lo será cada vez más en el futuro) recurrir a alojamientos colectivos en los que se garanticen cuidados permanentes.
Lo que sí es posible, como se realiza en la mayor parte de los países de la OCDE, es intentar que las residencias evolucionen hasta parecerse lo más posible a un hogar y que puedan llegar a ser percibidos como lugares deseables y atractivos para vivir. Se trata de ofrecer espacios en los que, prestándose una atención de calidad, se garantice al tiempo la salvaguarda y el respeto absoluto de la dignidad, la autonomía y el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones y a seguir ejerciendo control sobre su vida.
Las unidades de convivencia para diez o doce personas son una alternativa plausible para acercarse a este anhelo y resultan una solución factible tanto para nuevos edificios como para aquellos equipamientos existentes cuyas características arquitectónicas lo permitan. Porque optar por el cambio de modelo no significa invalidar nuestro parque residencial, sino apostar por la introducción de mejoras e innovaciones tanto en condiciones ambientales como en las formas de intervenir y en el sistema organizativo.
Existen interesantes iniciativas en nuestro país que apuestan por el cambio de modelo en la atención a las personas que requieren apoyos. Destacan las que se promueven por los responsables políticos de País Vasco y Castilla y León. En ambos territorios se han impulsado como proyectos piloto, con muy buenos resultados de evaluación, la creación de unidades de convivencia dentro de residencias preexistentes.
Resulta patente, en consecuencia, que algunas de las declaraciones que se realizan con intención descalificatoria de estas iniciativas carecen de base científica y muestran gran desconocimiento de la realidad internacional. Se dice, por ejemplo, que se trata de soluciones para personas que no están en situación de dependencia, cuando lo cierto es que es precisamente para ellas para las que se conciben, habiéndose obtenido excelentes resultados de evaluación que pueden ser consultados en las revistas científicas de impacto. También se argumenta que estas unidades solo funcionan en Suecia, cuando es el modelo generalizado en todos los países del norte de Europa, habiéndose desarrollado también en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia… Finalmente, se manifiesta que su coste es inasumible, desconociendo los estudios de coste-efectividad que ponen de relieve sus buenos resultados en la consecución de objetivos y en las eficiencias que producen.
La crisis económica que atravesamos debe considerarse una oportunidad y no una excusa para demorar o tratar de evitar este proceso de avance innovador hacia una atención más digna para las personas que se encuentran en situación de dependencia. Y, afortunadamente, la realidad nos muestra que ese futuro esperanzador se acerca, ojalá que de manera imparable.
Aerte advierte que el aumento del IVA «amenaza la viabilidad» de los servicios sociales
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su «preocupación» por el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de incrementar la tributación por IVA, concretamente en el tipo reducido aplicado a servicios sociales, que pasa de tributar al 8 a hacerlo al 10 por ciento.
Aerte, en un comunicado, ha advertido de que el hecho de que se incremente el tipo del IVA para servicios sociales «acarreará perjuicios económicos que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y Dependencia, amenazando seriamente su viabilidad futura, la de las empresas que la integran y en general, la adecuada atención de los usuarios».
La entidad ha denunciado el «agravio comparativo» que supone que países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7 por ciento), e incluso Irlanda o Reino Unido estén exentos de tributar por IVA en servicios sociales, mientras que España incremente el tipo de IVA del 8 al 10 por ciento, «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».
Para Aerte, «resulta injusto que ejemplos como el de Alemania, país con renta per cápita superior a la española en un promedio de 20 puntos, tenga un tipo de IVA en actividades de servicios sociales más reducido que el de España, país cuya renta per cápita ya está por debajo de la media europea, y que además tiene un gravamen superior con la previsión de incrementarlo durante las próximas semanas»·.
La asociación que lidera la representación del sector ha alertado sobre esta situación por el «agravio comparativo que supone», en el caso de España, uno de los países que han sido golpeados con mayor dureza por la crisis económica, en el seno de la Unión Europea.
En este sentido, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha mostrado su disconformidad con el hecho de que países con rentas per cápita muy superiores a la española, como son el caso de Luxemburgo Austria –129 por ciento– e incluso Italia, disfruten de exenciones fiscales en la tributación por IVA aplicada a servicios sociales, y eso no ocurra en España.
SECTOR YA «CASTIGADO»
Para el presidente de Aerte, «no es de justicia que en España, con una renta per cápita inferior a la media europea, tenga que hacer más esfuerzos en un sector castigado por otras medidas de recorte asumidas por el sector con responsabilidad».
Asimismo, Alberto Giménez ha manifestado que el sector «lleva tiempo afrontando retrasos en los pagos de la Administración» y, además, ha lamentado que «ahora también tendrá que afrontar una posible subida de dos puntos en el IVA que dejará a las empresas y profesionales de Aerte en una situación de asfixia económica difícil de superar negativa y de incertidumbre para los usuarios».
Gobierno vasco aprueba el decreto para evitar aplicar el copago farmacéutico en Euskadi
El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, un decreto que garantiza la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público «para todas las personas que residan en Euskadi» y mantiene los niveles actuales de aportación en el pago de los medicamentos, por lo que deja sin efecto el copago farmacéutico impulsado por el Gobierno central que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
También incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Según ha informado el Ejecutivo, el Consejo de Gobierno vasco ha aprobado el ‘Decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud en el ámbito de la comunidad Autónoma vasca’, «amparado por la legislación vigente y avalada su suficiencia financiera».
El consejero de sanidad y Consumo del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, ha resaltado en rueda de prensa, que el objetivo del decreto es por un lado garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público para todas las personas residentes en Euskadi; y por otro mantener en los niveles actuales las aportaciones de las personas en el pago de medicamentos. Además, se incorpora a la exención de pago a diversos colectivos como personas en paro sin derecho a prestación y aquellas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
El decreto, que previsiblemente entrará en vigor el próximo viernes o sábado, tiene como principales objetivos «garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias contenidas en la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud a aquellas personas excluidas por no tener la condición de asegurados o beneficiarios tal y como se dispone el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 del Ministerio de Sanidad.
Bengoa ha explicado que este decreto se basa en la autonomía de Euskadi que reside en dos normas (un decreto de 1988 y una ley) que incluían los derechos de universalización y de cobertura en todo Euskadi. «Tenemos nuestra propia normativa local para justificar todo lo que contiene nuestro decreto», ha defendido.
El Gobierno vasco acuerda que tendrán acceso a las prestaciones del sistema sanitario pública aquellas personas que figuren como tal en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aquellas que tengan tarjeta de identificación sanitaria expedida en Euskadi antes de la entrada en vigor del citado Real decreto .
Asimismo, se atenderá a las personas empadronadas como residentes en algún municipio de Euskadi por un periodo continuado de tiempo de al menos 1 año anterior a la presentación de la correspondiente solicitud y sean perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos o tengan ingresos suficientes a la renta básica, y que no tengan acceso a otro sistema de protección sanitaria pública.
Respecto a la aportación en el pago de medicamentos, en términos generales la dicha aportación será como hasta ahora del 40 por ciento del precio de venta al público de los medicamentos –excluidos los de aportación reducida– en el caso de toda persona con Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) expedida en Euskadi.
El decreto vasco, al igual que el decreto del Ministerio de Sanidad establece que estarán exentos de aportación las personas pensionistas y las personas paradas sin derecho a percibir subsidio de desempleo, e incluye a los perceptores de RGI.
Bengoa ha explicado que la aportación correspondiente se realizará en el momento de la dispensación y ha precisado que si esta se realiza en una oficina de farmacia ubicada fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la persona usuaria tendrá derecho a que se le reembolse la cantidad de más que haya pagado. El consejero espera que el sistema esté en funcionamiento antes de la próxima semana.
«CON FONDOS NECESARIOS»
El titular de Sanidad ha explicado que su ejecutivo tiene los «fondos necesarios» para llevar a cabo la propuesta que presenta el Decreto, sin afectar a su objetivo de déficit, y ha informado de que la exención del pago a los parados vascos supondrá un coste de 3 millones de euros en un año.
Además, ha explicado que el Decreto vasco incluye las partes del decreto del Ministerio de Sanidad que «no suponen un recorte» porque cree que «añaden valor». En este sentido, ha insistido en que «las partes que no supongan una perdida de derechos para los vascos y que sean una mejora», las han incluido en su decreto».
Bengoa ha recordado que este miércoles por la tarde acudirá a una reunión del Consejo Interterritorial junto al resto de consejeros de las comunidades autónomas y con la ministra de Sanidad, Ana Mato, donde explicará cómo va a proceder el País vasco y ha avanzado que planteará que este nuevo sistema de copago se evalúe por un organismo externo, al igual que se hace en el terreno de las finanzas.
«No veo por qué en el terreno de la salud uno se tenga que fiar por lo que diga un consejero o ministro cuando cada uno tiene un interés en presentar lo datos de una forma», ha señalado.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
El consejero ha planteado que se haga una evaluación por alguna universidad «con credibilidad e independencia», que evalúe las decisiones que se están tomando en materia sanitaria, «las más duras en los últimos 40 años», y se determine no sólo el impacto en las finanzas sino también en la salud de la población.
«Creo que hay bastantes consejeros que piensan que es ingenuo pensar que el problema de sostenibilidad de la sanidad española pueda resolverse a través de un ejercicio de contención del gasto, buscando la respuesta en los ciudadanos, cuando todavía no se ha barrido la casa», ha subrayado.
Al respecto, ha «cuestionado» que con esta medida del copago farmacéutico se vayan a ahorrar los 7.500 millones de euros que prevé el Ministerio de Sanidad ya que cree que con esta medida «no se va a recoger esta cantidad».
Bengoa ha reconocido la «enorme casuística» que supondrá la devolución de la cantidad de más que los usuarios paguen al comprar un medicamento en una farmacia de fuera de Euskadi y ha retrasado la explicación del mecanismo a una segunda comparecencia que se celebrará el jueves por la mañana en el País vasco, tras conocer la propuesta del Gobierno central. «Espero que el Ministerio, a parte de lanzar un Real decreto, diga algunos cómos», ha indicado.
«CALCULO IRREAL»
Bengoa ve «bastante irreal pensar que el 1 de julio, no sólo en Euskadi sino en el resto de comunidades, vayan a poder poner en marcha el mecanismo necesario para garantizar un buen servicio en las farmacias».
El consejero de Sanidad vasco ha reconocido que espera que este decreto genere «como mínimo suspicacias» y ha criticado que las medidas del Gobierno central suponen «ir hacia atrás en relación a los derechos adquiridos en todo el terreno de Bienestar social porque hay una crisis económica».
«Si otras comunidades lo aceptan es asunto suyo, nosotros no vamos a aceptar esa lógica y tenemos una justificación legal y la competencia de la Sanidad interior que nos legitima para hacer lo que hacemos», ha indicado.
Los impagos del Gobierno catalán a entidades sociales ascienden a 37 millones
El Gobierno catalán ha acumulado impagos de 37,3 millones de euros a las entidades sociales de atención a personas mayores, discapacitados, enfermos de VIH y drogodependientes, aunque la mayoría de ellos ya han sido subsanados, según ha explicado este martes la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, en comisión parlamentaria.
La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat anunció en septiembre que no podía asumir el cose de las entidades sociales y las residencias catalanas por «tensiones de liquidez», aplazando dos meses los pagos, aunque finalmente pudo hacer frente al 65% del coste de los centros colaboradores y el 50% de los concertados.
Fortuny ha reconocido que algunos aplazamientos se han dilatado hasta seis meses, en vez de los dos comprometidos, asegurando que los impagos se han dado en entidades «que se sabía que lo podían soportar», en beneficio de las más pequeñas, y remarcando que los retrasos no han tenido consecuencia alguna para ningún centro ni trabajador.
Las deudas adquiridas por la Generalitat con 421 entidades concertadas en septiembre, ascendió a 14,2 millones de euros y se pagó finalmente en marzo, y los 7,1 millones de euros que se debían a 773 colaboradoras se liquidaron en octubre.
Además, el Gobierno catalán anunció en diciembre nuevos impagos de hasta el 20%, afectando a un total de 148 centros por valor de 16 millones de euros, una deuda que se subsanó en abril, según ha concretado Fortuny, asegurando que actualmente queda «muy poca cosa» por pagar.
Para la diputada del PSC Eva Granados, las cifras que ha aportado Fortuny son «muy disonantes» con las ofrecidas por las entidades afectadas, que han cifrado el impacto de los impagos de la Generalitat en 100 millones de euros, y ha exigido que, además de los impagos del Icass, el Gobierno catalán publique las deudas del resto de Consellerias con las entidades sociales.
SEGUIMIENTO DE PAGOS
Según Fortuny, el Gobierno catalán convocó en septiembre «con carácter de máxima urgencia» una reunión con las principales entidades y patronales para informarles de la situación y creó una comisión de seguimiento de pagos, algo que desconocían el resto de formaciones políticas, según han explicado.
La Comisión de Bienestar Social de la FEMP se reúne lunes 25 en la capital cántabra
La Comisión de Bienestar Social de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrará el próximo lunes una reunión en Santander, en la que analizará diferentes acciones relativas al envejecimiento activo, los servicios sociales y la dependencia.
La reunión de la Comisión de Bienestar Social de la FEMP, que preside el alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada, tendrá lugar en Enclave Pronillo, en el Palacio de Riva Herrera, y contará con la participación de los representantes de alrededor de una veintena de municipios españoles que forman parte de esta comisión.
En un comunicado, el concejal de Bienestar Social, Antonio Gómez, miembro de esta Comisión de la FEMP, ha resaltado que Santander tiene un «importante peso» en la FEMP, «especialmente», según ha dicho, en las comisiones de carácter económico y relacionadas con la administración local, de las que el alcalde, Íñigo de la Serna.
Ha recordado que, en los últimos años, se han celebrado en la capital cántabra diferentes reuniones de comisiones y órganos de la FEMP, como la Comisión de Medio Ambiente, la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 o la asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima, que volverá a celebrarse este año en la ciudad, los días 12 y 13 de julio.
Respecto a la reunión que el lunes celebrará en Santander la Comisión de Bienestar Social, Gómez ha explicado que se avanzará en distintos aspectos de este área sobre los que ya viene trabajando la FEMP, como son diferentes acciones para promocionar el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.
Asimismo, el edil ha añadido que se abordarán otros aspectos relacionados con los servicios sociales y la dependencia.
Un total de 17 mayores de Fondón aprenden técnicas de envejecimiento activo en talleres de la Diputación
Un total de 17 personas mayores de Fondón (Almería) han aprendido técnicas de envejecimiento activo gracias a una serie de talleres organizados por el Centro de Servicios Comunitarios ‘Alpujarra’ de la Diputación de Almería en colaboración con el Ayuntamiento de Fondón y la Junta de Andalucía.
Según ha informado la institución provincial en una nota, con estos talleres se ha buscado «potenciar la memoria, la atención y concentración, la percepción, el cálculo, el razonamiento, el lenguaje, la lógica y la toma de decisiones, así como la orientación temporal-espacial-personal» de dichas personas mayores, mejorando así su «calidad de vida, autoestima e independencia personal».
La diputada de Bienestar Social, Almudena Valentín, ha sido la encargada de clausurar estos talleres en un acto al que también ha asistido el alcalde de Fondón, Francisco Álvarez Aguilera, y el alcalde de la entidad local menor de Fuente Victoria, José Ramón Rubio Martín.
Estos talleres se enmarcan en una serie de actividades similares que el Centro de Servicios Sociales Comunitarios ‘Alpujarra’, dependiente de la Diputación, ha organizado en los siete municipios de la comarca almeriense.
Se trata, en palabras de la responsable provincial de Bienestar Social, de «una herramienta o arma de especial importancia para el mayor», que puede aportar beneficios «enormemente gratificantes para su salud física, psicológica y social».
Al hilo de ello, Valentín ha querido subrayar el «compromiso firme» que, según ha destacado, tiene la Diputación almeriense de «seguir trabajando en esta línea de políticas sociales, y muy especialmente en el colectivo de personas mayores en este año declarado Año Internacional del Envejecimiento Activo».
Cada vez más jubilados mantienen a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido este martes de la necesidad de «blindar» el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que «se cronifiquen» las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.
Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un «claro empeoramiento» de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.
Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.
Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar «daños irreparables».
El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.
Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe «blindarse».
Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en «niveles preocupantes», sería «imprescindible» que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.
UNA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL «PAVOROSA».
Para Peña, la situación en la que se encuentra España es «pavorosa» y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. «El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos», ha dicho.
La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo «en quiebra», hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.
El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).
La Generalitat de Catalunya aprueba dos medidas para la sostenibilidad del sector y la libertad de elección de los mayores
Cataluña aprueba las PEVS sin precio límite y a la posibilidad de ofrecer el servicio de habitación individual a los usuarios públicos, dos de los puntos propuestos previamente por la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales.
La Generalitat ha publicado la Orden BSF/127/2012, de 9 de mayo, por la cual se actualizan el coste de referencia, el módulo social y el copago, así como los criterios funcionales de las prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales para el ejercicio 2012″, con dos medidas muy esperadas por el sector en Catalunya. Se trata de dos propuestas presentadas por Acra al departamento de Bienestar Social y Familia desde el inicio de la legislatura, que no representan ningún coste añadido para la Administración y que tienen por objetivos favorecer la sostenibilidad de las emprendidas proveedoras del servicio y respetar al máximo la libertad de elección de las personas usuarias, que la asociación considera el eje central del sistema de atención a la dependencia.
La primera de las medidas elimina el precio límite generalizado en los casos de las plazas privadas ocupadas por usuarios con Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) en centros residenciales para gente mayor (colaboradores, concertados y privados acreditados). El texto aprueba esta medida relacionando el establecimiento del precio máximo con los ingresos de los usuarios, fijando el límite en el coste de referencia establecido por la misma Cartera de Servicios únicamente en los casos de aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores o iguales al doble del Indicador de renta de suficiencia (7.967,73€), es decir, que cuenten con unos ingresos anuales iguales o inferiores a 15.935,46€.
La segunda de las medidas, reclamadas por el sector desde hace un año y medio, es la que hace posible la prestación de un servicio adicional y voluntario consistente en el acceso de la persona usuaria a una habitación individual. Un hecho que Acra defiende en relación con el derecho a escoger de aquellas personas que, desde la entrada en vigor de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, demandan servicios más allá de aquellos que la administración compra.
Prevención: el antídoto contra la dependencia de los mayores
Prevenir y luchar contra la dependencia de los mayores. Ese es el objetivo que se ha propuesto el Partido Popular con la presentación ayer ante el Congreso de una una batería de medidas para evitar la dependencia en las personas de la tercera edad a través de una proposición no de ley, con motivo en 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.
«Se deberían potenciar desde el Estado actividades para impedir la dependencia y potenciar estilos de vida saludables que mejoren la calidad de vida de los ancianos y favorezcan el envejecimiento», propone esta iniciativa legislativa, que fue registrada por la diputada popular Susana Camarero, para su posterior debate en la comisión parlamentaria de Sanidad y Servicios Sociales.
Así, el PP plantea al Ejecutivo el impulso de actuaciones de atención al colectivo de mayores con autonomía, que incluyan medidas de carácter preventivo y que frenen o retrasen la aparición de factores generadores de asistencia, con información sobre educación sanitaria, indicaciones dirigidas a proporcionar los elementos necesarios para mantener, favorecer y mejorar su nivel de independencia dentro de su entorno.
Igualmente, sugiere la promoción de la salud preventiva entre el colectivo de los mayores, con el fin de procurar seguir hábitos de vida saludables, como la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y los cuidados del cuerpo.
Cruz Roja impulsa las Unidades Móviles de Emergencia Social para apoyar a los más vulnerables
Cruz Roja ha apostado por impulsar las Unidades Móviles de Emergencia Social para apoyar a los más vulnerables –que, «en un número creciente», viven en la calle– con «café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha, mucha escucha», según ha explicado la organización en un comunicado.
Las UMES están constituidas por un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, técnicos asistenciales, grupos de voluntarios capacitados especificametne para esta actividad y conductores.
Actualmente, Cruz Roja cuenta con este dispositivo en una veintena de provincias españolas, pero el reto es hacerlo extensible a todas las regiones con necesidades. Este tipo de intervenciones son algunas de las medidas que Cruz Roja quiere reforzar con el llamamiento de ayuda lanzado para atender a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad.
Catalunya aumenta el copago en dependencia a partir de verano
Conseller Cleries
La Generalitat incrementará a partir de este verano el copago a los beneficiarios de la Ley de dependencia, pasando del 9,5% actual al 12%.
En una entrevista a Europa Press en febrero, el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ya avanzó que la Generalitat estudiaba aumentar el copago en la Ley de dependencia pasando del 9% actual a un máximo del 13%, quedando exentos aquellos beneficiarios que no tengan recursos económicos ni patrimonio.
Cleries ha asegurado este jueves en el salón FiraGran de L’Hospitalet de Llobregat que en el plazo de un mes se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya una modificación en el copago de la Ley de dependencia.
«El copago en Catalunya no llega al 10% y queda por debajo de lo que prevé la Ley de dependencia», que es del 33%, ha manifestado Cleries, que ha explicado que si ahora está en torno al 9%, se podrá llegar al 12 ó 13%.
El conseller ha aclarado que se analizará la capacidad económica individual de cada beneficiario «sin tener en cuenta los recursos de la familia, de los hijos o de los nietos».
Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ya que «la gente que no tiene nada, no tendrá que pagar nada porque se lo pagará la Generalitat, y el resto pagará en función de su disponibilidad».
Cleries ha explicado que hay «personas que cobran otras rentas además de la pensión o que tienen mucho patrimonio» que deberán asumir un mayor copago de los servicios.
Cruz Roja de Tudela organiza paseos saludables e intergeneracionales
En el Año Internacional del Envejecimiento Activo y las Relaciones Intergeneracionales, Cruz Roja organiza en Tudela la iniciativa ‘Paseos saludables’, dirigida a personas mayores de 55 años, en coordinación con el Centro de Educación Secundaria ETI y enmarcados en el proyecto ‘Cerca de tí’.
Cruz Roja ha destacado, a través de una nota, que «la actividad física es de suma importancia para las personas mayores, ya que durante el envejecimiento el ser humano sufre cambios físicos, psíquicos y sociales, razones por las que la práctica de ejercicios al aire libre resulta fundamental para mantener y mejorar la salud y la sensación de bienestar, elevando así la calidad de vida».
El programa de cada paseo, adaptado a las posibilidades motoras y funcionales de las personas participantes, incluyen actividades básicas gimnásticas, juegos y actividades lúdicas, recreativas, de relajación y complementarias. En concreto, se combinan circuitos urbanos y salidas al campo.
Durante los paseos saludables, que se realizan lunes y miércoles, a lo largo de todo el año, el alumnado del ciclo de Formación Profesional de Técnicos Deportivos del CIP ETI realiza un programa de actividades físico-recreativas, con el fin de lograr la participación activa de las personas mayores.
La Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar pide la retirada de medidas de reducción del gasto en Sanidad
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, integrada por CCOO y UGT y más de cincuenta organizaciones sociales, ha entregado este miércoles un manifiesto en el Ministerio de Sanidad y en el de Educación para solicitar la retirada de las medidas aprobadas por el Gobierno que suponen una reducción del gasto en 10.000 millones de euros porque las consideran «regresivas» desde el punto de vista social.
«No es cierto que los recortes sean inevitables. Estas medidas que se aprueban son injustas y el derecho a la salud y a la educación dejarán de ser iguales para todos», ha subrayado la secretaria de política social de CCOO, Rosana Costa, en declaraciones a los medios antes de entregar el manifiesto en el Ministerio de Sanidad. Este sindicato forma parte junto con otras 55 asociaciones de esta plataforma.
Bienestar Social abona en abril 26,5 millones de euros en prestaciones por dependencia
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social ha abonado en el mes de abril un total de 26,5 millones de euros en concepto de prestaciones por dependencia, según ha afirmado este miércoles el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez.
Joaquín Martínez ha explicado el desglose de esa cantidad, cuyo pago ya se ha hecho efectivo, y en la que se incluyen, por un lado, las prestaciones económicas del mes de marzo por cuidadores no profesionales y las vinculadas al servicio. Por este concepto, la cantidad que se ha abonado asciende a 10.588.961 euros correspondientes a 26.735 personas dependientes de la Comunitat Valenciana.
Por otro lado, se ha hecho efectiva también la primera anualidad de la retroactividad de los expedientes resueltos en 2011, que asciende a 16.004.792 euros y que afecta a 8.599 personas.
Martínez ha explicado que hasta el año 2011, en la Comunitat Valenciana no se reconocía la retroactividad en las prestaciones por Cuidador No Profesional (CNP), por lo tanto «es positivo que a partir de la publicación del decreto 18/2011, se empiece a reconocer la retroactividad de las prestaciones por CNP», ha dicho.
La retroactividad se reconoce desde el día siguiente a la fecha de la solicitud, siempre que del Informe Social que se aporta, se desprenda que la persona dependiente está siendo atendida por alguien. Esta es una premisa que se cumple en prácticamente todos los casos en los que se solicita una prestación por CNP.
Por tanto, se reconoce la retroactividad a todas las solicitudes que se hayan resuelto una vez publicado el decreto. «Son cantidades muy importantes, por lo que nos acogemos al real decreto ley 8/2010, que permite la posibilidad de pagar la retroactividad hasta en cinco años, aunque en la Comunidad lo hacemos en cuatro años», ha explicado el secretario autonómico.
