La Generalitat de Catalunya aprueba dos medidas para la sostenibilidad del sector y la libertad de elección de los mayores
Cataluña aprueba las PEVS sin precio límite y a la posibilidad de ofrecer el servicio de habitación individual a los usuarios públicos, dos de los puntos propuestos previamente por la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales.
La Generalitat ha publicado la Orden BSF/127/2012, de 9 de mayo, por la cual se actualizan el coste de referencia, el módulo social y el copago, así como los criterios funcionales de las prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales para el ejercicio 2012″, con dos medidas muy esperadas por el sector en Catalunya. Se trata de dos propuestas presentadas por Acra al departamento de Bienestar Social y Familia desde el inicio de la legislatura, que no representan ningún coste añadido para la Administración y que tienen por objetivos favorecer la sostenibilidad de las emprendidas proveedoras del servicio y respetar al máximo la libertad de elección de las personas usuarias, que la asociación considera el eje central del sistema de atención a la dependencia.
La primera de las medidas elimina el precio límite generalizado en los casos de las plazas privadas ocupadas por usuarios con Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) en centros residenciales para gente mayor (colaboradores, concertados y privados acreditados). El texto aprueba esta medida relacionando el establecimiento del precio máximo con los ingresos de los usuarios, fijando el límite en el coste de referencia establecido por la misma Cartera de Servicios únicamente en los casos de aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores o iguales al doble del Indicador de renta de suficiencia (7.967,73€), es decir, que cuenten con unos ingresos anuales iguales o inferiores a 15.935,46€.
La segunda de las medidas, reclamadas por el sector desde hace un año y medio, es la que hace posible la prestación de un servicio adicional y voluntario consistente en el acceso de la persona usuaria a una habitación individual. Un hecho que Acra defiende en relación con el derecho a escoger de aquellas personas que, desde la entrada en vigor de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, demandan servicios más allá de aquellos que la administración compra.
