Dependencia
AERTE reúne al sector de la Dependencia en su XXVI asamblea anual
Aerte celebra este viernes, 11 de abril, la asamblea anual. Un encuentro que reunirá a más de 200 centros asociados de las tres provincias, así como a personalidades y entidades del sector de atención a personas dependientes.
La jornada se centrará especialmente en analizar la compleja situación actual por la que atraviesa el sector. La Asociación, que suma 26 años defendiendo los intereses de atención a la dependencia, propondrá acciones encaminadas a regenerar el sistema de dependencia.
Contará además con dos ponencias de reconocido prestigio a nivel nacional. La primera, relativa a la mejora en los cuidados de las personas en situación de dependencia con la aplicación de la Norma Libera-Ger, norma que sienta las bases en la Gestión y Control de Sujeciones, impartido por la doctora Ana Urrutia Beaskoa, Presidenta de la Fundación Cuidados Dignos. La segunda, abordada por uno de los mejores comunicadores del sector a nivel nacional, Josep de Martí, reflexionará sobre la evolución de éste en nuestro país durante los últimos años, a la par, presentará su libro «Cómo nos engañaron con la ley de dependencia».
Por último, como es habitual, se entregarán las insignias de plata de AERTE 2014 a tres personalidades, como reconocimiento a su labor en el ámbito de la dependencia. Los galardones se dividen en: Méritos políticos en el sector, Méritos periodísticos y de investigación e Implicación con el sector en su trabajo diario.
Entre los temas a abordar, la Asociación expondrá su balance de actividad dentro de su papel por el fomento de la calidad y la profesionalidad a través de sus distintas áreas de desarrollo relativas a formación, comunicación y asistencia al asociado, así como de sus comisiones – grupos de trabajo: salud mental y discapacidad; atención diurna y domiciliaria; gestiones integrales, calidad y deontología, y coordinación sociosanitaria. Con relación a la defensa de los intereses del sector, resumirá las medidas planteadas al Gobierno en el ámbito sociosanitario y asistencial por la eficiencia en la gestión de los recursos; la agilización de los pagos pendientes o el compromiso de la Administración por establecer un plan de pagos serio.
Más de 400 enfermos pueden quedarse sin ayuda a domicilio en Jaén
Por segunda vez en lo que va de mandato municipal las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia podrían convocar una huelga indefinida. Según explica el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, el próximo martes 15 de abril se reunirán en asamblea las 200 empleadas para decidir si convocan una huelga indefinida a partir del lunes 21 de abril. Las trabajadoras acumulan de nuevo el mes de febrero y marzo sin cobrar y la decisión del equipo de gobierno del PP de depositar el dinero que la Junta de Andalucía transfiere al Ayuntamiento por el servicio, tiene a la empresa Multiservicios Jabalcuz ahogada sin poder hacer frente a los pagos de las nóminas.
Mientras tanto, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció el pasado viernes que la Junta de Andalucía no va a negociar ningún convenio nuevo en materia de prestación del servicio de ayuda a domicilio vinculado a la Ley de Dependencia con el Ayuntamiento de Jaén porque considera que hay uno en vigor, de forma que en ese asunto va a «seguir con el contencioso» judicial iniciado al recurrir el decreto por el que el equipo de gobierno solicitaba la baja en dicho servicio, a la vez que mantendrá «su compromiso en materia de pagos, con una cadencia de dos meses».
La consejera explicó que la Junta nunca ha dicho que no tenga que asumir su obligación en el pago, por lo que, a su juicio, «inicialmente el conflicto tiene que estar resuelto». En este sentido apuntó que mantiene actualmente una cadencia de pago de dos meses, siendo ese «un compromiso no formalizado pero sí explicitado que ha adquirido.
Ayuntamiento
Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro, lamenta que la Junta no esté dispuesta a rubricar un nuevo convenio, tras la propuesta presentada hace más de un mes. De este modo, recordó que dirigentes de la Junta de Andalucía “ya llamaron hace meses para decir que no veían mal la propuesta de convenio” que se presentó. “Han dejado pasar el tiempo y no han dicho nada porque su intención es fastidiar al Ayuntamiento aunque ello suponga poner en peligro los puestos de trabajo de las trabajadoras del servicio de Dependencia”, añadió.
El programa municipal de Avilés de atención a mayores de 85 años opta a un premio
El programa municipal de atención a mayores de 85 años opta a uno de los galardones que la Fundación Pilares entregará con motivo de la primera edición de sus premios. Están dirigidos a reconocer la labor de las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía de los mayores y de las personas con discapacidad.
El proceso de votación es on line y se desarrolla durante el mes de abril. Un jurado de expertos decidirán el fallo final entre las buenas prácticas más votadas. El proyecto de Avilés se denomina ‘Intervención proactiva con personas mayores de 85 años que residen solas en el municipio de Avilés’, y se puede votar en el apartado de ‘servicios o programas de atención o intervención’.
Por el momento, esta categoría está encabezada por el proyecto ‘Atención integral al nuevo lesionado medular y/o sus familias’, de la Federación Nacional ASPAYM, seguido por ‘EnvejeHaciendo’, de la Asociación Ocupación con Sentido. Al cierre de esta edición, el programa de la villa ocupaba el octavo puesto en el ránking, y en este apartado hay programas tanto de iniciativas privadas como de diversos organismos públicos del País Vasco, la Junta de Castilla y León, Barcelona o el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales de Mallorca.
En Avilés residen 2.803 personas mayores de 85 años, y el 9%, que supone un total de 279, lo hace sin compañía y sin haber tenido contacto con los Servicios Sociales. La Fundación Pilares defiende la igualdad de todas las personas y la dignidad de la vida humana mediante la promoción de la autonomía personal, la participación social, el ejercicio de derechos, la calidad de la atención y el incremento de la calidad de vida de personas y grupos que se encuentren en riesgo o en situaciones de discriminación, carencia, fragilidad, discapacidad, dependencia, marginalidad o conflictos personales.
Los mayores de Oviedo piden más residencias
Que la primavera asturiana anda un poco loca lo sabe bien Constantino. En enero estrenó sus 87 años y aún no ha llegado ese día lluvioso que venza a su paseo matutino. Lleva tres años en la residencia San Teresa, en Oviedo, y, como cada mañana, se coloca su sombrero, coge el paraguas y sale a caminar hasta la hora de comer (el comedor abre a las dos menos cuarto). Nació en Cornellana, un 20 de enero, pero al casarse se marchó a vivir a Grado y luego ya a Oviedo. «Estoy muy contento porque en el centro hay muchas cosas que hacer, muchas actividades». Sin ir más lejos hoy volverá al baile, como todos los domingos. «El otro día me hice doce piezas seguidas». Vitalidad no le falta. Su paseo (repite por la tarde) lo compagina con ejercicios en la habitación y sesiones en la sala de gimnasio de la residencia.
Constantino (prefiere omitir su apellido) es uno de los 873 mayores con plaza en los centros del ERA en Oviedo. Los últimos datos que maneja la Consejería de Bienestar Social es que más del 75 por ciento son públicas. Hay cuatro residencias: Santa Teresa, El Cristo, La Tenderina y El Trisquel (en las instalaciones del antiguo Fundoma). Entre ellas se reparten las 669 plazas destinadas para personas mayores. El resto, 204, pertenecen a residencias concertadas.
El problema no está tanto en las plazas que hay, sino en las que faltan. En Oviedo hay casi 400 personas en lista de espera para encontrar hueco en una residencia del ERA. En concreto son 390, según los datos oficiales. Precisamente esa falta de espacio para cubrir toda la demanda obligó a la familia de Carmen Miranda, vecina de Oviedo, a ingresarla en una residencia en Siero después de permanecer semanas en el hospital. «Su caso era de extrema necesidad y nos dijeron que como no había plaza aquí podía ir a un centro en Siero. Y así fue, lleva desde finales de diciembre en el centro Residencial Balbona y está muy contenta», explica su sobrina nieta Sandra Miranda. Van cada jornada a visitarla. «El otro día cuando llegó mi padre estaba jugando al bingo, algo que no hacía nunca. Está muy contenta, incluso podemos decir que tiene más movilidad de la que tenía cuando estaba en casa». En la residencia tiene peluquería, sala de televisión, y la comida «está muy controlada». Si se pone mala avisan enseguida a la familia». El caso de Carmen Miranda ha tenido solución pero lo cierto es que hay muchos mayores a la espera de cama. Así lo recordaba hace unas semanas, durante la presentación del proyecto de rehabilitación de la residencia del Naranco -que tuvo que cerrar en agosto del año pasado y reubicar a los 150 mayores en centros del concejo- la concejal de Bienestar Social, Belén Acevedo. Por un lado mostraba su satisfacción por la obra pero, por otro, lamentaba el hecho de que «si no llega a ser por los problemas en el Naranco, la inversión podría haberse destinado a la residencia en el Materno-Infantil». Esa necesidad también la reconoció la consejera del área, Esther Díaz, durante la presentación del plan. Con la obra se ganarán otras 25 plazas más, hasta alcanzar las 175. Aún así, queda aún lejos de esas casi 400 habitaciones que reclaman los mayores del municipio para cubrir la demanda actual. Esa es la última cifra, y suele oscilar entre las 350 a 390 plazas, depende del mes.
La obra en la residencia del Naranco es la única en marcha en el municipio. El Principado anunció una inversión de 5 millones de euros. Van a reformar toda la estructura, cambiar la instalación eléctrica, el sistema de ventilación, sustituir la carpintería y el aislamiento para hacerla confortable. Ya en el interior, ampliarán los pasillos (para facilitar la accesibilidad a discapacitados), incluirán un baño en las habitaciones (o permitirán el acceso a uno compartido sin tener que salir al pasillo) y ampliarán en 25 el número de plazas. Lo harán con un añadido al primer piso utilizando la altura del auditorio. La idea es crear un forjado que lo dividirá en dos plantas. Y dar más amplitud a las habitaciones: 60 dobles (de más de 16 metros) y 39 individuales (de ocho). Ahora mismo hay 59 para dos personas y 32 individuales.
Población envejecida
Los últimos datos del padrón (se refieren a finales de febrero) marcan una tendencia nada favorable para la situación actual. Más de 3.000 personas superan los 90 años y hay 75 ancianos que rozan los cien. Todo parece apuntar a que la mayor demanda de plazas llegará en unos años.
La mayoría son mujeres. De momento, el mayor grueso de la población tiene entre 35 a 45 años. De menos de cinco años, apenas llegan a los diez mil. Los que llegan, al contrario de lo que ocurre con los mayores, son más varones.
Hay casi 400 mayores que esperan una plaza en una de las residencias que el ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos en Asturias) gestiona en Oviedo. La demanda supone casi el 45% de las plazas que ya existen en el concejo, distribuidas en centros públicos y concertados de la ciudad. Hasta el verano pasado, la residencia Naranco engrosaba tal lista con 150 camas más. Ahora mismo está cerrada a la espera de que comience, en noviembre, su reforma integral. Cuando abra sus puertas -finales de 2016- contará con 25 habitaciones más. No será suficiente para cubrir la demanda, que va a más si se tienen en cuenta los datos de la población: el 20% de los censados tiene ahora más de 65 años. Lo saben muy bien los familiares de Carmen Miranda, quien está ingresada en un centro de Siero al no disponer de una plaza en Oviedo.
La Comunidad de Madrid invertirá más de 1,5 millones para la atención residencial de personas mayores
La Comunidad destina este año 1.573.900 euros para el mantenimiento de 776 plazas en atención residencial (residencia más centro de día) para personas mayores en Madrid, Collado Villalba y Tielmes. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno para dar continuidad a la atención de personas mayores en situación de dependencia y personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer en cuatro centros.
El consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha destacado que la Comunidad cuenta con la mejor red de asistencia para personas en situación de dependencia con 50.000 plazas. En este sentido, Victoria ha señalado que “nuestros mayores disponen de una completa red, atención de calidad prestada por profesionales y, por supuesto, cuentan con el compromiso y trabajo del Gobierno regional para que tengan una mejor calidad de vida”.
El portavoz del Gobierno también ha recordado que la Comunidad es la región con la mayor esperanza de vida de España, con 83,7 años, dos años por encima de la media tanto en hombres como en mujeres. Los madrileños viven actualmente seis años más que hace dos décadas y están por delante de países como Japón, con una media de esperanza de vida de 82,9 años, o Suiza, con 82,2 años. “Y esto se debe, en gran parte –ha señalado Victoria-, a las políticas, servicios e iniciativas del Gobierno regional en este ámbito”.
En lo referente a la atención de la Dependencia, la Consejería de Asuntos Sociales cuenta este año con un presupuesto de 990 millones, casi 50 millones más que en 2013. De esta forma, la Comunidad garantiza el mantenimiento de una de las redes asistenciales más extensas y de mayor calidad de toda España, compuesta por 50.000 plazas en 500 centros.
El portavoz del Gobierno ha destacado que “la Comunidad también está a la cabeza en la atención a las personas en situación de dependencia”, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Dependencia, que facilita el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 28 de febrero de 2014. El 98% de las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de la dependencia ya tienen valorado el grado de dependencia, 5 puntos por encima de la media de España. Y el 90% de los beneficiarios con derecho a prestación está atendido con el recurso que han solicitado, 10 puntos más que en el conjunto nacional.
58 usuarios se dan de baja en el servicio de Teleasistencia por las nuevas cuotas
58 usuarios del servicio de Teleasistencia prestado por el Ayuntamiento de Ponferrada se han dado de baja desde que se aplicaran nuevas cuotas en dicho servicio. A su vez, 41 personas han decidido continuar con Cruz Roja, organismo que prestaba la Teleasistencia antes de la nueva licitación.
En total, el actual servicio cuenta con 551 usuarios, según explicó la concejala de Bienestar Social, Isabel Baílez, después de que en el pasado Pleno la oposición del Partido Popular expusiera las quejas de las personas adscritas a la Teleasistencia debido a la subida de las cuotas.
La edil ha señalado que ha coincidido en el tiempo el cambio de empresa, que se ha adjudicado a Quavitae Servicios Asistenciales, y el cambio de tarifa, con los consiguientes inconvenientes para los usuarios, pero que se trata de un servicio municipal que “se presta a través de una empresa”, pero que es competencia de la Junta de Castilla y León.
En cuanto a la subida de las cuotas, Isabel Baílez ha explicado que es una imposición del Gobierno regional y que las tarifas irán desde los cero euros para las personas con una renta más baja hasta los 10,76 euros para los usuarios con rentas más altas. “Es una normativa de la Junta que nos obliga, no podemos hacer trampas y guardarnos la ordenanza”, aseguraba la edil.
A su vez, ha explicado que las personas que han decidido continuar con Cruz Roja pagarán 14 euros porque se trata de un servicio privado y no municipal.
El TSJ se reúne el 10 de abril para unificar criterios sobre los casos de dependencia
Los 24 magistrados que conforman la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se reunirán el próximo día 10 de abril para unificar los criterios en materia de ley de dependencia y así acabar con las resoluciones contradictorias que evidenció Levante-EMV. La sección cuarta y quinta de esta sala han emitido y continúan haciéndolo sentencias en las que, en casos iguales, una da la razón a los dependientes en sus demandas contra la Generalitat y la otra avala a la Conselleria de Bienestar Social.
Este periódico ha venido contando que las secciones cuarta y quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ están fallando de manera diferente en casos similares que afectan a los dependientes. La sección cuarta está dando la razón a los demandantes, ya que reconoce a sus herederos el cobro de la prestación de sus familiares que no pudieron percibir porque fallecieron antes de que la Conselleria de Bienestar Social les reconociera el derecho. Este tribunal responsabiliza a la conselleria de los retrasos y la condena por responsabilidad patrimonial a indemnizar a los herederos, que pueden presentar las alegaciones en cualquier momento del proceso.
Por su parte, la sala quinta deniega la indemnización a los herederos de los dependientes, primero porque no alegaron responsabilidad patrimonial y, segundo, tras presentar este argumento por los perjuicios generados por la conselleria, por defectos de forma. Así, este tribunal considera que la responsabilidad patrimonial se debe exigir en el momento de presentar la demanda, mientras que la sección cuarta defiende que se puede plantear en cualquier momento del proceso, incluso en las conclusiones o la vista oral.
Tras evidenciarse estas contradicciones, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Mariano Ferrando, anunció que reuniría a los 24 magistrados para acordar un criterio común para que no haya contradicciones.
Los mayores mejor atendidos en Basauri
Dependientes y mayores de 85 años que vivan solos tendrán de ayuda treinta horas al mes.
Actualmente, el Servicio de Ayuda a Domicilio acompaña a 300 usuarios en sus actividades diarias.
Las personas mayores y otros basauritarras con limitación en su autonomía contarán con un mejor Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), la prestación municipal que permite a las personas permanecer más tiempo en su hogar ayudándoles a sobrellevar las actividades de la vida cotidiana. Y es que el Ayuntamiento ha decidido ampliar la asistencia que se ofrece desde los Servicios Sociales en determinados casos.
Uno de los cambios introducidos en el reglamento del SAD permite que en los casos en los que el servicio se compatibilice con la estancia en un centro de día o con la recepción de una ayuda para cuidados en el entorno familiar, el usuario pueda recibir también apoyo municipal para la preparación de comidas y acompañamiento desde el domicilio hasta el transporte a este centro.
Además, se introduce la posibilidad de incrementar la intensidad del servicio hasta 30 horas mensuales como máximo para personas usuarias dependientes moderadas y personas no dependientes que tengan más de 85 años y vivan solas. Actualmente, el límite máximo está establecido en 20 horas al mes.
Igualmente, los vecinos podrán aumentar temporalmente las horas de asistencia cuando se produzcan casos de empeoramiento de la situación del usuario (caídas, ictus etcétera) y se ampliará el límite actual de número máximo de horas de prestación del servicio cuando convivan dos o más personas dependientes en el mismo domicilio.
La mejora del reglamento también responde a situaciones especiales en las que los beneficiarios, por un motivo justificado como el ingreso en el hospital o la ausencia prolongada del titular en el domicilio habitual, quieran dejar de recibir temporalmente esta ayuda. Con el cambio del reglamento, se incrementa de tres a seis meses el período máximo de suspensión temporal del servicio.
«Son modificaciones que supondrán una notable mejora en la atención que se proporciona desde los Servicios Sociales a los cerca de 300 beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio», subraya Asier Iragorri, delegado de Política Social del Ayuntamiento. Estas mejoras se añaden a las introducidas en 2013, año en el que el Consistorio extendió la ayuda a domicilio a los fines de semana y jornadas festivas para los grandes dependientes o personas afectadas por una dependencia severa.
«La inversión en servicios sociales genera más empleo que la industria»
El presidente del colegio de Trabajadores Sociales critica los recortes y subraya la rentabilidad de las políticas sociales «La ayuda a domicilio es muchísimo más barata que una plaza de hospital».
Habla con pasión de su trabajo, de su lucha por la justicia social al lado del que más lo necesita. Y cuando se mencionan los ajustes de los distintos gobiernos asegura que «se enciende». Pero, a pesar de todo, Rafael Arredondo confía en que esta dura etapa servirá para salir fortalecidos y con una nueva visión de la sociedad.
-Me comentaba que una encuesta del Centro de Estudios Sociales de la Junta de Andalucía, el trabajador social está entre las profesiones más valoradas…
-Sí, nos sitúan en tercer lugar, tras médicos y profesores. Todos con algo más de un 7, mientras que a los jueces les dan un 5. Son los pilares del bienestar, el sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales. Sin embargo, las tres profesiones más valoradas han sido terriblemente recortadas.
-Tienen, además, un número de usuarios muy elevado.
-En Andalucía el año pasado los servicios sociales atendieron a un millón de usuarios, eso no lo atiende ni el sistema educativo en Andalucía. Es un dato importante a tener en cuenta y eso la gente no lo sabe.
-¿Cuál es el perfil del trabajador social?
-La gran mayoría son mujeres, jóvenes, un porcentaje muy alto trabaja para la administración pública o para una entidad social y han estudiado en Málaga. En cuanto a la ocupación, en 2009 no había paro en el colectivo, faltaban trabajadores.
-¿Eso se debió a la implantación de la Ley de la Dependencia?
-En Andalucía se tomó como la pieza clave al trabajador social para poner en marcha la Ley de Dependencia. En la presentación de solicitudes, en la valoración, los que hacen el plan de intervención, es el perfil clave y el 2007 en Andalucía se nos dio un respaldo bastante fuerte.
-¿Es rentable invertir en servicios sociales?
-La inversión en servicios sociales supone una generación de empleo como no existe en ningún otro sector, genera más empleo que la industria, por la contratación del personal y por el retorno. Si incorporamos los efectos positivos que tiene, al intervenir estamos posibilitando que, por ejemplo, no haya un proceso de exclusión del que luego es mucho más costoso salir, que encarecerían el sistema. La ayuda a domicilio es muchísimo más barato que una plaza de hospital, además hay que añadir el factor positivo y calidad de vida para el mayor.
-Pero la dependencia ha estado paralizada…
-Sí, la ley ha tenido el freno hasta este año. Al inicio de este 2014 se están empezando a hacer valoraciones, a moverse, cubrir la tasa de reposición, está habiendo movimiento, aunque las listas de espera son enormes.
-¿Cómo están las listas de espera en Málaga?
-Hay falta de información y sería importante conocer los datos. Pero somos conscientes por la propia administración que puede haber miles de personas esperando, más aún cuando ha estado todo parado durante dos años. Hay una gran cantidad de solicitudes que aún ni siquiera se han valorado y están en el limbo.
-¿Las políticas de ajuste han dinamitado la estructura de derechos sociales?
-Son estructuras que consumen dinero pero para el bienestar social. Han recortado de donde han visto que tenían más posibilidades de sacar dinero, pensando que iba a haber menos contestación social. Además detrás de todo esto hay mucha ideología social. Cuando recorto en derechos sociales es que tengo una mentalidad, pienso que el que es pobre es porque quiere, porque lo decide. Es una cuestión ideológica, ¿por qué se recorta de ahí y no de defensa?
-El eslogan de «hay que rescatar a las personas y no a los bancos» ha sido recurrente en los últimos años… ¿Estamos en un momento complicado para atender al individuo, a la sociedad?
-Éste es el tiempo del individuo, hay que cambiar el chip, es el tiempo de las personas. Ahora todo se ve desde punto de vista económico, hemos reformado la Constitución por un tema económico y no somos capaces de hacerlo por los derechos sociales y esto no puede ser.
-En octubre contamos que la brecha entre ricos y pobres es siete veces mayor desde el inicio de la crisis… ¿Sigue empeorando día tras día?
-Posiblemente haya empeorado, la situación de personas que sigue sin ingresos económicos va a más. En 2007 existían más de 400.000 personas sin ingresos económicos, en la última EPA ya hay 1.700.000 familias, estamos hablando de 5 ó 6 millones de personas. El tema es serio. Es verdad que se ha hecho el Decreto para la Inclusión, pero no hace falta un nuevo decreto, no hacen falta inventos, sino incrementar lo que ya está hecho. Ya existe la estructura, no generemos algo nuevo para dar ayudas, porque así todo se retrasa tanto que ha habido ayuntamientos que han tenido que devolver el dinero porque no han podido gastarlo.
-Por ejemplo, hay que hacer un nuevo decreto para continuar con el plan de Garantía Alimentaria en los colegios…
-Considero que si hemos detectado que hay niños que no comen, en vez de generar un programa específico cuando existen ya estructuras que están funcionando, lo que habría que hacer es dotarlos de más recursos, porque si no por el camino se pierde dinero, hay profesionales que tienen que intervenir, tiempo, plazos. Lo que debe es dotar de más recursos a lo que ya hay. No generes programas nuevos, decretos nuevos, sino refuerza lo que ya existe, para poder poner en marcha las ayudas desde el 1 de enero.
-¿Por qué se hace todo tan difícil?
-Pues habría que preguntárselo. Porque nosotros hemos hecho una valoración desde el consejo andaluz y nuestras propuestas van en esa línea. Sólo hay que mejorar las estructuras.
-¿Qué salida pueden encontrar los jóvenes cuando crece entre ellos el colectivo de parados de larga duración de forma alarmante?
-Está la parte que acaba sus estudios y no tiene salida pero lo más preocupante para mi son aquellos que lo abandonaron a medias. Dejaron de estudiar porque les era mucho más fácil conseguir los 1.000 ó 2.000 euros que tenía todos los meses. En el 2007 se pinchó todo aquello. Han pasado 7 años, se han quedado con la deuda del coche, de la casa y ahora no tienen nada. No hay elementos de motivación.
-Es entonces cuando vienen los desahucios…
-En mi tesina entrevisté a 110 familias desahuciadas de sus viviendas. El 60% tenía hijos menores de 9 años y todos habían trabajado en la construcción o en empresas auxiliares y hostelería. Llevaban todos más de 10 años trabajando con contratos temporales, un perfil de inquietud constante a los que, sin embargo, se les ha dado créditos de más de 200.000 euros.
-Hace unas semanas se creó una plataforma para denunciar recortes en la atención a menores. Desde la Junta se aseguró que los fondos se dirigían más al acogimiento familiar que a las residencias.
-Nosotros no estamos en contra del acogimiento, entendemos que en función del perfil del menor lo bueno será una cosa u otra, lo que técnico decida. Pero estamos preocupados porque efectivamente hay recortes y ellos lo reconocen. El año pasado le rebajaron un 10% el presupuesto al acogimiento y este año siguen con ese dinero sin reponer. Es contradictorio, más aún cuando dicen que ha aumentado el volumen muchísimo. Se está recortando en el sector de menores, por supuesto.
-¿La crisis ha dejado en la cuneta los derechos sociales?
-Totalmente. Y la gran lucha está en que sean los mínimos posibles y se puedan ir recuperando cuanto antes mejor. La crisis ha dejado tocados y en algunos casos hundidos a muchos derechos sociales.
-¿Cuáles?
-Drogodependencia es uno de los sectores donde más se están viendo los recortes. Hay sectores que, a lo mejor no son noticias, pero quitemos a los profesionales y cerremos los centros y a ver qué pasa. Yo viví la época en la que la gente moría por las esquinas, se consiguió posiblemente uno de los recursos más importantes de España y ahora se lo están cepillando. Supongo que porque ahora no es prioritario para la Consejería.
-¿Y cuáles son esas prioridades ahora?
-No hay una planificación, se va sobre la marcha, no existe un plan de Servicios Sociales ni a nivel andaluz ni municipal. No son elementos que estén en las agendas.
-¿Y qué está pasando con los mayores?
-Se ha estado pagando el concierto con la Junta de Andalucía, el 60% de la plaza, sin que se haya enviado a ningún mayor para ocupar ese puesto.
-¿Por qué?
-Porque estaba todo parado. Se ha preferido pagar el 60% a mandar un mayor. Aunque eso se ha cambiado hace dos semanas, ya se están enviando a ancianos.
-Usted es también experto en mediación… ¿Qué es lo más positivo de la mediación? ¿Qué es más económica?
-Es un proceso de resolución de conflictos de manera pacífica y dialogada y efectivamente se está dando tanta historia ahora a la mediación porque hay negocio. En Andalucía la ley de mediación familiar ha tardado cinco años en salir el decreto. No se ha puesto en marcha todavía, pero el propósito de la Junta es crear un servicio de mediación gratuita. Adopciones, conflictos intergeneracionales, separaciones, divorcios, una vía alternativa mucho más barata y mejor para las padres es la mediación.
-¿Dónde está la salida?
-Pues creo que ahora mismo la intervención social es la que puede dar salidas a la situación que estamos viviendo. Son problemas sociales los que nos acosan y los interventores sociales son los que están en mejor situación para dar salida a ellos. Lo que hace falta es que la misma profesión se lo crea y que demos cumplimiento a nuestro código deontológico.
-¿Hay una reflexión positiva más allá de esta crisis?
-Creo que esto nos está enseñando mucho, nos ha despertado de cierto aletargamiento y puede motivar que la gente se plantee que hay que hacer otras cosas y volver, incluso, a los orígenes, a un trabajo comunitario, con la gente, a trabajar desde la justicia y hacerles ver cuáles son sus derechos.
Expertos consideran necesario introducir al fisioterapeuta en los comités de evaluación de la situación de dependencia
La introducción de la figura del fisioterapeuta en los comités de evaluación de la situación de dependencia es necesaria, según han coincidido unos expertos en un encuentro informativo celebrado en Servimedia.
Han estado presente en esta reunión la presidenta de FEDER Madrid, Elena Escalante; el subdirector general de Gestión y Tramitación del Procedimiento de Dependencia Comunidad de Madrid, José Luis Prieto; el director general de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud, Julio Zarco; y el decano Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Carlos Valiente.
De este modo, Valiente ha señalado que desde su colectivo han considerado necesaria la inclusión de la figura del fisioterapeuta en estos equipos de evaluación, puesto que se trata de profesionales que trabajan a diario valorando y tratando las limitaciones físicas que se derivan de distintas patologías y que pueden generar situaciones de dependencia. Por ello, se ha lamentado de que este profesional sanitario sea «el menos aprovechado, ya que las competencias que se le otorgan se centran fundamente en el ámbito asistencial».
Prieto ha apuntado que desde la Consejería de Asuntos Sociales se es consciente de esta necesidad, debido a que la dependencia parte de un problema médico, pero ha dicho que se trata de un problema de financiación. «No sólo hay que desarrollar estrategias, si no ampliar el presupuesto y trabajar por una mejor coordinación», ha comentado.
Por su parte, Zarco ha abogado por mejorar la coordinación y ha asegurado que «el ciudadano es un ente que no se puede fragmentar, muchas veces percibe una discontinuidad o un salto en sus cuidados». También ha dicho que el paciente debe ser el centro del sistema de salud y «de ningún modo sufrir, como sufren muchas familias, un peregrinaje para ir abriendo las puedas de acceso a los servicios que necesitan».
«Está científicamente probado que el curso de evaluación de las enfermedades mejora a todos los niveles cuando reciben tratamiento de fisioterapia», ha añadido.
Escalante ha apuntado que la presencia de los fisioterapeutas es «fundamental» de manera transversal en todo el proceso médico al que se somete un paciente crónico, además de en los comités de evaluación de dependencia. «El fisioterapeuta debería estar en todas las plantas del hospital, desde neonatos, hasta los quirófanos, acompañando al paciente durante sus ingresos hospitalarios y orientando a los cuidadores», ha indicado.
En este sentido, ha añadido que el sistema de salud debe dar voz a los colegios profesionales para que puedan seguir poniendo en valor su profesión, y dando a conocer todo el abanico de posibilidades que ofrecen. Valiente y Escalante han finalizado su intervención pidiendo a la Consejería de Asuntos Sociales y a la de Sanidad una colaboración más estrecha para lograr una mayor coordinación y mejores resultados.
El Principado de Asturias reclama «las mismas reglas del juego» en el cálculo de la financiación de la dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha reclamado este domingo «las mismas reglas del juego para todas las administraciones en el cálculo de la financiación de la dependencia».
Así, el Gobierno asturiano presenta alegaciones al anteproyecto del Tribunal de Cuentas y solicita la homogeneización de los criterios para fijar los tiempos de espera y el reparto de la financiación entre las administraciones públicas, ya que considera que «el cambio de modelo aplicado por el ente fiscalizador provoca un aumento ficticio de la aportación estatal».
De hecho, la consejera ha subrayado que la contribución del Gobierno del Principado a la financiación de la dependencia en 2012 «fue muy superior a la del Ejecutivo central».
«El Tribunal de Cuentas se sale del ámbito de lo estipulado en la propia ley de la dependencia y considera oportuno incorporar como aportación estatal otros recursos adicionales para el sostenimiento del Estado de Bienestar y que no están dirigidos en exclusiva a la dependencia», señalan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.
Por tanto, desde el Principado consideran necesario que el Tribunal de Cuentas «unifique los criterios y fórmulas para evaluar la financiación de las administraciones públicas».
Asimismo, la titular de Bienestar Social coincide con el informe del Tribunal de Cuentas en que existen importantes diferencias en cuanto a modelos de gestión entre las comunidades autónomas. «Mientras en algunas autonomías la resolución de dependencia reconoce el derecho del dependiente y se inicia el disfrute de un servicio o prestación, como en el caso de Asturias, en otras, esa misma resolución solo reconoce un derecho, pero no implica el inicio inmediato del servicio, ya que el dependiente deberá esperar a que se lo asignen», dice.
«Esto genera que las listas de espera no sean homogéneas. Dependiendo de la comunidad autónoma, en unas se computa el tiempo para la concesión del derecho y en otras para la asignación o disfrute del servicio o prestación», añaden desde el Gobierno autonómico.
Por ello, el Principado ha solicitado al Tribunal de Cuentas que, una vez constatada esta diferenciación entre dos sistemas de gestión y su efecto distorsionador, «figuren diferenciadas unas y otras comunidades autónomas, así como el tiempo medio de espera de cada modelo de gestión».
Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.
Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.
La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?
El Ayuntamiento de Jaén se exculpa de una muerte en la residencia de mayores
El Ayuntamiento, a través de un decreto, se exculpa a sí mismo de la responsabilidad civil por la muerte de un anciano en un accidente ocurrido, el pasado mes de noviembre, en la residencia de mayores. Así, desestima la reclamación de daños y perjuicios de la familia y apunta hacia la empresa Clece, encargada de la atención. La concejal de Servicios Sociales, María Villegas, deja claro, ante todo, que es asunto delicado, por los seres queridos y por lo mal que lo ha pasado el personal. Por ello, la edil agradece el «magnífico comportamiento» de ambas partes y valora que los allegados del anciano entiendan que fue «un accidente desafortunado».
Villegas confirma que el equipo jurídico del Ayuntamiento, a través del secretario, Iván González, estipulan en un decreto que la responsabilidad administrativa debe de recaer en Clece, la empresa encargada de prestar la atención a los mayores. Además, se exime a Viesur, la firma concesionaria de los servicios de vigilancia y de conserjería.
Sin embargo, María Villegas asegura que aún no se ha cerrado el asunto y no descarta un acuerdo con la familia. «Estamos viendo quién es el responsable civil. Todavía no hay nada decidido. Ahora mismo se está estudiando la situación», indica. Al respecto, manifiesta que el procedimiento sigue abierto todavía y que hay «muchos condicionantes», ya que, por un lado, la residencia es de titularidad municipal y, por otro, la compañía atiende a los mayores. Para el expediente en cuestión, las autoridades han realizado indagaciones para determinar a quién compete asumir la indemnización pertinente. La familia del anciano fallecido, más allá de la reclamación administrativa, tiene la opción, en caso de que no se produzca acuerdo, de acudir a la vía contencioso-administrativa. Para presentar este recurso dispone de un plazo que se sitúa, de acuerdo con las fuentes, en unos dos meses.
Suceso. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2013. Según expone la propia María Villegas, la persona fallecida presentaba movilidad reducida, aunque manejaba con los pies la silla de ruedas. De acuerdo con la concejal, al hombre le gustaba estar en la zona de recepción. Una de las incógnitas es de qué manera consiguió salir a la parte descubierta del recinto. «No nos explicamos cómo llegó hasta la puerta», subraya Villegas, en referencia al hecho de que el residente tuvo que sortear una puerta de seguridad que solamente puede abrirse desde dentro. Una vez al aire libre se desencadenó la tragedia, ya que, como admite, la titular del área de Servicios Sociales, el anciano se precipitó por la pendiente. El vehículo adquirió velocidad y, finalmente, chocó contra el portón que separa las instalaciones, situadas cerca del centro de salud, de la calle adyacente. La colisión produjo a la víctima una «fuerte contusión». La muerte, ocasionada por el golpe, no aconteció de inmediato, sino horas después, una vez que el hombre, un alcalaíno, se encontraba en un hospital de Granada.
La dependencia se tramita solo en 67 días en Bizkaia
La Diputación Foral tarda una media de 67 días en valorar la asignación de un servicio de Ley de Dependencia, uno de los plazos más bajos del Estado y muy lejos de los 475 días que registra Asturias o los 438 de la Comunidad Valenciana.
La media en el Estado es de 219 días de espera para un servicio del que están beneficiándose en la actualidad 19.900 vizcainos con diferentes grados de dependencia, según indicó ayer la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza. La responsable del área tuvo la oportunidad de radiografiar este servicio ayer al contestar a una pregunta del grupo juntero del PSE sobre la tardanza en evaluar y asignar una ayuda a las personas que se quieren acoger a la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno Zapatero en 2006.
Antes de aclarar las dudas expuestas, Ardanza expuso cómo, en Bizkaia, esta Ley se está cumpliendo gracias al esfuerzo financiero foral, ya que de los 300 millones que invierte al año la Diputación, tan solo llegan del Gobierno Rajoy 30 millones vía Cupo. Además, recordó cómo la ley socialista había quedado desvirtuada por dos decretos del Gobierno de Rajoy de 2011 y 2012 que han supuesto modificaciones a la baja tanto en el calendario de incorporación de los beneficiarios como en las cuantías de la prestación y la financiación por parte del Estado.
Ardanza indicó sobre este último aspecto que «ni antes, ni después de la crisis el Estado ha aportado más de un 20% de la financiación cuando el compromiso era que fuera a medias». La diputada criticó en este sentido el hecho de que en el Estado las personas valoradas con Grado I-2 no perciban prestación alguna, mientras que, en Bizkaia, 2.017 personas se benefician de estas ayudas.
CIFRAS DESCUADRADAS
El juntero socialista, Juan Isidro Otermin, preguntaba por las 5.293 personas que, según las estadísticas que maneja el Imserso en Madrid, estaban pendientes de ser valoradas aquí.
Ardanza aclaró que son cifras de todo el País Vasco y que, según las herramientas de conteo con que cuenta la propia Diputación, había un descuadre importante. En julio pasado, la administración del Estado y la foral intercambiaron datos y concretaron que la lista de espera era de 537 personas, «una cifra que se mantiene en la actualidad», aseguró la diputada. También prosiguen estables otros parámetros como el número de beneficiarios en torno a los 19.900 referidos, así como a las solicitudes que «se mantienen en base a la progresión demográfica», apuntó la diputada. Así de 2012 a 2013, las asignaciones de ayuda oscilan entre los 257 y 307 para las personas con dependencia de grado III, entre 560 y 780 para el grado II y entre 94 y 101 para el grado I.
Con todo esto resumió que, «aunque no es para sacar pecho», sí especificó que «en Bizkaia la atención a las personas en dependencia no ha sido desfigurada, gracias al esfuerzo y compromiso económico de esta Diputación». Por ello quizás el Observatorio Estatal de Gerentes y Directores Sociales calificó con 8,3 puntos, sobre 10, la atención a la dependencia en Bizkaia.
“Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, de Josep de Martí
Hace unos años creímos que España era un país rico. Que teníamos el sistema bancario más saneado del mundo, que estábamos alcanzando a nuestros vecinos del norte en nivel de vida y renta per cápita, incluso que les llegaríamos a superar. Nos veíamos avanzando por un prometedor sendero rodeados por miles de grúas, montañas de pisos, flamantes aeropuertos, vías de AVE y aun más pisos y filas de adosados.
Y allí, en el horizonte, justo al alcance de nuestra mano, el oasis del pleno empleo. Fue entonces cuando España decidió que sus ciudadanos merecían un derecho más: el de recibir atenciones si algún día la edad o la enfermedad les hacía necesitar de ayuda para hacer aquello que casi todos hacemos por nosotros mismos. Pero no sería un “derechillo” más, ¡No señor! Éste sería subjetivo, universal y se convertiría en el cuarto pilar del estado de bienestar, al lado de la sanidad, la educación y las pensiones. O sea, sería, para todos: ricos y pobres, altos y bajos, catalanes y asturianos… Sería caro pero ¡Qué narices!, nos lo merecíamos y nos lo podíamos permitir.
Nuestros gobernantes, que sabían que de verdad no éramos tan ricos, que el oasis era un espejismo y que crear ese nuevo derecho saldría demasiado caro, decidieron que, a pesar de todo, sacarían adelante el proyecto y en el proceso, nos engañarían a todos.
EL AUTOR
Josep de Martí es uno de los opinadores más reconocidos y con una visión privilegiada del sector de la atención a mayores dependientes. Durante los últimos veintitrés años ha trabajado tanto en la administración, siendo inspector de servicios sociales, como profesor, impartiendo clases en diversos cursos de postgrado de dirección de residencias o gerontología social y también como promotor/director del portal de internet www.inforesidencias.com, que en 2000 fue primer buscador on-line de plazas libres en residencias para mayores y recientemente se ha convertido en la primera web que permite comparar residencias según su nivel de transparencia. Estas labores las combina con trabajos de consultoría, impartición de conferencias y lo que según sus palabras, más satisfacción le produce, la escritura de un blog en el que analiza de forma crítica lo que pasa en el sector de la dependencia.
Licenciado en Derecho, gerontólogo social y especialista en derecho público. A pesar de haber colaborador en varios libros colectivos y publicado en casi todas las revistas especializadas en atención a mayores, ésta es su primera obra en solitario. Una ocasión que ha aprovechado para ordenar y contextualizar diez años de reflexiones sobre la Ley de Dependencia con un curioso hilo argumental: todo fue un engaño.
LA EDITORIAL
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MARTES, 1 DE ABRIL, 19´30h.
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Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años
La Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.
El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».
En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».
Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.
La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.
Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.
Informe médico
Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.
Directores de Servicios Sociales denuncian que los dependientes fallecidos sin atender financian el déficit del Estado
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los fallecimientos» de personas con derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia «financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento» del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
La organización llega a esta conclusión tras analizar los datos del SAAD al cierre del mes de febrero publicados por el IMSERSO, que arrojan 6.748 beneficiarios menos, es decir, que cada día se dejó de atender a 241 personas, un beneficiario de la ley menos cada cinco minutos y un trabajador del sistema despedido cada hora.
«Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncia, y pone el acento en que «todas las comunidades autónomas presentan datos negativos» en febrero: 6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, 6.838 dictámenes menos, 9.303 solicitudes menos, 4.326 grandes dependientes menos y 2.872 dependientes severos menos que en enero.
«¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», plantean los directores y gerentes.
En cuanto a prestaciones y servicios, destacan que también los datos son «todos negativos», con una caída de 1.371 servicios de teleasistencia, 1.290 en Ayuda a domicilio, 140 plazas residenciales, 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio y 4.162 prestaciones de cuidadores familiares menos. Esto, concluyen, «supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores».
En paralelo, la lista de espera para recibir la prestación se ha reducido «de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos». A su juicio, «la reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho», por lo que concluyen que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema», explican los directores y gerentes.
La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%
La financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.
El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.
Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».
En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».
El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.
Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»