Dependencia
El director del IMSERSO pide «sensibilidad» a quienes dicen que se «desmantela» el Sistema de Dependencia
El director general del Instituto de mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), César Antón, pide «sensibilidad social» y «rigor» en los datos a quienes afirman que el Gobierno «está desmantelando» el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia porque, según advierte, «hay personas y familias detrás».
En declaraciones a los medios, tras el acto conmemorativo del 25 aniversario del Programa de Termalismo Social, Antón ha reconocido que, aunque las cifras «no son satisfactorias –sobretodo las que se refieren a la lista de espera–, sí «animan a seguir trabajando».
«No se puede hablar de desmantelamiento de la dependencia cuando hay más personas atendidas en diciembre de 2013 que las que había hace un año», ha subrayado.
Asimismo, ha celebrado el «esfuerzo conjunto» de profesionales y comunidades autónomas, cuya «obligación –ha recordado– es trabajar por los dependientes y sus familias». «¿Tendrían que ser mejor los resultados?», se ha preguntado, para contestar acto seguido que «sí», aunque ha insistido en que «hay más personas atendidas» que hace un año y que los datos son «oficiales, públicos y publicados».
Según Antón, el balance de los dos últimos años es «bueno», pese a los momentos «difíciles»: Más de 220.000 personas han recibido nuevas prestaciones por dependencia; menos personas esperan a ser atendidas (190.000, casi un 34% menos que hace dos años); nuevas altas de afiliaciones a la Seguridad Social para servicios profesionalizados.
Preguntado por si hay prevista una reunión del Consejo Territorial de la Dependencia –integrada por responsables del Ministerio de Sanidad y responsables autonómicos en la materia–, Antón ha señalado que «no hay temas urgentes e imperiosos» para convocar este encuentro.
Fundación ONCE, Personalia y Fundación Pilares fomentarán las buenas prácticas en la atención a las personas en situación de dependencia
El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, el consejero delegado de Personalia, Juan Antonio González García, y la presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez Rodríguez, firmaron un convenio para impulsar la inclusión y normalización social de las personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
Fundación ONCE, Personalia y Fundación Pilares firmaron este lunes un convenio de colaboración para la promoción, el desarrollo e implantación de un modelo de atención a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, de calidad, integral y centrado en las personas: el modelo AICP.
El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, el consejero delegado de Personalia, Juan Antonio González García, y la presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez Rodríguez, fueron los encargados de firmar este convenio que recoge la colaboración en el desarrollo de la Red de Buenas Prácticas ‘Modelo y Ambiente’ creada por Fundación Pilares para fomentar el modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP).
Además, las entidades firmantes colaborarán en la celebración de una Jornada en la que se realizará la presentación de la coalición española de la Asociación Europea WeDO -liderada por Fundación Pilares y de la que forman parte Fundación ONCE y Personalia-, cuyo objetivo es la promoción del Marco Europeo de Calidad para los servicios de cuidados de larga duración.
Durante su intervención, el consejero delegado de Personalia apuntó que los principios recogidos en el convenio “encajan perfectamente con los valores de calidad y calidez de Personalia, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia”.
Por su parte, Pilar Rodríguez explicó que el modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona “se basa en una serie de principios que parten de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, pero cada una es única, y que por muy grave que sea la discapacidad o la dependencia nunca debemos perder el derecho a controlar nuestra propia vida”.
Por último, José Luis Martínez Donoso indicó que “sólo desde la alianza de todos los que trabajamos por la mejora de la calidad de vida de los colectivos en situación de exclusión social, entre los que se encuentran las personas con discapacidad y en situación de dependencia, seremos capaces de cubrir todas las carencias que se están produciendo actualmente en el modelo de estado de bienestar”.
Premios a las Buenas prácticas relacionadas con la AICP
El convenio firmado también contempla la colaboración por parte de Fundación ONCE, Personalia y Fundación Pilares en la convocatoria, difusión y entrega de los primeros Premios Fundación Pilares a las Buenas Prácticas relacionadas con la AICP.
El objetivo de estos premios es reconocer la labor en buenas prácticas de Atención Integral y Centrada en la Persona de las personas físicas y entidades jurídicas que sean miembros de la Red de Buenas Prácticas ‘Modelo y Ambiente’ o se integren en la misma antes del próximo 17 de marzo.
Estos premios se encuadrarán en seis categorías correspondientes con seis ámbitos de aplicación del modelo, como son experiencias de intervención (en domicilios, centros de día, residencias, comunidad…); diseños y actuaciones ambientales y arquitectónicas; productos de apoyo y TIC; innovaciones organizativas y/o metodológicas; programas de investigación, evaluación, y formación/acompañamiento; y acciones de comunicación.
‘Radio me’, el Whatsapp de los mayores
Telefónica ha creado el dispositivo de mensajería de voz instantánea ‘Radio Me’, que permite a los ancianos comunicarse de forma inmediata sin necesidad de usar un ‘smartphone’ y posibilita que estén conectados en todo momento con familiares y amigos.
«El objetivo es combatir la brecha digital y solucionar los problemas reales» de este colectivo, al que le resulta complicado usar ciertos sistemas de mensajería instantánea tipo Whatsapp o Line, ha explicado este viernes en rueda de prensa el director del centro de I+D de Telefónica en Catalunya, Pablo Rodríguez.
‘Radio Me’ permite recibir y enviar mensajes instantáneos de voz mediante un aparato de uso intuitivo y senzillo –sólo tiene dos botones con luces–, que se conecta con otros dispositivos a través de una conexión móvil, por lo que los amigos y familiares pueden interaccionar mediante su ‘smartphone’ tras descargarse una ‘app’.
Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma local
La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, reconoció ayer que Castilla y León es una de las regiones que ha mostrado «más sensibilidad» con su modelo de servicios sociales, pero advirtió de que la reforma local «va a picar aquí más que en ningún otro sitio».El presidente del Consejo Autonómico, Juan José Compadre, matizó que a pesar de la «buena posición» que ocupa esta Comunidad a nivel nacional, presenta «un nivel muy básico».
Los máximos representantes de los trabajadores sociales de España y Castilla y León se referían así al Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales presentado hace dos años por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se destaca la «trayectoria ejemplar» seguida por la Comunidad. «Es verdad que según ese índice Castilla y León queda muy bien representada, pero su modelo es muy municipalista por la gran dispersión poblacional que tiene, y la reforma local afectará sobre todo a los pueblos pequeños, que se van a quedar aislados y sin servicios», prosiguió Lima en declaraciones recogidas por Ical.
En este sentido, advirtió de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE del pasado 30 de diciembre, «va a picar más aquí que en ningún otro sitio precisamente por su dispersión poblacional, porque deja a los pueblos pequeños sin ni siquiera acceso a los servicios sociales». Castilla y León, añadió, «es una de las comunidades que, en mi opinión, ha tenido una gente a nivel técnico y de funcionariado con más sensibilidad con los servicios sociales, otra cosa es lo que pase a partir de ahora», lamentó Lima, antes de participar en el Foro-Debate sobre Servicios Sociales: Cuarto Pilar de la Sociedad de Bienestar, organizado en Segovia por la Asociación Juan Bravo.
«La reforma local es una gran amenaza tal y como está planteada», prosiguió la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien consideró que el nuevo escenario normativo no apunta de manera explícita al desmantelamiento de los servicios sociales, «pero es uno de sus objetivos» como «un efecto secundario», porque acaba con la red de programas y servicios que todavía hoy mantienen los ayuntamientos, que dejarán de ser competentes para ello. «Ahora no va a pasar nada, se prevé poner en marcha el 1 de enero de 2016, después de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente vota en función de los servicios que tiene y cómo está atendido en su Ayuntamiento», expuso.
Lima puso de ejemplo que habrá centros de salud, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se atenderán exclusivamente las urgencias. «Los ayuntamientos perderán su capacidad de intervención integral» y, con ellos, sus programas de igualdad de oportunidades, violencia de género, protección de menores o familia. En resumen, «sobre el papel el objetivo es repartir las competencias, que no haya duplicidades, pero realmente lo que se pretende es un ahorro de casi 4.000 millones aplicando la reforma de servicios sociales», continuó Lima. «Las dos consecuencias más graves van a ser, por un lado, la reducción de centros y servicios, con el cierre de muchos de ellos y la reducción de algunas prestaciones; y por otro, la privatización de lo que quede», opinó.
Copago de un seguro
Bajo la reforma local, para Lima subyace un cambio de modelo que conduce hacia «una muerte lenta» de la Ley de Dependencia: «Todo lo que haya de servicios sociales dedicado a dependencia se lo llevan a un subsistema que se llama espacio sociosanitario, donde se incluye al mundo de los seguros y la privada. Aquí quien quiera algo tendrá que hacerse un seguro de dependencia, y va a tener que copagar», aseguró. «Lo único que va a dar el Gobierno es un cheque servicio a quien corresponda. Quien pueda tener su pensión y un seguro, más copago y un cheque servicio podrá pagarse una buena residencia, y el que no, quien sólo tenga su pensión y el cheque servicio, no sé qué ocurrirá con él. Ese es el cambio de modelo, el que quiera algo que se lo pague»
Un cambio de sistema que coincide con el fuerte incremento de la necesidad de este tipo de asistencia registrado en los tres últimos años. Según el ‘Informe de los Servicios Sociales en España’ (ISSE), presentado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Trabajo Social, la demanda creció a nivel nacional un 74% dos puntos más en Castilla y León, y más de la mitad «eran personas de clase media que nunca habían acudido a Servicios Sociales», indicó Lima. Y en ese mismo periodo, el número de trabajadores empleados en esta área en la región se redujo un 25%; un porcentaje que, por otro lado, es muy inferior al registrado en Murcia (52,5), Canarias (44,6), Castilla-La Mancha (44), Madrid (40,2) o la Comunidad Valenciana (38,8).
Además, advirtió de que esa pérdida de empleo se agudizará en los próximos años y no solo para los trabajadores sociales. En esta línea, puso de ejemplo que la ayuda a domicilio municipal emplea actualmente a unas 34.000 auxiliares en España y ese servicio, «según la reforma, desaparece totalmente», porque los ayuntamientos «tendrán prohibido» mantenerla por no ser su competencia.
El presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León también suscribió»una visión muy negra» del futuro de los servicios sociales a partir de 2016: «Se había creado una red de servicios básicos, pero esta ley va a dinamitar el sistema, lo poco que había». Compadre vaticinó que en dos años se impondrá «la dictadura de los interventores» de las administraciones locales, porque «cada ayuntamiento interpretará qué es lo que debe hacer». En su opinión, España retrocede 40 años en esta materia y acaba prácticamente con la Ley de Dependencia, con la que reconoció que Castilla y León «ha sido diligente».
El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, por su parte, lamentó la pérdida de ayudas regionales y estatales sufrida en los últimos años y los consecuentes problemas para mantener programas y servicios como «las aulas de envejecimiento activo, las ludotecas municipales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia».
El presidente de la ONCE: «La discapacidad no debe ser excusa para reformar el aborto»
- Miguel Carballeda asegura que su asociación no está nada de acuerdo en que se abuse del argumento de la discapacidad para reformar el aborto.
- Defiende que no se debe dar ningún trato desigual ni menos favorable en ningún ámbito normativo por razones de discapacidad.
- Ha criticado que se haya frenado la implantación del sistema de dependencia.
- Asegura que también están sufriendo la crisis y pide a la gente que sigan apoyando «el mejor ejercicio de solidaridad con el mundo de la discapacidad».
El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, sostiene que no se debe «abusar» del argumento de la discapacidad como excusa para reformar la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En una entrevista, Carballeda hace un repaso a la actualidad y aborda cuestiones como la reforma de la ley del aborto, la situación del sistema de la dependencia, la crisis del juego, así como la recién aprobada ley general de discapacidad, entre otras. «Hay posturas oficiales del mundo de la discapacidad y, desde luego, a nosotros no nos gusta nada que se abuse de ese argumento y de esa excusa», subraya Carballeda sobre el anteproyecto de la ley del aborto y admite que él, personalmente, prefiere la norma actual, aprobada en 2010.
En consonancia con la postura de los colectivos de la discapacidad, la ONCE defiende que no cabe dar un trato desigual ni menos favorable en ningún ámbito normativo, incluida la interrupción del embarazo, por razón de discapacidad. Además, mantiene que la legislación debe evitar cualquier referencia a la discapacidad en la regulación del aborto, ya que no es de por sí un hecho relevante a estos efectos.
Dependencia
Sobre las críticas al sistema de la dependencia por los recortes aprobados, el presidente de la ONCE opina que es difícil «desmantelar algo que prácticamente no existía».
Lamenta que el desarrollo de la ley de la dependencia se haya «frenado» y hace un llamamiento a los responsables de la política central, autonómica y municipal para que no abandonen y «no tiren todo por la borda con el argumento de la crisis». «No nos carguemos derechos que luego nos va a costar décadas volver a recuperar», plantea Carballeda.
Aunque valora que la ley de discapacidad haya refundido y facilitado la regulación vigente en esta materia, insiste en que cuando la situación económica lo permita habrá que «recuperar cuestiones que hemos perdido».
Recuerda que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad «sigue estando muy por encima» de la media de la población y lamenta que en la época de «vacas gordas, cuando se hablaba de pleno empleo, se hizo muy poquito» por este colectivo. En estos momentos de crisis, continúa Carballeda, la ONCE ha contribuido en 2013 a crear 7.100 puestos de trabajo para personas con discapacidad «algo único en el mundo».
Juego
No obstante, la ONCE tampoco ha salido indemne de la crisis, y ha detallado que las ventas de sus productos del juego bajaron un 4% en relación con 2012, que «ya fue mal».
«Nos ha llevado a ajustar muchísimo el gasto corriente, incluso a tener que tomar medidas dolorosas como cerrar más de cien agencias en España», afirma Carballeda, quien agrega que, afortunadamente, han seguido dando «una respuesta social» y han mantenido los puestos de trabajo.
Resalta que los servicios sociales que presta la ONCE, organización que cumplió el pasado año 75 años y recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, son como «un traje a medida a cada afiliado». Pero hace hincapié en que se ha llegado a un punto en que algunos de estos servicios esenciales podrían correr «cierto riesgo», por lo que pide a la sociedad española que siga ayudando a la ONCE, al ser «el mejor ejercicio de solidaridad con el mundo de la discapacidad que existe en todo el planeta».
Entre otras reivindicaciones, asegura que lucharán para que se consolide el sorteo extraordinario del 1 de enero, que se celebró este año por primera vez, porque la organización «lo necesita». Denuncia el «juego dañino» frente al responsable y, en concreto, aquel que «copia» al cupón de la ONCE, que confunde a los ciudadanos, quienes intentan cobrar el boleto premiado en la organización y se dan cuenta de que les han vendido algo falso.
«Hay situaciones tremendas en algunos territorios españoles, por poner un ejemplo, es lamentable el caso de Cartagena, donde llega a haber tres vendedores ilegales por cada uno de los nuestros, legales, con discapacidad y pagando sus impuestos desde el primer hasta el último euro», lamenta Carballeda.
Opina que las comunidades autónomas y ciudades que no han querido que entre el juego ilegal, no ha entrado, y en las que sí lo han permitido «sigue creciendo». «No se puede permitir esto por parte de ningún gobierno», sentencia.
Miles de dependientes exigen frente al Palau la retirada «inhumana e injusta» del «repago»
Miles de dependientes y familiares de toda la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes frente al Palau de la Generalitat contra «el ‘repago’ ilegal e inhumano impuesto» por la Conselleria de Bienestar Social en una protesta en la que han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.
Así, más de 5.000 personas se había concentrado ya a las 11.00 horas secundando esta convocatoria de más de una decena de entidades sociales y sindicatos bajo el lema ‘En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recorte’. A la protesta, a la que se fueron sumando autobuses de otros ochos centros de Alicante, se leyó un manifiesto para exigir la dereogación de este copago, que puede hacer abonar un máximo del 90 por ciento del coste de la plaza, lo que supone que algunos usuarios deberán pagar hasta 1.800 euros.
Los manifestantes, entre los que habían representantes de los partidos de la oposición, corearon gritos contra el copago y pidiendo la dimisión de Fabra y de Sánchez Zaplana, además de lemas como ‘Menos para el Valencia y más para la dependencia’, ‘Es una indecencia recortar en dependencia’ o ‘No se vende la discapacidad, se defiende’.
Entre las pancartas que llevaban se leía ‘Podéis quitarnos nuestros derechos. Podéis humillar a los débiles y discapacitados, pero la dignidad, la memoria y los votos son nuestros. En las urnas nos encontraremos», «Asunción, Asunción, que consellera más rata, Asunción, Asunción, no nos jodas la pensión’, ‘Tanto hablar de vida y se os ha olvidado de que sea digna’, ‘Calidad de vida o injusticia de por vida’, o ‘Más ayuda, menos recortes. tenemos derechos’.
Muchos de los concentrados llevan un cartel con la cantidad que el nuevo decreto de copago les obliga a pagar. Como Remedios Méndez, una madre de un niño con autismo de 37 años que se verá obligada a sacarlo de la residencia del centro ocupacional de Ontinyent (Valencia) al que asiste porque no puede hacer frente a los 4.287 de más que se le exige al año ya que su marido, con 60 años, no tiene trabajo.
«Somos lo último de la sociedad para ellos y no hay derecho. Quieren que tengamos hijos con deficientes. A la puerta de Gallardón –ministro de Justicia– le dejaba a mi hijo un mes», ha apuntado Méndez, quien ha criticado que «ven el problema de lejos» mientras que ellos «lo sufren cada día». «¿Qué pasará a mi hijo cuando yo me muera?», se ha lamentado.
Del mismo modo, Sergio Dares, un usuario de 35 años del Centro Ocupacional de Xàtiva, ha señalado que con la nueva orden pasará a pagar de 60 a 150 euros. «Es una vergüenza y no hay derecho», ha recriminado. Así, ha apuntado que se hace efectivo este pago tendrá que dejar el centro, donde pasa de 9 a 16:30 horas, y volver a casa. «Allí no hacemos nada», ha señalado.
ERRORES EN EL CÓMPUTO
Por su parte, Juan José García, padre una hija de 34 años con síndrome de down ha advertido de que para calcular el coste del copago al que deben hacer frente la Conselleria ha computado su renta como si fuera de su hija al ser su tutor legal, por lo que sumando a las ayudas que percibía le exigían pagar 320 euros de más.
«Tuve que ir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para poder demostrar que mi hija discapacitada no ha trabajado nunca y al final han admitido que ha sido un error, pero sé que se ha repetido con muchos más casos», ha advertido.
Antonio Raya, miembro de la Junta Directiva de COPAVA, ha señalado que sólo el pasado 8 de enero, siguiendo una convocatoria de la plataforma, se presentaron más de 700 recursos de alzada de forma individual y que piensan acudir también a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.
Así, ha señalado que es un «repago puesto que desde el 1 de enero están pagando dos veces por el mismo servicio», que además es «ilegal» e «inhumano» porque p»enaliza aún más a los casos más desprotegidos como huérfanos, por la pensión de orfandad más alta que perciben, o al tributar dos veces el patrimonio que familias han dejado a sus dependientes para asegurarles su futuro».
«Que tiemble el camino» capítulo 1: La aceptación del párkinson
La asociación valenciana de afectados por la enfermedad del párkinson produce una serie webdoc para dar visibilizar a los colectivos de pacientes
Hoy los peregrinos enfermos de párkinson dan un nuevo paso en su camino hacia Santiago. Desde este jueves, y a través del canal youtube de la Asociación Parkinson Valencia y en sus redes sociales, se puede ver el capítulo uno de la serie webdoc #Quetiembleelcamino, con la que los peregrinos quieren poner en valor la enfermedad de Parkinson, sus dificultades, sus síntomas, sus retos y sus emociones. Según la gerente de la Asociación Párkinson Valencia, Bárbara Gil, «con el proyecto #Quetiembleelcamino queremos mejorar la atención sociosanitaria que requieren los afectados de párkinson así como dar mayor visibilidad a las asociaciones de pacientes».
El capítulo uno presenta a dos de los personajes protagonistas del proyecto #Quetiembleelcamino: Nila Guijosa, de 60 años y diagnosticada de párkinson hace tan solo uno, y Pepe Badal, de 66 años, que lleva tratando su enfermedad Nila no acababa de asimilarlo y, al principio, sólo le dijo a los más cercanos que tiene párkinson. Ahora que va aceptando su enfermedad no le importa que lo sepa la gente, pero sí le preocupa que se entere su madre, de 89 años y que vive con ella. “Sí le digo que tengo párkinson creo que se va a hundir, y prefiero no decírselo, de momento”, asegura Nila.
A Pepe le costó mucho mentalizarse y ser consciente de su enfermedad; le diagnosticaron párkinson con poco más de cuarenta años y se le cayó el mundo encima. Pero continuó haciendo su vida, incluso conducía hasta hace poco tiempo; “yo he conducido siempre teniendo párkinson, y ahora los señores de Tráfico me dicen que no puedo por mi enfermedad”, dice Pepe.
Para ambos, ser peregrinos del Camino de Santiago está siendo una gran oportunidad para enfrentarse a su enfermedad y superarse. Como dice Pepe: “lo del Camino es como una montaña, pero la voy a salvar”.
El hilo conductor del capítulo es el segundo entrenamiento del grupo de peregrinos en la playa de La Malvarrosa, en el que completaron un recorrido de más de ocho kilómetros como preparación para el Camino de Santiago.
#Quetiembleelcamino es una producción de la Asociación Parkinson Valencia y Barret Films, y se concibe como una gran campaña de comunicación pública para movilizar a la ciudadanía a favor de las necesidades del colectivo de personas que padecen párkinson. Para ello se ha puesto en marcha el webdoc, que contará con un total de siete capítulos, de periodicidad mensual, hasta el mes de junio que tendrá lugar el proyecto del Camino de Santiago, donde más de 40 peregrinos de diferentes ciudades españolas recorrerán el Camino de Santiago desde Orense hasta la capital gallega, siguiendo la ruta de Levante, durante seis etapas y 108 kilómetros.
‘Spaincares’ marca para intentar atraer turismo sanitario a España
Las patronales españolas de las clínicas privadas, el sector de la dependencia, balnearios, hoteles y agencias de viajes han presentado este jueves la marca ‘Spaincares’, con la que pretenden potenciar el turismo sanitario en España e intentar atraer pacientes de otros países.
El proyecto se inició hace unos meses con la creación de un clúster empresarial que ahora da un paso más con la presentación de la marca en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid. El próximo objetivo será el lanzamiento, previsiblemente en marzo, de una página web a través de la cual ofrecer todo tipo de tratamientos y paquetes que además incluyan desplazamiento, alojamiento y otros servicios.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo director general de Ordenación Profesional, Francisco Javier Castrodeza, ha celebrado este «apasionante» proyecto empresarial en un sector económico «en crecimiento y que genera empleo».
«En la Unión Europea unos 9 millones de personas se desplazan cada año para realizarse tratamientos médicos pero España apenas se beneficia de ese mercado», según ha reconocido, a pesar de que «tiene como principales fortalezas una sanidad excelente y reconocida a nivel mundial, especialidades y técnicas de reconocido prestigio, y un precio competitivo con respecto a Europa».
En ‘Spaincares’ están implicadas la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
Su presidente, el también director International Patient Center de la Clínica Universidad de Navarra, Íñigo Valcaneras, reconoce el potencial de un mercado que en otros países está creciendo entre un 20 y 30 por ciento.
«El mercado muestra oportunidades muy claras, como el hecho de que más de 8 millones de alemanes reciban tratamientos termales fuera de su país, o que más de 110 millones de europeos tengan más de 60 años», según ha apuntado durante su presentación.
En España, sin embargo, su presencia es todavía modesta ya que el turismo de salud apenas supone al año unos 140 millones de euros, lo que representa el 2,4 por ciento del total de facturación de la sanidad privada.
«Pero tenemos un potencial mucho mayor», ha reconocido el presidente de ‘Spaincares’, que destaca que España ofrece «una relación calidad-precio difícil de igualar en casi todos los procedimientos y niveles de complejidad», además de una «clara ventaja en la cercanía y posicionamiento geográfico y un sector turismo líder que puede ayudar a capitalizar el producto final».
De hecho, confía en que con el desarrollo de este proyecto la facturación pueda aumentar un 60 por ciento en los dos próximos años, hasta llegar a los 500 millones de euros en 2015.
OFERTA AMPLIA DE TODO TIPO DE SERVICIOS
Para ello, en su página pretenden ofrecer una oferta «muy amplia», desde cirugías o procedimientos de elevada complejidad a procesos ambulatorios o consultas médicas con especialistas, así como otros servicios más orientados al cuidado de la salud, como circuitos de balnearios o el sector de la dependencia.
Todo ello de forma individualizada o a través de paquetes que incluyan todo tipo de servicios complementarios, como alojamiento, restauración, transporte convencional o medicalizado y actividades de ocio.
«La idea es ofrecer un producto adicional, que compense el modelo de sol y playa», apunta Valcaneras, que es claro en el planteamiento que ofrecerá ‘Spaincares’. «El motivo del desplazamiento es la salud, pero a través del turismo se puede ofrecer una oferta complementaria», asevera.
Todos los servicios ofertados deberán cumplir con unos criterios de calidad adaptados a cada tipo de procedimiento, y tanto las condiciones como las tarifas se detallarán «de forma transparente».
CIUDADANOS A TRES HORAS DE AVIÓN, PRINCIPAL OBJETIVO
En cuanto al paciente tipo, el presidente de ‘Spaincares’ reconoce que los principales países emisores de turistas sanitarios serán en principio procedentes de la Unión Europea, principalmente Francia, Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, ya que se sitúan en un radio de acción a tres horas de vuelo.
En este sentido será clave la directiva europea sobre sanidad transfronteriza, que España está a punto de incorporar a su legislación, según ha reconocido el representante del Ministerio.
«La directiva supone una oportunidad importante para el conjunto del sector sanitario español, porque los pacientes de la UE, de acuerdo con las exigencias de su país de origen, podrán elegir cualquiera de los centros españoles, recibir la atención, pagarla y solicitar el reembolso en su país de origen», ha explicado Castrodeza.
No obstante, Valcaneras no ha descartado que también sean un foco emisor de turistas sanitarios países europeos emergentes como Rusia o Ucrania, y los países árabes.
«En general son pacientes con un difícil acceso a la atención sanitaria en su país, bien por calidad, lista de espera o precio», ha aseverado.
Directores de residencias denuncian que en un mes se han cerrado 1.192 camas
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que en el último mes se cerraron 1.192 camas de residencias para personas en situación de dependencia.
Según ha explicado esta organización, el Sistema de Atención a la Dependencia cerró una cama residencial cada cuarenta minutos durante el mes de diciembre y 3.138 personas en situación de dependencia perdieron el derecho a ser atendidas.
Esta asociación, principal integrante del Observatorio Estatal para la Dependencia, calcula que el número de plazas en servicios residenciales para personas mayores en España es de 382.523 (de las que 130.424 son para personas en situación de dependencia), lo que supone 4,66 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
«El desmantelamiento de la Ley de Dependencia y la amenaza de la reforma local que amenaza el futuro de 567 residencias con más de 30.000 plazas dependientes de los ayuntamientos y entidades locales hacen presagiar un futuro de sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables», señala en un comunicado.
Destaca que cuando el Gobierno del PP empezó a gobernar había 1.048.424 personas dependientes con derecho a atención, mientras que en diciembre de 2013 este número se ha reducido hasta las 944.345.
«En sólo dos años, 100.183 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones de la Ley de la Dependencia, 135 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy», concluye esta asociación.
Cermi andalucía aplaude la medida de la junta de distribuir casi 10,3 millones para la atención a la dependencia
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha aplaudido la medida aprobada por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de una dotación extra de 10,29 millones para atender a las personas en situación de dependencia.
Esta dotación de casi 10,30 millones de euros se distribuirá entre las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar durante este año el mantenimiento de los contratos de trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.
De este modo, se garantiza la financiación para contratar a 268 trabajadores sociales, pese a la merma de 314 millones del Gobierno central para dependencia en los últimos tres años.
Por provincias, Almería recibirá 851.213 euros; Cádiz, 1,4 millones, y Córdoba, 1.147.233. Por su parte, Granada recibirá 1.161.290 euros; Huelva, 615.412; Jaén, 990.397; Málaga, 1,7 millones, y Sevilla, 2,35 millones de euros.
Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal
Según informó la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la Junta mantiene así este compromiso con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, a pesar de los cambios normativos y los recortes introducidos por el Ejecutivo nacional.
Las 167.700 personas beneficiarias de esta Ley en Andalucía representan el 22% del total nacional, estando cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional, que es del 18%. Según informó Sánchez Rubio, una de cada cuatro prestaciones de dependencia se da en Andalucía -hay 228.557 prestaciones concedidas-, así como que el 35% de la ayuda a domicilio del total de España se presta en Andalucía, y el 47% de la teleasistencia.
Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%
El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% –han pasado de 122.011 a 115.656 en un año.
La directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials(Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes –más de la mitad superan los 80 años– y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que «el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas», ha recordado Fortuny. Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya «ya están resueltos el 96,4% de los casos», y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
«Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años», ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.
Derecho reconocido
Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas –comer, ir al baño o vestirse– y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios «están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat», como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.
Cuidador familiar
En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
«Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales», ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.
Amade alerta de que el plus de transporte incluido en la base de cotización generará desempleo
La Asociación Madrileña de Asistencia a la Dependencia (Amade) alertó este jueves de que la cotización de las empresas a la Seguridad Social por el llamado plus de transporte generará desempleo en el sector de la dependencia, para el que la aplicación de la medida supondrá, solo en la comunidad madrileña, un gasto de más de siete millones de euros al año.
La aplicación del decreto que regula la cotización a la Seguridad Social por conceptos por los que hasta ahora no cotizaban las empresas conllevará para Amade un gasto de más de siete millones de euros al año, «teniendo en cuenta los ajustes que ya se han venido haciendo en los precios de plazas concertadas con la Administración y considerando que el 70% del gasto del sector es en personal», afirmó la entidad en un comunicado.
Según dijo, esta decisión del Gobierno «generará desempleo y podría suponer el cierre de muchas empresas ya agotadas financieramente tras largos años de crisis». Por todo esto, las patronales madrileñas han solicitado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) «se oponga rotundamente a esta medida», dadas las «graves consecuencias» que podría suponer su puesta en práctica.
La Comunidad de Madrid destina 70 millones a la atención de dependientes en la capital
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, han suscrito un convenio, por valor de 71 millones de euros, para la atención a las personas en situación de dependencia así como para la prevención y atención de familias y menores en riesgo o dificultad social en la ciudad de Madrid.
El Gobierno regional destina 70 millones de euros del importe total del convenio, con un incremento de 7 millones (casi un 10% más) con respecto al año anterior, y el Consistorio madrileño destina el millón restante. De esta manera, la Administración autonómica financia íntegramente los servicios del catálogo de dependencia relativos a Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros de Día y Residencias.
La Administración municipal aportará la plantilla de personal de la atención social primaria -con más de 600 trabajadores sociales más el correspondiente personal administrativo-, la red municipal de Centros de Día y Residencias municipales, el equipamiento de la atención social primaria del municipio integrada por 36 Centros, y los programas que contribuyen a la promoción de la autonomía personal e integración de personas en situación de dependencia.
El responsable del Gobierno regional ha destacado que tanto este convenio como los demás acuerdos con las entidades locales de la región son un claro reflejo del compromiso de la Comunidad con las políticas sociales. En este caso, “renovamos la estrecha colaboración y el trabajo conjunto” con el Ayuntamiento de Madrid que facilitará la atención de las personas en situación de dependencia en la capital, a través de los Centros de Día y Residencias así como la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.
Eliminación de duplicidades
El presidente regional ha incidido en que este convenio servirá para profundizar en la eliminación de duplicidades entre ambas administraciones y en un uso más eficaz de los servicios públicos, política en la que el Gobierno regional viene trabajando desde el inicio de la crisis con las corporaciones locales.
González ha remarcado, además, en el “esfuerzo sin precedentes” hecho por el Gobierno regional para impulsar los servicios públicos y la atención a los que más lo necesitan. Según ha explicado, “hoy la Comunidad destina el 90% de sus recursos al gasto social, “algo que no hace nadie en España. Porcentaje que hemos aumentado 17 puntos en los últimos años, ya que al inicio de la crisis dedicábamos a este capítulo el 73% de nuestro presupuesto”. Este año, el Ejecutivo autonómico dedica 1.303 millones de euros, 54 millones más que el año pasado, a Asuntos Sociales.
El convenio firmado por González y Botella incluye actuaciones de carácter preventivo y de atención para las familias en riesgo o dificultad social, especialmente para aquellas con menores a su cargo. Además, se contemplan las iniciativas de prevención, atención y reinserción para la protección social de menores en situación de vulnerabilidad como el Servicio de Educación Social y la colaboración a través de los Centros de Atención a la Infancia. En lo referente a la financiación de los programas para menores y familias se destinará 2 millones aportados por la Comunidad y el Ayuntamiento a partes iguales.
La Junta defiende la «legalidad y la transparencia» en la adjudicación del servicio de teleasistencia
La Consejería de Salud y Política Social ha resaltado hoy la «legalidad» y «transparencia» que ha regido la contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria y ha subrayado que se seguirá prestando con las mismas características técnicas y gratuitamente, pese a que el PSOE afirme lo contrario.
En un comunicado de prensa, la consejería, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), ha recordado que este servicio siempre ha funcionado de forma externalizada y sin aportación alguna por parte del usuario.
Con la formalización del nuevo contrato, el Sepad garantiza el servicio de teleasistencia tanto a los usuarios reconocidos a través de la Ley de la Dependencia, como a aquellos usuarios que teniendo alguna prestación de esta ley, recibían este servicio a través del convenio diputaciones-Imserso.
De este modo, se añade en la nota, el Sepad atenderá a todos las personas mayores vinculadas a la Ley de la Dependencia, tal y como es su competencia. En consecuencia, el número de usuarios atendidos alcanzará los 2.400, aumentando la cobertura actual.
Asimismo, ha defendido que en este concurso se han mantenido las mismas características y condiciones del servicio que hasta ahora se prestaba vía convenio con las diputaciones, con lo que el criterio de adjudicación ha sido exclusivamente el precio.
Igualmente, ha aclarado que el Sepad nunca ha adjudicado la teleasistencia a Cruz Roja, sino que aportaba la financiación y eran las diputaciones las que seleccionaban a las empresas o entidades encargadas del servicio, que en Extremadura han prestado tanto Cruz Roja como Eulen.
En este punto, precisa que de las diez ofertas que se presentaron al concurso convocado por el Sepad, la mesa de adjudicación, compuesta íntegramente por técnicos, consideró que la oferta presentada por Cruz Roja fue la segunda peor.
Además, defiende que no existe ningún tipo de incompatibilidad legal en esta adjudicación por el hecho de que Albino Navarro, exdirector gerente del SES, ocupe el puesto de director de los Servicios Sanitarios de Eulen, de modo que en ningún caso está relacionado con servicios de carácter social como la teleasistencia.
A este respecto, ha recordado también que la empresa Eulen ya prestaba servicios de teleasistencia en Extremadura, incluso antes de que Albino Navarro fuese nombrado gerente del SES.
Desde la Consejería aclaran que la teleasistencia domiciliaria se ha venido prestando tradicionalmente en Extremadura a través de dos vías: los convenios entre el Sepad y las diputaciones provinciales y los rubricados entre estas instituciones y el Imserso.
En 2012, ha añadido, el Imserso interrumpió la financiación de la teleasistencia dentro de las medidas de ajuste del Gobierno central y para paliar esta medida, el Sepad financió con las diputaciones provinciales en 2013, de forma «extraordinaria y única», pues no es su competencia, la parte del coste que aportaba el Imserso.
AERTE solicitará una reunión de urgencia con Manuel Escolano para solventar la crítica situación del sector de la dependencia
Medidas de urgencia: plan de pagos serio, liquidar la deuda acumulada y resolver los más de 13.000 expedientes paralizados de personas con dependencia.
Copago: Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias.
Ante el nombramiento del secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, Aerte desea comunicar:
La Junta Directiva de Aerte quiere agradecer el interés y esfuerzo demostrado por Manuela García como secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, en un contexto extremadamente complejo, tanto en lo económico como en lo social. Quiere subrayar especialmente su disponibilidad y atención en todo momento para intentar encontrar soluciones a los múltiples frentes que afectan al sector de la dependencia, lamentando a su vez el escaso éxito conseguido y carecer del tiempo necesario para poder avanzar y llevar a cabo las reformas que necesita el sector.
La Junta Directiva de Aerte felicita a Manuel Escolano por su nombramiento como secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, poniéndose a su disposición para agilizar los trabajos y temas propuestos al departamento, dirigidos a dar una solución rápida a los diferentes problemas que afectan desde hace tiempo al sector y a colaborar de forma conjunta para impulsar soluciones sostenibles y de futuro que permitan mejorar de forma sustancial la asistencia a personas dependientes de una forma eficiente, alcanzando logros con una utilización óptima del presupuesto.
Para ello, solicitará esta semana una reunión de cara a retomar aquellos puntos más críticos para la supervivencia de la dependencia, como son:
– Elaborar un plan de pagos estable, equilibrado y equitativo con las empresas y centros de atención a personas dependientes para evitar más cierres a corto plazo. Cada mes de impago supone 15 millones de deuda.
– Agilizar el segundo tramo del FLA, de cara a solventar la deuda acumulada, situación insólita en otras comunidades autónomas.
– Agilizar de forma prioritaria los más de 13.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde.
Copago.
Con referencia al Copago. Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias. Una situación, que hace que a la mayoría de ellos les supere con creces lo que tienen que pagar con respecto a sus ingresos mensuales, problema que ya ha sido denunciado por Aerte en varias ocasiones.
La Asociación tiene la esperanza de que el nuevo secretario autonómico entre con la energía y la capacidad de decisión necesarias para asumir cambios imprescindibles, y aplicar medidas que, sin embargo en otras CCAA ya se han aplicado, ante la insostenibilidad del formato actual que provoca desde hace años una situación caótica.
La lista de espera para la dependencia se reduce un 37,7%
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido este martes un balance bianual del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que arroja un descenso del 37,7 por ciento desde enero de 2012 en la cifra de personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio.
Según explica en un comunicado, más de 305.000 personas estaban a la espera de prestación dentro del modelo de dependencia a 1 de enero de 2012 frente a las 190.503 que se encontraban esperando en las mismas fechas de 2014, el número más bajo desde que empezara a funcionar el sistema. El 22% de estas personas son grandes dependientes.
El director general del IMSERSO, César Antón, afirma que «más de 190.000 personas en la lista de espera siguen siendo muchas, por lo que entre todas las administraciones hay que seguir trabajando para que la atención que reciban sea lo más ágil y eficiente posibles».
En paralelo, se ha producido un balance positivo en el número de nuevos usuarios. En concreto, al cierre de 2013 se contaban 15.255 beneficiarios más que cuando terminó 2011, compensadas las altas y las bajas.
Otro de los datos que ofrece el departamento que dirige Ana Mato tiene que ver con el empleo. El balance indica que el 56,7% de las prestaciones que se conceden actualmente ya van destinadas a financiar la asistencia en el sector de los servicios sociales, un 2% más que a 31 de diciembre de 2011, lo que ha repercutido en la creación de puestos de trabajo.
«Había 335.929 afiliaciones el 1 de enero de 2013. Doce meses después, se corrobora un aumento hasta las 342.147, es decir, 6.218 más en un año», explica Sanidad, para aclarar, no obstante, que en enero de 2012 el registro era negativo, por cuanto se sumaron más bajas de empleados, 1.771 trabajadores menos dentro del sector.
Antón considera que «el Sistema avanza ya hacia su sostenibilidad» y que «se ha iniciado un cambio de tendencia que hará de la Dependencia un sistema robusto, viable y ágil».
En este sentido, destaca las reformas aplicadas sobre el SAAD, como la que obliga desde el 1 de enero de este mes a las comunidades autónomas a certificar mensualmente y por escrito las variaciones registradas en el sistema y, anualmente, el uso que han dado a los fondos que reciben del Estado para dependencia.
Ensayan una nueva teleasistencia GPS para localizar a ancianos con Alzheimer
Más de 200 personas mayores de 75 años con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer, han comenzado a probar en Barcelona un nuevo dispositivo GPS de teleasistencia que ayuda a localizar a los ancianos en la calle en caso de pérdida o desorientación.
Este dispositivo lo ha presentado este jueves el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, que ha hecho balance del servicio municipal de teleasistencia, que ha finalizado el 2013 con 67.414 usuarios, el 88% de ellos mayores de 75 años. El alcalde ha valorado como un «éxito» la instalación durante el 2013 de un total de 2.427 dispositivos.
Las principales novedades de cara al 2014 son el dispositivo GPS, que pretende ayudar a personas mayores con enfermedades neurodegenerativas en caso de pérdida o desorientación en la calle, y la tableta táctil Easy Tablet, que quiere poner en contacto a los familiares cuidadores de ancianos para que éstos puedan compartir información útil con otras personas en su misma situación.
De momento han distribuido en fase piloto 15 tabletas a cuidadores de personas dependientes, para evitar su aislamiento social. En cuanto a los GPS individuales, ya hay operativos 218, de los cuales 207 han sido subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona porque los ingresos mensuales de los beneficiarios son inferiores a 850 euros.
Además, se han comenzado a incorporar nuevos servicios de teleasistencia: cuatro dispositivos periféricos que permiten detectar posibles fugas de gas butano y natural, de humo y fuego; controlar la apertura de puertas, y controlar la movilidad de un usuario, respectivamente.
Inversión en solitario
La inversión realizada por el Ayuntamiento en materia de teleasistencia ha sido de 20 millones de euros, el 100%, pues desde el año pasado el consistorio ha dejado de contar con el 37% que hasta entonces aportaba el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). «Nuestra principal obsesión es la atención a las personas», ha explicado Xavier Trias, que ha destacado la importancia de impulsar un modelo de ciudad que «lidere en nuevas tecnologías siempre en pro de las personas».
Por su parte, la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, ha señalado que «el gran éxito» del servicio de teleasistencia municipal es que permite que muchas personas mayores puedan vivir solas en casa. «Se trata de un servicio que beneficia no solo a la persona anciana, sino también a toda la familia», ha subrayado Maite Fandos, que ha añadido: «actualmente, Servicios Sociales no tiene lista de espera para ofrecer este tipo de servicio». La teniente de alcalde ha informado de que el 76% de los ancianos que tienen instalado en sus casas el equipo de teleasistencia son mujeres y que el 62% viven solos.
Dos llamadas al mes
Cada mes, el servicio de teleasistencia realiza 180.000 llamadas a sus usuarios, «como mínimo dos llamadas al mes a cada persona y otra para su aniversario, teniendo en cuenta que muchas de estas personas será la única llamada que recibirán en el día de su cumpleaños», ha señalado Maite Fandos. También se les llama en Navidad para desearles felices fiestas.
Por su parte, el centro de teleasistencia recibe 52.000 llamadas al mes, lo que significa una media de 1.800 llamadas al día, y realiza unas 1.876 visitas a domicilio al mes, «lo que supondría una media de 62 visitas presenciales al día», ha explicado Fandos.
Además, 159 emergencias son atendidas cada día y uno de los principales avances que se han logrado a lo largo del 2013 es «la reducción del tiempo de asistencia», ha recalcado Maite Fandos, ya que actualmente el servicio cuenta con cinco equipos móviles de emergencia -solo uno a principios del 2013-. «Ahora, nuestro principal objetivo es llegar al sitio de la urgencia, como máximo, en treinta minutos», ha subrayado la teniente de alcalde, que ha añadido que «la capacidad de reacción es muy importante en este tipo de situaciones». Otro de los objetivos alcanzados en el 2013 ha sido la disminución del tiempo en la instalación del servicio: «Antes tardábamos unos 3 meses en completar todo el proceso, ahora en 15 días ya lo podemos tener todo listo», ha concluido Maite Fandos.
El servicio de teleasistencia municipal es totalmente gratuito, está gestionado por Servicios Sociales y pueden beneficiarse de él todas aquellas personas mayores de 75 años -o, en algunos casos, menores con un certificado médico que lo avale- que lo soliciten y cuando un médico certifique que realmente lo necesitan.
Sin lista de espera
El servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Barcelona ya no cuenta con listas de espera y atiende a casi 68.000 usuarios frente a los 50.000 de hace dos años, han subrayado el alcalde, Xavier Trias, y la cuarta teniente de alcalde, Maite Fandos, durante su visita a las dependencias de Tunstall Televida, la empresa que gestiona este servicio.
Según el alcalde, el hecho de que Barcelona sea «la capital de los móviles» también se refleja en la universalización de prestaciones como la asistencia, una política pública que se impulsa pese a que se hayan reducido a cero el apoyo económico del Estado a este proyecto.
Asistencia de 360 grados
La franquicia de centros de día Vitalia Barcelona y la empresa de atención sanitaria domiciliaria Saps han lanzado una servicio conjunto para ofrecer asistencia de 360 grados a personas de la tercera edad, las 24 horas, 365 días al año. La fórmula bautizada como In & Out 3600 combina la estancia de los mayores en el centro de día Vitalia del barrio barcelonés de Sarrià, donde reciben atención personalizada a través de diferentes actividades terapéuticas y talleres dedicados a la tercera edad, con asistencia por la noche en sus respectivos domicilios particulares. «Un servicio pionero en España que pretende cubrir las necesidades de muchas familias que tienen problemas para poder cuidar de las personas mayores que tienen a su cargo por las noches, durante los fines de semana o los periodos vacacionales», dice Bruno Sanllehí, gerente de la franquicia Vitalia para Catalunya.
El coste mensual del nuevo servicio, que es totalmente adaptable a las necesidades de agenda de cada familia, oscila entre los 1.200 y los 2.500 euros. «Un precio muy razonable si lo comparamos con el de una residencia de personas mayores que aún sería más elevado, y con la diferencia de que las personas siguen viviendo en su casa, y están continuamente realizando actividades que les estimulan», añade Borja Cumella, director de Saps.
El directivo afirma además que las familias reciben un seguimiento exhaustivo del servicio, que posee una plantilla inicial de 50 profesionales sanitarios. «Actualmente contamos ya con más de una decena de personas que han contratado el servicio y muchas otras que se han interesado por él», comenta Sanllehí.
El perfil de los clientes a los que se dirige In & Out 3600 son familias de un poder adquisitivo medio-alto, residentes en el área metropolitana de Barcelona, que tienen familiares a su cargo de unos 70 años en adelante.
Por el momento, el servicio se testeará en Catalunya y, en función de su éxito, se exportará a otros puntos de la geografía española durante el 2015. Vitalia es la primera red de franquicias de centros de día en España que aplica el método Hofmann y cuenta con 23 centros repartidos España y recientemente ha iniciado su expansión internacional en países como Brasil y México.
Por su parte, Saps ofrece servicios de atención sanitaria a domicilio a personas de todas las edades desde el año 2009.
Ambas empresas estiman ofrecer el servicio In & Out 3600 a más de un centenar de usuarios durante el 2014 y facturar dos millones de euros.