Dependencia
Los inspectores de servicios sociales andaluces realizan 330 controles diarios en centros y domicilios
Los más de 2.400 controles que realizaron el año pasado los inspectores de servicios sociales de la comunidad se saldaron con la apertura de 48 expedientes sancionadores y el cierre de una residencia, en Fuente Vaqueros (Granada). Los técnicos realizaron también 74.315 visitas domiciliarias para supervisar las prestaciones de la Ley de la Dependencia. El 85% de los usuarios consideraron que la atención que reciben cubre sus necesidades básicas y el 93% de los controles sobre cuidados en el entorno familiar obtuvo informe favorable, según los datos del plan de inspecciones de 2012 que ha presentado este viernes la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.
Los 280 inspectores de los servicios sociales de Andalucía realizaron el año pasado una media de 330 inspecciones diarias. En total, 76.696 controles (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). La mayoría de los centros visitados son residencias de mayores públicas, concertadas y privadas, pero también centros para personas con discapacidad, drogodependencia, enfermedad mental, servicios sociales comunitarios y atención a la mujer.
Los inspectores decretaron el cierre cautelar de una residencia concertada en Fuente Vaqueros porque, según ha señalado Montero, ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran “adecuados”. Sus responsables intentaron obtener de nuevo los permisos para reabrir pero fueron denegados y el centro sigue cerrado.
Respecto a los 48 expedientes abiertos a centros, la casuística es variada, pero predominan los casos en los que los se detectan fallos en las condiciones “materiales” de los centros, como problemas de accesibilidad o de climatización. “Son muy minoritarios los casos más graves, de falta de atención o de higiene”, ha afirmado Montero. Tras conocer el resultado de las inspecciones a centros, la Consejería se ha marcado tres objetivos fundamentales de mejora: impulsar la implantación de sistemas de control de la calidad (solo el 21% de los centros cuentan con una certificación externa de calidad), impulsar la formación de profesionales según el modelo de gestión por competencias y la puesta en marcha de planes de autopreotección en todos los centros, explicó Montero.
En las inspecciones sobre los cuidados en el entorno familiar, los técnicos controlaron, sobre todo, que las prestaciones económicas se empleen para la finalidad con la que fueron concedidas. De los 47.155 casos analizados, 43.854 se consideraron correctos. En la mayoría de los otros 3.300, los inspectores trasladaron la situación a las delegaciones provinciales de Salud para valorar la posibilidad de cambiar la prestación. “No siempre hay mala fe” de los familiares, ha señalado la consejera, que adelantó que la Junta prepara un decreto para simplificar y agilizar los trámites para la apertura de estos centros.
Plataforma Dependencia, preocupada por el futuro de las ayudas a familiares
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha expresado hoy su opinión respecto a la Orden, publicada ayer, que regula la Dependencia en la región, y muestran su preocupación por la eventual desaparición de las prestaciones que reciben los familiares cuidadores.
En un comunicado, este colectivo ha puesto de manifiesto su inquietud por los cuidadores familiares, el más amplio e importante dentro de la Ley de Dependencia, «ante la posibilidad que se pudiera abrir para dejarlos sin las prestaciones económicas que ahora reciben».
También han expresado su sorpresa por la celeridad en la publicación de dicha Orden, «en pleno periodo estival», así como «la falta de consultas y aportaciones» de la citada plataforma, que «quizás, hubieran enriquecido y modulado algunos aspectos de la citada orden».
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha entiende que en la citada Orden de la consejería de Sanidad se «aumentan de forma sustancial el proceso y las condiciones» para el acceso a las prestaciones de posibles nuevos beneficiarios, sobre todo a las personas valoradas como grandes dependientes.
Ello conllevaría, afirman en el comunicado, la práctica imposibilidad de poder ofertarles otros servicios, servicios que en realidad no podrían disfrutar, obviando que el espíritu de esta Ley era mantener a la personas dependientes dentro de su ambiente familiar con todos los beneficios que para ellos esto representa.
Además, han remitido a un estudio por parte de sus servicios jurídicos determinados artículos de esta Orden que «podrían no estar ajustados a derecho».
No obstante, valoran de forma positiva que se potencie en la Orden la prevención de las situaciones de dependencia y la intención de incorporar a los dependientes de grado moderado a algunas prestaciones antes de enero de 2015, aunque se muestran «expectantes».
AERTE solicita una reunión urgente con las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda para buscar una solución
El Gobierno deja fuera del Mecanismo de Pago a Proveedores a los centros de dependencia de titularidad pública al que se comprometió la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas con dependencia y/o discapacidad. El promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ante la exclusión del compromiso por parte de la Generalitat de introducir el pago pendiente a los centros de titularidad pública dentro del primer tramo del Mecanismo de Pago a Proveedores, desea manifestar que:
– La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a los centros de atención a dependientes de titularidad pública. Esta cantidad corresponde a todas las facturas desde octubre de 2012 que, en algunos casos, incluso se remontan a meses anteriores
– Que a pesar de ser debido a directrices del mismo mecanismo de pagos establecido a nivel nacional y de los esfuerzos efectuados desde la misma Conselleria de Bienestar Social por cumplir con el compromiso adquirido con estos centros, la situación en la Comunidad Valenciana es la más grave de toda España, ya que el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces por encima de la media.
– Esta situación supone un importante agravamiento para la continuidad de estos centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales. Algunos de ellos ya no cobrarán, de nuevo, sus nóminas de agosto y la mayoría de ellos las de septiembre si no se abonan las cantidades comprometidas por Conselleria y ante la dificultad añadida de poder negociar con entidades financieras el adelanto de financiación para la supervivencia de los centros.
– Ante la insostenibilidad total que supone el impago continuado y la falta de ejecución de los diversos compromisos de pago adquiridos por la administración valenciana, Aerte ha solicitado por vía de urgencia una reunión a la consellera de Bienestar Social y al conseller de Hacienda y Administración Pública con el fin de encontrar las fórmulas que permitan un compromiso serio y en firme para poder incluir, tal y como se comprometió la Conselleria de Bienestar Social, la deuda acumulada dentro del Mecanismo de Pago a Proveedores.
– Aerte, patronal del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana y única asociación que representa a las empresas que gestionan centros de titularidad pública, ofrece una vez más la máxima colaboración a la Administración valenciana para trabajar de forma conjunta a favor de la sostenibilidad de un sector que aglutina, solo en la red de Aerte, a más de 10.000 profesionales y más de 200 centros que atienden día a día a más de 22.000 personas.
García Ferrer afirma que la nueva ley de dependencia será ‘más sostenible y eficiente’
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, señaló que la nueva ley de dependencia va a ser «más sostenible y eficiente» y va a apostar más por la «prevención que la intervención».
García Ferrer se pronunció así tras la reunión mantenida con la presidenta de la Federación Provincial Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de la Tercera Edad, Carmen Hombrados, con el objeto de informar a este colectivo acerca de la nueva normativa que entrará en vigor en breve, según palabras del director general de Mayores.
«Entendemos que era importante regular los servicios de prevención y de promoción de la independencia personal y así lo hemos recogido en la nueva ley», señaló el director general de Mayores, quien destacó que la nueva normativa recoge con detalle los servicios de atención al dependiente, «apostando por un modelo de servicio público y, si con éste no es suficiente, aportar el dinero necesario para que el dependiente contrate a profesionales que le presten dicho servicio».
En este sentido, defendió la profesionalización de la asistencia a los dependientes a la región, con un apoyo en casa en lugar de la asistencia en residencias y la inclusión del dependiente moderado «que con la actual ley no está recogido de forma detallada».
Todas estas medidas recogidas en la nueva normativa, insistió García Ferrer, van encaminadas a un objetivo único que es atender a los que más lo necesiten y de forma proporcionar a sus necesidades.
El director general explicó, asimismo, que la Consejería va a mantener el mismo número de horas de ayuda a domicilio a todos los grandes dependientes, a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que se reduzca su intensidad más de un 20 por ciento.
Para el próximo año, el Gobierno regional tiene prevista una inversión de más de 400 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, señaló García Ferrer.
Por su parte, Carmen Hombrados manifestó su apoyo a la nueva ley que «no viene a quitar nada» sino a regular los servicios y adaptarla tras ocho años en funcionamiento de la norma. Como representante del colectivo de jubilados y pensionistas de la provincia agradeció a la Junta que «hayan contado con nosotros para saber las necesidades y servicios más adecuados» que la nueva ley debe recoger.
La Ley de Dependencia como fuente de empleo
La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha asistido a la clausura del «Curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones», una formación que la Diputación ha orientado a auxiliares en instituciones sanitarias, donde ha manifestado que la Diputación ha manifestado que «cree en la Ley de Dependencia como derecho y como yacimiento de empleo par nuestros jóvenes».
Argota ha asegurado que «a diferencia de lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la política, la Diputación cree firmemente en la Ley de Dependencia. Atender a los sevillanos en su dependencia viene a satisfacer un derecho fundamental y, además, consideremos que, hoy, la dependencia constituye un campo de empleabilidad para nuestra juventud, con formación y capacitación pertinente».
Argota ha estado acompañada por la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Aurora Cosano, y por la responsable Provincial de Cruz Roja, Auxiliadora Prieto, entidad colaboradora en la formación. La diputada ha hecho hincapié en «la colaboración que se establece entre Junta, ayuntamientos y Diputación para el desarrollo de estos cursos, y en que esta formación es un preludio para un contrato de cuatro meses, a través de los planes de Empleo Estable».
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
Sanidad asegura que ha satisfecho pagos a Cataluña para financiar dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que ha satisfecho el pago que cada mes recibe Cataluña para financiar la ley de dependencia, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio, han respondido de esta manera al anuncio de la Generalitat de Cataluña que ha culpado al Estado de incumplir la financiación prevista en la ley y ha anunciado que suspenderá durante dos meses las nuevas prestaciones para pagar las residencias.
En concreto, la Generalitat ha decidido suspender durante ese periodo y de manera transitoria nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la ley de dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
Las fuentes de la Secretaría de Estado han insistido en que la parte de la financiación que el Estado debe destinar a las comunidades autónomas, según la legislación, el denominado nivel mínimo, ya ha sido entregada mes a mes a Cataluña.
En concreto, el Estado ha destinado a Cataluña 15,5 millones de euros en el mes de enero; 22,7 millones en febrero; 31,7 millones en marzo; 17,9 millones en abril; 14,9 millones en mayo; y 18,8 millones de euros en junio.
Las fuentes han indicado que la aportación del Estado a las comunidades autónomas depende del número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por lo que si la aportación a Cataluña ha descendido en los meses de abril y mayo ha sido porque esta comunidad no ha incorporado nuevos dependientes.
En total, esta comunidad cuenta con 139.117 beneficiarios.
Cataluña es tras Andalucía la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley, subrayan las fuentes, que han hecho hincapié en que la gestión de la dependencia es competencia «exclusiva» de las autonomías.
En este sentido, subrayan que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y, en este caso, de políticas de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse» reorientar sus fondos «a las personas que más lo necesitan».
Desde el Ministerio, añaden las fuentes, «se hace un esfuerzo» para hacer sostenible la ley de la dependencia y entre otras medidas han señalado que hace pocas semanas se aprobó el plan de pago a proveedores por lo que la deuda de los conciertos con las residencias de ancianos estará cubierta.
La Generalitat catalana cifra en medio millar los dependientes afectados por el nuevo recorte en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha cifrado este miércoles en medio millar las personas con dependencia que se verán afectadas por la suspensión de nuevas ayudas para pagar una residencia privada por falta de una plaza pública, y se ha comprometido a que la medida será «transitoria».
En un comunicado, Munté también se ha comprometido a que la medida «no afectará a ninguno de los beneficiarios» que ya reciben este tipo de ayuda, conocida como prestación económica vinculada residencia (PEV), que actualmente beneficia a unos 9.000 catalanes.
Las personas que durante estos dos meses puedan quedar afectadas por esta suspensión serán atendidas «por otros servicios y ayudas» en el marco de la Ley de dependencia, ha dicho Munté, aunque no ha concretado cuales.
También ha mostrado la voluntad de la Generalitat de «no generar más problemas» a las entidades sociales y mercantiles, ni tampoco a los usuarios.
Ha recordado que en Cataluña «se han hecho esfuerzos económicos muy importantes para responder a los servicios y prestaciones vinculadas a la dependencia pese a los incumplimientos del Estado».
Ha alegado que la Generalitat ha decidido suspender las nuevas ayudas porque no quiere «generar falsas expectativas» al sector debido a la complicada situación de las arcas públicas, y ha defendido que se trata de una decisión que persigue la sostenibilidad del sistema.
«Lo que hemos hecho es establecer un plazo transitorio para ver de qué modo podemos resolver esta situación y como podemos ser el máximo de efectivos», ha valorado la consellera, que ha deplorado la deslealtad que, según ella, está mostrando el Estado con el pago de la dependencia a las autonomías.
Munté ha catalogado de «ejercicio de cinismo» el hecho de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya dicho que el Estado ha efectuado las transferencias necesarias para que Cataluña pueda pagar las PEV.
Nota de prensa conjunta de las asociaciones empresariales del sector asistencial catalán
Las organizaciones empresariales del sector social piden a la consejera de Bienestar Social y Familia que no aplique la suspensión de las ayudas de la Ley de Dependencia anunciados.
Barcelona-. 31 de julio.
ACRA, la Unión Catalana de Hospitales, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR quieren expresar su preocupación ante el anuncio hecho por parte de la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté sobre la suspensión de las ayudas de la Ley de la Dependencia (prestaciones económicas vinculadas a servicios) durante los meses de agosto y septiembre.
A pesar de que se trata de una medida transitoria, las organizaciones empresariales del sector asistencial quieren manifestar que:
- Parar las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) durante dos meses impedirá que personas mayores, que no pueden pagar una plaza, se queden sin ingresar en un centro, abocando muchas familias a una situación muy complicada.
- Esta medida creará desocupación en los establecimientos asistenciales, cuando ya hay una lista de espera de 17.000 personas. El sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar ocupación (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
- La medida se añade al hecho que el ICASS no ha liquidado la totalidad de la deuda a los centres proveedores.
Por todo esto, las entidades piden a la consejera que:
- Reconsidere la aplicación de esta medida que afecta directamente los centros que han apostado para mantener un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país.
- Que establezca un calendario para liquidar las deudas pendientes con los centres proveedores de servicios.
- Que no se siguen recortando los presupuestos de Bienestar Social y Familia si se quiere garantizar la continuidad de este sector y atender las necesidades asistenciales de nuestra gente mayor.
Las entidades se ofrecen a trabajar con la consejería de Bienestar Social y Familia en favor de la sostenibilidad de un sector tan importante por nuestro país.
Los centros de día de Cádiz se quedan vacíos por los recortes en la Ley de Dependencia
Lo que se convirtió en una conquista en tiempos de bonanza, corre ahora peligro con la crisis y las reformas. Los ajustes en todas las áreas, también en la de Servicios Sociales, están haciendo tambalear los cimientos de una ley que se definió como uno de los grandes avances en materia de bienestar social. La paralización de la Ley de Dependencia ha puesto en jaque a la mayoría de las residencias de ancianos de la provincia que ven como cada día cuesta más salir adelante ante los retrasos de los pagos de la Administración andaluza y la ausencia de nuevos usuarios. En especial, existe cierta preocupación por la viabilidad de los centros de día, un eslabón intermedio entre una residencia de ancianos y la convivencia con la familia. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha querido potenciar la estancia en las unidades diurnas en los últimos años, lo cierto es que muchos de los centros de la provincia se han quedado sin usuarios a pesar de que las plazas están concertadas. Desde la Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna (Fanued), su vicepresidente José Andrés de la Cruz explica que «a pesar de que existen una gran demanda, las plazas están vacías porque todo el sistema está paralizado».
Según los datos que manejan las asociaciones de unidades diurnas, el tiempo de espera desde que una persona solicita ser valorada a través del Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel de dependencia y se le asigna un recurso en algunas ocasiones llega a superar con creces un año lo que a su vez retrasa la llegada a los centros concertados.
En residencias como la de San Juan de Dios, gestionada por la Fundación Gerón, reconocen que de las 20 plazas concertadas que disponen en su unidad de día tan solo hay dos ocupadas. Ellos ya tuvieron que hacer un reajuste de su proyecto en Cádiz tras verse obligados a abandonar la idea de montar una segunda residencia de ancianos en el Convento de Santo Domingo y decidieron centrarse sólo en la de San Juan de Dios.
Situación parecida ocurre en la residencia geriátrica Adema, donde a pesar de tener solo dos plazas concertadas de las 29 que disponen, señalan que «entre unas 10 y 15 personas están a la espera de que se resuelvan sus expedientes». Circunstancias más complicadas viven en la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, también en la capital, donde de las 30 plazas conveniadas con la Junta mantienen sin ocupar seis. Sus circunstancias se agravan puesto que asumieron los costes de una reforma para ampliar su oferta a 45 plazas con el objetivo de poder firmar un convenio con la Junta pero la ansiada rúbrica no ha llegado y ahora compaginan las públicas con las privadas. En este centro critican que desde «hace dos meses y medio el Gobierno andaluz tan solo ha resuelto los expedientes para cubrir 11 plazas en toda la provincia».
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalan que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha provocado una tendencia ascendente en el número de plazas concertadas. Una dinámica que se cortó en julio de 2012. Desde Fanued alertan de que «salvo casos de extrema urgencia» ninguna persona dependiente «se ha incorporado en el último año a los recursos que ofrece la administración autonómica en materia de dependencia». La Federación hace hincapié en que en la Consejería de Salud y Bienestar Social se amontonan «cientos de expedientes» mientras «las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal».
Recortes en plantilla
Desde Comisiones Obreras, el secretario provincial de Sanidad, José Antonio Aparicio subraya que la reducción de plazas o la falta de llegada de nuevos usuarios está en directa proporción con los ajustes en la plantilla. «El empleo estable que generó la Ley de Dependencia en sus inicios está en verdadero riesgo», asegura, puesto que al no cubrir las plazas «se está comenzando a despedir a los profesionales». Desde el sindicato calculan que en torno a un 10 o un 15% de plantilla «se ha recortado» en los últimos años con la excusa de que no hay ratio para todos los profesionales, la gran mayoría de ellos contratos temporales.
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) reclama a Rajoy el dinero que garantiza la ley
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), patronal que aglutina al sector empresarial de atención a la Dependencia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que apruebe la partida presupuestaria suficiente que garantice el “cumplimiento íntegro” de esta Ley. Más de 200.000 personas no reciben ninguna prestación a pesar de necesitarla.
“La crisis no puede convertirse en el pretexto para acabar, por la vía de los hechos consumados, con los derechos reconocidos, por Ley, a las personas en situación de Dependencia”, asegura la FED en un comunicado con el que expresan su “más enérgica protesta” a la actitud del Gobierno en este sentido.
Por ello, inciden en la necesidad de que Rajoy dote de la financiación suficiente para dar atención a un colectivo, el de los dependientes, que están notando como nadie las consecuencias de la delicada situación económica y los recortes.
Además del mencionado llamamiento al Gobierno, estos ‘empresarios’ de atención a la Dependencia han solicitado la ayuda del propio presidente del Congreso. En un comunicado, la FED pide el popular Jesús Posada “la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno de España a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes” en esta norma.
Asimismo, esta federación, que engloba a los operadores que actúan en residencias, centros de día y noche, servicios de ayuda domiciliaria y de teleasistencia, solicita a los parlamentos autonómicos que pongan su granito de arena y ayuden a que la Cámara baja presione a La Moncloa.
Junto a este llamamiento al Gobierno y al Congreso, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha iniciado una recogida de firmas en change.org para lograr 500.000 firmas con las que incidir en la necesidad de que Rajoy dé su brazo a torcer en este asunto.
“Nuestro único propósito se encamina exclusivamente a que el Sistema responda a las necesidades de atención que requieren las más diversas situaciones de Dependencia, así como a la promoción de la autonomía personal, a la mejora de la calidad de vida y a hacer realidad la igualdad de oportunidades”, aseguran desde este colectivo.
La consejera de Familia de Baleares viaja a Valladolid para conocer cómo ha implantado la Ley de Dependencia
La consellera de Familia y Servicios Sociales de Baleares, Sandra Fernández, se ha desplazado este miércoles a Valladolid para conocer cómo ha implantado la Ley de Dependencia la Junta de Castilla León, la Comunidad Autónoma que mejores resultados presenta en este ámbito.
Las reuniones en las que ha participado la consellera tenían como objetivo conocer las pautas que han puesto en marcha en la región y que pueden ser adecuadas para mejorar el sistema que se utiliza en Baleares.
Fernández, quien ha estado acompañada por el director general de Servicios Sociales, Rafael Romero, y el gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, Javier Ureña, ha mantenido a lo largo del día varias reuniones con responsables del sistema.
Uno de los encuentros ha sido con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla León, Milagros Marcos; y con el gerente de Servicios Sociales, Jesús Fuertes. Además, ha mantenido encuentros con el personal técnico que dirige el sistema de gestión de la dependencia.
Según ha informado la Conselleria en un comunicado, Fernández ha agradecido la predisposición de la Junta de Castilla León a ayudar en lo necesario para lograr el objetivo que persigue la Conselleria. Además, ambas responsables autonómicas han acordado colaborar e intercambiar toda la información y experiencias que puedan resultar provechosas.
Recogida de firmas on-line de Aerte para defender la Ley de Dependencia
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y sus asociaciones territoriales como Aerte en la Comunidad Valenciana, han habilitado un espacio en la plataforma change.org para facilitar la recogida de firmas de la campaña destinada a exigir al Gobierno central y a los autonómicos el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, la patronal de dependencia entiende que la crisis «no puede servir de excusa para que el colectivo de dependientes no esté siendo atendido tal como garantiza la propia Ley. Precisamente, la crisis debería ser la razón para hacer efectivo el apoyo a estas personas, mayores, enfermos y discapacitados en su mayoría».
La campaña se abre a todos los ciudadanos para reclamar, a través de un manifiesto dirigido al Congreso de los Diputados, una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno a dotar la partida presupuestaria suficiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a lasadministraciones públicas competentes en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la Ley de Dependencia. También se dirige al parlamento autonómico, con el objeto de que desarrolle propuestas para la adopción de las resoluciones que garantice el acceso a las prestaciones y servicios previstos. 500.000 firmas de apoyo a los dependientes
Para lograr estas reivindicaciones, la campaña, ajena a cualquier consigna política, necesita recoger 500.000 firmas en toda España. Firmas que servirán de apoyo a las miles de personas afectadas que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación ya que sus expedientes están bloqueados por cuestiones presupuestarias: en España hay más 200.000 personas en esta situación, en la Comunidad Valenciana 11.000.
Desde la implantación en 2007 de la Ley de Dependencia, el número total de plazas en la Comunidad Valenciana financiadas con dinero público ha disminuido en más de 1.400 (alrededor de un 15%), pasando de 9.320 a 7.840 en junio de 2013. Mientras, según datos de la mima patronal, en la Comunidad Valenciana existen 5.000 plazas residenciales vacías. En España hay 60.000 plazas vacías.
Detrás de todos estos datos se encuentran personas a la espera de recibir su ayuda económica desde 2009, muchas de ellas con enfermedades como el Alzheimer y que residen o pasan gran parte de su día a día en centros o; casos de enfermos mentales tutelados por la administración que perciben los servicios profesionales específicos que necesitan en centros y que están sin cobrar desde 2011. También hay casos de personas que fallecen antes de que se les reconozca su derecho a percibir la asistencia básica necesaria o incluso que han tenido que salir de los centros al no poder soportar el pago de éstos por más tiempo ya que la administración no resuelve en los 6 meses de plazo máximo que la ley reconoce.
Fontilles abre un centro de día para mayores en el Sanatorio de Vall de Laguar
La Asociación Fontilles, miembro de la Federación Internacional de lucha contra la Lepra (ILEP) y de las coordinadoras de ONGD Estatal y de la Comunitat Valenciana, ha abierto un centro de día en el Sanatorio de San Francisco de Borja en Vall de Laguar (Alicante), para atender a mayores de 60 años con dificultades y problemas asociados al envejecimiento.
Esta iniciativa permite «dar respuesta a una necesidad emergente en las poblaciones cercanas: atender a personas de avanzada edad que necesitan asistencia diaria», según ha informado la asociación en un comunicado.
Las nuevas instalaciones, ubicadas en el Centro Geriátrico del Sanatorio, ayudarán a mantener y mejorar la calidad de vida de los usuarios, y permitirá a sus familias compatibilizar el cuidado de sus mayores con las actividades laborales, o cubrir sus necesidades de respiro, evitando además que se desvinculen de su vida y entorno familiar.
El Centro de Día Borja, dispone de una capacidad máxima de 12 usuarios y está ubicado en la planta baja del Centro Geriátrico Borja, con espacios exclusivos para ellos, donde serán atendidos de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas.
CUATRO PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Sus instalaciones prestarán una atención integral mediante cuatro programas de intervención, en concreto, rehabilitación funcional, estimulación cognitiva, terapia ocupacional y animación socio cultural.
Asimismo, el centro proporcionará un servicio de atención médica, psicológica y de enfermería, así como de prevención y promoción de la salud, a cargo de un equipo de médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y técnicos en actividades socioculturales.
También pondrá a disposición de los usuarios un servicio de comedor, que incluirá desayuno, comida y merienda, y ofrecerá transporte adaptado entre el domicilio familiar y el centro.
La apertura del Centro de Día ha permitido a Fontilles ampliar su labor asistencial, cumpliendo uno de los grandes objetivos planteados por la organización el pasado año. En 1998, Fontilles decidió abrir el Centro Geriátrico Borja, miembro de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores Sector Solidario Lares-Valencia, dentro de las instalaciones del Sanatorio San Francisco de Borja en Vall de Laguar para atender a personas mayores con distintos grados de dependencia.
OFERTA SOCIOSANITARIA
Fontilles ha ampliado también durante este año la oferta sociosanitaria del sanatorio para atender estancias temporales de pacientes con patologías crónicas estables, convalecencia de enfermedades, postoperatorios, cuidados paliativos, rehabilitación tras accidentes cerebro-vasculares o fracturas.
Al margen de su componente asistencial, el Sanatorio desarrolla también actividades de formación, entre ellas, los cursos anuales de lepra para médicos y para personal sanitario, o los módulos de dermatología de diferentes postgrados. Asimismo, se realizan actividades de investigación en colaboración con distintas universidades como la Universidad Miguel Hernández de Elche y el London College.
Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia piden por carta una reunión con Mato y denuncian la «agonía» del sector
La Coordinadora Estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia se ha reunido este viernes frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la situación de «gravedad y agonía» que está sufriendo el sector y piden, a través de una carta y «con carácter de urgencia», una reunión con la ministra del ramo, Ana Mato, para abordar estos temas.
El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y presidente de la Plataforma de la Ley Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luís Gómez-Ocaña, ha insistido en que «lo mínimo que la ministra tiene que hacer es escuchar y atender al colectivo sobre el que está aplicando los recortes». «Por lo menos que de una explicación», ha apostillado.
En este sentido, ha señalado que la obligación de las asociaciones es «exponerle que lo que hace con esta Ley implica la exclusión social y, en algunos casos, casi una condena a muerte para algunos dependientes». Además, denuncia que «la verdadera intención del Gobierno es eliminar la figura de los cuidadores familiares, que son la solución más barata y la que mayor intensidad y cuidado ofrece al dependiente».
La Coordinadora Estatal advierte sobre la posibilidad de que en el próximo Consejo de Ministros «se aproveche para colar algún Real Decreto-Ley que afecte al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», y que junto a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, «haga imposible la atención de las personas en situación de dependencia y el mantenimiento de un mínimo de calidad de vida».
CRUCES FRENTE AL MINISTERIO
Durante esta jornada de protesta se han mostrado fotografías de personas dependientes y cruces negras para recordar a beneficiarios de esta Ley que han fallecido antes de poder recibir la prestación a la que tenían derecho. «Lo que pretendemos es simbolizar la entrega de las personas en situación de Dependencia al Gobierno del PP, que las ha abandonado y dejado de una manera indigna e injusta a su suerte y la de sus familiares», ha sentenciado Gómez-Ocaña.
En el mismo acto, se han recogido firmas en apoyo al cumplimiento de la Ley de Dependencia y se ha leído un manifiesto. El portavoz de la Coordinadora ha advertido de que si la ministra no se pone en contacto con ellos en las primeras semanas de septiembre, volverán a pedir esta reunión. «De lo contrario, pensaremos en otro tipo de acciones contundentes porque ya hemos insistido en que no vamos a dejar que nos quiten lo que nos corresponde. De ello depende la vida de muchos dependientes», ha concluido.
Dependientes que dejan deudas
Una deuda inesperada con el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) es la herencia que recibieron dos vecinos de Avilés cuatro años despúes del fallecimiento de sus respectivas madres. Ambas mujeres fueron usuarias del ERA, a ambas se les concedió la ayuda correspondiente a la Ley de Dependencia, pero tras su muerte, y después de que sus familias recibieran las respectivas herencias que dejaron, el ERA pasa ahora la factura de su gasto. Estos descendientes se sienten engañados, ya que nunca les dijeron que iban a contraer esta deuda con la administración, y ahora intentan liderar un movimiento de afectados para hacerse fuertes y, llegado el caso, defenderse en los tribunales contra lo que consideran una estafa.
Los hechos, tal y como cuentan estos dos afectados, son los siguientes. Las familias solicitaron las ayudas correspondientes a la Ley de Dependencia, y meses después les fueron concedidas. Las ancianas tenían, por tanto, derecho a un porcentaje parcial del coste en la plaza residencial, cuyo precio total era de unos 1.200 euros. Los herederos tenían previsto tener que abonar la cantidad correspondiente a los meses anteriores a la concesión efectiva de la ayuda por dependencia, y cuando las ancianas fallecieron los dos insistieron ante el ERA para pagar la factura.
Pero los responsables de la red de establecimientos rechazaron el pago, asegurando que no se les iba a cobrar hasta pasados dos años -y antes de cuatro- y que, además, la factura sería menor, ya que la concesión de la Ley de Dependencia era con carácter retroactivo. «A mí me engañaron. Pero no lo puedo demostrar porque el engaño fue de palabra», recrimina uno de los afectados. Y añade: «Hubiera sido mucho mejor para mí que me hubieran cobrado entonces».
Las mujeres murieron en el año 2009, esto es, antes del año 2011 en que la Ley de Dependencia entró en funcionamiento de forma efectiva, y esa es la causa que ven los afectados para que se les quiera cobrar la estancia en la residencia de ancianos. Es decir, los afectados sostienen que si sus madres siguieran vivas, no tendrían ninguna deuda. Y tampoco si ellos hubieran rechazado las herencias. Y achacan la culpa al Principado y al retraso en la tramitación de la Ley de Dependencia. «El plazo legal es de seis meses y tardaron cinco años».
La factura que el ERA quiere cobrar ahora a Ángel Rodríguez, uno de los herederos, es de 12.500 euros, cuando la deuda con la que contaba era de 3.127. Al otro, Francisco Abelardo Ruiloba, la factura asciende a 33.000, en vez de los 17.000 que esperaba. «Sabemos que tiene que haber más casos, por eso queremos hacer una plataforma, asociarnos para reclamar nuestros derechos», afirman. Uno de ellos está en fase de presentación de alegaciones, el otro ya en Servicios Tributarios y piensa incluso en los tribunales, pero sostienen que cuantos más afectados se organicen, mejor será para todos.
Por eso, cansados de pelear con las administraciones implicadas, hacen ahora un llamamiento a todos los damnificados por esta herencia inesperada. Y ponen a disposición del público sus teléfonos, para asociarse. Son el 606327133 y el 616689820. Están dispuestos a plantar batalla contra lo que consideran un engaño permitido por el Principado. «¿Pero qué Ley de Dependencia es esta?», concluyen con enfado.
Las residencias de Bizkaia se vacían
Las familias vizcainas prefieren ahora ocuparse de sus allegados en casa y percibir las ayudas económicas.
Las residencias de Bizkaia se vacían. Las prestaciones económicas para que las personas mayores puedan ser atendidas en su domicilio, unido a la crisis económica actual, han invertido la tendencia. Si en la última década se abrían nuevas residencias y se incrementaba el número de plazas cada año, en 2012 esa curva dio un giro: por primera vez, en Bizkaia se produjo un descenso. Es pequeño -apenas hay 24 camas menos- pero suficiente para confirmar que algo ha cambiado. «Las familias están sacando a sus mayores de las residencias», confirmaba la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza. La desocupación en los centros privados ronda el 20%, cuando hace 8 años estaban llenos. Este año, y a excepción de un centro que se construye en Bilbao, ni la administración pública ni el sector privado tienen previsto abrir nuevas residencias.
Durante años, la demanda de residencias para personas mayores fue creciendo de manera imparable. Zamudio, Ermua, Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Barakaldo, Bilbao… La Diputación ha realizado durante los últimos años una ingente inversión pública para abrir residencias para cubrir las necesidades del territorio. El sector privado también se movió y se multiplicaron los centros. En apenas cinco años, de 2003 a 2008, el número de plazas en residencias públicas prácticamente se duplicó, pasando de 2.600 a 4.971; en total, incluyendo también las plazas privadas, se pasó de 6.100 a 9.111. Tres años después, creció de nuevo hasta las 10.130. Una tendencia ascendente que se truncó al llegar 2012: 24 plazas menos. Una disminución muy pequeña, pero que supone un cambio de tendencia ya que en los años anteriores el volumen de plazas siempre había ido creciendo. El año pasado se cerraron dos residencias y, aunque dos centros incrementaron su número de plazas, otros tantos tuvieron que reducirlas. Para este año hay previsto otro cierre más y, aunque se ha abierto la residencia BBK Sarriko, con más de 200 plazas, y se está construyendo otra más pequeña también en Bilbao, no hay previstas más aperturas.
También la Diputación ha frenado el ritmo de crecimiento del parque de residencias. Ya a finales de 2011, la diputada de Acción Social reconocía que las casi 5.000 plazas residenciales para mayores entre forales, municipales y concertadas, eran suficientes para atender la demanda. «En Bizkaia no hacen falta a día de hoy más plazas residenciales, sino ocupar las que ya existen», afirmaba Pilar Ardanza. Así, se decidió ampliar el sistema de plazas concertadas -aprovechando la red ya existente, los mayores casi pueden elegir una residencia a la carta- y la cuantía de la prestación vinculada al servicio. Actualmente, todas las plazas públicas están ocupadas y de las 2.543 concertadas para 2013, solo existe una libre para casos de urgencia. Prácticamente no hay lista de espera: el tiempo de asignación de plazas a personas dependientes valoradas con grado III, las situaciones de dependencia más graves, no sobrepasa los 15 días, como promedio.
«LO ESTÁN PASANDO MAL» Por el contrario, el 20% de las camas en las residencias privadas de Bizkaia están vacías. «Quizá un poco más. Es una cifra muy alta, más teniendo en cuenta que hace 7 u 8 años la ocupación era plena. Han cerrado algunas, tanto pequeñas como grandes. Hay muchas que lo están pasando mal; si esto se prolonga, tendrán que cerrar», explica Ana Urrutia, presidenta de la asociación de la Asociación Empresarial de Residencias de Bizkaia, Aerebiz. Las que peor lo están pasando son las que se encuentran alejadas de núcleos urbanos. Aunque hace años se pensó que un entorno natural era más adecuado para el cuidado de los mayores -y el suelo era más barato- actualmente se ha visto cómo las familias prefieren tener a sus familiares cerca. «Bilbao es el municipio que menos problemas de ocupación tiene», apunta.
La población envejece y eso debería generar una mayor demanda. Sin embargo, actualmente en Bizkaia ocurre todo lo contrario. Como a todos los sectores, la crisis económica también ha hecho mella entre las residencias privadas. No solo en cuanto a una menor capacidad de gasto de las familias, también porque hay más gente en paro. A ello se une, además, la Ley de Dependencia, que permite que las familias puedan recibir una ayuda económica para cuidar a sus mayores en casa. Muchas familias, ante la disyuntiva de tener que pagar para ingresar a un familiar en una residencia o recibir una cantidad para cuidarle, no lo dudan. «Hay menos gente trabajando fuera y pueden cuidar a sus familiares. Con las prestaciones económicas que se otorgan para cuidados en el hogar, muchos mayores se quedan en casa», ilustra Urrutia.
La presidenta de Aerebiz no cree que se deba a un cambio de hábitos. «Siempre hemos sido una sociedad muy de estar en casa, queremos envejecer en casa. Cuando había trabajo, no se podía atender a los mayores y las residencias se empezaron a ver como un recurso adecuado. De tener muy mala prensa pasamos a ser vistos como centros de calidad. Fue un paso de gigante pero luego se dio un paso atrás», explica.
Respecto al precio, otra de las barreras con las que se encuentran muchas familias, Ana Urrutia no está de acuerdo con que se las califique de caras. «Para el nivel de servicios que se ofrece no lo son. En casa, esos servicios supondrían un desembolso de entre 6.000 y 8.000 euros. Otra cosa es pagar 1.500 euros a una interina, darle dos tardes libres a la semana… Es legal pero, ¿es de justifica social?», plantea.
Y, ¿EL FUTURO? Y las residencias, ¿cómo se están adaptando a esta nueva situación? «No quiero hablar de guerra de precios, pero supongo que algo hay», admite la presidenta de Aerebiz. Los centros intentan labrarse un futuro, pero muchas veces se encuentran encorsetados por la legislación. «El parque de residencias tiene mucho potencial. Podemos ofrecer muchos servicios que ahora damos solo para los residentes: lavandería, comedor… El mismo cuidado que damos en la residencia, ¿por qué no darlo en el domicilio, donde se quedan la mayoría de los mayores? Ahora, por ley, no podemos sacar a las auxiliares, por ejemplo. Sería una fuente de empleo, de servicios para una población mayor cada vez más numerosa. Debería haber una reflexión sobre ello», propone Urrutia.
La consejera de Familia e Igualdad de CyL promete mejorar los recursos destinados a dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se comprometió este lunes a aumentar los recursos destinados a la atención de personas dependientes, además de “diseñar servicios accesibles en toda la Comunidad”, preparando un nuevo modelo de trabajo de Centros Multi-Servicio, según afirmó hoy en Valladolid.
Durante la celebración de la tercera edición de la mesa de debate promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en colaboración con la Fundación Economía y Salud, Marcos aseguró que desde su Consejería se está trabajando para que en el sector de la dependencia haya “menos trámites y hablemos más de oportunidades”.
Por su parte, José Alberto Echevarría, presidente de la FED, aprovechó la presencia de la consejera para insistir en que el sector necesita urgentemente inversiones y no aguanta más recortes, ya que “hay que atender a los más de 200.000 usuarios que nos necesitan”. En este sentido, alertó de que las residencias están sufriendo severas dificultades para su subsistencia.
Por otro lado, el presidente de los Empresarios de Valladolid, José Antonio de Pedro, planteó a la consejera la necesidad de disminuir los trámites burocráticos en el sector y mejorar así la gestión empresarial.
Por último, el presidente de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Diego Juez, anunció la colaboración de la dependencia de Castilla y León para trabajar en equipo y ayudar a la viabilidad del sector.