Dependencia
Madrid incrementa los recursos a la RMI y garantiza la atención a dependientes
El Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementará los recursos a la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un 56 por ciento en 2013 y destinará más de 940 millones de euros a la Dependencia sumando los diferentes programas de sus Direcciones Generales, garantizando su atención.
Así lo ha dicho hoy el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, durante una visita al centro de Alzheimer Reina Sofía, en el distrito de Villa de Vallecas, en la que ha dado a conocer las líneas de actuación más importante de su Departamento el próximo año en función de los Presupuestos aprobados el pasado miércoles por el Gobierno regional.
En la misma línea que el presidente Ignacio González, Fermosel ha subrayado hoy que las cuentas regionales de 2013 tienen un carácter eminentemente social al destinar el 90 por ciento de su montante a Sanidad, Educación, Asuntos Sociales y Transportes, según una nota de la Comunidad.
En concreto, la Consejería de Asuntos Sociales gestionará 1.249 millones de euros (el 7,95 por ciento del total) que, según su responsable, posibilitarán que los servicios esenciales mantengan su extensión, calidad y especialización, algo que ha hecho a la Comunidad de Madrid «referente en toda España en esta materia».
Entre las acciones prioritarias que se atenderán figura la Renta Mínima de Inserción (RMI), cuya percepción está garantizada para las familias más vulnerables y que realmente lo necesiten como consecuencia de la crisis.
Madrid se posiciona así como «la única comunidad que garantiza la percepción de manera indefinida a las familias que acrediten los requisitos establecidos», ha dicho el consejero.
Los créditos destinados a esta Renta crecen un 56 por ciento respecto a 2012, hasta los 82 millones, y el Gobierno regional calcula que se beneficiarán unas 19.000 familias.
Madrid, además, será la única comunidad que continúe manteniendo la «gratuidad» en la atención a personas con discapacidad, y su garantía está asegurada a través de las más de 21.000 plazas especializadas que conforman la Red -residencias y centros de día- y las 2.343 de los centros de atención temprana.
Los presupuestos regionales para 2013 también prevén un incremento de dos millones de euros para financiar las prestaciones económicas destinadas a los dependientes, pasando de 80 a 82 millones de euros.
Además, se eliminan las duplicidades en ayuda a domicilio y teleasistencia de modo que estos servicios en el municipio de Madrid los atenderá únicamente el Ayuntamiento.
En el resto de la región se realizará un único contrato para conseguir un 14 por ciento de ahorro, según las primeras estimaciones, y una mayor eficiencia en la gestión.
En total, la Dirección General de la Dependencia contará con 206 millones de euros para prestaciones económicas, ayudas a domicilio y teleasistencia.
Según Fermosel, el Gobierno de Ignacio González garantiza la atención de los dependientes a través de la red de 50.000 plazas, y si se suman los diferentes programas de sus Direcciones Generales, los recursos que la Comunidad destina a la Dependencia superan los 940 millones de euros.
En la atención a las personas mayores se garantizan las 29.000 plazas de atención residencial y centros de día, y se anuncian diferentes programas con actividades para favorecer su implicación social.
El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor contará con más de 105 millones para mantener los distintos servicios y programas destinados específicamente a los menores.
Las políticas dirigidas a la Mujer dispondrán de casi 22,7 millones para continuar con los programas regionales en materia de asistencia integral a las víctimas de violencia de género, la atención a mujeres y a sus hijos en situación de riesgo de exclusión social, campañas de sensibilización y las acciones de coordinación y colaboración con las entidades locales de la región.
Para ello, la Dirección General de la Mujer podrá seguir contando con 25 centros residenciales, otros cinco para mujeres jóvenes y uno para mujeres reclusas y ex reclusas.
También dispondrá de otros dos centros no residenciales especializados en violencia de género, y de otros dos de día para mujeres en situación de desprotección.
El consejero ha garantizado la continuidad de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y la red de Centros de Atención a Inmigrantes, aunque ha señalado que el presupuesto de Cooperación se reducirá para mantener exclusivamente las ayudas para situaciones emergencia en el extranjero.
También se mantienen las actuaciones dirigidas a consolidar y fomentar el voluntariado.
La nadadora paralímpica Teresa Perales avisa de que «se está haciendo encaje de bolillos» con el Sistema de Dependencia
La nadadora Maria Teresa Perales Fernández, que se ha convertido este viernes en la primera deportista paralímpica en recibir la Gran Cruz al Mérito Deportivo, ha alertado de que «se está haciendo encaje de bolillos»con el Sistema de Dependencia.
En una entrevista a ‘Mundo Cristiano’ recogida por Europa Press, Perales ha resaltado que cuando se puso en marcha el citado sistema de ayudas a la dependencia «no se pensaba en la que se venía encima», puesto que España «no estaba preparada para algo tan grande en un momento tan malo».
«Están haciendo encaje de bolillos. Creí en el sistema y sigo creyendo. Mi abuelo nunca pensó que iba a cobrar una pensión o el paro y ahora es algo normal. Espero que una utopía como el Sistema de Dependencia el día de mañana sea algo normal», ha explicado.
A lo largo de la entrevista, Perales repasa su trayectoria y los inicios de su discapacidad, además de sus objetivos de futuro cuando abandone el deporte. Así, además de continuar en su labor como escritora –cuenta con el libro ‘Mi vida sobre ruedas y la teoría del espiralismo’– dedicará el tiempo al coaching deportivo y profesional.
«Tengo que pensar en mi futuro, porque el deporte es mi presente. Si me lesiono, adiós, y la beca ADOP (Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) se va de un día para otro si no hay resultados deportivos», ha señalado.
La nadadora también ha dedicado una etapa de su vida a la política, siendo diputada en las Cortes de Aragón, si bien ahora considera esta actividad «una etapa del libro cerrada». En este sentido, pide «cambiar la imagen» que tienen tanto los políticos de los ciudadanos como viceversa.
Perales usa silla de ruedas desde los 19 años, tras una enfermedad. En 1998 debutó internacionalmente como nadadora en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda y desde entonces ha participado en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.
Los dependientes abonarán el copago por servicios según su renta y su patrimonio
Los 43.800 dependientes que gozan de ayudas de la Generalitat tendrán que copagar los servicios de manera generalizada, ya se hacia actualmente en parte, según su renta y el patrimonio personal a partir del 1 de enero de 2013. La orden de la Conselleria de Bienestar Social endurece, además, los requisitos necesarios para el acceso de ayudas a personas con cuidadores no profesionales, casi siempre los familiares directos.
La norma, que se adapta a la aprobada por el Gobierno central y deroga la de la Generalitat de 2007, entró en vigor el día 30 de octubre, aunque el cálculo para el copago no se aplicará hasta el 1 de enero del año que viene. Así, la administración autonómica no sólo tendrá en cuenta la renta (mayoritariamente pensiones) para calcular el porcentaje del copago por los servicios que tendrá que abonar el dependiente. Además, la aportación del beneficiario se calculará sobre «los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, los rendimientos de las actividades económicas, las ganancias o pérdidas patrimoniales» y el patrimonio personal. Es decir, se tendrán en cuenta todos los ingresos y bienes que posea el dependiente, excepto la vivienda habitual.
Pese a la inclusión de estas nuevas variables para calcular el copago, fuentes del sector de los dependientes aseguraron que lo que más les preocupa es la instauración por norma de este «repago» del servicio, porque recordaron que en la actualidad los beneficiarios de las prestaciones ya abonan dinero por el transporte y por «la aportación familiar obligatoria» para el mantenimiento y funcionamiento de los centros de atención, impuesta desde 2007 y que se mantiene en esta norma.
Así, a partir del 1 de enero de 2013 pagarán los servicios todos los dependientes que tengan una renta superior al Iprem, 532,13 euros al mes. Con el copago impuesto por Bienestar Social, una persona que cobre sobre 550 euros al mes pagará unos 60 euros mensuales por los servicios de un centro de día. Por su parte, si los ingresos son de 1.000 euros, el beneficiario deberá abonar alrededor de 250 euros al mes.
Otro ejemplo es el copago para la teleasistencia. Los dependientes que tengan ingresos superiores al Iprem e inferiores al 1,5 de este indicador, tendrán que pagar el 50 % del servicio. Si superan el 1,5 del Iprem, es decir, los 798,78 euros mensuales, tendrán que abonar el 90 % del servicio. Otras fórmulas calculan los abonos para el servicio de Ayuda a Domicilio o Atención Residencial. Además, los cuidadores no profesionales tendrán que pagarse la Seguridad Social íntegramente.
En este sentido, la orden de la Generalitat endurece las condiciones de percepción de la prestación económica «para cuidados en el entorno familiar de personas dependientes» por parte de personas no cualificadas. La intención de la Conselleria de Bienestar Social es no dar nuevas prestaciones de este tipo y derivar a estos dependientes a centros asistenciales, según fuentes conocedoras de la situación.
Ley Dependencia seguirá vigente pero se primará sector privado en la gestión
El Gobierno no se plantea derogar la Ley de Dependencia, pero apuesta por «derivar» gran parte de la actividad que genera hacia el sector privado, al considerar que cuenta con una red «profesionalizada», lo que permitirá una correcta evaluación en la aplicación de esta norma.
Dependencia y justicia social
El 15 de diciembre de 2006 en el Boletín Oficial del Estado se publicó la ley 39/2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El proyecto de ley fue presentado en marzo de ese año por el Gobierno de Zapatero, y fue considerado el cuarto pilar que faltaba al Estado del Bienestar. Hoy los cuatro pilares se tambalean y los mayores se han convertido en el «último colchón» que amortigua la caída y posibilitan que hijos y nietos no se conviertan en excluidos sociales, en parias. Una de cada cuatro o cinco personas que viven en España está por debajo del llamado umbral de la pobreza y otros muchos hacen peligrosos equilibrios en ese umbral.
En 2008 había en España aproximadamente dos millones de personas dependientes. Se estima que actualmente 100.000 personas esperan la evaluación para ser consideradas «dependientes» y tendrán que seguir esperando; los fondos asignados se han disminuido en un 45% por lo que miles de personas dejarán de ser atendidas, junto con la pérdida también de miles de servicios y de puestos de trabajo. Mientras se niega la ayuda a dependientes y ancianos como establece la ley, muchos mayores han tenido que asumir obligaciones en una etapa de la vida en la que les correspondería, y muy merecidamente descansar, disfrutar de un ocio que siempre se les negó. Se trata de una generación que lo tuvo muy difícil, reconstruyó un país devastado por una terrible guerra civil, padeció una postguerra viviendo en condiciones penosas, muchos tuvieron que irse a trabajar por el mundo y no siempre fueron acogidos con amabilidad.
Algunos ancianos se han visto obligados a volver a trabajar, a reducir gastos, otros dejan las residencias para contribuir con sus pensiones posibilitando que sus hijos y nietos coman. El perfil de dependientes ahora también ha cambiado, incluyendo entre ellos a muchos niños y jóvenes.
Y si algo faltaba: el «re-pago» y la eliminación de una serie de prestaciones. Por perder han perdido también el derecho a enfermar y a morir tranquilos. ¿Que será de los suyos si ellos faltan?
Estos recortes ponen de manifiesto una vez más que el hilo se corta por lo más delgado. Que se vulneran los derechos de miles de personas condenándolas al abandono, a la indefensión y a la exclusión social, por lo que se seguirán produciendo movimientos sociales de protestas mientras no exista una verdadera justicia social. Una sociedad democrática no puede hacer oídos sordos y mirar para otro lado, si así lo hacemos las próximas generaciones y la historia nos juzgarán muy duramente.
El Imserso recibe protestas por el cambio de Cruz Blanca a ‘Clece’ en Ceuta
Usuarios del servicio de asistencia a domicilio del Imserso, vinculado a la ley de dependencia, protestan por la eliminación de servicios como toma de tensión, peluquería o podología. Se quejan de que se han dejado de prestar al cambiar, desde el 1 de octubre, de la ONG Cruz Blanca, gestionada a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la empresa privada ‘Clece’. El director de la institución explica que son casos puntuales y que la empresa está aún en proceso de adaptación.
El pasado 1 de octubre, Cruz Blanca -que operaba a través de un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales- dejó de prestar el servicio de ayuda a domicilio en el Imserso, vinculado a la Ley de Dependencia. El motivo fue que ganó un nuevo contrato la empresa ‘Clece’. Mientras el servicio de asistencia a domicilio de la Ciudad continúa atendiéndolo la ONG, el del Imserso pasó a gestionarlo esta empresa.
El cambio no ha sentado demasiado bien a muchos de los usuarios, que han visto mermados algunos de los servicios que recibían, puesto que aunque no los incluía la contratación, Cruz Blanca sí los prestaba, tal como explican tanto los usuarios como fuentes cercanas al caso. Esta reducción ha sido objeto de protesta de varios usuarios dependientes que se acogen a este programa, tal como ellos han señalado. Es el caso de Libertad Medina, quien lamenta que con el cambio de empresa han dejado de prestarle servicios como la toma de tensión.
Peluquería, podología, toma de glucosa o asistencia social y psicológica son otros de los servicios que echan en falta los usuarios y que antes sí recibían por parte de Cruz Blanca. Muchos de estos usuarios han manifestado sus quejas en el Imserso, desde donde reconocen que estas protestas existen aunque matizan que son “casos puntuales”. “Tenemos más de cien usuarios y las quejas no son más de cuatro o cinco”, explica a EL PUEBLO el director del Imserso, Alfonso Grande. Destaca además que estas son sobre aspectos “muy concretos” y no sobre un mal servicio. Agrega que estas vienen derivados por cambios de las personas que atienden al usuario, pese a que la plantilla ha sido subrogada. Asimismo resalta que las quejas han llegado tanto por medio de la institución como a través de los trabajadores, y que están trabajando en solucionarlas.
De hecho, el director el Imserso explica que con el objetivo de analizar estas quejas, mantuvieron el jueves una reunión con la junta directiva de ‘Clece’. “Aunque haya una sola queja, estamos ahí para solucionarla”, garantiza.
Grande considera que estas protestas vienen motivadas por el “proceso de adaptación” y por ello ha pedido a ‘Clece’ una mayor “agilidad” para que este proceso “sea lo más rápido posible”. “Aunque la plantilla sea la misma, la coordinación y distribución por zonas geográficas es diferente y yo creo que lo que hoy son quejas mañana será considerado incluso mejor”, destaca Grande.
El director del Imserso asegura que “no se han reducido prestaciones” y agrega que servicios como la toma de tensión pueden tomársela en el centro social de mayores del Imserso, donde trabajan dos enfermeros, además de como una actuación dentro de los convenios con Ingesa. “Quizá sea un poco prematuro para llegar a conclusiones”, apunta Grande, quien confía en que la situación se soluciones en cuanto la empresa se adapte.
Menor coste del servicio
Este servicio se presta en función de las horas de reconocimiento del grado de dependencia y se gestiona directamente por el Imserso, prescindiendo de los convenios que anteriormente le vinculaban a la Ciudad Autónoma.
Esta contratación pública a ‘Clece’ ha supuesto una reducción en el coste del servicio, según reseña el director del Imserso. “No es lo mismo hacer un convenio con una entidad que sacar a contratación, que se ajusta más el importe”, agrega. “No es una cantidad importante pero sí significativa, pero eso no va en detrimento de la calidad del servicio, siempre hay unos parámetros”, apostilla.
El contrato de ‘Clece’ es de un año prorrogable a uno más. Sólo se encarga de la ayuda a domicilio en el marco de la Ley de dependencia, mientras que la ayuda a domicilio básica la sigue prestando Cruz Blanca, gestionado por la Ciudad Autónoma.
El sector de la Dependencia hará acciones conjuntas por los impagos del Consell
Las patronales del sector de la dependencia Aerte y Lares y los sindicatos CCOO y UGT han anunciado acciones conjuntas para protestar por la «situación límite» a la que los impagos de la Generalitat, que les adeuda cerca de 100 millones de euros, ha llevado a los centros que atienden dependientes y a sus trabajadores.La Defensora del Pueblo recomienda apoyar a los cuidadores de la Dependencia para que no se queden fuera del sistema
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores de personas en situación de dependencia para evitar que aquellas personas que «no puedan hacer frente al pago de las cuotas por falta de capacidad económica queden fuera del sistema».
En el marco de una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Becerrill ha realizado una serie de sugerencias para paliar los efectos que este Real Decreto-Ley pueda tener para los dependientes y sus familias.
En este sentido, recomienda la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar, en línea con la propuesta de revisión formulada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
También recomienda establecer medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización.
Para la Defensora del Pueblo los cuidadores no profesionales están realizando «una función social que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, por lo que considera que habría que facilitar que estas personas permanezcan dentro del sistema».
En cuanto a las condiciones que establece el Real Decreto-Ley para acceder al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalle «claramente» en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes pueden salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.
Tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero «por cualquier motivo o duración» anula la inscripción como demandante de empleo.
Esta exigencia, que «para algunos supone vulnerar la libertad de circulación de las personas, aparece matizada en una instrucción que detalla seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses».
Para la Defensora, estos supuestos deberían estar detallados en el Reglamento que regula el Real Decreto-Ley y la Administración debería asegurarse que los solicitantes de la RAI tengan suficiente información que advierta claramente sobre «los términos, circunstancias y límites temporales» que se fije para los viajes al extranjero.
En este mismo ámbito, Becerril pide que se incluya a las personas discapacitadas entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.
El sector de la dependencia anuncia una huelga el día 31
Lares Comunitat Valencia, Aerte, UGT y CC OO anunciaron ayer acciones conjuntas para protestar por la situación «límite» que «casi un año de impagos ha llevado a centros para la asistencia socio-sanitaria y de la dependencia, trabajadores y dependientes». Además, los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV han convocado para el próximo 31 de octubre una huelga en el sector de atención a personas con discapacidad, ya que a consecuencia del impago del dinero adeudado hay trabajadores que llevan más de cuatro nóminas sin cobrar. Según informaron, las patronales prevén el cierre de centros y la desatención a dependientes de mantenerse una situación que ha llevado a las empresas «a la quiebra y la pérdida de empleo de trabajadores». Las entidades explican que «nunca», desde la aprobación de la Ley de Dependencia, el sector se ha visto en una situación «tan límite». Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia convocó ayer una protesta frente a la sede del Consell «ante los brutales recortes que los Gobiernos de Rajoy y Fabra están haciendo a las personas dependientes».
La Junta cambia de modelo y cierra una primera unidad de estancia diurna
Dieciocho personas mayores dependientes tendrán que cambiar de centro los próximos días para ser atendidas mientras sus familiares trabajan. Estos ancianos son los usuarios de la estancia diurna de Ciudad Jardín que la Junta cerrará en noviembre para ampliar el centro de partipación activa anexo a dichas instalaciones, un modelo asistencial que el Gobierno andaluz quiere potenciar. Así, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se hará cargo de esta reubicación tras notificar la medida a la empresa que gestionaba este servicio, Asisttel. Con esta clausura se reduce en 20 plazas la oferta de centros de día que el gobierno regional tiene en la provincia de Sevilla.
El cierre se produce tras agotar el periodo de concesión de la empresa encargada de gestionar este servicio, que viene prestándolo desde 2006, cuando se puso en marcha la unidad de estancia diurna en Ciudad Jardín. Según fuentes de Bienestar Social, la decisión tomada por el departamento que dirige María Jesús Montero no guarda relación con los recortes, sino con una «reutilización» del espacio público. El nuevo uso de las instalaciones servirá para ampliar el centro de participación activa de mayores que funcionaba con anterioridad a la unidad de día. Dicho centro es uno de los que más socios tiene de Andalucía, lo que, según las fuentes señaladas, ha provocado que sus dimensiones resulten pequeñas.
La finalidad de estos espacios es el desarrollo de programas para fomentar la capacidad de aprendizaje de las personas mayores, su participación cultural en el entorno, ampliar el nivel formativo de estas personas además de prevenir situaciones de dependencia y fomentar la cooperación y solidaridad entre generaciones. La filosofía de estos centros viene recogida en el Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo publicado en 2010. En dicho documento se impulsa la creación de este servicio que ha de sustituir al que se venía prestando en las unidades de día convencionales, de manera que el anciano no sea tratado sólo como un sujeto pasivo, sino que logre su inserción social a través del desarrollo de actividades.
En el conjunto de Andalucía hay más de 900 centros de este tipo, de los cuales sólo el 18,5% son de titularidad pública, con cerca de 620.000 asociados (personas que se beneficien de ellos de forma gratuita). En Sevilla esta red está constituida por 31 centros, repartidos en 27 municipios con 114.000 socios. El último en incorporarse abrió sus puertas en el Cerro del Águila el pasado 4 de octubre y en él pueden inscribirse hasta 5.000 personas. En sus 1.872 metros cuadrados dispone de gimnasio, salón de baile, talleres y podología.
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social se hará cargo de recolocar en otros centros «cercanos» a los ancianos atendidos en la unidad diurna de Ciudad Jardín. En este sentido, la Administración regional insiste en que todos los servicios de día para personas mayores tienen vacantes actualmente y que «rara vez» la demanda ha superado la oferta en la provincia de Sevilla, un excedente al que ha contribuido la Ley de Dependencia.
La empresa que gestiona el centro de día tendrá que hacerse cargo de reubicar a los ocho trabajadores de la unidad de Ciudad Jardín en los otros tres centros destinados a atender a personas mayores que explota en Andalucía o, en caso de no haber puestos libres en ellos, a indemnizarlos por el despido. La plantilla de trabajadores no descarta convocar algún tipo de protesta los próximos días ante este cierre que vinculan «a la política de recortes de la Junta». Fuentes de Asisttel señalaron a este periódico que Bienestar Social sólo les comunicó el cierre de la unidad sin explicar los motivos.
El impago de los atrasos de la ley de la dependencia ahoga a los afectados
El caso de Juan Manuel Escobar ejemplifica el drama personal que están viviendo muchísimas familias de nuestro país, castigadas de una manera profunda por la crisis económica y que se encuentran especialmente ahogadas al no haber cobrado los atrasos que les deben de la Ley de la Dependencia. Este ciudadano de Reus -en el paro, con siete personas a su cargo, y que tiene que pasar cada mes con poco más de 1.300 euros- exige que le paguen los más de 3.000 euros de atrasos que le deben a su mujer, la cual cobra cada mes 250 euros a través de la Ley de la Dependencia.
«En 2009 nos concedieron una paga por la Ley de la Dependencia, pero hasta 2010 no empezamos a cobrarla. Entonces nos dijeron que nos pagarían los 4.000 euros que nos debían de atrasos. Desde entonces, sólo nos han ingresado 700 euros», se lamenta este vecino de Reus. Todo ello ha coincidido en el tiempo con una serie de calamidades, a nivel laboral, tanto para él como para su familia.
Después de quedarse en el paro, y de que su hijo también se quedase sin empleo, Juan Manuel lleva dos años haciendo auténticas filigranas para pasar el mes con poco más de 1.300 euros. «La hipoteca la voy pagando, pero de aquella manera, a medias, por lo que debo unos 500 euros. De la comunidad de vecinos debo dos años y de impuestos del Ayuntamiento más de 1.000 euros», explica desolado este ciudadano, quien añade que «para más inri, mi mujer es diabética y sufre depresión, por lo que toma unas 14 pastillas al día que, con el copago de los medicamentos, me suponen un gasto de unos 40 euros al mes».
Pero, por si fuera poco, Juan Manuel Escobar se encuentra desde hace unas semanas con el problema añadido de que su hija, yerno y dos nietas están a la espera de que el juez ejecute una orden de desahucio, por lo que antes de que se queden en la calle las acogerá en su casa. «Seremos ocho bocas que alimentar, entre ellas dos niñas de nueve años, sin que nadie trabaje», comenta este ciudadano, quien reconoce que «los más de 3.000 euros que nos deben de la Ley de la Dependencia los necesitamos para poder acondicionar el piso ante la inminente llegada de mi hija y su familia». Juan Manuel, quien asegura que lleva tres meses sin dormir por culpa de la preocupación, se queja especialmente por «el trato que nos dan a los ciudadanos en las administraciones. Fui a exponer mi caso a Tarragona y me trataron como a un número. Además, los políticos son todos unos insensibles que lo único que saben hacer es engañar a la ciudadanía».
Juan Manuel quiere que «mi caso, como el que deben estar pasando muchas familias, se sepa para que la gente conozca quienes nos están gobernando. Lo único que reclamo es un dinero que es mío y que me permitiría vivir un poco más tranquilo».
Nuevas tasas para los dependientes en Madrid
La tasa por solicitar una revisión del grado de dependencia y de discapacidad en la Comunidad de Madrid tendrá un coste de 30 euros conforme a una orden que entró en vigor el pasado 10 de julio tras la publicación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid.
Mientras, la evaluación para solicitar el grado de dependencia o discapacidad seguirá siendo gratuita, como hasta ahora, según explicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales.
También hay otra nueva tasa de seis euros para la expedición del titulo de familia numerosa, estando exentos los perceptores de la renta mínima de inserción.
La orden, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se dictó a raíz de la nueva Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid aprobada el pasado julio.
Tasa por la revisión del grado
«Los procesos técnicos y médico para diagnosticar un grado de dependencia seguirán siendo gratuitos. Sólo se impone la tasa en los casos en los que se solicite una revisión del grado», han recalcado.
Según la orden, esta norma legal persigue «que quienes ya tienen un grado de dependencia reconocido contribuyan a sufragar, al menos parcialmente y en una cuantía moderada, el coste de una actuación administrativa que se genera a su instancia y de la que serán sus beneficiarios directos».
Así, quedarán exentos del pago de la tasa aquellos «cuya capacidad económica personal sea igual o inferior a dos veces la cuantía del indicador público de renta de efectos múltiples».
Cruz Roja Águilas acuerda con Fundación ‘la Caixa’ promover la autonomía social de las personas mayores dependientes
Cruz Roja de Águilas y la Fundación ‘La Caixa’ han firmado este martes un convenio de colaboración en virtud del cual, la ONG promoverá la autonomía social de las personas mayores dependientes y apoyará a sus cuidadores a través de la participación de personal voluntario.
La colaboración entre la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Águilas y el Área de Integración Social de la Fundación ‘la Caixa»‘ ha sido rubricada por parte de la ONG su presidente, Miguel Molina; y por parte de la Fundación, la directora de Área de Negocio en Lorca, Mª Josefa Martínez.
El Proyecto ‘Intervención social con personas dependientes’ ha sido seleccionado por la Obra Social de ‘La Caixa’ en la convocatoria realizada por la entidad dentro de este año.
Supone una inversión total de 35.700 euros, de los cuales 13.800 euros son aportados por la Fundación y el resto, 21.900 euros, sufragados con fondos propios de la Organización No Gubernamental.
Uno de los objetivos prioritarios es aumentar el grado de autonomía de los mayores atendidos, todo ello en coordinación directa con los agentes públicos y privados del municipio que trabajan actualmente con este colectivo. Junto a él, se pretende contribuir a evitar el aislamiento de nuestros mayores y fomentar un envejecimiento saludable.
De forma paralela, la proximidad en el seguimiento de los usuarios que se beneficien del programa, conseguida con el trabajo voluntario de miembros de Cruz Roja de Águilas, permitirá conocer en profundidad la evolución de la situación de dependencia, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando los recursos disponibles, según la ONG.
Aerte combate el intrusismo por los perjuicios para los dependientes
Aerte, Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia, entidad que representa el 80% del sector de la dependencia con más de 150 empresas asociadas y 12.000 trabajadores, ha detectado la presencia de empresas que están prestando el servicio de ayuda a domicilio en varios municipios de la Comunidad Valenciana fuera de la legalidad vigente, con el peligro que implica la falta de garantías en su relación profesional con enfermos, miembros de uno de los colectivos socialmente más sensibles.
Para Aerte, el hecho de que determinadas empresas que muestran un total desprecio hacia las normas existentes – y con ello, hacia la salud y el bienestar de los propios dependientes – estén prestando servicios fuera de la legalidad va más allá de la competencia desleal, poniendo en serio peligro la atención y los adecuados cuidados de los dependientes, con las graves responsabilidades que de ello pudieran derivarse para las instituciones que los contraten, en caso de suceder algún tipo de problema.
En esta línea, la patronal valenciana de la dependencia ha instado a los municipios de la Comunidad Valenciana a realizar un seguimiento del servicio prestado a los dependientes en sus municipios, ante la necesidad de confirmar que ninguna de estas empresas puede estar prestando servicio y poniendo en riesgo la salud de los Dependientes que reciben el servicio. El servicio de ayuda a domicilio es un modelo de asistencia orientado a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.
Por ello, manifiesta Aerte, resulta inconcebible que empresas sin las garantías profesionales que exige la ley estén prestando un servicio necesario para que las personas dependientes puedan sobrellevar su día a día, pues se trata de personas con un grado de enfermedad cuyo tratamiento y cuidados exige de unos requisitos profesionales que determina la ley, que en estas empresas no están cumpliendo. También ha solicitado realizar un seguimiento de aquellas empresas en situación ilegal que puedan presentarse a los concursos, instándoles a recabar toda la información necesaria que justifique que la prestación de este servicio se realiza con arreglo a la legalidad vigente y especialmente, con la autorización adecuada para prestar dicho servicio.
Hoy día, existe un elevado número de dependientes en el marco de la Comunidad Valenciana. Personas que necesitan ayuda para llevar a cabo las funciones más básicas y esenciales del día a día, desde levantarse, asearse, vestirse o alimentarse, como para tratamientos más complejos que empresas ilegales y sin ningún tipo de autorización no deben desempeñar, pues lo contrario pone en riesgo la salud del dependiente, primer y último compromiso de Aerte.
El presidente de CERMI teme que con aplicación de Ley de Dependencia «algunas personas sean expulsadas del sistema»
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región de Murcia (CERMI), Joaquín Barberá, ha hablado esta mañana sobre «la rigidez de acceso» a la Ley de Dependencia, donde ha dicho que «el pago de subvenciones no es el principal tema a exponer», sino «la mala aplicación de la Ley», pues teme que ahora «algunas personas que ya estaban atendidas, sean expulsadas del sistema».
Barberá ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Especial de Discapacidad de el Asamblea Regional, «para informar desde el punto de vista de CERMI sobre la situación de la Discapacidad en la Región de Murcia», donde hay «10.000 familias afectadas por la aplicación de la Ley de Dependencia».
Ante la Comisión, el presidente de CERMI, comité que «abarca a todas las asociaciones de la Discapacidad de la Región de Murcia», ha puesto sobre la mesa temas como el aumento del copago para las familias, la incompatibilidad de la prestación económica con un determinado servicio o lo que suponen las tasas del grado de Dependencia.
Respecto al tema de las subvenciones, ha indicado que «cuando hay algún impago lo soportan las asociaciones», pero que al respecto quieren «una normativa», aunque no obstante comparece ante la Comisión de Discapacidad «con positividad», ya que ha insistido en que el tema de las subvenciones «se regularizará».
También ha matizado que «a todos nos interesa el cobro para poder pagar a nuestros técnicos», pero que lo verdaderamente importante «es lo que se deriva de la Ley», puesto que «la política social es algo más que la Ley de Dependencia».
Así pues, ha afirmado que «las personas dependientes siguen estando atendidas, pero a costa de sus familiares, que son los que forman las organizaciones», y ha denunciado que las políticas sociales «están en manos de las organizaciones en lugar de en las de la Administración».
ASIGNATURAS PENDIENTES
Para la diputada socialista, Teresa Rosique, esta comparecencia supone escuchar «al comité más receptivo de personas con discapacidad», para tomar «buena nota», y así poder analizar «nuestras asignaturas pendientes para poder dar respuesta a las personas con discapacidad».
Por parte del Partido Popular, la diputada Severa González ha indicado que «con esta comparecencia se cierra un primer capítulo», pues durante «tres lunes consecutivos han comparecido la consejera de Sanidad, el consejero de Educación y el de Obras Públicas», que han trasladado «todos los proyectos en materia de discapacidad».
De igual forma, Severa González ha subrayado «la implicación del presidente Ramón Luis Valcárcel desde el año 95», siempre «abierto al diálogo social», cuestión reconocida «al ser premiado por CERMI».
También, González ha querido destacar «que los recortes afectan a todos los colectivos, a la discapacidad también», pero que en este caso espera que «sea lo menos posible».
Y por parte de IU-Verdes, el diputado regional José Antonio Pujante ha dicho que «no vamos a tolerar recortes en los sectores más vulnerables», porque de lo que se trata es de «la plena integración» de este colectivo.
El Sistema de Dependencia perdió 5.000 beneficiarios en el último mes
El Sistema de Dependencia perdió un total de 4.676 beneficiarios en este mes de octubre con respecto a septiembre, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de España, un descenso que refleja que el Sistema «se destruye por inanición».
En un comunicado, la asociación indica que actualmente hay 99.333 personas pendientes de valoración, 237.885 en el «limbo de la dependencia», 476 plazas residenciales menos y 1.534 usuarios de ayuda a domicilio menos. Ante estos datos, cuantifican que el recorte en este mes se eleva a casi 4 millones de euros y ha supuesto el despido de unos 700 trabajadores.
A juicio de la asociación, este descenso se ha producido «seguramente» porque los beneficiarios han fallecido y denuncian que «ni siquiera» se haya destinado «el ahorro que eso supone para dar esa prestación o servicio a una de las 237.885 personas que se encuentran en el ‘limbo de la dependencia», es decir, personas a las que se les ha reconocido el derecho pero no se les ha dado ninguna prestación o servicio correspondiente.
Por ello, lamentan que «ni siquiera» se mantenga la tasa de reposición al atender a los que están en el Sistema de Dependencia –recortando las prestaciones, reduciendo horas de servicio y aumentando el copago, según la asociación– y no se dé cobertura a quienes están en la lista de espera o puedan entrar en la misma.
La asociación también ha denunciado la existencia de 3.450 grandes dependientes menos que el mes anterior ya que, en su opinión, «se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste». En este punto, han subrayado que los dos años y medio de plazo que las comunidades autónomas pueden aplicar después del Real decreto de 15 de Julio «hará que decenas de miles de personas con derecho mueran sin ser atendidas».
En palabras del presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, «el destrozo total del sistema se vislumbra tan evidente que solo caben dos valoraciones posibles: o continúa una demolición cruel y calculada de la Ley de Dependencia o bien se está cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».
Rojas Marcos: «La clave para superar las adversidades de la dependencia está en la resiliencia»
La «resiliencia» o mezcla de resistencia y flexibilidad que caracteriza esa poderosa capacidad humana de superar adversidades de todo tipo es, según el prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos, «la clave para superar las adversidades asociadas a la dependencia». La frase la ha pronunciado durante la tercera y última de las conferencias que componen el acuerdo firmado entre Fundación Caser para la dependencia y la Fundación ONCE, y que tiene por fin promover la sensibilización social a favor de la dependencia. Durante el acto Rojas Marcos también señaló que «reconforta saber que cada día más investigaciones corroboran el alto porcentaje de niños, jóvenes, adultos y mayores dependientes que se adaptan bien a sus limitaciones y mantienen un grado muy saludable de satisfacción y disfrutan de parcelas de la vida muy gratificantes».
Para el ilustre psiquiatra la clave de este hecho radica en la resiliencia, un atributo natural de superación que posee el ser humano y cuyos pilares principales son seis: «las relaciones afectivas con otras personas; casi todas las personas dependientes identifican como una de las claves de su adaptación a alguna persona o personas con las que se sienten unidos emocionalmente; las funciones mentales ejecutivas, como la introspección, la energía, y la aptitud para tomar decisiones, regular las emociones y programar los comportamientos; la localización del centro de control dentro de uno mismo, en lugar de desplazarlo a fuerzas externas; la autoestima; el pensamiento positivo y ser conscientes de los aspectos gratificantes diarios que dan significado a la propia vida».
No es una cualidad excepcional
Asimismo, Rojas Marcos aseguró que «la mezcla de resistencia y flexibilidad que forja la resiliencia humana no es una cualidad excepcional; se trata de la combinación de aptitudes que llevamos en el equipaje genético con los estímulos que recibimos del entorno familiar y social. Las experiencias positivas que vivimos también favorecen esta fuerza natural. Además, quienes están dispuestos a invertir el esfuerzo necesario pueden fortificar su resiliencia. En definitiva, nacemos, nos hacemos y, si nos lo proponemos, también aprendemos».
También explicó que el impacto que la dependencia tiene en cada individuo depende de la personalidad, «hay personas que transforman las limitaciones en retos manejables mientras que otras son ellas los que se transforman para afrontarlas». «Para entender el impacto de la dependencia en la persona —continuó diciendo— no sólo debemos considerar los aspectos físicos o psicológicos que le imponen limitaciones para llevar a cabo actividades normales, sino también el acompañamiento emocional, así como la explicación o el significado que le asigne a su condición de dependiente».
El Gobierno foral va a mantener la prestación para la atención a la dependencia
Abordando diferentes temas, Pejenaute ha asegurado que el Gobierno foral va a mantener la prestación para la atención a la dependencia y Navarra no va a recurrir a ley estatal que permite introducir recortes en la dependencia.
Pejenaute ha asegurado que «la aplicación literal de la ley estatal habría supuesto un ahorro para Navarra de 8 millones de euros, pero el Gobierno, haciendo uso de su autogobierno, decidió no utilizar esta posibilidad, porque entendimos que esto afecta al colectivo más necesitado y supondría unas reducciones de entre el 40 y el 60 por ciento de sus prestaciones».
En cuanto a la renta de inclusión social, el consejero ha asegurado que acabará «con las listas de espera y el retraso cronificado en el abono de esta renta».
Además, ha valorado que, pese a la decisión del Gobierno central de limitar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, el Ejecutivo foral va a invertir 1,7 millones de euros para financiar su atención.
Por otra parte, el Gobierno impulsará «políticas para la igualdad de género y para erradicar la violencia de género» y trabajará en la elaboración de un plan estratégico de atención a la familia, a la infancia y a la adolescencia.