Dependencia
«Potenciar la ayuda familiar a dependientes haría desaparecer los servicios sociales»
La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comenzará a enviar la semana que viene las primeras resoluciones ajustadas al nuevo modelo de dependencia, que primará los servicios profesionales frente a las ayudas al cuidado en el entorno familiar, cuyas cuantías sufrieron el 1 de agosto una reducción del 30 por ciento, un 15 por parte del Gobierno central y otro por parte de la Junta. Aunque la consejera Milagros Marcos reconoce que se están «pidiendo sacrificios» a los dependientes y sus familias, insiste en que las modificaciones servirán para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro», con las miras puestas en la «atención de calidad» y la «generación de empleo».1.600 cuidadoras en Navarra, sin Seguridad Social por el recorte estatal en la Dependencia
Muchos familiares de dependientes han tenido que dejar sus empleos para cuidar de los suyos. Hasta hace poco podían seguir cotizando a la Seguridad Social por realizar este ingente trabajo en un régimen especial, una cotización que pagaba el Estado, que les servía para completar periodos cotizados a lo largo de su vida laboral y poder acceder a una pensión de jubilación.
Pamplona. Sin embargo, el último decreto de reforma de la Ley de Dependencia implica que el Estado deja de pagar esas cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.
Cerca de 1.600 cuidadoras y cuidadores (1.564 según los últimos datos de julio) han quedado fuera de la Seguridad Social en Navarra a partir de este mes de septiembre excepto quienes voluntariamente hayan solicitado la suscripción de un convenio especial hasta el 31 de diciembre pagando, el 85% de la cotización de su bolsillo con una bonificación del 10% de la Seguridad y el 5% del Ministerio de Empleo. En enero, todas. A partir de ahora, quien quiera seguir cotizando se lo tendrá que pagar él mismo. Cabe recordar que los cuidadores cotizaban sobre la base mínima de 748,20 euros mensuales, es decir, pagaba 142 euros. Una de las razones que aduce el Ejecutivo estatal para prescindir de esta cotización es intentar que los dependientes tengan una atención más profesionalizada, algo que no comparten las plataformas reivindicativas.
Para el colectivo que dirige Isabel Arbonies, de la Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia, se trata de una «medida miserable que vuelve a cargar sobre las espaldas de los familiares, la mayoría mujeres (85-90%), el cuidado de los ciudadanos más vulnerables, sin reconocimiento de derechos activos ni pasivos por su trabajo y dedicación». Mujeres que han abandonado su actividad laboral pero que también han «renunciado a su vida social y personal», reitera.
«Fuerza nuevamente a las familias a ejercer la asistencia de forma gratuita y no reconocida en el ámbito privado», alega quien agrega que «hay mucha gente que no podrá tener los años mínimos para cotizar, ni para una pensión contributiva ni para las no contributivas».
Consideran además que el Gobierno foral debe estudiar alguna fórmula para «dar cobertura a esta dejación de responsabilidades del Gobierno del Estado». La Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia habilitará un número de teléfono y un horario semanal de atención directa para recoger las situaciones a las que se enfrentan las familias con personas en situación de dependencia. Familias que ya sufren los «recortes en derechos sociales y atención sanitaria». Reprueban además las «dificultades» a la hora de requerir prestaciones y servicios sociales, así como «situaciones gravosas que no nos parecen de recibo». Ponen como ejemplo que «se acaba de pedir la devolución de los cuatro días de una ayuda vinculada al servicio residencial de un dependiente fallecido el 27 de julio».
Y anuncian que estarán «vigilantes» ante el recorte de 1.391 millones para el 2013 y otros 1.473 para el 2014. «Además, se pretende modificar la normativa relativa a la capacidad económica y aportación del beneficiario al coste de los servicios, algo que en Navarra ya es palpable, especialmente en el SAD», abundan.
También la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa bajará un 15% como mínimo. Esta medida, estiman, podría afectar a más de 400.000 personas en todo el Estado, aunque no se sabe cómo influirá a Navarra. Además, a partir de ahora no solo se tendrá en cuenta la renta del dependiente para determinar la ayuda, sino que también se tendrá en cuenta su patrimonio. Asimismo se les exigirá a todos los cuidadores familiares que cumplan con unos conocimientos básicos para atender al dependiente, así como también convivir con él.
Aprender a cuidar en casa cuidándose bien
ABIERTA LA MATRICULA DEL CURSO APRENDER A CUIDAR EN CASA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, ENCARGADO A LA FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS MENTOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El curso está dirigido a cuidadores familiares, cuidadores profesionales y formadores de cuidadores.
Autoras. Las expertas en gerontología social, Pilar Rodríguez, Teresa Martínez, Pura Díaz-Veiga y la abogada, Martina Castro
Bajo el enfoque del paradigma del Envejecimiento Activo y tomando como referencia la Solidaridad Intergeneracional, el curso tiene como objetivo aprender a cuidar en casa a una persona en situación de dependencia y aprender a cuidarse a si mismo.
Se trata de un curso on line de 90 horas de duración que los alumnos pueden distribuir según el ritmo que les convenga.
Contiene técnicas, estrategias y habilidades tanto para cuidar bien como para mantener y favorecer el bienestar y la salud de las personas cuidadoras y tiene un carácter eminentemente práctico al centrarse en situaciones habituales en la relación de cuidado. Se organiza en 6 unidades didácticas:
- Papel de la familia, necesidades y principios para el buen cuidado
- Cuidar bien
- Cuando el día a día se complica
- Orientaciones legales para tomar decisiones
- El autocuidado
- Competencias para formadores de familiares cuidadores
El curso se adapta a los contenidos y formatos que deben tener las actividades formativas para cuidadores no profesionales del ámbito familiar, según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD) y los acuerdos posteriores del Consejo Territorial del SAAD.
Destinatarios:
- Entidades o profesionales que realizan actividades formativas
- Auxiliares del SAD y asistentes personales
- Familias cuidadoras y personas cuidadoras contratadas por las familias
Más información y video promocional del curso en: http://www.aulamentor.es/es/
Alberto Echevarría, “parece que esperan resolver la dependencia mediante fallecimientos”
Los empresarios de la dependencia viven momentos de vértigo. 60.000 camas vacías en sus residencias y los impagos de las comunidades y Ayuntamientos (880 millones de euros) ahogan un sector proclive al crecimiento que hace su negocio con un material frágil: los dependientes. La últimas medidas anticrisis no han dado los frutos que esperaban. “Más del 20% de nuestras empresas tiene ya una viabilidad imposible”, dice Alberto Echevarría (presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Y advierten que no podrán con más recortes. Dan un aviso al Gobierno. “Esperamos a los próximos presupuestos, no podemos más”.
Pregunta. Dicen que las Administraciones les deben 800 millones. ¿Por qué no dan esos datos por comunidades? Los afectados tendrían más capacidad de presión.
Respuesta. Es imposible hacerlo por Ayuntamientos y de comunidades tenemos los datos de algunas, por ejemplo de Valencia, 200 millones, pero… los empresarios tienen miedo porque ven que si dan los datos ponen en riesgo aún más los plazos de pago.
P. Acusan a la Administración de no usar y pagar las 60.000 plazas vacías que ustedes tienen en sus centros, pero no todas están en los lugares donde hay demanda y quizá el dinero público no puede pagar lo que valen.
R. Reclamábamos un mapa de recursos desde hace años, pero hoy en día podemos decir que hay plazas vacías por todos lados, en el ámbito rural, urbano. Y sobre los precios, creemos que la Administración debe optar por la ayuda vinculada al servicio, es decir, el cheque-servicio y que cada ciudadano, con esa cantidad concedida escoja el centro que le guste.
P. ¿Es el ciudadano el que elige o elegiría el centro? Porque si dos ciudadanos con el mismo cheque van a un centro a pedir plaza y uno de ellos además tiene dinero propio para pagar otros servicios que allí se ofrecen, como peluquerías o masajes, el centro escogerá al ciudadano con más dinero. Y los más pobres tendrán que quedarse con la red pública. ¿No lleva eso a un sistema dual?
R. En absoluto, esto es como los hoteles o la automoción. Cada uno escoge en función de lo que se puede permitir. Pero además, todos nuestros centros tienen una alta calidad de atención. Para la dependencia están perfectamente acreditados y supervisados. Los servicios complementarios se los pagará quien pueda, claro. Además, ningún centro en España puede escoger porque todos tienen plazas vacías.
P. Habla de calidad en las residencias, pero el que tiene un anciano ingresado en ellas sabe que hay muchas caídas, alimentación poco individualizada. Los familiares se quejan de falta de esmero. ¿No necesita el sector una reconversión?
R. Esa reconversión se ha hecho en los últimos tres o cuatro años. El nivel de calidad es ahora el mismo o mejor que en el resto de Europa y lo sé porque he viajado por esos países para conocerlo. Había centros que necesitaban una adaptación y aún quedarán, pero pocos, nosotros hemos denunciado algunos ilegales, que nos perjudicaban. Los que operan ahora cumplen los requisitos.
P. El Gobierno prometió un cambio de tendencia: ahorrar en pagas económicas para los familiares que cuidan a enfermos para potenciar los servicios profesionales que ustedes ofrecen. ¿Está siendo así?
R. En absoluto, ese ahorro no se ha traducido en servicios. La lista de 239.000 ciudadanos que esperan por su ayuda se está reduciendo por fallecimientos, no porque les atiendan. ¿Dónde se han ido esos ahorros, dónde el dinero que se deja de pagar por la seguridad social a los cuidadores o el de la rebaja de un 15% o más a esos cuidadores en su paga? ¿Adónde ha ido? A los dependientes no, desde luego. Tenemos más plazas vacías y menos horas de ayuda a domicilio.
P. Dicen que han hablado con todos los partidos, Gobiernos, con el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, y que no recogen sus sugerencias.
R. Es así. Y lo hicimos todas las patronales, ONG y los sindicatos. Lo del secretario de Estado es para nota: nos dice que nos entiende, que sabe que hay demanda de plazas, que hay oferta de ellas, que se genera empleo y retornos para el Estado… Bien, ¿y entonces? Contesta que no hay dinero. Si esto no es de tener dinero, hay otras medidas que tomar.
P. ¿Qué proponen?
R. Coordinación sociosanitaria. Podemos atender a muchas personas que están siendo cuidadas en los hospitales por siete veces menos su precio. Los hospitales no están para cuidar. Esas personas que necesitan rehabilitación, cuidados paliativos o incluso terminales podemos atenderlos perfectamente por menos precio. Se necesita valentía para hacer eso, cerrar esas camas y trasladarlos a nuestros centros. Y también digo que atendemos a la gente en nuestras residencias tres veces más barato que en las públicas. Para ambas cosas pedimos un trasvase. Garantizamos la calidad. En los centros públicos tienen ratios muy altas de empleados por dependientes, sale más caro.
P. Si se produce ese trasvase y reducen las ratios se perderá empleo.
R. Mantendremos los empleos, a corto plazo los haríamos nuestros. La calidad no depende de los empleados por persona atendida, sino de la atención que pueden prestar esos empleados en un momento dado del día. Nosotros sabemos gestionar, que nos dejen hacerlo y mantengan la financiación y titularidad públicas. Con el ahorro podríamos atender a los más de 239.000 dependientes que esperan su ayuda.
P. Rajoy antes de ganar las elecciones dijo que la dependencia era inviable y hace unos días, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que de no corregirse la situación económica “será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales”. Da pavor.
R. Esas declaraciones son un grave error y una falta de visión política y económica. Total y absolutamente. La salud y el bienestar de la gente no es una consecuencia del estado de Bienestar, sino al revés, el estado de Bienestar se debe a que se ha invertido en salud y en mejorar las condiciones de vida. La sociedad bien atendida genera productividad y beneficios. ¿Abandonamos la atención a los dependientes y sobrecargamos el sistema sanitario? ¿Es eso lo que quieren decir? Porque no habrán medido el colapso que puede producirse. El euro restado al dependiente lo multiplicas por dos en gasto sanitario y coste farmacéutico. ¿O es que tampoco los van a atender en los hospitales? No quieren ver que este es el único sector que genera empleo y retornos económicos y no han analizado las consecuencias de los recortes.
P. Dice que lo saben y que no actúan en consecuencia, ¿a qué cree que se debe esto?
R. Falta valentía política para tomar esas decisiones que proponemos, el trasvase de los centros públicos a los privados, tanto en sanidad como en residencias geriátricas. Y otra cosa, este sector depende de cuatro Administraciones, Ayuntamientos, diputaciones, comunidades y Gobierno, no puede ser.
P. Y sanidad y educación.
R. Pues no puede ser. A mí me da igual dónde caiga la competencia, aunque tengo mis preferencias, pero debe ser una Administración, una competencia. Con eso también se ahorraría. Pero falta valentía política.
P. ¿Cuál es su opinión de estos meses de Gobierno de Rajoy en su sector?
R. Negativa, una visión cortoplacista. Solo miran los costes y recortan, pero no analizan la implicación en otros factores, como el empleo, los retornos fiscales. Se ha metido la tijera sin más. Eso es una revisión infantil. Rebajar un 15% las pagas y ya está, eso lo hace un crío.
P. Sacar a los dependientes leves para atender a los graves es priorizar, pero los expertos dicen que esos leves sin una buena atención serán graves en más corto plazo de tiempo, por tanto, serán más caros para la Administración en breve.
R. Desde luego. Con atención profesional, ejercicios, se ralentiza el avance de su dependencia. El que tardaría cinco o seis años en ser dependiente grave lo será en año y medio. Y es más caro, sí.
P. Sin embargo, el Gobierno concede a las comunidades un plazo de dos años para atender a los dependientes graves sin que arrastren penalización económica por el retraso. Parece…
R. Parece que están esperando a que se solucione el problema de la dependencia por la vía del fallecimiento. Muchos habrán fallecido cuando les llegue la ayuda. ¿Qué Estado de garantías tenemos? Es como si tuvieras 250.000 niños esperando a ser escolarizados o con necesidad de ser hospitalizados. Se han dado dos años de carencia, se permiten el lujo de no pagar su propia ineficacia.
P. Sí, pero en este sector es más crudo, porque son personas que están muriendo sin que se aplique una ley, aprobada en el Congreso, que les otorgue las ayudas a las que tienen derecho. Basta pensar qué ocurriría si no llegaran las pensiones cada mes, y la gente no se moviliza…
R. No, es cierto, la gente no se moviliza.
P. La última manifestación, el sábado 15, la convocaron los sindicatos y 150 organizaciones civiles. ¿Estaban ustedes entre ellos?
R. No. Creemos que todavía no es el momento. Los políticos no nos escuchan, cierto, pero hay mucho ruido en la calle, estamos todavía por la sensatez, las reuniones, el razonamiento.
P. ¿Hasta cuándo?
R. Hasta los próximos presupuestos. Nuestros centros están ya desesperados. Son empresas que no solo es un negocio, es algo muy vocacional, atendemos a la gente y hemos puesto en ello la ilusión, si esto se hunde se hunde la vida entera. Pero antes de que eso pase daremos mucha guerra, hablaremos alto, no vamos a morir en silencio.
Benestar promete poner límites a los tiempos de espera para la Dependencia
Los trámites para acceder a los servicios de Dependencia tendrán en Galicia plazos máximos de resolución menores de los que marca la ley y de los que actualmente se están aplicando en la comunidad. La Consellería de Traballo e Benestar presentó ayer una carta de servicios, que también se publicó en el Diario Oficial de Galicia, que establece, por primera vez en materia de servicios sociales, cuáles serán los tiempos de espera que la Administración no deberá sobrepasar en las diligencias para reconocer un grado de dependencia y hacer efectiva la atención más adecuada, sean cuidados en el entorno familiar o en un centro de día, ingreso en una residencia o libranzas vinculadas al pago de un servicio para el que no queden plazas en la red pública.
El documento acorta en algunos casos los plazos con los que hasta ahora contaba la Xunta, tres meses para resolver el grado de dependencia desde la entrada de la solicitud y otros tres para determinar el Programa Individual de Atención (PIA), la fase clave del trámite porque indica qué modalidad de atención. Eso sí, el cumplimiento de la carta no es de imperativo legal, así que los afectados por un retraso podrán, como mucho, afearle a la Administración su lentitud, porque no se contemplan sanciones, tal y como aclaró la secretaria general de Política Social, Coro Piñeiro.
En concreto, Benestar se compromete a aprobar el PIA del 100% de los expedientes de asistencia personal —prestación económica para contratar a un profesional que ayude al dependiente con sus tareas diarias— en un plazo máximo de dos meses desde la resolución del grado de dependencia, y reduce a 20 días hábiles la espera para el mismo trámite en caso de menores de tres años. Antes de la adjudicación del PIA, Benestar se compromete a agilizar también la valoración sobre el estado del enfermo —en el 65% de los casos, 70 días— y el reconocimiento de un grado de dependencia —20 días naturales en el 40% de los expedientes, si bien para el resto se mantendrán los tres meses máximos de espera. Otros compromisos más concretos pasan por dar acceso efectivo, en el 99% de los casos, a una plaza en un centro de día en siete días naturales desde que al beneficiario se le comunica su derecho al servicio. El resto esperará un máximo de 15. Además, Benestar se obliga a que al menos la mitad de los solicitantes obtenga plaza en un centro de su mismo municipio. La atención residencial demorará como mucho 15 días naturales en el 75% de los casos, 70 para el 25%. Las libranzas, tanto de servicios, asistencia personal y de cuidados en el entorno familiar, se harán efectivas en un máximo de 30 días para el 60% de los expedientes y de 60 para el 40%. Actualmente, la espera media para recibir este tipo de asistencia una vez el PIA está concedido es, según Piñeiro, de “unos nueve o diez meses”.
La consellería se fija estos plazos para demostrar, según la secretaria general de Política Social, “su compromiso con la calidad y con la modernización” de los servicios a la Dependencia, que en Galicia, al contrario que en la mayoría de comunidades, aumenta sus beneficiarios. Aunque Piñeiro asegura la Consellería está ya “muy cerca de cumplir todo lo que se compromete a cumplir”, camuflada por los números, la gestión de las ayudas a la Dependencia permite matices menos entusiastas: hasta principios de mes, los centros privados que ofertan servicios financiados por Benestar no recibieron las ayudas que les corresponden, después de atrasos que, según los trabajadores sociales, llegaban ya a los “dos o tres meses”. La Consellería da más agilidad a los expedientes nuevos que a las renovaciones para que los que no reciben ninguna ayuda puedan beneficiarse de los cada vez más exiguos fondos para servicios sociales. Por otro lado, la ayuda básica para no dependientes sigue pendiente en la provincia de Lugo de un conflicto entre la Diputación y la Consellería. La segunda le exige a la primera la financiación del servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos menos la capital provincial.
Cleries prevé que las entidades sociales cobren antes de fin de año la deuda de julio
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha asegurado hoy que está trabajando para que las entidades sociales puedan cobrar antes de fin de año los conciertos que la Generalitat no pudo pagarles en julio por problemas de tesorería.
En una entrevista en Catalunya Radio, Cleries, que ha acusado al Estado de someter a Cataluña a una «asfixia fiscal que pasa a ser una asfixia social», ha explicado que están «estudiando la fórmula para pagar la deuda de julio con las entidades en los meses que quedan de aquí a diciembre».
El conseller no ha puesto fecha concreta al pago de la deuda de 70 millones con las entidades correspondiente a los servicios concertados con residencias geriátricas, de discapacitados y de drogodependientes del mes de julio, pero ha asegurado que intentará que se haga en los meses que quedan hasta acabar el año y que estos se cobren con normalidad.
Cleries ha afirmado que los problemas de liquidez de tesorería que tiene la Generalitat no se producirían si los impuestos los recaudase el gobierno catalán.
«Si nosotros recaudásemos los impuestos de Cataluña, no tendríamos estos problemas de tesorería», ha reiterado Cleries, que ha recordado que la Generalitat está prestando todos los servicios sociales, de salud y de enseñanza, «y en cambio el dinero lo tiene el Estado».
Aerte afirma que más del 50% de los centros no pueden pagar a los trabajadores por los impagos de 9 meses del Consell
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha señalado este miércoles que el 50 por ciento de las residencias de personas dependientes de la Comunitat Valenciana asociadas ya no pueden pagar a sus trabajadores por «los impagos» del Gobierno valenciano ya que les adeudan 100 millones de euros desde enero.
Giménez, en rueda de prensa acompañado por el presidente de la FED, Alberto Echeverría, ha comentado que la situación es «crítica» tras nueve meses sin cobrar. Al respecto, ha lamentado que la respuesta del Consell sea que «no tienen dinero» cuando «puede ayudar a impulsar un sector que crearía trabajo y reduciría el déficit de la Comunitat con medidas como el impulso del turismo de los más de 30 millones de dependientes europeos».
No obstante, ha señalado que se trata de una justificación que no puede «aceptar» porque otros sectores, como el de la Farmacia sí que cobran. «Tenemos la impresión de no ser prioritarios», ha lamentado Giménez, que ha reprochado que ni siquiera han contestado a la segunda carta en seis meses en la que le solicitan una entrevista al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, o al vicepresidente, José Císcar.
Sin embargo, ha apuntado que si se acometiera una reforma y se aplicaran la medidas que proponen no sólo se podrían atender a los 17.00 gran dependientes de la Comunitat, sino que además se crearía empleo, un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y reduciría el déficit.
En primer lugar, ha detallado, haría «falta cambiar la percepción sobre el sector» ya que la atención a la Dependencia es una cuestión «trasversal» que afecta a las conselleria de Sanidad, Bienestar Social, Economía, Hacienda, Empleo, y Turismo. Por ello, ha exigido «una visión global» de coordinación ya que «no es posible disminuir permanentemente los servicios, sino que hay que impulsar la economía en los sectores que más rápido responden».
Como medidas concretas, ha reclamado, integrar la Dependencia en Sanidad o mejorar la coordinación con Bienestar Social. Además, ha constatado que el 50 por ciento de las camas de los hospitales de agudos están ocupados por crónicos que «no necesitan ser curados, sino cuidados» y que supondría un ahorro de 100.000 euros al día si se trasladasen a residencias.
TURISMO SOCIAL
Además, ha reclamado la ayuda del Consell para «vender fuera en Europa la Comunitat Valenciana en algo que somos extraordinariamente buenos» ya que España ocupa el segundo lugar del mundo en Turismo y el quinto en Sanidad. «Por ello, somos líderes mundiales y hay que salir a venderlo», ha reclamado Giménez, quien ha apuntado que a pesar de que sus centros disponen de «muchos mejores servicios e instalaciones» que sus homólogos extranjeros «sólo nos pagan 50 euros al día», lo que cuesta sólo dormir en un hostal.
Por su parte, el presidente de la FED, Alberto Echevarría, ha señalado que esta situación «crítica» afecta también a toda España ya que la deuda asciende a 800 millones de euros y un 20 por cieno de las empresas no puede pagar a sus empelados, «lo último que deja de hacer un empresario».
Además, ha advertido de que «lo que se nos viene encima es mucho más grave» para el próximo ejercicio porque el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas 283 millones de euros.
La Generalitat estudia aplicar deducciones del IRPF a las entidades sociales
La Generalitat estudiará el próximo año la aplicación de deducciones en el tramo del IRPF y en otros impuestos propios a las entidades sociales, entre otras medidas para favorecer al Tercer Sector, cuya labor considera «capital» para el mantenimiento del estado de bienestar y de la cohesión social.
La Generalitat también cederá «a través de derecho preferente o rebaja en el precio» locales de propiedad pública a las entidades de interés social e introducirá el próximo curso un plan piloto para incluir al voluntariado dentro de la formación académica de la ESO.
Estas son tres de las 50 medidas que contempla el Plan de Apoyo al Tercer Sector que esta tarde han firmado el conseller de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, y Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales no lucrativas. La firma se ha hecho en un solemne acto en el Saló Sant Jordi de la Generalitat al que ha asistido el presidente catalán, Artur Mas.
Con este plan, que no aporta nuevos recursos pero reconoce la larga y profunda tradición de las asociaciones sociales en Catalunya, el Govern ha explicitado su reconocimiento a la labor de estas entidades «en una coyuntura de extrema dificultad», y se compromete a «facilitar, impulsar y potenciar su papel».
Guiteras ha agradecido al Govern su apoyo, pero le ha reprochado que no sea «previsible» y le ha pedido «que cumpla sus compromisos de calendario» y que su prioridad sea cumplir «sus compromisos contractuales y de pago», en alusión a la falta de pago de los conciertos sociales del pasado mes de julio que les fueron comunicados a las entidades pocos días antes.
Por su parte, el conseller Cleries ha agradecido a las entidades su actitud constructiva «ante las dificultades» y ha enmarcado el apoyo a las entidades sociales como una necesidad para «construir la nación catalana de calidad humana».
Para el presidente de la Generalitat, el trabajo de las entidades es «un tema importante, urgente y prioritario», y ha destacado «la comprensión, compromiso y creatividad» de las entidades en unos momentos en que «no se acaba de ver la luz de salida».
«Nuestro país iba en progresión hacia los países más avanzados de Europa en bienestar social, pero esta progresión se ha parado», ha reconocido Mas, que ha achacado parte de los problemas de los servicios sociales a que Catalunya ha recibido en una década un millón de nuevos ciudadanos que han supuesto, según ha dicho, «un enorme impacto que explica muchas cosas de las que están pasando».
El plan firmado hoy pretende «encontrar una nueva forma de relación entre la administración y las entidades sociales», que han sido unas de las más damnificadas por los recortes y por los impagos por las dificultades de tesorería de la Generalitat.
El Govern se ha comprometido a aplicar esta legislatura las 50 medidas para mejorar la financiación y la formación en las entidades sociales y adoptar medidas que simplifiquen administrativamente la actuación de estas. El Plan de Apoyo al Tercer Sector reconoce «el papel capital que las entidades del tercer sector» y «la labor de fomento y protección de la cohesión social, especialmente en un momento como el actual».
Entre los compromisos que figuran en el plan figuran otras medidas para mejorar la suficiencia económica de las entidades, entre ellas la promesa del gobierno catalán de «avanzar a partir de 2013 hacia el proceso de concertación de servicios sociales» y en concreto concertar en un plazo de tres años el 100% de las plazas de servicios para discapacitados.
El Govern también se compromete a sustituir progresivamente las convocatorias de ayudas por subvenciones plurianuales, a impulsar líneas de crédito del Institut Català de Finances para las entidades y a favorecer las inversiones de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICOOP) en el tercer sector social.
Igualmente, la Generalitat facilitará el acceso del tercer sector a la contratación pública, fomentará la compra pública social e impulsará el diálogo entre las entidades y las fundaciones de las cajas de ahorro para dar continuidad a sus obras sociales en colaboración con el tercer sector.
También les ayudará en su internacionalización e intensificará las acciones para promover el voluntariado, canalizar las relaciones con las empresas y defender ante el gobierno central las propuestas del Tercer Sector, como la reforma del IVA para que no perjudique a las entidades sociales.
En Catalunya hay 7.500 entidades sociales, que representan el 3% del PIB, que tienen más de 100.000 empleados y 245.000 voluntarios que prestan sus servicios a 1,7 millones de personas.
Más de 300.000 puestos de trabajo y 5.000 empresas están en peligro en el sector de la dependencia, según la patronal
Más de 300.000 puestos de trabajo y unas 5.000 empresas del sector de la dependencia están en peligro de desaparecer por un lado, porque la deuda de las administraciones públicas en lo que va de año supera ya los 800 millones de euros y, por otro, porque cada vez invierten menos pese al compromiso que tienen por ley, de modo que se quedan plazas vacantes en las residencias y usuarios sin la atención que necesitan.
Así lo ha denunciado en una entrevista con Europa Press el presidente de la patronal mayoritaria en el sector, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, quien ha incidido en que en la actualidad, hay más de 250.000 grandes dependientes esperando a recibir un servicio y, mientras, hay «más de 50.000 plazas residenciales vacías».
En concreto, las administraciones públicas, «principal proveedor y principal moroso» del sector de la dependencia, acumulan este año una deuda superior a 800 millones de euros. El año pasado rebasó los mil millones, pero el grueso fue saldado antes de diciembre con el plan de pagos a proveedores.
«Este año estamos en las mismas, la Comunidad Valenciana no ha pagado una sola factura, igual que Castilla-La Mancha, y muchas comunidades llevan tres, cuatro y hasta cinco meses de retraso. Nos están llevando al borde de la viabilidad», ha señalado Echevarría.
El presidente de la FED afirma que el sector está «sufriendo cierres, empresas que no pagan a proveedores de artículos de primera necesidad, como alimentación, medicamentos, impuestos o directamente, salarios y cuotas a la Seguridad Social porque las administraciones públicas no pagan».
Esto tiene además un problema añadido, y es que desde el primer día que el empresario se retrasa en el pago de la cuota de la Seguridad Social, se le aplica un recargo del 20 por ciento «aun cuando ese retraso se está produciendo porque la administración pública no paga». Además, pese a lo aprobado en su día, las empresas de la Dependencia están teniendo que abonar el IVA de facturas que aún no han cobrado a estas administraciones.
El problema no es sólo para el empresario, sino también para la persona que no puede valerse por sí misma y que teniendo derecho a recibir atención, está esperando una plaza de residencia. La FED afirma que son 250.000 los grandes dependientes esperando un sitio que no llega porque pese a las 50.000 plazas vacantes en todo el país, las comunidades autónomas «están amortizando plazas».
Esto significa, según ha explicado, que cuando un dependiente atendido en una residencia fallece, deja una vacante que no se vuelve a ocupar. «Para no cubrir la plaza, lo que hacen las comunidades es dejar de valorar a nuevos dependientes: no te valoro, al que valoro no le doy el servicio y al que fallece, no lo reemplazo. Es la muerte dulce», ha añadido.
SE REDUCE LA INVERSIÓN PESE A LA RENTABILIDAD
En paralelo, la Administración General del Estado –el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– ha reducido el presupuesto en cerca de 500 millones de euros, al eliminar el nivel acordado (283 millones de euros) y reducir un 13 por ciento el nivel mínimo, (casi 200 millones menos), conforme recuerda el presidente de la FED.
En su opinión, se trata de un sinsentido porque el de la dependencia es uno de los pocos sectores que hoy día puede presumir de tener demanda, contar con suficiente oferta, crear puestos de trabajo y generar retornos positivos, por lo que a su juicio, no sólo las administraciones deberían invertir para «cumplir el compromiso que tienen por ley de atender a los ciudadanos» sino también por facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit.
En concreto, Echevarría destaca que por cada euro invertido en el sector, se generan 1,20 euros para el Estado; recuerda que por cada dos dependientes atendidos o por cada seis horas de atención domiciliaria se crea un puesto de trabajo y asegura que se racionaliza el gasto, ofreciendo servicios para personas de gran dependencia a un coste «seis o siete veces por debajo» del establecido en un hospital para crónicos.
«La excusa de que cuando no hay dinero no se puede apostar por el Estado de Bienestar es una falacia. Claro que se puede sostener. Apostemos primero por el compromiso adquirido por ley, por la reducción del déficit público y por la racionalización: no podemos poner en riesgo un sector que actualmente da empleo a más de 300.000 personas», ha apostillado.
Sólo Extremadura y Galicia ganan beneficiarios de la Ley Dependencia este mes
Seis de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos este mes en la aplicación de la Ley de la Dependencia con respecto a agosto, y sólo Extremadura y Galicia tienen más beneficiarios, según ha informado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En un comunicado, ha advertido de que los ajustes en materia de dependencia van a propiciar que se deje de atender a unas 60.000 personas en un año y que se pierdan unos 12.000 empleos en el país.
Según esta organización, el hecho de que no se mantenga la tasa de reposición significa que las prestaciones y servicios que reciben los beneficiarios cuando fallecen no se asignan a una de las casi 240.000 personas que están en lista de espera.
Los efectos de los «recortes» del Gobierno en la Ley de Dependencia se hacen visibles, ha señalado la Asociación, en los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia.
El retroceso es «notorio» en todos los indicadores, y lo han cifrado en 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior, 61.888 prestaciones y servicios menos.
«Es obvio que el Sistema se destruye por inanición», han advertido los gerentes de servicios sociales, que han precisado que 6 de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos con respecto al mes anterior, y sólo Extremadura y Galicia tiene más beneficiarios.
Citan además el caso de Castilla y León, que ha sido «modélica» en el desarrollo de la ley -a juicio de esta asociación- ya que ha perdido 853 beneficiarios en el mes de septiembre; y Aragón retrocede a datos que presentaba en mayo de 2010.
La Asociación de Gerentes ha observado que la situación actual en España sería similar a la se daría si en un hospital se tomara la decisión de atender a los que están ingresados pero conforme vaya habiendo altas o defunciones, la cama ocupada que quedara libre se cerrara y no se atendiera a alguien que está en urgencias o en su casa esperando una intervención susceptible de ser ingresado.
El «único» dato positivo es que la lista de espera ha bajado en 3.252 personas, pero según esta asociación se trata de un «espejismo estadístico» ya que no han sido incluidos en el sistema sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia.
El impacto sobre el empleo de estos indicadores se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo en este mes.
Según la misma fuente, o se trata de una «demolición cruel y calculada» de la Ley de dependencia, o bien «se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».
La dependencia se blinda en Bizkaia
Bilbao. «Los ciudadanos de Bizkaia pueden estar tranquilos. La Diputación mantendrá todas las prestaciones relacionadas con la dependencia y en la misma cuantía que hasta ahora». Así de rotunda se manifestó ayer Pilar Ardanza, diputada foral de Acción Social, en las Juntas Generales respecto a la posible afección del decreto que el Gobierno del PP promulgó en julio sobre la Ley de Dependencia, por el cual se recortaron las ayudas hasta en un 25%. De esta forma, la institución foral blinda las prestaciones económicas que actualmente reciben algo más de las 10.000 personas en Bizkaia y asegura las que puedan recibir futuros perceptores. El Departamento de Acción Social dedica a este capítulo 340 millones de euros al año.
La diputada foral de Acción Social ratificó en sede parlamentaria que «Bizkaia no aplicará los recortes aprobados por España en materia de dependencia». Pilar Ardanza compareció en la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales a petición del Grupo Socialista y dejó claro que «la institución foral no va a aplicar miméticamente las medidas del Gobierno del PP». «Eso se traduce», dijo Pilar Ardanza, «en que a pesar de la actual situación económica, vamos a mantenernos firmes en nuestro objetivo, que no es otro que mantener los servicios y prestaciones que actualmente ofrecemos».
La máxima responsable del Departamento de Acción Social quiso reafirmar un «sólido principio desde el que la Diputación aborda esta cuestión y que ya fue manifestada por el diputado general en el debate de política general del pasado miércoles en Gernika». Ardanza recordó la frase que pronunció José Luis Bilbao: «Hacemos todos los esfuerzos que están en nuestra mano para atender y dar las mayores y mejores prestaciones a quienes más lo necesitan».
Ayudas En base a ese principio, Ardanza insistió en que no aplicarán los recortes que contenía el decreto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy aprobó el pasado 13 de julio. Así que la diputada foral dijo que las personas con dependencia que reciben Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) en Bizkaia «cobrarán lo mismo que hasta ahora a pesar de que el Gobierno de España las ha recortado en un 15%». Lo mismo ocurrirá en el caso de las personas con discapacidad que cobraban Prestaciones Económicas para Asistente Personal (PEAP).
La diputada foral también quiso dejar claro que las personas con dependencia que a partir del 1 de agosto de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley) hayan solicitado Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y tengan reconocidos grados de dependencia III y II, cobrarán también la misma cuantía, según las puntuaciones en el baremo. Ardanza señaló que los recortes que el Gobierno aplica en estos casos alcanzan el 25%. Por otra parte, las personas con discapacidad que soliciten las ayudas denominadas PEAP a partir del 1 de agosto de 2012 también accederán a las prestaciones, a pesar de que el Ejecutivo del PP les haya aplicado una reducción de un 15%.
A 31 de diciembre de 2011, en Bizkaia había un total de 10.281 personas que se benefician de las ayudas de dependencia. Como dato comparativo, es destacable que en agosto de 2007, año en el que se aprobó la Ley de Dependencia, solo había 20 beneficiarios que recibían ayuda de la Diputación.
Pilar Ardanza dijo que su departamento «invierte» en ayudas a personas con dependencia 340 millones de euros anuales, de cuya cantidad el Gobierno central «solo aporta entre un 10 y un 19%», dependiendo de los casos.
Respecto a otras modificaciones que recoge el decreto del Gobierno del PP, Ardanza resaltó que la Diputación va a seguir manteniendo «un sistema de baremación y puntuación» para poder otorgar las ayudas, ya que el la ley del 13 de julio «elimina los niveles». El nuevo decreto también establece que las ayudas dejan de cobrarse a partir de los seis meses de la confirmación para pasar a cobrarse dos años después. En este sentido, la Diputación mantendrá el plazo de los seis meses.
Nuevo Servicio Por otra parte, Pilar Ardanza anunció a los junteros que la Diputación Foral de Bizkaia está «reflexionando» sobre los servicios o prestaciones que pueda ofrecer a las personas con un grado de dependencia leve, así como cuantificando el valor de las prestaciones. La diputada foral recordó que la Ponencia de las Juntas Generales sobre Dependencia y Discapacidad, la Ley de Dependencia y la propia Ley de Servicios Sociales de Euskadi «incluyen términos que deben reorientar la acción de las instituciones a la promoción de la autonomía personal mediante nuevos servicios».
En este sentido, la Diputación está estudiando la posibilidad de dotar al territorio de un nuevo servicio que permita aumentar la autonomía personal. Según señaló la diputada, «sería una red de centros que se proyectan con un enfoque preventivo y promotor de la autonomía personal para personas con grados de dependencia aún incipientes o moderados». «Lo más importante», dijo Ardanza, «es dotar a estas personas con un nivel de dependencia leve, de instrumentos y servicios que inciden muy positivamente en que puedan tener una mayor capacidad y una vida más autónoma».
La diputada foral terminó su intervención ante la Comisión de Acción Social reiterando que no va a haber recortes en las ayudas a la dependencia. «La fotografía de Bizkaia en este tema será similar al que había antes del decreto del Gobierno de España», concluyó.
El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios
Los datos de agosto sobre dependencia enviados por las comunidades autónomas al Gobierno no dejan lugar a dudas: el sistema sigue retrocediendo, es decir, cada vez hay menos dependientes atendidos. El mes pasado se han perdido 4.811 personas, cuando normalmente la estadística siempre crecía, bien que lentamente. Todas las comunidades, menos dos, Galicia y Extremadura, registran una caída en sus cifras.
Que haya casi 5.000 personas menos registradas significa que el sistema está parado, la gente va muriendo y esas bajas no se cubren. Pero no es por falta de demanda, porque aún hay 239.000 personas con derecho a una ayuda, la que sea, que siguen esperando a que les sea concedida. Esa lista de espera, lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia, preocupa desde hace años porque estaba estancada, siempre cercana a las 250.000 personas. Ahora, sin embargo, está bajando: el mes de julio había 242.349 personas esperando; en agosto, 3.252 menos. Pero este dato, que debería ser una buena noticia, tiene una interpretación más amarga. Adolece del mismo mal que el resto del sistema, la parálisis: si las comunidades no tienen capacidad de gestión, los muchos ancianos que aguardan por una ayuda se van muriendo sin que esta llegue. Cabe pensar que ahí radica ese descenso del limbo.
El ahogo económico al que se ven sometidas las comunidades tras los últimos decretos anticrisis y los presupuestos estatales, que han retraído cerca de 1.000 millones de euros al sistema, es lo que le faltaba a una ley que ya andaba sorteando zancadillas o sufría la mala gestión de algunos territorios. Pero ahora el deterioro se agudiza, porque comunidades como Castilla y León o La Rioja o el País Vasco, siempre con las mejores calificaciones por el número de personas atendidas y la agilidad de sus trámites, salen muy perjudicadas con las últimas medidas tomadas. Las tres registran un ingreso de dependientes negativo.
Los retoques que el Gobierno ha hecho a la ley, vía decreto, permitían aventurar unas cifras como las que ahora se presentan. Las comunidades tienen dos años para resolver el expediente de los usuarios, cuando antes se penalizaba que sobrepasaran los seis meses. Es tanto como paralizar legalmente el desarrollo de la ley.
Bienestar Social intenta aplacar in extremis a Apsa
Cerca de doscientos trabajadores de Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante (Apsa) se concentraron ayer en la Finca Terramar para reivindicar el pago de la deuda pendiente de la Generalitat y que asciende a 3.103.000 euros. Sin embargo, una hora antes de la protesta, los responsables de la entidad recibieron la comunicación por parte de la Conselleria de Bienestar Social de que se había hecho efectivo el pago de 806.000 euros.Aerte advierte a la Generalitat que sus impagos han puesto a la dependencia en situación crítica
AERTE VALENCIA La continua situación de impagos ha conducido al sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana a una situación crítica, según un comunicado de Aerte. Los más de 100 millones que la Generalitat adeuda a las empresas representadas por la patronal de las residencias para mayores «ofrecen un reflejo de su insostenible situación desde hace más de 8 meses», indica la entidad.
El anuncio de nuevos recortes para atender a los grandes dependientes provocará, no sólo la falta de atención a ese colectivo, sino nuevos despidos, añaden las mismas fuentes. Este es el mapa que ofrece la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, según los portavoces de Aerte.
Una realidad de extrema gravedad, con características comunes. Las empresas del sector de la Dependencia representadas por Aerte no han cobrado ni un solo euro del año 2012, subrayan. La mayor parte de los trabajadores de estos centros no cobran sus nóminas. Existen grandes retrasos en el pago a proveedores, en los casos en los que cobran. Pese a que en reiteradas declaraciones en medios públicos, a principios de año, se ha dicho que tenían preferencia en el cobro los dependientes y especialmente los tutelados de la Generalitat, la realidad es que ningún centro que atiende a este colectivo ha cobrado ninguna factura del 2012, llevando a estos a una situación límite.
Esta situación puede provocar importante desabastecimiento de productos de primera necesidad en los centros de atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, muchos de los cuales comienzan a tener problemas para la adquisición de alimentos.
Los retrasos en los pagos a la seguridad social están suponiendo unos cargos de demora del 20 % desde el primer día. Hay amenazas de cortes de suministros por impagos. Los trabajadores de estos centros se encuentran en una situación de lógica desmotivación e incertidumbre. El Gobierno Central y el Gobierno Autonómico anuncian más recortes, en un contexto de incremento del desempleo que pone en serio peligro la supervivencia de un sector estratégico, por el servicio que proporciona a la sociedad y el empleo que genera.
Los ahorros provocados por la reducción del cuidador informal sólo pueden ser ética y profesionalmente aceptables si se destinan a la atención de los más de 17.000 dependientes que hoy por hoy no reciben atención alguna. Durante los últimos 8 meses, Aerte está poniendo encima de la mesa soluciones y alternativas sin que hasta la fecha, se hayan recogido ni una mínima parte de sus pretensiones. Ha solicitado diversas reuniones con el Gobierno Valenciano mas allá de las Consellerías de Sanidad y Bienestar Social, al tratarse de una cuestión transversal que afecta a la política económica. Conviene no olvidar que además de la atención a dependientes, se trata de un sector estratégico que genera no sólo salud, sino empleo intensivo, inversión, tecnología y, con formulas innovadoras, reducción del déficit.
Sin embargo, resaltan los directivos de Aerte, «hace tiempo que la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana ha sobrepasado todos los límites, en un contexto adverso en el que las empresas llevan más de ocho meses financiando servicios de asistencia a los ciudadanos valencianos sin que la Administración realmente escuche la realidad que vivimos y sufrimos los que estamos al pie del cañón». «Existe tanto ruido en la calle „remarcan„ que parece que nuestros gobernantes ya no escuchen. El futuro existe, pero si las cosas continúan así, si no se toman decisiones valientes y necesarias, pintan bastos», finalizan.
Andalucía dará 2,6 millones de euros más al año para Dependencia a fin de «minimizar el perjuicio» a los cuidadores
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía aportará 2,6 millones de euros más cada año a la Ley de Dependencia para minimizar el perjuicio a las cuidadoras tras los recortes implantados mediante el Real Decreto-Ley 20/2012, según ha informado este jueves en un comunicado el departamento dirigido por María Jesús Montero.
Un total de 110.966 personas reciben actualmente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en Andalucía que, tras la aprobación de la nueva normativa estatal, han visto reducida en un 15 por ciento el importe recibido.
A este recorte, se suma que, a partir del 1 de agosto, las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras corren a cargo exclusivamente de ellas, un importe que asumía la Administración General del Estado, conforme ha explicado.
Para intentar amortiguar esta medida, la Junta ha activado un recurso para que este 15 por ciento se reduzca al 13,2 por ciento con una aportación desde el Gobierno andaluz de 217.000 euros al mes, lo que supone un total de 2,6 millones al año.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha recordado en el Parlamento que este esfuerzo es muestra de la «apuesta decidida del Gobierno andaluz» por mantener y seguir desarrollando la Ley de Dependencia.
La consejera ha insistido en que la prestación para cuidados en el entorno familiar es una de las fórmulas de atención más importantes destinada a aquellas personas que desean permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible y atendidos por sus familiares más cercanos.
Montero ha manifestado que el Real Decreto-Ley 20/2012 supone un «fuerte mazazo» a la normativa y que el Gobierno central ha actuado unilateralmente sin informar a las comunidades autónomas.
Además, ha asegurado que la Junta es «consciente del importante papel que juegan estás personas» que fundamentalmente son mujeres que, por cuidar a sus familiares, no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
Por esta razón, la Junta ha puesto en marcha planes de formación destinados a estas cuidadoras no profesionales como el Cuidabus y los talleres presenciales, que tienen en cuenta cuestiones como el nivel de especialización en la materia, la reducida disponibilidad de tiempo para formarse y las dificultades de acceso geográfico.
Los cuidadores no profesionales que cotizan bajan de 11.000 a 15
Los cuidadores no profesionales que están dados de alta y cotizan en la Seguridad Social en Castilla-La Mancha han bajado desde los 11.000 a fecha de 31 de agosto a 15 en la actualidad, según los datos aportados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.FAMMA alerta de una «revuelta social» si siguen los recortes en las necesidades de los más vulnerables
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha alertado de una posible «revuelta social» si continúan los recortes en las necesidades de los más vulnerables.
«La actual coyuntura económica está ahogando al colectivo de personas con discapacidad porque se eliminan programas de empleo, se aplican recortes a las organizaciones de la discapacidad y se eliminan servicios sanitarios destinados a estas personas», han denunciado este lunes a través de un comunicado.
La organización teme una «revuelta social» si las administraciones no atienden las necesidades básicas del colectivo, lo que podría «desestabilizar el sistema y crear graves consecuencias para todos».
«El impacto que las subidas de impuestos está llevando a muchas personas con discapacidad a depender de percepciones sociales provenientes de la Administración para sobrevivir, por lo que estas medidas generarán un sobrecoste para las arcas del Estado y administraciones autonómicas», han añadido desde FAMMA.
El Gobierno de Canarias garantiza el mantenimiento de plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas ha asegurado la financiación de las plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria, aunque dependen «de las administraciones locales y quedan al margen de los convenios de dependencia».
El Gobierno de Canarias subvencionará con un total de 1.503.401,18 euros distintas plazas residenciales y de atención diurna dependientes del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde, Santa Lucía, Agüimes y Gáldar.
Rojas ha explicado que, «a pesar de la situación de recorte actual», el Gobierno de Canarias «garantiza» el dinero que aporta para financiar las plazas en residencias y centros de día que las administraciones locales y las asociaciones desarrollan en la isla para prestar servicios a personas en situación de dependencia.
«Hasta que se configure definitivamente el Sistema para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, nos resulta indispensable contar con todos los medios personales y recursos consolidados en el tiempo por las administraciones locales y las entidades sin fin de lucro, denominadas por Ley de dependencia, como tercer sector de acción social», ha añadido Rojas.
En sus últimas sesiones, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de la que es responsable Rojas a conceder estas subvenciones nominadas que permitirán mantener distintas plazas de atención a mayores y personas con discapacidad de las administraciones locales, y que no entrarán dentro del convenio de atención a la dependencia que el Gobierno de Canarias está firmando con todos los cabildos insulares.
En concreto, se concederá una subvención de 625.018,20 euros al Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para el mantenimiento de las residencias de la Aldea de San Nicolás, Valleseco, Ingenio y Moya –579.597 euros–, y el Centro de Día de alzheimer del centro sociosanitario El Sabinal –45.421,20 euros–.
SUBVENCIONES POR MUNICIPIOS
En cuanto al Ayuntamiento de Telde, el Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 173.230,68 euros para financiar el transporte de usuarios del centro ocupacional del municipio –62.883 euros– y el Centro de Estancias Diurnas para enfermos de alzheimer y otras demencias –63.589,68 euros– y el Centro de Día de rehabilitación psicosocial –46.758 euros–.
Por su parte, el municipio de Gáldar contará con 251.453,41 euros para cubrir parte de los gastos derivados de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez –203.761,25 euros–, centro de Día de la tercera edad –26.190,16 euros– y la ampliación del programa de vivienda tutelada a los fines de semana y festivos –19.502 euros–.
En cuanto al Ayuntamiento de Agüimes, el Gobierno invertirá un importe de 234.317,17 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la ejecución de varios programas en las áreas de discapacidad y mayores, como los programas de Respiro Familiar para menores y discapacitados físicos y psíquicos con necesidades educativas especiales, a los que se destinarán 7.268,92 euros, y el mantenimiento de la Residencia de Mayores Villa de Agüimes, que recibirá 227.048,25 euros.
En el Ayuntamiento de Santa Lucía se invertirán 219.381,72 euros, con los que sufragará parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas que se desarrollan en el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer Juan Alvarado, que recibirá del Gobierno 113.553 euros; Centro de Día para Pacientes con Trastornos Mentales Crónicos, 48.399,41 euros, y el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Vecindario Sardina, 57.429,31 euros.
El Gobierno de Canarias entiende que existen razones de interés público y social para la concesión de la subvención, sin necesidad de proceder a la concurrencia pública debido a la naturaleza específica para la que se solicitan estas subvenciones.