AERTE solicita a los partidos la comparecencia en Les Corts del Presidente del CJC
Para aclarar el informe del CJC sobre el programa de adjudicación de plazas concertadas de dependencia. La patronal cree que debe aclararse la existencia de un posible conflicto de intereses.
Exige que no se resuelva el segundo informe solicitado por Bienestar Social al CJC hasta que se le haya dado audiencia en este organismo.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha solicitado esta semana al PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos que soliciten la comparecencia en Les Corts, en cuanto se constituyan, del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), así como del ponente del informe, que este órgano emitió en noviembre de 2014, sobre la ampliación en 2008 del Programa de acceso a plazas residenciales de accesibilidad social de 2001 y la continúa adjudicación de plazas residenciales concertadas a determinados centros.
El objetivo de esta petición es aclarar las dudas suscitadas por un posible conflicto de intereses en el dictamen de dicho informe, y para explicar si han podido participar en la toma de decisiones más miembros de dicho órgano que deberían haberse abstenido de la participación en el mismo.
-Proceso irregular de concertación de plazas concertadas a centros residenciales
La Conselleria de Bienestar Social puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2001. Dicho programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos y precios determinados, poniendo a disposición de la Administración hasta un tercio de esas plazas, es decir, hasta 3.000 plazas que ésta concertaría.
En diciembre de 2007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas.
En septiembre de 2013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio , es decir, a partir de esas 3.000 primeras y, que por lo tanto, serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el segundo tercio.
Después de todos estos informes, la Conselleria de Bienestar Social entendió que debía declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2001, los acuerdos posteriores de 2008 y las Ordenes citadas de 2007 y 2012. Para ello solicitó informe del CJC, para intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
El informe del CJC resolvió en noviembre de 2014, “que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta”, aunque consideró irregular adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
– AERTE considera que el informe del CJC podría estar viciado por posible conflicto intereses
AERTE entiende que este informe podría estar viciado ya que, según algunos medios de comunicación, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de determinados centros de accesibilidad, y que, por tanto, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2015, Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en Las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC, para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses el primero, y los motivos del voto particular, la segunda. Además, se pidió la comparecencia del Presidente de dicho órgano para aclarar si habían participado en la aprobación de dicho informe más personas que deberían haberse abstenido. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas. Ahora AERTE solicita estas comparecencias.
– Petición de un segundo informe y audiencia ante el CJC
Vista la incompatibilidad de los informes de la Abogacía General de la Generalitat y de la Junta Superior de Contratación Administrativa sobre la nulidad de la normativa con el informe del Consell Jurídic Consultiu, la Conselleria de Bienestar Social solicitó a principios de 2015 un segundo informe a dicho órgano.
Por su parte AERTE solicitó el 5 de mayo que se le diera audiencia ante el CJC en el mismo para aportar sus alegaciones, sin que hasta el momento se le haya contestado. La Asociación entiende que no se puede aprobar, en ningún caso, dicho informe hasta que se haya concedido audiencia, ya que se podría estar produciendo indefensión de una de las partes afectadas.
