Dependencia
AERTE solicita toda la información relativa al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas de atención a la dependencia
Desea informarse en calidad de parte codemandada en los seis contenciosos presentados ante el TSJ de la Comunidad Valenciana por este tema. También solicita la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha reclamado por escrito a la conselleria de Bienestar Social, al Consell Jurídic Consultiu y a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana toda la información y documentos relativos al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas del sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, en concreto, relacionadas con el contrato de accesibilidad social (plazas concertadas).
Esta decisión ha sido tomada con el fin de conocer todos los documentos, informes y dictámenes de cada uno de los órganos consultivos preceptivos, ya que AERTE no es sólo la patronal mayoritaria del sector, sino que además, está personada como parte codemandada en los seis contenciosos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por este tema. AERTE ha solicitado también la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.
AERTE entiende que, tanto la conselleria de Bienestar Social como el Consell Jurídic Consultiu, deberían haber dado audiencia a la patronal de la dependencia de cara a informarle sobre los contenidos, resoluciones y posturas adoptadas en cada uno de los procedimientos. Recuerda que el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de febrero de 2014, reconoció a AERTE su derecho a tener audiencia en todos los procedimientos relacionados con el sector que afectaran tanto a la asociación como a las organizaciones empresariales que representa e instó a la conselleria de Bienestar Social a darle audiencia en estos casos.
A la espera del acuerdo marco desde hace meses
Ya han pasado dos meses desde que la conselleria de Bienestar Social anunciara la inmediata puesta en marcha de un acuerdo marco en el que iban a participar todos los operadores del sector y que, según sus propias palabras, iba a “finalizar con los privilegios a determinadas empresas” dando las mismas oportunidades a todos los centros, fomentado así la libre competencia y la calidad en los servicios.
No obstante, “a fecha de hoy, todavía no sabemos nada del nuevo programa”, apunta María José Mira, directora general de AERTE, “un programa que debería agilizarse y ser prioritario en las políticas del Consell, no sólo porque permitiría alcanzar, cuanto antes, el deseado equilibrio en el sector, sino que haría que se respetase la libertad de elección, al igual que, según manifestó el presidente Fabra en su discurso de Año Nuevo, el Gobierno valenciano quiere implantarlo en otros servicios como la educación o la sanidad”.
AERTE recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció en diciembre de 2013, mediante sentencia, que los dependientes con ayuda pública para residencia tienen derecho a elegir libremente una modalidad distinta a la de las plazas públicas y concertadas, no como ha ocurrido durante años durante los cuales estas personas iban derivadas a los centros sin tener derecho a elección.
En Holanda las personas dependientes pasan a ser una obligación moral para familiares, amigos y vecinos
Holanda introduce una polémica medida, la “Sociedad participativa”, para ahorrar 2.300 millones de Euros, el 10% del coste de este tipo de atenciones. Pero la razón es más profunda. Se trata de acostumbrar a la sociedad a otra visión de las relaciones comunitarias y sobre todo familiares. La causa radica en el envejecimiento creciente de la población y la multiplicación que comporta en el número de personas que no poseen una autonomía personal suficiente, que necesitan de una acierta atención. Y esto sucede en un país donde funciona la eutanasia, una vía de reducción de ancianos que perciben que son de “descarte”, y de un generoso aborto, totalmente libre hasta los 24 meses (aunque, eso sí, severamente prohibido y penado después, con rigor calvinista, bajo la acusación de infanticidio). Los Países Bajos además cuentan con una sólida tradición de estado del bienestar, unos ingresos fiscales importantes por parte del Estado, un fraude fiscal mucho menor que el español, y una afectación por la crisis de un nivel escasamente perceptible, con una tasa de paro del 6,5%, y de menos del 10% para los jóvenes menores de 25 años.
La medida holandesa nos permite subrayar unos fundamentos menospreciados por nuestros partidos, instituciones y cultura mediática: (1) Sin sociedad del bienestar no hay estado de tal naturaleza, y Europa se aleja de las condiciones que lo hacen posible. (2) Los efectos de no tener hijos unido al envejecimiento son demoledores y los serán todavía más. (3) La familia sin disfunciones, que no genera costes sociales, formada por un padre y una madre, hijos, capacidad educadora, y red de parentesco estable, es la institución básica del sistema de bienestar, porque es su fundamento y su principal agente realizador; es la única que hace más con menos.
El problema de Holanda, como el de nuestro país, es si después de hacer creer a la gente durante tanto tiempo que el Estado podía suplir a la familia y a la comunidad, ahora el cambio va a ser fácil. Quizás por esto, los holandeses anticipan su reforma, a pesar de que tienen algo que a España le falta, tiempo. Aquí, en una peor situación en todos los parámetros básicos: nacimientos, envejecimiento, ocupación y productividad, solo se plantea el cuento de la lechera o la carta a los Reyes negando la evidencia y prometiendo más y más gasto público.
Nuevo modelo de servicios sociales en Castilla y León, a la carta
Según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades con este nuevo modelo se consolida una atención «integral, flexible, personalizada y no estática»
La Junta de Castilla y León aprobó, mediante decreto, su nuevo modelo de servicios sociales «a la carta», primero en España de esas características, con diez grandes grupos de necesidades y 109 modalidades de prestaciones, de ellas 58 se catalogan como derechos subjetivos y 85, el 78%, no tienen coste para los usuarios, que en Castilla y León ascienden en este momento a 540.000.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con este nuevo modelo se consolida una atención «integral, flexible, personalizada y no estática», en el sentido de que una persona puede combinar varias prestaciones en función de sus necesidades.
Como ejemplo, Marcos explicó hasta ahora un ciudadano se dirige a los servicios sociales donde se le asigna una prestación o ayuda, ya sea para residencia, a domicilio o centro de día, entre otras; pero añadió que a partir de la entrada en vigor de este decreto -una vez publicado en el Bocyl- un usuario define la prestación conforme a sus necesidades con un profesional de referencia, nueva figura que crea la normativa.
Así, una persona en situación de Dependencia que debía optar por elegir un servicio o bien acudir a un centro de día con un horario rígido, contar con ayuda a domicilio, con asistente personal o con un servicio de autonomía personal, con el nuevo modelo podrá combinar horas, de días y de servicios, recibir ayuda a domicilio unas horas, acudir a un centro de día dos días a la semana, contar con un asistente personal unas horas y, además, recibir sesiones de fisioterapia o terapia cognitiva y disponer en su domicilio del servicio de teleasistencia.
Teresa Martínez ponente destacada en las II Jornadas Nacionales de Psicología y Envejecimiento
Estas II Jornadas se enmarcan dentro de la labor que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología de España está realizando para difundir, promover y poner en valor el trabajo que desarrollan los profesionales de la Psicología en el ámbito del Envejecimiento.
En esta ocasión, el acento se pone en el Envejecimiento Digno, en las intervenciones que desde la psicología se están llevando a cabo y en sus perspectivas de futuro.
Por ello, las II Jornadas Nacionales de Psicología y Envejecimiento, organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos/as de Catalunya (COPC) y el Consejo General de la Psicología de España abordarán en esta edición que se celebra en Barcelona los días 27, 28 y 29 de noviembre, entre otros temas relevantes para favorecer un buen envejecimiento, la Atención Centrada en la persona y su aplicación en los servicios gerontológicos. Teniendo un destacado papel, con doble participación en este importante evento, la reconocida psicóloga experta en gerontología social, Teresa Martínez Rodríguez.
MESA REDONDA
Viernes, 28 de noviembre las 9,00 horas participa en la Mesa Redonda “LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA COMO NUEVA CULTURA DE CUIDADOS EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES”, donde intervendrá con la ponencia: Teresa Martínez Rodríguez. Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
TALLER
Así mismo, el sábado 29 participa en un concurrido taller -overbooking de inscripciones- titulado “LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA: CÓMO FACILITAR EL CAMBIO Y EVALUAR EL PROGRESO EN CENTROS/SERVICIOS GERONTOLÓGICOS”, de cinco horas de duración, el cual correrá a cargo de Teresa Martínez Rodríguez, experta e investigadora en este campo y autora de distintas publicaciones referidas a este modelo.
En el mismo, se desarrollarán diferentes aspectos de especial interés para los y las profesionales de la psicología interesados en conocer cómo avanzar en la aplicación de este enfoque en residencias y centros de día de personas mayores con el objetivo de:
-Dar a conocer la ACP como un proceso de mejora asistencial en los centros/servicios gerontológicos
-Conocer las distintas fases para conducir un proceso de cambio de modelo
-Presentar algunas estrategias, técnicas e instrumentos que faciliten el cambio
-Dar a conocer instrumentos para la evaluación del progreso hacia la ACP
Breve reseña de Teresa Martínez Rodríguez.
En la actualidad trabaja en el Servicio de Calidad e Inspección, Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
A lo largo de sus 26 años de trayectoria profesional ha combinado la atención directa en centros con la asunción de distintas responsabilidades en relación a la planificación y mejora de la calidad de los servicios en la Conserjería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Docente en varios postgrados y másteres y autora de diversas publicaciones técnicas y científicas en el campo de la gerontología y la discapacidad.
Docente en cursos de postgrado y másteres en colaboración con diferentes universidades españolas, administraciones públicas españolas y gobiernos de Iberoamérica.
Autora de diversas publicaciones técnicas y científicas en el campo de la gerontología y la discapacidad. En relación a sus publicaciones sobre la atención centrada en la persona cabe destacar: La atención gerontológica centrada en la persona, guía para profesionales editada por el Gobierno Vasco; Avanzar en AGCP, instrumento diseñado para llevar a cabo revisiones participativas en los centros; así como el material recientemente publicado por el Gobierno Vasco Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos.
Es la autora de la WEB www.acpgerontologia.net donde se difunde información y documentación relacionada con este enfoque de atención, y en la actualidad está coordinando, desde la Universidad de Oviedo, un estudio de ámbito nacional titulado La atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos: modelos e instrumentos de evaluación.
Fuente: www.copc.cat
El Gobierno Valenciano tarda tres meses más en pagar a la dependencia que el resto de la comunidades
– La Comunidad Valenciana, la primera en impagos, en tiempo y forma. Mantiene una media de entre cinco y seis meses en abonar las cantidades pendientes, en algunos casos más de un año. La deuda acumulada de la Generalitat valenciana con la dependencia alcanzará más de 80 millones de euros a finales de este mes si no se efectúa ningún pago
– Es la única comunidad que incumple con la Ley de la Dependencia en los plazos de resolución de expedientes. Algunos sin resolver desde 2011, cuando la ley establece un máximo de seis meses. Más de 10.000 personas dependientes a la espera de recibir, al menos, una contestación
– Sigue incumpliendo la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de libertad de elección de las personas
El Gobierno valenciano triplica el plazo medio de pago a los centros de atención a la dependencia respecto al resto de los gobiernos autonómicos, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas de centros de atención a dependientes consultados por AERTE.
La mayoría de las comunidades tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes, es el caso de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura o Murcia. En cambio, Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90.
No obstante, ninguna llega al caso de la Comunidad Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia. Una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de las Comunidades. Así, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes. Las partidas más afectadas siguen siendo:
– Las plazas concertadas más de 25 millones de deuda acumulada, entre siete y ocho meses sin cobrar.
– Las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública, 17,4 millones de deuda, entre cinco y seis meses de impagos.
– Las plazas de personas mayores, superan los 23 millones, entre cinco y seis meses de impagos.
– La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 8 millones de deuda, con un impago en la mayoría de más de un año
– El sistema Bono residencia, centro de día o respiro: más de dos millones. La mayoría de las cuales no se han abonado cantidad alguna durante un año.
– Los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones: más de cuatro millones, acumulados durante seis meses.
María José Mira, directora general de AERTE, “los centros de esta comunidad no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de 4 años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo. Por una parte, la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años, y por otro, la falta de respuesta a la petición ya histórica de un plan de pagos equilibrado que permita normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas”.
Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta además, “que los tutelados sean prioritarios para una Conselleria de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito”.
10.000 personas dependientes, continúan sin recibir prestación.
El Gobierno valenciano sigue incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes. La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunidad Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega.
La Comunidad Valenciana es la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del IMSERSO de septiembre de este año, situándose casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido.
Así mismo, se sigue sin cumplir la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que recuerda que las personas tienen derecho a elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas (actualmente sólo existentes en los centros de 8 empresas de las más de 200) como son las relativas a Prestación Vinculada al Servicio (PVS), ayuda directa, con el fin de poder escoger el centro o el profesional que ellas o sus familias consideren más adecuado a sus necesidades.
Mira apunta, “casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Conselleria a resolver respetando la libertad de elección del dependiente”.
La deuda acumulada del Gobierno valenciano con el sector de atención a la dependencia alcanza más de 70 millones
Los servicios a tutelados y enfermos mentales, un año sin cobrar. Las plazas concertadas 7 meses, centros de mayores y discapacidad de titularidad pública 5 meses de impagos.
Muchos centros no podrán pagar a sus trabajadores la nómina de diciembre. Peligra la atención profesional sociosanitaria a personas dependientes.
AERTE ha solicitado, por cuarta vez en dos años y sin recibir respuesta, una reunión de urgencia al Conseller de Hacienda para resolver la situación crítica y delimitar el esperado plan de pagos equilibrado.
El sector de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana vuelve a estar en una situación crítica debido a la escalada de continuos impagos por parte del Gobierno valenciano, y vuelve a sufrir agravios comparativos en los pagos al no ejecutarse, otra vez, de forma homogénea.
La deuda acumulada de la Generalitat con los centros y la prestación de servicios supera los 70 millones de euros. Afecta a todo el sector, tanto a grandes centros como a pequeños y residencias familiares. Algunos de los más perjudicados son: las plazas concertadas padecen una deuda acumulada de más de 21 millones con una media de entre seis y siete meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública sufren una deuda de 14,9 millones, mientras que las correspondientes a personas mayores superan los 20 millones, ambos servicios entre cuatro y cinco meses de impagos. La atención residencial a más de 10.000 personas está nuevamente en peligro por las tensiones de liquidez generadas.
La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los siete millones de deuda. El Gobierno valenciano no abona la mayoría de estas prestaciones desde todo el año, al igual que en el caso del sistema Bono residencia, centro de día o respiro, que alcanzan más de dos millones.
Tampoco los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones se salvan de la dramática situación: más de cuatro millones de impagos, acumulados durante seis meses, el 60% de la subvención.
Reunión de urgencia con Hacienda
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte) solicitó ayer una reunión de urgencia a Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, ante la escala de impagos que de nuevo se está produciendo por parte del Gobierno valenciano. Esta es la cuarta vez que la patronal pide al Conseller que no dé la espalda a un sector que atiende a personas de una vulnerabilidad e indefensión extremas.
María José Mira, directora general de AERTE, “esperamos que en esta ocasión nos pueda recibir, llevamos más de un año intentado reunirnos con el conseller Moragues. Más de 12.000 profesionales, más de 200 centros y servicios, y más de 22.000 personas en situación de dependencia necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana es la única que mantiene estos niveles de deuda”.
Mira apunta además que “llevamos más de cuatro años padeciendo continuos impagos. Una situación que desequilibra a todo el sector, generando total y absoluta incertidumbre sobre el futuro del sistema de atención sociosanitaria. A medida que se extiende en el tiempo, crece la dificultad de los centros y profesionales para poder prestar los servicios. Ya hemos solicitado en varias ocasiones una solución al conseller de Hacienda, y no hemos obtenido respuesta, ni de los plazos de pago, ni de si se abonará la deuda, ni tampoco del plan de pagos equilibrado que desde AERTE llevamos reclamando desde hace más de un año”.
Castilla y León anuncia la aprobación del Catálogo de servicios sociales
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, anunció este miércoles en Madrid que el Catálogo de Servicios Sociales estará listo antes de que acabe el año. Se trata, dijo de un «catálogo que va a consolidar el modelo de atención absolutamente a la carta para las personas mayores en Castilla y León, para las personas dependientes y para todas aquellas personas que necesite servicios sociales».
En este sentido explicó que para lograr ese servicio «a la carta» será el profesional de los servicios sociales, en concreto el trabajador del CEAS, «junto con el ciudadano y con la familia» el que determine «qué es lo que precisa y qué es lo que demanda cada persona».
De forma más gráfica indicó que el profesional podrá establecer «un paquete» de prestaciones para cubrir las necesidades de una persona, de tal manera que podrá disfrutar, por ejemplo, de «una combinación de unas horas de ayuda a domicilio, unas horas en un centro de día para recibir fisioterapia, la comida en el domicilio, la comida en un centro…»
Según Ortega, están trabajando «para que los servicios sociales sean los que se adapten y den respuesta a las diferentes necesidades que tienen las personas a través del modelo de atención en el domicilio con servicios profesionales prácticamente a la carta», explorando -ha añadido- «nuevas alternativas a los cuidados tradicionales, siempre apostando por la profesionalización de los servicios».
El catálogo estará aprobado «a finales de este año» y será el primero «de estas características a nivel nacional». Con él, añadió, se «consolidará este nuevo modelo de atención en el que se viene trabajando de forma consensuada con todo le sector en Castilla y León».
Según sostuvo, con el catálogo de servicios sociales se dará cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales aprobada durante la pasada legislatura y que encomendaba a las Comunidades a poner negro sobre blanco los servicios que ofrece a los ciudadanos. Asimismo, informó de que Castilla y León cuenta con casi 4.000 profesionales más en el ámbito de la dependencia que en 2011, lo que supone un aumento del 28 por ciento hasta alcanzar las 16.000 personas que prestan servicios en este sector.
La consejera destacó que en estos años de dificultades económicas el Gobierno regional ha sido capaz de aumentar el empleo en dependencia y la calidad de la atención de tal manera que «en este momento el 70 por ciento de los dependientes están recibiendo cuidados profesionales bien en su domicilio o bien en centros de día y centros alternativos». Según Marcos, que ha participado en la Fundación ONCE en unas jornadas del Ateneo Gerontológico organizadas por ‘Entremayores’, su departamento ha logrado prestar «atención de calidad, atención centrada en la persona, con un incremento del empleo en el sector que es algo muy importante en estos momentos».
Con forma de mujer, Toshiba está trabajando en un robot diseñado para ayudar a las personas mayores en aplicaciones de asistencia social y sanitaria
Con forma de mujer, el prototipo de robot que ha presentado Toshiba en Ceatec 2014 está diseñado para ayudar a las personas mayores en aplicaciones de asistencia social y sanitaria. En la fase actual mueve brazos y manos, parpadea y se comunica por signos, pero el objetivo es dotarle de expresiones humanas y técnicas de reconocimiento de voz.
Toshiba ha presentado un prototipo de robot social con apariencia femenina destinado a la asistencia sanitaria con personas mayores. Es capaz de mover sus brazos y manos, utilizar la lenguaje de señas japonés, y muestra una expresión amable, acentuada por la expresión de sus ojos y su sonrisa.
En la actualidad, este androide puede imitar sólo movimientos simples, como el intercambio de saludos, pero Toshiba está trabajando para integrar sus amplias tecnologías en áreas como la detección, la síntesis y reconocimiento de voz y el control robótico. Está equipado con 43 motores que le permiten mover su cabeza y extremidades superiores, sensores de movimiento y diferentes tecnologías de reconocimiento facial, aprendizaje de gestos y expresiones.
Este desarrollo de Toshiba está pensado para servir de compañía y apoyo a personas de avanzada edad y aquellas que padezcan demencia o algún grado de discapacidad auditiva, con aplicaciones tanto en el entorno doméstico como sanitario.
Toshiba está trabajando en este androide en colaboración con la empresa Alab, la Universidad de Osaka y los institutos tecnológicos de Shibaura y Shonan. Estos dos últimos han contribuido proporcionando las tecnologías que permiten su movimiento, mientras que Alab y la Universidad de Osaka han aportado las soluciones que se precisaban para dotar al robot de una apariencia femenina y emular las expresiones humanas.
El robot social de Toshiba se está exhibiendo en la feria de Ceatec 2014 que se está celebrando en Japón hasta el 11 de octubre. La compañía también tiene previsto probarlo en aplicaciones como recepcionista o ayudante de exposiciones y espera tenerlo preparado para su comercialización en 2020.
Primera vivienda tutelada para mayores en la provincia de Cordoba
Concretamente en Cabra, de la mano de Asis-Ten, se ha abierto la primera vivienda tutelada para personas mayores de 60 años. La vivienda tiene una capacidad de 10 personas autónomas, permitiéndoles así poder desarrollar una vida completamente autónoma e independiente sin salir de su entorno habitual, a las que se presta una atención personalizada y en un ambiente plenamente familiar.
El acto de inauguración oficial contó con la presencia, entre otros, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social, Isabel Baena; el alcalde de la localidad, Fernando Priego; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Bermúdez; y el vicepresidente tercero de la Diputación provincial, Manuel Gutiérrez, a quien la presidenta de la cooperativa, Isabel León, agradeció su presencia en el acto por el respaldo que supone a esta iniciativa que va a prestar una alternativa a la atención del mayor, las 24 horas del día durante todo el año.
Asis-Ten es una cooperativa de mujeres que desde su fundación, en el año 2007, ha venido desarrollando servicios de ayuda a domicilio y ahora, tras hacerse cargo de las instalaciones de la hospedería Horno Grande, ofrece a los mayores una serie de servicios que estas personas necesitan para su vida diaria de forma temporal o permanente, con unas instalaciones confortables y adaptadas en todo momento a sus necesidades.
El Gobierno valenciano debe 60 millones al sector de atención a la dependencia
Mantiene una media de seis meses de deuda acumulada. Tras años de impagos, Aerte recuerda a la Administración valenciana que todavía no ha establecido un plan de pagos equilibrado, lo que impide que los centros funcionen con normalidad y sigan en una constante incertidumbre sobre su futuro.
La falta de criterio en la contabilidad de las facturas y los continuos impagos a los centros está minando al sector desde hace años.
La deuda de la Administración valenciana con el sector de atención a la dependencia vuelve a registrar una deuda acumulada de 60 millones de euros, con una media de seis meses de impagos. Una media que de seguir así, sitúa de nuevo a las empresas y profesionales en una situación de fragilidad absoluta sobre su futuro.
Tras más de tres años de impagos continuados, Aerte alerta de nuevo al Gobierno valenciano de que volver a estas cifras de deuda todos los meses hace peligrar la subsistencia del sector. María José Mira, directora general de AERTE, “un año después de solicitarlo, seguimos a la espera de reunirnos con la Conselleria de Hacienda para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación que afecta directamente a la viabilidad del sector”. Cada mes de impagos supone 15 millones de euros lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, sólo en AERTE más de 200; los más de 14.000 empleos directos que genera y los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales.
Además, la asociación ha recordado que los pagos deben de efectuarse de forma equilibrada y sin diferencias por programas, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. En este sentido, Mira apunta “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no. Unas facturas estén contabilizadas y otras no; unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando, y otros no; unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no. Tenemos una Comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”.
A día de hoy, todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración, por ejemplo: los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores, 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar; los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanzan los 3,5 millones o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones.
Por último, Mira ha insistido en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, el cual no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones.
AESTE renueva su confianza en la actual junta directiva
La asociación de los grandes operadores del sector de la atención a la dependencia relige a Jorge Guarner (SARquavitae) como presidente y a Ignacio Vivas (Ballesol), Juan R. Pérez (EULEN) y Doménec Crosas (Sanitas)
como vicepresidentes.
La patronal trabaja con el objetivo de influir en configurar un sector de la dependencia fuerte y profesional como uno de los motores económicos y de creación de empleo del país.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal que agrupa a los principales operadores del sector, ha ratificado hoy, para un nuevo mandato, a su Junta Directiva elegida en 2.009, con el objeto de dar continuidad a su gestión y de seguir influyendo en la configuración de un sector profesional de atención a la Dependencia en España, comprometido con la calidad en la atención sanitaria y social, la creación de empleo estable del país y la formación de su trabajadores.
El presidente de la junta directiva seguirá siendo Jorge Guarner, consejero delegado-director general de SARquavitae. Ignacio Vivas, consejero delegado de Ballesol, Juan R. Pérez, director general de EULEN y Domènec Crosas, director general de Sanitas Residencial, continuarán ocupando las vicepresidencias.
Ante el gran reto del envejecimiento de la población, la Junta reelecta seguirá con su objetivo de impulsar la colaboración público-privada, integrando las necesidades sanitarias y sociales de las personas y colaborando en la creación de un marco sectorial claro, estable, transparente y sostenible, con un sistema de acreditación y unos estándares de calidad definidos, que garanticen la mejora de la atención a las personas con dependencia de nuestro país.
Es remarcable, la contribución de la actual Junta a la firma del VI Convenio marco de Atención a las Personas en situación de Dependencia, que ha hecho posible la implementación del Observatorio de la Dependencia de España, en colaboración con otros agentes sociales del sector. Igualmente destacable, ha sido el impulso de acuerdos conjuntos como el de la “campaña de recogida de firmas IVA reducido” o el Manifiesto por la Dependencia suscrito por patronales y sindicatos.
Sin duda AESTE está contribuyendo a la profesionalización participando activamente en el Consejo General del IMSERSO, en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o en otros Comités Consultivos. En este sentido, por 4º año consecutivo, la CEOE ha incluido la Dependencia en el Plan Estratégico de dicha organización y ha situado al sector como clave en las medidas de reactivación económica y creación empleo.
Sobre AESTE
Las empresas que forman parte de AESTE (Adavir, Amma, Ballesol, Eulen Servicios Sociosanitarios, Caser, Orpea, Sanitas Residencial, Sanyres, SarQuavitae y Valdeluz) proporcionan trabajo a más de 43.500 trabajadores, cuentan con 42.500 camas (un 25% de las plazas privadas y un 15% del conjunto de plazas del mercado residencial del país), ofrecen servicio a 191.634 personas de Ayuda a Domicilio, 34.833 de teleasistencia y más de 88.057 de
otros servicios vinculados al envejecimiento.
Asistente personal, una figura infrautilizada en Castilla y León
La figura del asistente personal para dependientes está prevista en la ley de dependencia desde el 2007. En Castilla y León no llega al 0,2% de dependientes que disponen de un asistente personal para el desarrollo de sus actividades diarias. La Junta de Castilla y León impulsará la utilización de esta figura y les dotará de una formación específica. Así lo señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, durante la inauguración e la jornada »Asistencia personal: una prestación para la autonomía de las personas con discapacidad», que se celebró en Valladolid.
La figura del asistente personal ha estado prevista en la Ley de Dependencia desde el inicio, aunque nunca se ha desarrollado. En las actuales circunstancias socio-económicas el asistente personal cobra una nueva importancia, y según declaraciones en la jornada «Asistencia personal: una prestación para la autonomía de las personas con discapacidad», se va a dotar de contenido y formación a la figura de asistente personal.
Las principales organizaciones estatales representantes de personas con discapacidad han reclamado la figura del asistente personal. Tanto Predif (Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos), representada por su presidente Francisco Sardón, como Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), representada por Luis Cayo, coinciden en resaltar la importancia de la figura del asistente personal para fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad, siendo este uno de los objetivos fundamentales marcados en la Ley de Dependencia.
En el ámbito internacional, la figura del asistente personal tampoco está ampliamente desarrollada, salvo en países como Alemania y Suecia. Las organizaciones internacionales de personas discapacitadas y dependientes reclaman el fomento del asistente personal como figura clave en el fomento de la autonomía de discapacitados tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional.
El eurodiputado de Podemos Pablo Echenique ha abogado por financiar cuidadores para todas las personas dependientes
En una rueda de prensa en Toledo, Echenique ha explicado que esta medida «sería una inversión directa en empleo» y el coste para estas contrataciones «sería nulo». «Además sería una buena medida de estímulo económico y se solventaría una violación histórica de derechos humanos, y si echas cuentas sale lo comido por lo servido», ha indicado.
En Castilla-La Mancha más de 45000 pensionistas han dejado sus tratamientos desde que entró en vigor el copago
Desde la llegada de Cospedal a la Junta de Castilla-La Mancha ha habido un ahorro de 900 millones en el gasto sanitario. Esto se ha conseguido despidiendo a casi 4000 profesionales sanitarios y cerrando más de 500 camas permanentemente. Por otra parte, el copago farmacéutico ha hecho que más de 45000 pensionistas hayan abandonado sus tratamientos.
«Cuidar al cuidador» curso del ayuntamiento de Madrid para los cuidadores de personas mayores y dependientes
El Ayuntamiento de Madrid organiza el curso «Cuidar al cuidador» destinado a todos aquellos cuidadores informales que tienen a su cargo a personas mayores o dependientes. El objetivo del curso es mantener la calidad de vida de estas personas, cuidarse también uno mismo y un refuerzo psicológico para afrontar la dependencia del otro.
Extremadamente grave la situación de los dependientes asturianos
Asturias es una comunidad envejecida y la aplicación de la ley de Dependencia no está paliando los problemas ocasionados por el envjecimiento. Los servicios sanitarios de base detectan cada vez más ancianos abandonados y desasistidos.
Julio cierra con menos receptores de prestaciones por dependencia
El mes de julio ha cerrado con una caída generalizada en todas las comunidades autónomas del total de personas que reciben alguna de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia, según la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que mensualmente recoge el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
¿Cuanto tiempo será sostenible nuestro actual estado del «bienestar»?
El estado del bienestar que hemos conocido hasta ahora está en peligro, y sólo se podrá mantener si se mejoran los ingresos, se reduce el fraude y se gana eficiencia en el gasto.
