Una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según ha indicado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013, que revela que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.

El dato de 70 beneficiarios que quedan cada día fuera del Sistema se calcula dividiendo la cifra de beneficiarios que han salido del Sistema en el último semestre entre seis meses y entre 30 días. Esta cifra, sumada al hecho de que «no se mantiene la tasa de reposición» de la Gran Dependencia conduce, según Ramírez, a la «destrucción absoluta» del Sistema de Dependencia.

Además, Ramírez ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que «no alardee» de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera.

Concretamente, ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: «impedir que nuevos dependientes accedan al sistema», como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones «a la baja» del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.

Precisamente, Ramírez ha señalado que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según ha remarcado, les consta que han sido «masivas y sangrantes» en algunas comunidades autónomas.

«Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición», ha insistido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de «mentir con medias verdades», de «jugar con los datos» y de «ocultar restricciones al acceso» al Sistema.

Además, ha explicado que, si el Gobierno hubiera invertido en Dependencia los 449 millones de euros en recortes, «más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos –IRPF, Seguridad Social e IVA–, hubiera evitado el despido de 2.000 personas y hubiera ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones».

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia es «sostenible y viable» pues genera unos retornos económicos de en torno al 42% así como 30 empleos directos y estables por cada millón de euros invertidos en el sistema de atención a la dependencia.

«Si aplican los tres nuevos Reales Decretos que están sobre la mesa pendientes para publicar, probablemente el destrozo en la política social será dramático, la desatención a las personas dependientes será insoportable y la repercusión en el empleo hará que más de 20.000 personas en los próximos meses vayan engrosando las listas del paro», ha advertido.

A su juicio, el Gobierno quiere convertir un sistema de protección social de carácter universal en «un subproducto financiero de aseguradoras». Finalmente, sobre el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia que tendrá lugar este jueves, ha indicado que se espera «lo peor» teniendo en cuenta que en anteriores consejos se han aprobado medidas peores de las que se esperaban.

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Los recortes de prestaciones en la Ley de Dependencia, con motivo de un Real Decreto que en julio pasado modificó el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tuvieron sus primeras consecuencias en los beneficiarios en el mes de agosto. La decisión del Gobierno central suponía rebajar un 30% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y revisaba al alza los criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios (incluido el patrimonio), para que las rentas más altas percibieran menos ayudas que las bajas. Pero, la revisión de cada uno de los expedientes trajo consigo que algunos dependientes vieran reducida su ayuda hasta el 90%.
La justificación de los responsables de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de prestar este tipo de servicios, era que estos «sacrificios» debían servir para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro». Explicaciones que no fueron aceptadas por muchas familias afectadas que consideraban que los criterios utilizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades eran abusivos. Además, a finales de año, la administración regional revisa la situación de cada beneficiario con la última declaración de la renta para comprobar si ha cambiado su situación financiera, ya sea por venta de inmuebles o la generación de intereses en las cuentas de ahorro.
El Real Decreto no se limitó a las personas que recibían prestaciones de la Ley de la Dependencia sino que hubo más cambios. Uno de ellos es que los grados de reconocimiento de la dependencia pasaron de 6 niveles a 3: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Lo más relevante era que los dependientes moderados no tendrán derecho a las ayudas hasta 2015. Y eso tiene una consecuencia clara porque cada vez hay menos personas que entran al sistema, especialmente las personas con menos síntomas, según señalan fuentes del sector y asociaciones que atienden a personas dependientes.
La Consejería de Familia tiene valoradas la situación de dependencia a más personas con derecho a recibir la Ley de la Dependencia en la provincia de Burgos pero es inferior el número de beneficiarios. Frente a las 8.535 personas de septiembre del año pasado se ha pasado a los 8.147 individuos a mayo pasado que les corresponde recibir ayudas. En cambio, los beneficiarios han caído de los 8.039 a los 7.909. También ha bajado el número de prestaciones porque es posible que una persona cuente con varios servicios. En ese mismo periodo, de menos de un año, la cifra ha descendido en 212 (de 10.538 a 10.344).
En lo que va de 2013, Burgos cuenta con 173 beneficiarios menos. Se trata de una pequeña bajada pero lo más importante es el cambio de tendencia porque, hasta ahora, el número de personas que percibía ayudas con la Ley de la Dependencia no había dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2007.

Más esfuerzos

No es un fenómeno que se circunscribe a la provincia burgalesa ni a la Comunidad Autónoma sino que es una situación generalizada a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda en su último informe del Observatorio de la Dependencia que el ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la Ley alcanzaba un promedio mensual de más de 30.000 en el conjunto del país; en el año 2011 «apenas» superó las 9.000 solicitudes y en el pasado 2012 «ni siquiera el promedio mensual llegó a las 2.500». A juicio de esta entidad, «lejos de dejar morir por inanición el sistema de atención a la dependencia, este es el momento de rentabilizar todo el esfuerzo pasado».
En la actualidad y según los últimos datos hechos públicos por la Junta, la provincia cuenta con casi 13.000 personas que tienen valorada su situación de dependencia, a través del correspondiente expediente. Cerca de la mitad (5.900) tiene su domicilio en la capital burgalesa, 1.300 en Miranda de Ebro, 1.100 en Aranda y 4.600 en el resto de los municipios de la provincia. De este número total, solo 7.909 tienen reconocidas sus prestaciones en la Ley de la Dependencia, que suman unas 10.300 ayudas. Los cálculos de la Consejería es que el 97% de la población dependiente en Burgos con derecho a prestación ya la recibe. Supone, cerca de 20 puntos por encima de la media regional.
La Asociación de Directores y y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que en España haya cada vez más personas a la espera de ser valoradas, «haciendo que uno de los apartados que hasta ahora habría funcionado con cierta agilidad, en la actualidad, presente unos plazos medios de espera aún muy elevados». Creen que es una situación relacionada con la actual crisis económica, con presupuestos públicos restrictivos y que fuerza a las Comunidades Autónomas a «ralentizar artificialmente» el sistema. No en vano, advierte que uno de los fallos es el inadecuado, insuficiente y tramposo sistema de financiación, además de las diferencias de gestión entre unas regiones y otras.

Sistema estabiilizado

La consejera de Familia, Milagros Marcos, explicó hace unos meses que el sistema en Castilla y León se encontraba «estabilizado», con entre 100 y 150 usuarios cada mes y que «no se esperaban grandes incrementos».
La asociación de profesionales del sector alerta de que en los últimos meses se ha producido una «revisión brutal» con la adjudicación de grado por debajo del obtenido a dependientes en su día con grados superiores. Esto provoca, según ellos, la «cronificación de ese limbo de la dependencia», que cuantifican en 230.000 personas en España. Precisa que esa cifra ha bajado en el último año pero motivada, sobre todo, por el retraso en la atención de los dependientes moderados hasta el 2015 y a los fallecimientos que se producen mientras esperan la atención.

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  Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.

   En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.

Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).

En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.

MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS

En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.

En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.

El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.

De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).

En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.

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La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.

De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.

Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».

Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.

Recortes a los beneficiarios y freno a las altas

Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.

También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.

«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.

Nada que perder

Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.

Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.

Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.

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