Residencia
El PP solicita que la prestación farmacéutica de las residencias de tercera edad dependa de los hospitales de cada zona
El Grupo Popular defenderá en el pleno del Parlamento que se celebrará el próximo martes y miércoles una proposición no de ley por la que insta a la Xunta a llevar a cabo un estudio para valorar la conveniencia de que la prestación farmacéutica de las residencias de tercera edad dependa de los hospitales de cada zona.
Al respecto, el portavoz de Sanidade del Grupo Popular, Miguel Santalices, ha subrayado que «se pretende dar un nuevo paso adelante» en el ahorro farmacéutico dado que la Comunidad gallega dispone de una importante red asistencial para mayores, que sufren pluripatologías que les obliga a tomar varias medicaciones al día.
«Las farmacias hospitalarias disponen de profesionales altamente cualificados que perfectamente podrían supervisar y coordinar determinados tratamientos e incluso la aportación farmacéutica de las mencionadas residencias», ha remarcado.
Además, ha manifestado que la prestación farmacéutica «ha sido en Galicia una de las áreas en las que más se ha avanzado en esta Comunidad». En concreto, ha remarcado la implantación del catálogo priorizado de medicamentos «que supuso un ahorro de más de 100 millones de euros en 2011».
Desestimada la demanda de desahucio interpuesta por el Arzobispado contra la residencia de mayores Amma Argaray
La demanda de desahucio interpuesta por el Arzobispado de la Diócesis de Pamplona y Tudela contra la residencia de mayores Amma Argaray ha sido desestimada por el Árbitro.
La decisión, ha informado el Grupo Amma en un comunicado, ha sido comunicada este lunes a las partes. En el laudo arbitral, según explican, se establece la falta de legitimidad del Arzobispado para plantear esta demanda.
De esta forma, el Árbitro «ha aceptado la tesis defendida por Amma desde el inicio del proceso al entender que el Arzobispado no está legitimado para demandar pues no es el actual arrendatario al haber cedido su posición como arrendador al Seminario Conciliar, lo que valora el Árbitro como una cuestión material de máxima importancia, condenando así al Arzobispado a pagar las costas del proceso».
El grupo Amma ha recordado que el Arzobispado «tenía el propósito de utilizar el ala del Seminario que ocupa actualmente la residencia como parte de su proyecto de colegio».
«Así lo manifestó a la compañía de forma verbal hace más de un año, instándola a desalojar el edificio, y ante la negativa de Amma interpuso la demanda que hoy ha sido desestimada», ha señalado el grupo, que ha valorado «muy positivamente» la decisión arbitral que supone «la continuidad de la residencia y el mantenimiento de las 160 plazas para personas mayores y los más de 100 puestos de trabajo».
La compañía ha agradecido además «el decidido apoyo que residentes, familiares y trabajadores han dado durante el proceso para evitar el cierre del centro».
Desciende el número de ingresos en las residencias geriátricas
Hace menos de cinco años, la demanda de plazas en residencias geriátricas era un problema de primer orden en Galicia. Pese a que la curva demográfica no ha variado, la presión sobre el servicio se ha aliviado sustancialmente. Es otra consecuencia de la crisis y del paro, admiten varios expertos, que ha provocado en miles de familias que uno o varios de sus miembros hayan perdido el empleo, de modo que la economía familiar se ha deteriorado pero sus miembros han ganado tiempo. Esta combinación ha llevado en muchos casos a decidir que el mayor a cargo sea asistido dentro del seno familiar y pueda así contribuir al fondo común con su pensión.
Pocas residencias privadas reconocen un descenso significativo en su volumen de negocio, aunque admiten que la crisis va por barrios y que, en función de la localización de la residencia, el impacto es mayor: «Es una realidad que empeora. Hay muchas familias que no podrán sostener por mucho más tiempo ese coste y optarán por hacer ellos de cuidadores y ahorrarse un dinero», señala el catedrático de Gerontología José Carlos Millán Calenti. «No hay datos concretos, pero es algo de lo que se habla: se están dando casos de bajas voluntarias en los centros por dificultades de pago o porque las familias necesitan esa pensión -apunta Andrés Vázquez, presidente de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía-. Y la pensión es muy importante, porque es un ingreso fijo. Cada vez hay más familias que no podrían sobrevivir sin esa pensión».
Aunque el fenómeno permanezca todavía camuflado en el nivel de ingreso en las residencias privadas (las plazas públicas siempre están cubiertas al 100 %), el sector coincide en que la edad de acceso ha aumentado de forma notable; es decir, el jubilado permanece más tiempo siendo cuidado por su entorno y solo llega a la residencia cuando la atención profesional es prácticamente imprescindible: «Llegan con más necesidad de cuidados, más dependientes -confirma Antonio Taboada, coordinador de las residencias de Geriatros en la provincia de A Coruña-, porque si se tiene que costear una plaza, se mantiene en casa el tiempo que puede. Pero el que ingresa no se va».
La gestión de la residencia ‘Etxe Maitia’ desata la polémica entre gobierno local y PP
La residencia municipal ‘Etxe Maitia’ dejó de ofertar en el mes de julio el catering externo. Un proyecto enmarcado en un «servicio a la carta» que tenía como objetivo que los demandantes desde su domicilio pudieran acceder a prestaciones sin estar ingresados en la residencia y con el que los responsables municipales confiaban en aumentar los ingresos de un organismo autónomo «deficitario». La idea no encajó en las pretensiones de los actuales mandatarios y se suspendió. Sin embargo, hace unos días el delegado de Política Social, Asier Iragorri, adelantó que su departamento estudia la demanda existente para retomar el servicio de comidas, pero desde los Servicios Sociales, al considerar el anterior mal formulado y sin control.En peligro la viabilidad económica de las residencias de mayores de Lares CV
Según un comunicado difundido este 8 de mayo, la viabilidad económica de las residencias de mayores de Lares CV, la Asociación del sector solidario de la Comunidad Valenciana, vuelve a estar en riesgo. Los centros Lares CV no podrán entrar en el sistema extraordinario de pago de la deuda de las Administraciones con la financiación del ICO debido a que su sistema de cobro es mediante la subvención y éste ha quedado excluido en dicho sistema.
Según esta entidad, tras confirmar con la Conselleria de Bienestar Social esta particularidad, la situación generada coloca en un punto «muy complicado a las residencias del sector solidario, que sigue sin cobrar la subvención de las plazas concertadas desde agosto del 2011, lo que asciende a una deuda total de 5,4 millones de euros (sumando la subvención de las plazas concertadas y las ayudas para infraestructuras de 2010 y 2011)». Asimismo, los centros Lares CV están asumiendo el gasto correspondiente a los meses de este 2012 por las plazas concertadas que supone en total 1,2 millones de euros al mes, valor que también deberá ser abonado en adelante.
Familiares y trabajadores afectados se concentran ante el asilo de Pontevedra para protestar contra su cierre
Un grupo de familiares y trabajadores afectados se concentró este lunes ante el asilo de Pontevedra para protestar por la decisión de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de cerrar este centro geriátrico con 120 años de historia. Tras la movilización se celebró una asamblea informativa dentro del asilo.
La corporación municipal mostró su apoyo a los afectados con la presencia de varios concejales de los tres partidos –BNG, PP y PSOE–.
Ante la puerta principal del asilo, algunos de los concentrados acusaban a las monjas de «ocultar la verdadera razón del cierre irrevocable del establecimiento».
Inicialmente, en una tensa reunión mantenida con los familiares de los internos, el abogado contratado por esta comunidad religiosa, Jaime Fernández Martos, aludió a una «profunda reforma» que exigiría la Xunta para mantener abiertas las instalaciones. Sin embargo, la Superiora General de la Congregación, María Purificación Castro Negro, rechazó este motivo en una visita que hizo este fin de semana a Pontevedra desde la casa generalicia ubicada en Valencia.
Según la Superiora la razón estaría en «la falta de vocaciones». No obstante, las protestas durante la movilización de hoy apuntaban a la especulación urbanística.
A este respecto, el portavoz del gobierno local, Raimundo González, informó que el edificio del asilo y los terrenos que ocupar son de «titularidad privada pero constan en el Plan General como un equipamiento socio-asistencial y por lo tanto sólo tendrían cabida equipamientos de carácter privado, no viviendas». El edil añadió que «el edificio no tienen ningún tipo de catalogación que proteja al viejo inmueble».
Por su parte, la concejala responsable de Asuntos Sociales, Carme Fouces, aseguró creer a la Xunta de Galicia «cuando dice que no le ha puesto impedimentos para seguir desempeñando su trabajo». La concejala se refirió a este hecho como un «drama».
El PRC acusa al Gobierno de tratar a los ancianos de La Pereda como «muebles»
El PRC ha acusado este lunes al Gobierno de Cantabria de tratar a los ancianos de la residencia de La Pereda, en Santander, cuyo cierre se ha anunciado, como «muebles inservibles» que se trasladan de un sitio a otro, mientras que el PP le ha recriminado que esté creando «inquietud» entre los ciudadanos.
Este cruce de acusaciones se produjo en el transcurso de un debate en el Parlamento en el que el PP hizo decaer una proposición no de ley del PRC, apoyada por el PSOE, en la que se expresaba el rechazo a los recortes en las políticas sociales.
Desde el PRC, Rosa Valdés ha denunciado que las políticas sociales en Cantabria se encuentran «en peligro de extinción» por la «política economicista sin corazón» del PP, al que ha acusado de pretender sólo «privatizar y hacer caja» basando su acción en la «especulación» y la «idea de negocio».
Citando el cierre de la Residencia La Pereda, el «candado» al comedor social de Santoña o la privatización del Centro de Día de Castro, la parlamentaria ha acusado al PP de querer «volver a un sistema de castas», con «parias y ricos», tratando a mayores y usuarios como «muebles inservibles».
«Te saco de este centro y te llevo a otro», ha resumido, calificando esa actitud de «canallada» y avisando de que en el PP son los «principales responsables» de la «quiebra social» con la «gente en la calle» contra sus políticas.
Por su parte, la socialista Dolores Gorostiaga, exconsejera de Empleo y Bienestar Social, ha acusado al PP de querer «volver al viejo modelo de los asegurados», y siendo en Cantabria «los primeros» en aplicarlo «antes incluso de la fecha prevista», en alusión a las tarjetas para inmigrantes.
Directores de geriátricos aseguran que la contención física de ancianos evita lesiones
La Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha destacado este viernes que la contención física a ancianos es un tratamiento medico común que permite evitar lesiones, después de que haya trascendido un informe de la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat que destaca que el 20% de los ancianos asistidos en geriátricos viven bajo sujeción física.
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Ascad, Iñaki Antón, ha remarcado que «las contenciones físicas son un tratamiento médico, y como tal, sigue todos los protocolos establecidos».
Las contenciones físicas permiten «la prevención de las consecuencias derivadas de un descontrol por parte del paciente que pueda implicar traumatismos severos o agresiones», ha añadido, recordando la existencia de intrusismo laboral en este ámbito.
Para los responsables de los geriátricos, el uso de términos como ‘atadura’ para referirse a este tratamiento médico es «muy peyorativo» e induce a olvidar que se lleva a cabo teniendo siempre en cuenta al dignidad del anciano.
Antón ha participado este jueves y este viernes en dos jornadas de la XIV FiraGran celebrada en Barcelona, dónde se ha reflexionado sobre el presente y el futuro del sector.
Cabré recibe a los primeros cuatro usuarios del Centro Gran Vía, que albergará hasta 260 residentes
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha recibido este miércoles a los primeros cuatro usuarios del Centro de Atención Especializada Gran Vía de Castellón, que, según ha dicho, «será una referencia asistencial» de la Comunitat Valenciana.
Cabré ha destacado que se trata de un proyecto de la Generalitat «en el que mucho tiene que ver el compromiso personal del presidente Alberto Fabra cuando aún era alcalde de Castellón», pues «su exigencia hacia el Consell fue poner en marcha este centro y, por tanto, su compromiso, se ha seguido manteniendo».
«Hemos cumplido lo que el Gobierno se comprometió, aunque había quien no se lo quería creer y quien dudaba de la realidad, pero nosotros dijimos que este proyecto estaría en esta primavera y ya es una realidad», ha indicado Cabré, quien ha asegurado que ya hay trabajadores y enfermos ingresados y de aquí hasta el 20 de julio «ingresarán nuevos residentes de forma escalonada hasta ocupar la totalidad del centro, 260».
El conseller ha destacado los 120 puestos de trabajo que se crean con la puesta en funcionamiento del Centro Gran Vía, en el que la Generalitat valenciana invertirá más de 20 millones de euros en los próximos cuatro años para mantenimiento del mismo, según ha dicho.
Los usuarios de Caser Alameda de Lorca regresan a su residencia tras la obras de rehabilitación
La consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, ha visitado este miércoles en Lorca la residencia Caser Alameda, tras volver al centro las personas mayores que fueron trasladadas a otro de la misma empresa, en Santo Ángel (Murcia), una vez acabadas las obras de rehabilitación del edificio, que resultó gravemente dañado por el terremoto del 11 de mayo del pasado año.
En concreto, la Residencia de Caser en Lorca dispone de 139 plazas para personas mayores dependientes, de las cuales 100 están contratadas por el IMAS, según fuentes de la Comunidad.
En el pasado Consejo de Gobierno se autorizó una prórroga por dos años más del contrato, por un importe de 2,6 millones de euros. Actualmente hay 95 mayores ingresados, siete de ellos privados, que son atendidos por 78 profesionales.
Las obras de rehabilitación y acondicionamiento, que han durado 11 meses y costado dos millones de euros, han incluido reformas que incrementan el bienestar y la comodidad de los ocupantes.
El centro Caser Residencial Alameda cuenta con servicio médico y de enfermería, valoración geriátrica, fisioterapia y rehabilitación, control de la medicación, tramitación de recetas, podología, servicio religioso, peluquería, lavandería y animación sociocultural.
SATSE denuncia el «caos y la falta de personal» en una residencia de mayores de Montequinto y convoca protesta
El sindicato de Enfermería SATSE-Sevilla ha anunciado que llevará a cabo este mismo viernes a partir de las 11,00 horas una concentración de protesta a las puertas del Centro Residencial de Mayores de Montequinto, dependiente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, para denunciar el «caos organizativo y la falta de personal» en dicha residencia, lo que, a juicio de este sindicato, estaría «poniendo en peligro la atención y la seguridad de los mayores».
En un comunicado, SATSE ha alertado de que este centro de mayores cuenta con una plantilla de enfermeras «insuficiente» para atender a los 160 residentes, «ya que es de sólo 16 enfermeras que, habitualmente, están distribuidas cuatro en el turno de mañana, tres en el de tarde y una sola en el de noche».
Con esta «exigua plantilla», continúa SATSE, la enfermería atiende a los 160 mayores asistidos, «en su mayoría grandes dependientes, distribuidos en las cuatro plantas con las que cuenta el edificio».
Agrega este sindicato que «a las carencias en materia de personal», se suma «como factor de riesgo» la «pésima organización» del trabajo en este centro, que «sobrecarga a la plantilla de enfermería y le impide delegar funciones en otros colectivos profesionales».
«Todo ello ha derivado en un clima laboral insostenible que en muchos casos está terminando con denuncias en los tribunales», lamentan desde este sindicato, al tiempo que han reclamado a la Dirección del centro y a la propia Junta de Andalucía que «se adopten las medidas necesarias para incrementar la plantilla de la residencia en función de las cargas de trabajo».
Una residencia de ancianos de Trujillo (Cáceres) se queda sin mayores al ser desahuciada
Los empleados acuden a trabajar aunque no haya residentes hasta que la empresa gestora tome una decisión definitiva sobre ellos.
La residencia de ancianos ‘El Conquistador’ de Trujillo (Cáceres) se ha quedado sin residentes ya que una orden de desahucio por impagos de la empresa gestora Geroinnova ha obligado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a trasladar a los residentes a otros centros.
Aunque el desahucio está previsto para el 30 de abril, los ancianos con plazas concertadas ya han sido reubicados en otras residencias de mayores de Cáceres y los que no tenían estas plazas también se han marchado.
El alcalde de Trujillo, Alberto Casero, que ha participado en varias reuniones con las partes implicadas, ha querido «dejar claro», en declaraciones a Europa Press Televisión, que en este asunto el ayuntamiento trujillano no es responsable puesto que se trata de «una cuestión de carácter privado».
Casero ha explicado que el desahucio de este centro se debe a «una situación económica» de la empresa que gestionaba la residencia ya que los propietarios del edificio donde está ubicada «habían denunciado el impago» por parte de esta empresa y por ello «han sido desahuciados».
«Lo que ha hecho la Administración local y autonómica es intentar velar por los intereses de las personas que ocupaban dicho centro», ha aclarado el primer edil, y, por ello, han sido trasladados a otras residencias de mayores de la región.
La cabecera del grupo Aser presenta concurso
Después de meses arrastrando dificultades financieras y de ir perdiendo el grueso de su negocio, finalmente el grupo gestor de servicios geriátricos Aser ha presentado concurso voluntario de acreedores para su cabecera madrileña Atención Social y Estancias Residenciales. El concurso ha sido declarado en el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid. En la misma línea, también la filial asturiana Atención Social y Estancias Residenciales Asturias ha sido declarada en concurso por el Juzgado Mercantil 3 de Gijón (Asturias). Los dos fallidos se suman al protagonizado por la también filial del grupo Atención Social Castilla y León, el pasado febrero.
El concurso de la cabecera de Aser se hace público días después de que la Comunidadde Madrid, donde desarrolla buena parte de su negocio, licitara a finales de marzo, por procedimiento urgente, la gestión de las cuatro residencias que el grupo gestionaba en la capital (3) y en la localidad de Villa del Prado, cuyos nuevos gestores podrían darse a conocer próximamente. También en Madrid, se han iniciado estos días protestas e incluso una huelga de los trabajadores motivada por impagos en los ocho centros de día de titularidad autónómica (210 plazas), que la empresa todavía gestiona en Madrid capital (centros Puente de Toledo, Manoteras y Los Cármenes); y en las localidades de Getafe, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada y Leganés.
En el caso de Asturias, la presencia del grupo en la actualidad es prácticamente inexistente, después de que el pasado marzo la especialista Azvase heredase de Aser la gestión de ocho centros de día públicos gestionados hasta entonces por el grupo en Grado, Vegadeo, Cudillero, Lugones, Proaza, Pumarín, Cangas de Narcea y Ría de Avilés. Asimismo, también ha perdido el centro de día de Luanco, actualmente en manos de Clece y el centro Covadonga, que se ha quedado Domicilia Grupo Norte.
Cae un 20% la ocupación de geriátricos privados por la crisis y el cuidado familiar
Los empresarios de las residencias piden que se restrinja la atención de los ancianos en sus propios hogares.
Vieron en la Ley de Dependencia un nicho para desarrollar sus negocios, pero la crisis ha tumbado todas sus expectativas. En Castilla y León más de un 40 por ciento de los mayores dependientes son cuidados por sus familias, lo que ha llevado a reducir drásticamente la demanda de plazas en las residencias, fundamentalmente en las privadas, donde según datos que maneja la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), la mayoritaria en el sector —reúne a 130 empresas y alrededor de 8.000 plazas residenciales—, la ocupación ha caído un 20 por ciento.
D Para José María Delgado, vicepresidente de la Federación, el principal problema radica en que se ha convertido en «regular» lo que la Ley de Dependencia había definido como «excepcional». «En el texto hay un apartado que especifica de forma clara que, excepcionalmente, en los casos que no se pueda aplicar ningún tipo de servicio o actuación para las personas dependientes se recurrirá al cuidador familiar». Sin embargo, es una medida que no se está aplicando ni controlando, y en opinión del responsable de Acalerte, esto repercutirá en la economía y a largo plazo podría hacerlo en los propios mayores dependientes. «El control y la supervisión de lo que se hace en cada domicilio es una incógnita», asegura. La solución se torna «complicada» para Acalerte, que entiende la situación de muchos hogares españoles, donde en algunos casos el periodo de subsidio de desempleo se ha terminado y la pensión del mayor es el único ingreso económico familiar. «Sabemos que ahora mismo muchas familias están viviendo con la ayuda del abuelo, que se queda en casa y aporta la pensión, y si además cuentan con una ayuda de la Administración, pues todo va sumando». No obstante, no creen que generalizar los cuidados en el entorno familiar sea la solución y abogan por restringirlo mucho más en las nuevas valoraciones. Delgado sustenta su argumento en dos razones: por un lado, la económica: «Una persona que ingresa en una residencia genera un IVA, unos puestos de trabajo y permite que el dinero siga moviéndose. En el entorno familiar las ayudas de Dependencia llegan y se acabó». Luego están las consecuencias en los propios dependientes. «No dudo de que en el hogar se intente cuidar a sus mayores maravillosamente, pero falta una preparación, unas instalaciones adaptadas, un exhaustivo control de la medicación… A mí me exigen tener personal cualificado: un médico, una enfermera, un fisioterapeuta… y esto en el domicilio nunca ocurrirá», sostiene el también propietario de dos residencias, una en la capital vallisoletana y otra en el municipio de Viana de Cega, en la misma provincia.
En España, tan sólo el 4,3% de nuestros mayores están ingresados en una residencia, según la Sociedad Española de Geriatría
El ingreso de un ser querido en una residencia no es fácil, ni para la persona mayor afectada ni para la familia. Pero la permanencia de un mayor en casa a veces es, sencillamente, inviable. Llega un momento en que el grado de dependencia es tal, que ya no sirven únicamente la ayuda y el amor que se les pueda ofrecer. Es entonces cuando los cuidados expertos de una residencia se convierten en la mejor opción. «Hay que romper el mito negativo que rodea a estos centros», apunta Puerto Gómez, vicepresidenta de la SEGG – Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. «Es más, ingresar a un familiar al que no se puede cuidar en casa es una decisión responsable, por lo que la familia no debería tener sentimiento de culpa», remarca. De hecho, y aunque en España esta opción es la menos frecuente -tan sólo el 4,3% de nuestros mayores están ingresados, según la Segg-, muchas veces ella misma se ha encontrado con residentes que se sorprenden positivamente al llegar al centro.
La Junta de Andalucía firma un convenio de concertación de 15 plazas con el Geriátrico de El Cerro del Andévalo
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha firmado un convenio con la empresa encargada del geriátrico de El Cerro del Andévalo (Huelva) con el que concertará 15 plazas del citado centro onubense, según han informado a Europa Press desde la Delegación para la Igualdad de Huelva.
Por su parte, la directora del centro, Ana Rico, ha mostrado su satisfacción por «este primer paso» y aunque ha remarcado que «la empresa seguirá teniendo pérdidas, el centro podrá continuar abierto», así como que espera que estas 15 plazas sean las primeras hasta llegar a las 32, como se estipuló en un acuerdo firmado en 2007, y que se hará «en función de la demanda».
En este sentido, Rico ha indicado que por estos motivos han comenzado a «buscar usuarios» para que se ocupen estas plazas con el fin de conseguir más concertaciones hasta 32 de las 67 plazas del geriátrico, un número que para Rico sería «ideal para que la empresa obtuviera ganancias».
Ballesol Málaga incorpora en sus centros el programa ‘Personas siempre’ para mayores con demencia
Se estima que en España hay unas 800.000 personas afectadas por algún tipo de demencia, de las cuales aproximadamente un 80% son mayores de 65 años. Ante estas cifras, urgen actuaciones que ofrezcan soluciones para mejorar la atención y el tratamiento en este tipo de pacientes.
En este sentido, Ballesol lleva décadas trabajando para ofrecer la mejor calidad asistencial a sus residentes. El resultado de ese empeño ha sido su programa ‘Personas siempre’ de atención especializada para las personas mayores con demencia avanzada.
La Infanta Elena inaugura el nuevo edificio de una residencia para personas con discapacidad intelectual en Madrid
La Infanta Elena, acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha inaugurado este martes el nuevo edificio de la residencia y centro de día ‘El Quijobar’ para personas con discapacidad intelectual, situada en el complejo ‘Prado Acedinos’ de Getafe (Madrid).
La presidenta regional y la Infanta han recorrido las instalaciones acompañadas del alcalde de Getafe, Juan Soler, y del consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, para conocer los servicios que se prestan en esta residencia que dispone de 149 plazas financiadas por la Comunidad de Madrid con una inversión de 3,7 millones de euros.
El centro, que tiene 4.800 metros cuadrados de superficie, cuenta con servicios de atención sanitaria, alimentación, alojamiento y supervisión, así como actuaciones de habilitación y rehabilitación que incluyen estimulación multisensorial, desarrollo de la autonomía personal, el lenguaje y la comunicación, mejora de las habilidades sociales, apoyo en el desarrollo cognitivo o gestión de tiempo libre.
