Servicios Sociales
Trabajadores sociales de Málaga alertan de que los impagos podrían afectar a unos 13.000 usuarios de ayuda a domicilio
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga ha advertido de que a partir de diciembre se podrían ver afectados en la provincia malagueña casi 13.000 usuarios del servicio de asistencia a domicilio, incluido en la cartera de programas que se financian con cargo a la Ley de Dependencia, así como 3.526 auxiliares, debido a «los recortes del Gobierno central y los impagos de las administraciones públicas».
En el caso de la capital malagueña, esas cifras serían de 7.042 usuarios afectados y 1.173 trabajadores, según ha señalado el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo. Así, ha lamentado «profundamente» esta situación, que se está viviendo ya en puntos de Andalucía como Jaén, donde a partir del 4 de diciembre la Junta se hará cargo directamente de la prestación por la renuncia municipal debido a los impagos de la Administración autonómica.
«Si continúa la estrategia del Gobierno de desmantelar el sistema público de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y esta situación se generaliza por toda Andalucía, a partir del 4 de diciembre pueden verse afectados unos 135.000 usuarios y unos 42.000 auxiliares en la Comunidad», ha manifestado a Europa Press Arredondo.
Igualmente, ha alertado el representante de los trabajadores sociales malagueños, «padecerán esta situación las familias de las personas que necesitan este servicio para compatibilizar su vida personal y laboral», lo que, por tanto, «podría tener consecuencias en sus empleos».
Arredondo ha rechazado la reforma local que impulsa el Gobierno central, denunciada reiteradamente por el Consejo General del Trabajo Social y por el Consejo Andaluz, así como por los colegios que los integran, por considerarla «una estrategia para desmantelar el sistema del bienestar social público».
Según ha indicado, «para que existan unos servicios sociales fuertes es imprescindible que se presten desde las corporaciones locales, por ser las administraciones que están más cerca de los ciudadanos y de sus necesidades», de modo que «se garanticen los principios de justicia social, igualdad de oportunidades y equidad». Para ello, ha resaltado, «deben contar con la financiación correspondiente».
En este sentido, Arredondo ha dejado claro que «el servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica de los servicios sociales comunitarios», por lo que, en nombre del Colegio de Trabajo Social de Málaga, ha confiado en que «pronto se llegue a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos de la provincia y del conjunto de la Comunidad andaluza».
Comunidad de Madrid invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, ha señalado este martes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, donde ha dado cuenta del presupuesto de su cartera para 2014, que el Gobierno regional invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
El consejero ha dicho que las cuentas de la Comunidad de Madrid para 2014 garantizan «el mantenimiento de unos servicios sociales altamente especializados, de máxima calidad y territorializados».
«Son unos presupuestos sociales, ya que 9 de cada 10 euros van destinados a gasto social: sanidad, educación y servicios sociales», ha afirmado para señalar a reglón seguido que no hace muchos años esa proporción era de 7,5 sobre 10 .
De los 17.060 millones del presupuesto global de la Comunidad de Madrid para 2014, 1.303 millones de euros corresponden a la Consejería de Asuntos Sociales, un 4,3 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce en un aumento de 53 millones.
Eso quiere decir, ha constatado, que 8,4 de cada cien euros del presupuesto total de la Comunidad de Madrid se destinan a Asuntos Sociales, así como que esta consejería invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
Además, el consejero ha recalcado que el 94 por ciento del presupuesto va destinado a la «prestación directa de servicios a las personas» y solo un seis por ciento a «costes de gestión».
Las líneas de actuación de la Consejería para 2014 son, según ha enumerado, el mantenimiento de la atención gratuita a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedad mental y a los niños de 0 a 6 años que reciben atención temprana «a pesar del escenario económico», siendo Madrid la única comunidad que presta esta atención de manera gratuita, para lo que se va a destinar un total de 338 millones de euros, 23 millones de euros más que en 2013.
También se incrementa el presupuesto para dependencia, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones de euros en 2014, casi 50 millones más que en 2013, «garantizando el mantenimiento de una de las redes asistenciales más extensas de toda España compuesta por 50.000 plazas y 500 centros».
Este presupuesto permitirá, entre otras actuaciones, destinar 2,2 millones de euros más a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, pasando de 23,6 millones en 2013 a 25,8 millones en 2014.
Asimismo, se aumentará en un 3 por ciento la partida destinada a las prestaciones económicas, hasta alcanzar los 84,5 millones de euros y se incrementará en un 6,5 por ciento el presupuesto de los convenios de atención social primaria con los ayuntamientos, que contarán el próximo año con más de 97,4 millones de euros.
Otra de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Asuntos Sociales es la atención a mayores, a las que en 2014 se destinará un total de 442 millones de euros, 22 más que en 2013, según el consejero, que también ha destacado el incremento de la partida de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un 3,5 por ciento, hasta superar los 84 millones de euros, «con el objetivo de que 20.000 familias reciban esta prestación».
También se ha incrementado el presupuesto para familia y menores, que en 2014 ascenderá a 109 millones de euros, 4,1 millones más que en 2013, con el objetivo de promover el acogimiento familiar, mantener la extensa red de servicios y programas dirigidos a menores, con una red asistencial de 1.600 plazas. En este marco también se contempla la atención a mujeres con hijos y embarazadas en riesgo de exclusión.
«Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género a través de los distintos recursos con los que contamos y en los que ofrecemos una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género», ha agregado Fermosel. En este sentido, ha indicado que se van a destinar más de 21,5 millones a las acciones contra violencia de género y promoción de la igualdad entre mujeres y hombre.
También ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la población extranjera que reside en la Comunidad, a la que se destinarán más de 5,4 millones de euros para diversas iniciativas que incluyen línea de subvenciones de integración sociolaboral, lucha contra el racismo, los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes y el programa Conoce tus leyes, entre otros.
En lo referente a voluntariado y cooperación, el presupuesto asciende a 1,8 millones de euros para la ayuda de emergencia, ayuda humanitaria y supervisión de proyectos de cooperación, así como el servicio de información al voluntariado. Fermosel ha recordado que Madrid cuenta con 150.000 voluntarios «que realizan una labora asistencial esencial y totalmente desinteresada en un millar de organizaciones de voluntarios».
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN BAJAN
Precisamente estas dos últimas partidas, inmigración y cooperación, son las únicas que bajan. Concretamente, según el anteproyecto de Presupuestos para 2014, la primera partida pasará de 10,69 millones destinados este año a los 5,41 millones previstos para el que viene. Voluntariado y Cooperación pasa de 7,8 millones de euros destinados este año y a los 1,8 millones fijados para 2014.
La portavoz del Grupo Socialista, Matilde Fernández, ha valorado el crecimiento del presupuesto y el hecho que se destine a gestionar centros y «por lo tanto las plazas de las personas».
No obstante, ha criticado que es un presupuesto que no alcanza los presupuestos que había la legislatura pasada, que crece para gestión de centros de economía social pero también de mercado y que «no dedica ni un euro a inversión para tener futuras plazas para atender a más personas».
La portavoz de IU, Josefa Amat, ha indicado que con las modificaciones de presupuesto de 2013 la Consejería alcanzó un presupuesto de 1.355 millones, lo que significa que baja un 3,9 por ciento respecto del consolidado del año pasado, que se ha ejecutado en torno a un 60 o 50 por ciento en algunos casos, lo cual quiere decir que se pone en números pero «no resulta efectivo».
Por su parte, el portavoz de UPyD, Alberto Rellero, ha criticado que «los presupuestos son una cosa y la ejecución de los presupuestos son otra». «Tenemos la experiencia de años anteriores que la ejecución no se corresponde en absoluto», ha afirmado.
«Lo que es cierto es que sobre el papel hay un pequeño crecimiento que en cualquier caso consideramos insuficiente», ha apuntado, para referirse en concreto a la falta de recursos para afrontar «la pobreza» y la dependencia.
“Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”
Desde la “lealtad”, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, del PP, se muestra contundente a la hora de valorar las consecuencias que tendrá la reforma de la Administración local en el sistema de servicios sociales de su territorio, entre las que destaca la duplicidad de funciones y de gasto; precisamente lo que pretende combatir la ley. Esta comunidad ha elaborado distintas enmiendas al proyecto del Gobierno para que “dentro del margen que ofrece la ley se respeten los modelos que han mostrado ser eficientes”.
Pregunta. La ley plantea que los municipios solo puedan ocuparse de labores de evaluación, información y atención inmediata, por lo que los Ayuntamientos dejarían de tener el peso de los servicios sociales de base, que pasarían a ser competencia autonómica. ¿Qué supone este cambio?
Respuesta. Nosotros tenemos un sistema de integración total entre municipios y autonomía en el que los trabajadores sociales de proximidad tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de forma integral. Es el modelo más eficiente del país porque la coordinación evita esfuerzos duplicados. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto, lo que no tiene ningún sentido. Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros —los 1.500 empleos de Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— pasará a costar el doble.
Milagros Marcos explica esta duplicidad de empleos y gasto: no se trata solo de cambiar de sitio las competencias, hay empleos que mantener en el ámbito local: “Un trabajador social de un municipio ahora gestiona las cuestiones de emergencia y las que no son urgentes, en un trabajo integrado; con la reforma solo podrá encargarse de las urgentes, por tanto, habrá que poner a otro para lo demás”. Y eso lo tendrá que asumir la comunidad autónoma.
P. Dos trabajadores de Administraciones distintas para un mismo problema puede romper ese tratamiento integral.
R. Pero, además, ¿dónde está la línea entre lo urgente y lo no urgente? Nosotros contamos con un sistema integral. En una familia con dificultades puede haber un problema de drogas, de violencia familiar, de mayores en situación de dependencia… Nuestros profesionales atienden estos casos en conjunto, sin segmentar, y desde la atención cercana. Esta gente necesita a una persona de referencia próxima. Son los servicios sociales de barrio quienes conocen las necesidades de esta gente. Si se nos fuerza a duplicar servicios, duplicamos estructuras y gasto y perjudicamos a los usuarios. [La reforma] penaliza a las Administraciones que no tenemos duplicidades
P. ¿Qué va a pasar con las residencias de ancianos? También tendrán las comunidades que asumir esta gestión.
R. Este es otro tema. Se puede transferir el control de las residencias municipales a las autonomías. Pero en un año [el plazo previsto en el anteproyecto] y sin presupuesto no se puede hacer. ¿Cómo voy a asumir 10.000 plazas de golpe? Cuestión distinta es afrontar este proceso con tiempo; en cinco años se podría hacer con tranquilidad. Entre esta cuestión y los servicios de proximidad que mencionaba antes, el incremento de gasto en Castilla y León sería de 200 millones de euros.
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Botella propone una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener servicios
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha propuesto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener en el ámbito de las competencias de la ciudad el Samur y los servicios sociales no afectados por la Ley de Dependencia.5ª Jornada de Ética y Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y el IAAP «Adolfo Posada» organizan la 5ª Jornada Ética y Servicios Sociales que este año abordará el tema El papel de la ética en los modelos de atención social. Tendrá lugar en Oviedo el 21 de noviembre del 2013.
Esta convocatoria anual se enmarca dentro de las líneas que desde el Servicio de Calidad e Inspección, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda viene impulsando para propiciar la reflexión y mejorar la calidad de las prácticas profesionales en los distintos centros y servicios.
En el variado programa de la Jornada participan diversos expertos, cabe destacar la conferencia magistral que será impartida por Ramón Bayés, Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada: «Sobre la felicidad y el sufrimiento a lo largo de la vida».
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Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida…”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad… todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (…) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.
La Xunta pondrá en funcionamiento el próximo año un portal para el intercambio de material como sillas de ruedas
La Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia pondrá en funcionamiento el próximo año un portal en Internet para promover el intercambio de material de segunda mano como sillas de ruedas o muletas, según ha manifestado su titular, Beatriz Mato, con motivo de una visita a la Institución Benéfica Padre Rubinos.
La visita ha tenido lugar para abordar, con sus responsables, las nuevas inversiones de la Xunta en materia de inclusión social, que experimentarán un incremento «del 13%», según ha remarcado Mato, quien ha cuantificado en 3,25 millones la inversión que se destinará a 105 entidades sociales.
En el caso de Padre Rubinos, su titular ha señalado que a esta institución se destinarán 130.000 euros, lo que supone un incremento del 51% respecto al pasado ejercicio. Este dinero, según su director, Eduardo Aceña, se destinará íntegramente al ‘albergue de transeúntes’, en el que se ofrecen al día 200 servicios diarios.
En rueda de prensa, Mato ha remarcado que estas inversiones buscan «resolver los problemas de las personas» y, en este mismo objetivo, ha situado el portal web que se creará para promover el intercambio de sillas de ruedas de segunda mano u otros recursos para personas con alguna discapacidad.
Sobre esta iniciativa, la titular de Trabajo ha dicho que obedece a la necesidad de facilitar «a instituciones y personas» la posibilidad de intercambiar «distintos recursos». Además, ha dicho que el portal servirá también «de asesoramiento y consultas sobre dudas en torno a la accesibilidad y la discapacidad», ha apostillado.
Por su parte, Aceña ha remarcado el incremento de la demanda en su institución debido al contexto económico. Como ejemplo, ha citado el albergue donde, según ha explicado, se ha detectado un incremento de personas, de entre 25 y 40 años, que acuden a pedir ayuda, «españoles en general», ha apostillado.
La Junta crea un grupo de trabajo para encontrar «la mejor solución» a la reserva de plazas en residencias de mayores
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la semana próxima se formalizará el grupo de trabajo creado con el sector de las residencias de mayores y personas discapacitadas para encontrar «la mejor solución» al asunto de la reserva de plazas.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la consejera ha matizado que la orden dada por su antecesora en el cargo de eliminar la reserva de plazas se ha «paralizado» para «retomarla» con el colectivo afectado y estudiar conjuntamente «cómo se podría modificar para que, de alguna forma, sigamos atendiendo a las personas que tenemos que atender y no lesionemos los intereses de los que están gestionando las plazas».
Explica Sánchez Rubio que hasta ahora «estábamos financiando en torno al 60 por ciento de las plazas que estaban vacantes y había personas que estaban esperando a entrar a las residencias». Eso era «razonable» cuando la plaza se cubría «en una semana», pero «ahora ya no era razonable y, por tanto, hay que estudiarlo».
Los inspectores de servicios sociales andaluces realizan 330 controles diarios en centros y domicilios
Los más de 2.400 controles que realizaron el año pasado los inspectores de servicios sociales de la comunidad se saldaron con la apertura de 48 expedientes sancionadores y el cierre de una residencia, en Fuente Vaqueros (Granada). Los técnicos realizaron también 74.315 visitas domiciliarias para supervisar las prestaciones de la Ley de la Dependencia. El 85% de los usuarios consideraron que la atención que reciben cubre sus necesidades básicas y el 93% de los controles sobre cuidados en el entorno familiar obtuvo informe favorable, según los datos del plan de inspecciones de 2012 que ha presentado este viernes la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.
Los 280 inspectores de los servicios sociales de Andalucía realizaron el año pasado una media de 330 inspecciones diarias. En total, 76.696 controles (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). La mayoría de los centros visitados son residencias de mayores públicas, concertadas y privadas, pero también centros para personas con discapacidad, drogodependencia, enfermedad mental, servicios sociales comunitarios y atención a la mujer.
Los inspectores decretaron el cierre cautelar de una residencia concertada en Fuente Vaqueros porque, según ha señalado Montero, ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran “adecuados”. Sus responsables intentaron obtener de nuevo los permisos para reabrir pero fueron denegados y el centro sigue cerrado.
Respecto a los 48 expedientes abiertos a centros, la casuística es variada, pero predominan los casos en los que los se detectan fallos en las condiciones “materiales” de los centros, como problemas de accesibilidad o de climatización. “Son muy minoritarios los casos más graves, de falta de atención o de higiene”, ha afirmado Montero. Tras conocer el resultado de las inspecciones a centros, la Consejería se ha marcado tres objetivos fundamentales de mejora: impulsar la implantación de sistemas de control de la calidad (solo el 21% de los centros cuentan con una certificación externa de calidad), impulsar la formación de profesionales según el modelo de gestión por competencias y la puesta en marcha de planes de autopreotección en todos los centros, explicó Montero.
En las inspecciones sobre los cuidados en el entorno familiar, los técnicos controlaron, sobre todo, que las prestaciones económicas se empleen para la finalidad con la que fueron concedidas. De los 47.155 casos analizados, 43.854 se consideraron correctos. En la mayoría de los otros 3.300, los inspectores trasladaron la situación a las delegaciones provinciales de Salud para valorar la posibilidad de cambiar la prestación. “No siempre hay mala fe” de los familiares, ha señalado la consejera, que adelantó que la Junta prepara un decreto para simplificar y agilizar los trámites para la apertura de estos centros.
El Principado edita una guía sobre Confidencialidad en Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias acaba de publicar una novedosa guía sobre Confidencialidad en Servicios Sociales
La guía, Confidencialidad en Servicios Sociales, es el primer título de la Serie Ética y Servicios Sociales. Ha sido elaborada por un grupo interdisciplinar de profesionales que trabajan en distintos ámbitos (infancia, servicios sociales de base, inclusión social, personas mayores y personas con discapacidad). . Ofrece, además de una primera parte introductoria que plantea cuestiones conceptuales en relación a este tema, una serie de recomendaciones surgidas de la reflexión sobre cómo proteger la confidencialidad desde una buena praxis profesional en la intervención social.
El trabajo ha sido coordinado desde la Sección de Calidad de dicha Consejería. El documento se puede descargar libremente en el siguiente enlace del portal del Principado de Asturias, dentro del apartado dedicado a Calidad en Servicios Sociales, espacio donde además se recogen otros materiales y documentos de gran interés.
Mayo 2013
La reforma local «desnaturaliza» los servicios sociales y hará «peligrar miles de puestos de trabajo», según expertos
El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado por el Gobierno «desnaturaliza» los servicios sociales, al convertirlos en «meras oficinas de mediación», y hará «peligrar miles de puestos de trabajo», según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘El valor de la proximidad’, presentado este miércoles en Madrid por los responsables de la organización, que además han entregado el texto a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, concretamente al PSOE, UPyD e Izquierda Plural.
«Esta reforma es tan grave o más para los servicios sociales que la de la Ley de Dependencia», ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que ha recordado que del sistema de servicios, gestionado por ayuntamientos y corporaciones locales, dependen siete millones de personas y más de 50.000 puestos de trabajo. El coste en 2011 fue de unos 1.330 millones de euros.
Asimismo, ha indicado que esta ley consagra como «sospechosos» a los trabajadores y concejales de los ayuntamientos de ser «solícitos» por su cercanía a los problemas de los ciudadanos, al timepo que ha advertido de que es «inmisericorde» con el medio rural y que iguala «proximidad y despilfarro». «La factura se va a pagar con menos cohesión social y con el sufrimiento de los de siempre: mayores, personas con discapacidad, dependientes y familias con hijos menores enfermos», ha aseverado.
El informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llama la atención sobre el «gran atentado al municipalismo» en España que lleva a cabo esta reforma local, que, además, profundizará «la brecha» entre los políticos y los ciudadanos, ya que los ayuntamientos, considerados «representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo» dejarán de ser los responsables de los servicios sociales.
Esta entidad indica alerta también del «desprecio al valor del la proximidad» por parte del Gobierno y asegura que «no hay mayor deterioro en estos servicios que el que se produce por la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano».
Como consecuencia de esta reforma, Directores y Gerentes advierte de que «peligran miles de puestos de trabajo de servidores públicos» en los ayuntamientos y se puede adivinar el comienzo de un «largo proceso privatizador» de cientos de servicios.
La Generalitat Valenciana paga 42 M€ en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero no para los Proveedores de la Sanidad Pública
La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha denunciado «el mal uso que se hace del dinero del contribuyente» y la «tremenda injusticia» que se está cometiendo con el colectivo de los proveedores.
El colectivo, en un comunicado, ha criticado que se les excluya «del reparto del poco dinero que llega a la Comunitat Valenciana proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, teóricamente creados para pagar intereses de la deuda pública y proveedores». Además, ha señalado que ven con «asombro» como «sí hay dinero para pagar 42 millones en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)».
«Desconocemos lo importante que puede ser este desembolso en metálico para la Generalitat Valenciana, así como las repercusiones que esta inversión pueda tener para los ciudadanos, pero de lo que sí estamos seguros, es que esta inversión no contribuye a mantener el estado de bienestar sanitario», ha destacado la plataforma.
En este sentido, ha tildado de «chocante» que en esta situación, «en la que las empresas estamos cerrando por no cobrar de las administraciones y en la que al ciudadano se le está regateando una intervención quirúrgica con listas de espera kilométricas o en la se le está solicitando un copago, haya 42 millones, más que suficientes como para saldar la deuda de todas nuestras empresas, para ampliar el capital de una sociedad cuyo objeto habría que analizar».
«Una prueba más de la incomprensión, falta de sensibilidad e injusticia hacia un colectivo empresarial del que dependen muchos puestos de trabajo», ha denunciado la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana.
Mato señala que el Estatuto del Mayor incluirá la creación «por primera vez en España de un espacio sociosanitario»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presentado en Zaragoza las principales líneas del borrador del Estatuto del Mayor que está elaborando el Gobierno central, que incluye, entre otras cosas, la creación, «por primera vez, en España un espacio sociosanitario».
Así se ha pronunciado Mato durante su intervención en la clausura de la jornada organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el IMSERSO para cerrar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012 en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, bajo el lema ‘Participación de las personas mayores en la toma de decisiones’.
Mato ha precisado que con la elaboración del Estatuto del Mayor, «se concreta un compromiso personal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy», documento que ha definido como «una guía para la elaboración de las políticas públicas orientadas a promover un envejecimiento saludable y a prevenir situaciones de dependencia».
Según ha detallado, con esta finalidad «se han identificado diez áreas de actuación donde es posible mejorar, atendiendo a las preocupaciones que vosotros nos habéis planteado», ha señalado a las personas mayores presentes en el acto.
Ha añadido que «queremos asegurar una atención sanitaria cada vez mejor, cada vez de mayor calidad, optimizando la coordinación con unos servicios sociales de calidad» y para eso «vamos a aprovechar toda la experiencia y capacidad que disponemos para crear, por primera vez, en España un espacio socio sanitario».
IV Jornada de Ética y Servicios Sociales: Los comités de ética, una apuesta por la calidad
La Jornada se celebrará el viernes 30 de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo organizada por el Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de Bienestar Social de Asturias dentro del programa de formación específica del IAAP «Adolfo Posada» dirigida a los empleados públicos de la administración asturiana.
Cabe destacar del programa la conferencia magistral que impartirá a las 12,30 horas, el profesor Diego Gracia Guillén, experto de prestigio internacional en el campo de la bioética, con el título: La ética de los comités de ética.
La Jornada será retrasmitida por internet desde la web: http://www.asturias.es/iaap
Objetivos de la Jornada:
Potenciar la importancia de los Comités de Ética en el ámbito de los Servicios Sociales como instrumentos al servicio de la calidad de la atención. Difundir la normativa para la creación y funcionamiento del primer Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias.
Fecha: 30 de Noviembre
Horario: Mañana. 9:30 a 14:30 h. Tarde. 16:30 a 18:30 h.
Lugar: Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Oviedo
Plazo de inscripción desde el 29 de octubre al 18 de noviembre de 2012
Programa IV Jornada de ética
Condiciones e Inscripción: Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada
5000 peticiones diarias colapsan los Servicios Sociales madrileños
La Red Básica de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid está «al borde del colapso», con dificultades para atender a las más de 5.000 peticiones de citas que recibe a diario, con listas de espera de hasta dos meses y con ratios de un trabajador social para cada 14.500 habitantes, cuando debería ser de «uno por cada 3.000». Así lo revela un estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid sobre la situación de los Servicios Sociales a consecuencia de la crisis, que alerta del aumento de la demanda de intervenciones sociales, en especial de ayudas económicas de emergencia, en coincidencia con un recorte presupuestario en esta partida.
El 18,1% de la población de la Comunidad de Madrid vivía a finales de 2010 en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje ocho décimas superior al de 2009 y que habrá aumentado «en cuanto se publiquen los indicadores de 2011», ha pronosticado la vicedecana del colegio, Mar Ureña, que ha recordado que se ha duplicado el número de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde 2008. A juicio del organismo, a pesar de estos datos «la Administración continúa sin aplicar medidas urgentes que palíen el drama de las familias con unos mínimos de transparencia, agilidad y equidad».
El estudio, presentado esta mañana, considera «totalmente inadaptada a la crisis y a la situación de emergencia familiar» la normativa sobre las Ayudas Económicas Puntuales que conceden los Ayuntamientos. Aunque la Ley recoge estas ayudas, que son «una herramienta muy útil», su marco legal «está poco desarrollado», según Ureña. «No existen criterios homogéneos la concesión. Una persona por el mero hecho de residir en un municipio u otro de la Comunidad tiene diferentes formas de acceso, tiempo de espera y procedimientos», según Ureña. A ello se suma el desconocimiento de la Red Básica de Servicios Sociales en los municipios.
A juicio del colegio, es necesario ampliar las partidas presupuestarias dedicadas a las ayudas económicas directas a familias, ya que «aunque en cifras globales las Administraciones no han reducido los presupuestos sociales», los municipios «sí han reducido las partidas de ayudas directas». Se puede dar el caso de «imposibilidad de tramitar una ayuda porque la persona no está al corriente de pago de algún impuesto municipal o que la propia ayuda sea embargada».
Castilla y León premiada por crear un acceso unificado a Servicios Sociales
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha sido premiada por el Grupo Editorial Senda por ser pionera en la creación de un acceso unificado a todos los Servicios Sociales y prestaciones de la Ley de la Dependencia.
La entrega del premio, que estará presidida por la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, tendrá lugar el próximo jueves, 14 de junio, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según ha informado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, los Premios Senda han reconocido a Castilla y León como la primera comunidad autónoma de España en implantar una solicitud única de acceso a los Servicios Sociales a cualquier castellanoleonés que lo demande, «sea o no una persona en situación de dependencia».
En concreto, el jurado ha premiado a Castilla y León en la categoría institucional por presentar un «proyecto pionero, que puede servir de ejemplo a otras comunidades».
El portavoz ha recordado que se trata del último paso dado por la Consejería de Familia hasta el momento para lograr un «auténtico sistema integrado de servicios sociales» con «una única puerta de acceso, un único sistema de información, valoraciones y baremos unificados, así como una única lista de acceso para cada prestación, un mismo registro de usuarios, y un mismo cálculo de la capacidad económica de los usuarios» con el objetivo de disponer en un futuro de una única historia social.
Con este paso, disponible desde el pasado 18 de febrero, los castellanoleoneses, sean o no personas en situación de dependencia, sólo tienen que rellenar un único documento para acceder a cualquiera de las prestaciones que oferta el sistema -ayuda a domicilio y teleasistencia, centro de día y residencia, servicio de promoción de la autonomía personal, prestación económica de cuidados en el entorno familiar o la prestación económica de asistencia personal-, independientemente de que preste el servicio la Administración autonómica o una entidad local.
«Se elimina así la doble puerta de acceso existente hasta ahora para las personas que solicitaban la misma prestación por Dependencia o por Servicios Sociales», ha significado el portavoz que ha indicado que de este modo se acaban las molestias y complicaciones administrativas que suponía para un ciudadano solicitar el mismo servicio en varias administraciones, rellenar varias solicitudes, aportar distintos informes y someterse a repetidas valoraciones funcionales, sociales o de capacidad económica.
La patronal suspende los servicios sociales en Andalucía
Un trabajador de servicios sociales por cada 5.110 habitantes, frente a los 3.858 de media estatal. Apenas dos plazas de residencia por cada cien personas mayores de 65 años. Una plaza en centros de acogida por cada 12,9 solicitudes de orden de protección, por las 9,8 de media a nivel estatal. Éstas y otras son las carencias que presenta Andalucía en el desarrollo de los Servicios Sociales según un informe de la patronal del sector que se presenta mañana en Cádiz. La asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un mapa de la protección social en España en el que la comunidad andaluza saca una nota final de un 4,6.
El informe se divide en diversos apartados. El de mayor puntuación es el de cobertura, con cinco puntos, del que Andalucía saca 1,5. Tiene buena valoración la extensión del sistema de dependencia, por encima de la media, y las rentas mínimas de inserción, aunque la cuantía esté por debajo de la media. También aprueban los equipamientos para las personas con discapacidad. Sin embargo, Andalucía presenta déficit en las estructuras básicas de servicios sociales, plazas residenciales para personas mayores y para mujeres víctimas de la violencia de género, intensidad del servicio de ayuda a domicilio (8,39 horas mensuales de media frente a las 16,94 de media estatal) y plazas para personas sin hogar (21,9 por cada 100.000 habitantes, frente a las 34,5 de media). En el apartado de relevancia económica, Andalucía consigue 2,4 de un máximo de tres puntos, ya que su gasto por habitante está en la media (279,3 euros) y es superior en el porcentaje del PIB en servicios sociales (1,63% frente al 1,25% estatal). De los dos puntos restantes en liza, sobre desarrollo normativo, Andalucía logra 0,7 al carecer de un marco legislativo que garantice derechos ciudadanos.
El padre Ángel plantea habilitar catedrales como comedores sociales
Padre Ángel
El presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, advierte a las administraciones públicas de que recortar en servicios sociales por la crisis económica puede llevar a que «la gente salga a la calle con pancartas «diciendo que quieren comer» y entonces, ya será tarde para hacer nada.
«Estoy convencido de que los gobernantes van a reaccionar y que a las ONG nos van a tener en cuenta, y si no, que tengan mucho cuidado todos, que el hambre es muy mala consejera, que el día que salga la gente a la calle con pancartas diciendo que quieren comer, preparémonos, porque, además, alguno seguro que apoyaremos esas manifestaciones», ha señalado.
En una entrevista, el fundador de esta asociación con presencia en 50 países ha explicado que toda la sociedad debe ser «consciente» de que es necesario recortar, pero ha criticado que «en alguna autonomía se esté hablando de quitar hasta un 25%» a las partidas para infancia o mayores.
http://youtu.be/eIlsTF6lV-w
