Recortes
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, que pasó de obtener una nota de un 5,4 a suspender con un 3,8, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia, que sitúa la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.
Los retrocesos de las 13 regiones son especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y en Andalucía, donde el descenso deja a la región en un suspenso.
Les siguen en caída Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.
Con todo, el ranking nacional de implantación sigue en línea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; País Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7.
Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.
Esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses.
Así, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya había caído al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.
CAE EL NÚMERO DE GRANDES DEPENDIENTES ATENDIDOS
Si se atiende al equilibrio entre las prestaciones y servicios, Madrid es la que tiene mejor indicador, con sólo un 25 por ciento de dependientes recibiendo dinero en lugar de asistencia. Le sigue Galicia, con una proporción del 33 por ciento y Castilla y León con un 39,5 por ciento. En el lado opuesto, Murcia, que da prestación económica a más del 80% de los dependientes, y Cataluña, con un 74,6 por ciento, aunque la ley recoge que esta práctica debe ser la excepción.
Otro de los indicadores revela cómo se ha producido un descenso en la incorporación de nuevos dependientes al servicio. En la media nacional, la caída es del 1,37 por ciento en el primer semestre del año, pero en regiones como Aragón (-17,16 por ciento) o Andalucía (-8,7 por ciento) y La Rioja (-8,26 por ciento) es mayor. Por el contrario, en Cataluña el número de atendidos ha crecido un diez por ciento y en Galicia y Asturias algo más del siete.
Sobre este asunto, la escala destaca que en todas las comunidades autónomas menos en Cantabria y País Vasco se ha reducido la cifra de expedientes activos correspondientes a Grandes Dependientes (Grado III), con tasas que llegan a ser del 16,8 por ciento en Aragón, del 14 por ciento en Andalucía y superiores al 12 por ciento en Asturias y Murcia. En el total nacional, esta reducción es del 8,26 por ciento, conforme el estudio.
Una media de 70 personas son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según un estudio
Una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según ha indicado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013, que revela que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.
El dato de 70 beneficiarios que quedan cada día fuera del Sistema se calcula dividiendo la cifra de beneficiarios que han salido del Sistema en el último semestre entre seis meses y entre 30 días. Esta cifra, sumada al hecho de que «no se mantiene la tasa de reposición» de la Gran Dependencia conduce, según Ramírez, a la «destrucción absoluta» del Sistema de Dependencia.
Además, Ramírez ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que «no alardee» de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera.
Concretamente, ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: «impedir que nuevos dependientes accedan al sistema», como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones «a la baja» del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.
Precisamente, Ramírez ha señalado que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según ha remarcado, les consta que han sido «masivas y sangrantes» en algunas comunidades autónomas.
«Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición», ha insistido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de «mentir con medias verdades», de «jugar con los datos» y de «ocultar restricciones al acceso» al Sistema.
Además, ha explicado que, si el Gobierno hubiera invertido en Dependencia los 449 millones de euros en recortes, «más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos –IRPF, Seguridad Social e IVA–, hubiera evitado el despido de 2.000 personas y hubiera ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones».
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia es «sostenible y viable» pues genera unos retornos económicos de en torno al 42% así como 30 empleos directos y estables por cada millón de euros invertidos en el sistema de atención a la dependencia.
«Si aplican los tres nuevos Reales Decretos que están sobre la mesa pendientes para publicar, probablemente el destrozo en la política social será dramático, la desatención a las personas dependientes será insoportable y la repercusión en el empleo hará que más de 20.000 personas en los próximos meses vayan engrosando las listas del paro», ha advertido.
A su juicio, el Gobierno quiere convertir un sistema de protección social de carácter universal en «un subproducto financiero de aseguradoras». Finalmente, sobre el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia que tendrá lugar este jueves, ha indicado que se espera «lo peor» teniendo en cuenta que en anteriores consejos se han aprobado medidas peores de las que se esperaban.
Euskadi implanta el copago farmacéutico a partir de este lunes
El Gobierno vasco aplicará el copago farmacéutico a partir de este lunes, 1 de julio, en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto del Ejecutivo autónomo que pretendía evitarlo.
El copago se implantará a la vez en todos los territorios y en la totalidad de las farmacias de la Comunidad autónoma. Las aportaciones derivadas del copago farmacéutico en Euskadi se situarán, según las primeras estimaciones del Ejecutivo vasco, entre los 16 y los 20 millones de euros anuales.
Por su parte, el Gobierno ha invertido, para su puesta en marcha, 422.000 euros en una aplicación informática dirigida a la farmacia que quiere hacer el copago «lo menos gravoso» posible a la población. A diferencia con lo que ocurre en otras Comunidades autónomas, en Euskadi, las personas que lleguen al tope de aportación no tendrán que adelantar más dinero y esperar posteriormente a su reembolso.
De esta forma, los perceptores de las pensiones más bajan pagarán un máximo de ocho euros al mes y, en ningún caso, tendrán que hacer aportaciones por encima de esa cantidad». El Gobierno vasco ha manifestado, en numerosas ocasiones, que está en desacuerdo con la aplicación del copago pero lo hará en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto 114 del Gobierno vasco.
Precisamente, el gabinete Urkullu ha argumentado que su oposición a esta medida ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en Euskadi, que será, de hecho, la última comunidad autónoma de todo el Estado en implantarla.
La aplicación
El Ejecutivo autónomo lleva seis meses trabajando en una aplicación informática para instalar en las farmacias con el objetivo de que sea «lo menos gravoso para la población, especialmente, para los pensionistas».
Esa aplicación se instalará en las farmacias y permitirá consultar el tipo de aportación de cada persona, además de «controlar los límites máximos de esa aportación para evitar los reintegros de gastos. A partir de la entrada en vigor del copago, las recetas tendrán un código TSI de aportación y las personas usuarias deberán abonar el porcentaje asociado, que dependerá de su situación sociolaboral y nivel de renta».
Las rentas por debajo de los 18.000 euros anuales seguirán costeando, como hasta ahora, el 40 por ciento de los medicamentos adquiridos con receta oficial, y, desde esa cifra hasta los 100.000 euros, tendrán que costear el 50 por ciento. Quienes superen los 100.000 euros de renta anual tendrán que abonar el 60 por ciento.
En el caso de las personas pensionistas, con carácter general, pagarán el 10 por ciento del precio del medicamento, con un tope mensual por persona establecido en función de su renta. Quienes perciban menos de 18.000 euros pagarán un máximo de 8,14 euros al mes por persona. Si la pensión oscila entre 18.000 y 100.000 euros, un tope de 18,32 euros al mes, en el caso de rentas por encima de 100.000 euros, el tope se establece en 61,08 euros por personas y mes.
En todos los casos, quedarán exentos las personas afectadas de síndrome tóxico, con discapacidad contemplada en la normativa específica, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de pensiones no contributivas, parados de larga duración cuando se les haya agotado el subsidio y en tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Las CC.AA tendrán que certificar mensualmente y por escrito en qué gastan el dinero estatal de dependencia
Las comunidades autónomas tendrán que certificar por escrito mensualmenete y año tras año en qué gastan el dinero que reciben del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, según establece una orden que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la que ha tenido acceso Europa Press, y que será sometida a consideración del Consejo Territorial de Dependencia el 2 de julio.
El texto, que creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD), establece que un cargo autonómico no inferior al rango de director general deberá presentar todos los meses un escrito dando fe de la veracidad de los datos de su comunidad sobre altas y bajas de beneficiarios y prestaciones y servicios.
La medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en «eficiencia», así como en «calidad y transparencia», ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos que aún figuraban de alta.
Ahora, «con el fin de avanzar en la transparencia y conocer el coste total» del sistema, las comunidades «expediran anualmente un certificado que reflejarán la aplicación de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del mismo, y la aportación de la comunidad autónoma a esta finalidad», conforme establece la orden.
«El titular del órgano competente de las comunidades autónomas, con rango al menos de Director general, expedirá anualmente y antes del 30 de abril, certificación con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma para los datos económicos y presupuestarios», concreta el documento.
Además, «el dia 25 de cada mes» tendrán que remitir al IMSERSO un formulario –con un modelo único en todo el territorio–cumplimentado y firmado por un director general o cargo superior en el que dé cuenta de las altas y bajas que se han cursado en el sistema y las variaciones que hayan podido producirse en los datos facilitados por su comunidad autónoma durante el mes anterior.
«Esta certificación servirá para la liquidación mensual del nivel mínimo, así como para la acreditación de la veracidad de los datos incorporados en el Sistema de Información», explica el texto, que concreta la obligación de que incluya también datos de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, prestación y efectividad del derecho, así como las modificaciones relativas a las revisiones de grado y de la prestación reconocida y los traslados».
En cuanto a la nueva regulación en sí del SISAAD, la orden ministerial recoge varias novedades como la creación en el IMSERSO de un sistema informático para la introducción de información desde todas las comunidades autónomas, en el que se constituirá una base de datos de carácter personal a la que éstas accederán con un perfil de usuario.
No obstante, contempla la posibilidad de que haya comunidades «que decidan mantener sus propios sistemas de información», aunque las obliga a suscribir «convenios de colaboración con el IMSERSO como instrumento regulador que garantice la transparencia, integridad e interopoerabilidad» de todos los sistemas dentro del paraguas único del SISAAD.
Asimismo, se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también características del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras de haberlas y variables socioeconómicas como la condición de emigrante español retornado, junto a una descripción completa del perfil de su cuidador.
«Los datos serán recogidos por el personal designado por la Administración a tales efectos y entre los que se encontrarán los valoradores, trabajadores sociales y sus órganos supervisores, la información será proporcionada por el propio interesado o su representante legal mediante su presentación en las diferentes Administraciones Públicas y registros públicos involucrados en la gestión del Sistema, establece la orden.
A su vez, los empleados públicos podrán recabar información directamente del interesado en su hogar u otras localizaciones diferentes al mismo como residencias u otros centros de prestación de servicios, conforme puntualiza el texto.
Un estudio de la FEMP ve una «disminución considerable» de horas de ayuda a domicilio en 2013
La Federación Española de Municipios (FEMP) y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal presentaron este martes en Madrid los resultados preliminares de una investigación cualitativa sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) prestado en España en el primer semestre de 2013, que concluye que este servicio ha sufrido una «disminución considerable» en el número de horas concedidas este año.
La investigación se presentó durante las II Jornadas Internacionales sobre Atención a la Dependencia, que se desarrollan hoy, martes, y mañana en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadlad, organizadas por la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal.
Según el trabajo, tras la implantación de la Ley de Autonomía Personal, el SAD quedó «absorbido por la Dependencia» y dejó así de dar servicio o disminuyó su intensidad a personas que antes se beneficiaban de él.
Añade el estudio que tras el Real Decreto-ley 20/2012, que modificó varios aspectos relacionados con prestaciones por dependencia, el servicio de ayuda a domicilio sufrió «una disminución considerable de horas», lo que provocó «deficiencias» al dejar de cubrir las necesidades de la modalidad básica.
Asimismo, la investigación considera un aspecto «muy negativo» el de las externalizaciones y subcontrataciones de servicios con grandes empresas privadas, con las que es difícil competir desde la administración local.
El estudio, que se conocerá con cifras y valoraciones definitivas en octubre, concluye con la recomendación de que deben utilizarse sistemas de información e instrumentos de valoración comunes «que eviten la multiplicación de tareas, gasto inútil y demora en la solución a los problemas de una persona en situación de dependencia».
Por tanto, la investigación cualitativa de la FEMP recomienda una metodología de gestión de casos implementando un servicio unificado de atención integral, desarrollado y coordinado con los servicios sociosanitarios, facilitando la atención e implicando a servicios sociales, atención primaria y salud mental.
Un estudio revela que la aplicación de la Ley de Dependencia costó el triple de lo previsto
Los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica, según un estudio que se ha comunicado durante las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud, que se celebraron en Santander.
En total, la cifra ascendió a 6.420 millones de euros, lo que supone un 0,60% del PIB de España, tal y como constata un estudio de evaluación realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El estudio se ha presentado en la cita anual que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES), que este año congrega a más de 400 expertos nacionales e internacionales, con el lema ‘Crisis y horizonte de reforma de los sistemas sanitarios’. Dentro de él, una mesa específica ha analizado las políticas de discapacidad y dependencia, dentro del objetivo de AES de evaluar con datos científicos y académicos las políticas sanitarias.
En concreto, se trata del estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
En este trabajo, se aprecian diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearon en políticas de dependencia, según se ha informado en las Jornadas de Economía de la Salud.
Además, desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han constatado la existencia de un ‘efecto llamada’ ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes. Así, las comunidades autónomas con más rapidez en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia reciben un efecto llamada que se traduce en un aumento en el número de solicitudes que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.
El estudio, difundido también en las Jornadas de AES, establece que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de esta ley son Andalucía, Murcia y La Rioja; y las que menos, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se vea una relación con factores como el envejecimiento de la población.
COSTES Y PROBLEMAS DE LOS CUIDADORES
Los estudios también se centran en la figura de los cuidadores informales (aquellos que no son profesionales de la atención): sus costes oscilan entre los 21.717 y los 52.004 euros anuales, en función del grado de dependencia de los afectados. El número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349.
La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7%, a los que se suman otros problemas, ya que un 22,3% tiene problemas económicos y un 78,4%, familiares.
Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente. La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un 14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente.
Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más**en los grados de mayor dependencia.
EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Otros estudios se refieren a la situación laboral de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto aspectos relacionados con su discriminación salarial o con la adaptación a su situación de los puestos de trabajo que se les ofertan.
Así, de un lado, se establece que los trabajadores con incapacidades permanentes tienen un 9% menos de posibilidades de encontrar trabajo que los que no padecen esta situación, según un estudio de la Universidad de Barcelona, que añade que estas diferencias afectan más a los hombres.
Uno de los motivos que se apunta es la existencia de diferencias salariales que no están relacionadas con la productividad en su puesto de trabajo, y que contribuyen, entre sus consecuencias, a desincentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral.
Por tanto, el citado estudio concluye que las políticas orientadas a favorecer la participación laboral de las personas con incapacidad permanente deberían considerar como un elemento prioritario estas diferencias salariales no justificadas, bien compensándolo con otras medidas o regulándolo.
Gestionar servicios sociales en tiempos de crisis
Un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con treinta y cinco céntimos, (1.054.842,35€) esta es la deuda de la Conselleria de Bienestar Social al Ayuntamiento de Alcoi en materia de Servicios Sociales.
Empiezo este artículo con un cifra que esconde el gran esfuerzo económico que estamos realizando el Ayuntamiento para hacer frente a las necesidades de muchos de nuestros ciudadanos, una cifra que encierra la dedicación de las y los técnicos del Departamento de Servicios Sociales para poder atender los cada vez más numerosos casos de personas que acuden al departamento en busca de ayuda.
Como Ayuntamiento nos sentimos con la responsabilidad de denunciar públicamente esta situación. Somos la administración más cercana al ciudadano. La administración que conoce de primera mano los problemas de muchos de nuestros vecinos. No nos sirve que se excusen en la situación económica. Las cifras macroeconómicas y los baremos no entienden del esfuerzo diario de las personas por vivir dignamente. Ahora es el momento de dedicar un mayor esfuerzo económico y reforzar las políticas sociales.
Pero la Conselleria lejos de esta realidad está haciendo mucho más difícil el día a día de las familias. Un claro ejemplo lo tenemos en la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación económica que se destina para ayudar a familias con dificultades. La Generalitat Valenciana debe al Consistorio 276.205€. Una cantidad que el Ayuntamiento de Alcoi está anticipando para que las familias no dejen de percibir la ayuda. Una muestra más de la desidia de una Conselleria a la que no le preocupa el bienestar de sus ciudadanos. Tienen un concepto muy equivocado entre lo que debería ser «solidaridad» y lo que quieren convertir en «caridad».
Cada día en el Departamento de Bienestar Social se atiende a más familias que acuden para que se les ayude, entre las diferentes prestaciones que se conceden a nivel municipal hay que destacar la de necesidades básicas, una ayuda económica para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, la petición de demanda para la obtención de dicha ayuda se ha visto incrementada en un 60% más que en el primer trimestre del 2012, pero pese a al incremento se está dando cobertura.
Desde que accedimos al gobierno en 2011 ya en plena crisis, centramos nuestros esfuerzos en priorizar el área de Bienestar Social trabajando conscientes de las necesidades. Para ello hemos ido incrementado año a año la partida para ayudas de emergencia en más de un 100% y seguiremos esforzándonos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, aunque somos conscientes que por desgracia siempre será insuficiente.
Pero no me quería olvidar de una parte importante de quienes contribuyen también con su esfuerzo a la mejora del día a día de las personas. Quienes estamos al frente de este Ayuntamiento sabemos que es imprescindible contar con la colaboración y el trabajo incesante de entidades sociales de nuestra ciudad. Equipos de personas que están dedicando su tiempo ayudar a las familias, dando cobertura a las necesidades allí donde la administración no puede llegar. A todas ellas mi agradecimiento público por todo su trabajo.
No son tiempos fáciles y para esta Concejalía, como pueden deducir, menos si cabe. Pero seguiremos con las ganas y las fuerzas de seguir trabajando y esforzándonos por mejorar esta delicada situación en la que estamos inmersos, contamos con la implicación de todo el equipo humano que conforma este departamento de bienestar social que a lo largo de este tiempo de dificultad han resuelto centenares de situaciones complejas. Y ese bagaje de trabajo, dedicación y empeño de todos estos años, nos hacen mirar con optimismo hacia el futuro.
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasó de ser de 179.829 en julio de 2012 a 20.993 en marzo de 2013, un 88,3 por ciento menos en ocho meses, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.
Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
«ESFUERZO TITÁNICO» DE LA JUNTA
El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace «enormes esfuerzos» para el mantenimiento de la ley, que «continúa siendo su apuesta» y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. «Existe un camino alternativo», ha demostrado.
Heredia ha indicado que Andalucía hace ese «esfuerzo titánico» pero se ha preguntado «¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?».
Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 86% en ocho meses en Asturias
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social en el Principado de Asturias era de 3.216 en julio del año pasado y de 450 el pasado mes de marzo, lo que supone un descenso del 86 por ciento en ocho meses, según una respuesta parlamentaria del Gobierno central al PSOE.
En concreto fue el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, quien preguntó al Ejecutivo sobre los datos de los cuidadores no profesionales a dependientes. En Andalucía, la reducción fue del 92%.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia en Andalucía y en el conjunto del país y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
Asociación de Familias con Alzheimer alerta de que Asturias «tiene una bomba de relojería con esta enfermedad»
La presidenta de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer, Cocha Mena, ha alertado este lunes de la «bomba de relojaría» que tienen las administraciones y los políticos en Asturias con esta enfermedad, en alusión al envejecimiento poblacional y el consiguiente aumento de casos.
Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, durante el transcurso de una reunión con el diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes. La cita tiene lugar en el marco de la ronda de contactos que la asociación pretende mantener con representantes de los grupos políticos de la Junta, así como del Gobierno autonómico.
Mena ha sido franca: «los políticos tienen una bomba de relojería en sus manos», ha señalado en referencia al envejecimiento poblacional y a los 25.000 enfermos con esta demencia que se calcula hay ahora mismo en Asturias. Según los datos del HUCA, ha recordado que «de cada tres demencias, dos son alzheimer».
La presidenta del colectivo recalca en que este problema se incrementará en los próximos años, por lo que plantea dos propuestas. La primera sería una unidad de demencias, que la asociación lleva muchos años pidiendo, para diagnóstico, tratamiento, seguimiento e investigación. «Es importante, ante el número de enfermos ya existentes, y el que se nos vendrá encima», ha añadido.
En segundo lugar, reclama la apertura de un centro de día específico para enfermos de Alzheimer. Mena apunta que el Ayuntamiento de Gijón está dispuesto a ceder las instalaciones, y ahora reclama «el apoyo político de todas las partes».
CRÍTICAS A LOS RECORTES
La presidenta ha criticado duramente la política de recortes a la Ley de Dependencia. «Ha sido horrible, porque el Alzheimer es una enfermedad de larga duración y con tantos recortes han provocado a un retroceso familiar muy importante», ha explicado.
Así, explica que antes el cuidador podía dejar trabajar para cuidar al enfermo, porque la prestación económica, aunque pequeña, era una ayuda, pero ahora eso ya no existe». Incide además en la idea de que la persona que atiende a un paciente de alzheimer debe dejar de trabajar para poder atenderlo.
Por su parte, Ignacio Prendes ha alertado de Asturias «tiene un problema específico de envejecimiento», y ha reclamado políticas dirigidas a él. Así, ha recordado que la próxima apertura del nuevo Hospital Central Universitario (HUCA) «es una oportunidad histórica para que esta comunidad tenga una unidad específica para las demencias».
Los beneficiarios de ayudas a la dependencia caen por primera vez
Los recortes de prestaciones en la Ley de Dependencia, con motivo de un Real Decreto que en julio pasado modificó el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tuvieron sus primeras consecuencias en los beneficiarios en el mes de agosto. La decisión del Gobierno central suponía rebajar un 30% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y revisaba al alza los criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios (incluido el patrimonio), para que las rentas más altas percibieran menos ayudas que las bajas. Pero, la revisión de cada uno de los expedientes trajo consigo que algunos dependientes vieran reducida su ayuda hasta el 90%.
La justificación de los responsables de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de prestar este tipo de servicios, era que estos «sacrificios» debían servir para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro». Explicaciones que no fueron aceptadas por muchas familias afectadas que consideraban que los criterios utilizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades eran abusivos. Además, a finales de año, la administración regional revisa la situación de cada beneficiario con la última declaración de la renta para comprobar si ha cambiado su situación financiera, ya sea por venta de inmuebles o la generación de intereses en las cuentas de ahorro.
El Real Decreto no se limitó a las personas que recibían prestaciones de la Ley de la Dependencia sino que hubo más cambios. Uno de ellos es que los grados de reconocimiento de la dependencia pasaron de 6 niveles a 3: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Lo más relevante era que los dependientes moderados no tendrán derecho a las ayudas hasta 2015. Y eso tiene una consecuencia clara porque cada vez hay menos personas que entran al sistema, especialmente las personas con menos síntomas, según señalan fuentes del sector y asociaciones que atienden a personas dependientes.
La Consejería de Familia tiene valoradas la situación de dependencia a más personas con derecho a recibir la Ley de la Dependencia en la provincia de Burgos pero es inferior el número de beneficiarios. Frente a las 8.535 personas de septiembre del año pasado se ha pasado a los 8.147 individuos a mayo pasado que les corresponde recibir ayudas. En cambio, los beneficiarios han caído de los 8.039 a los 7.909. También ha bajado el número de prestaciones porque es posible que una persona cuente con varios servicios. En ese mismo periodo, de menos de un año, la cifra ha descendido en 212 (de 10.538 a 10.344).
En lo que va de 2013, Burgos cuenta con 173 beneficiarios menos. Se trata de una pequeña bajada pero lo más importante es el cambio de tendencia porque, hasta ahora, el número de personas que percibía ayudas con la Ley de la Dependencia no había dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2007.
Más esfuerzos
No es un fenómeno que se circunscribe a la provincia burgalesa ni a la Comunidad Autónoma sino que es una situación generalizada a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda en su último informe del Observatorio de la Dependencia que el ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la Ley alcanzaba un promedio mensual de más de 30.000 en el conjunto del país; en el año 2011 «apenas» superó las 9.000 solicitudes y en el pasado 2012 «ni siquiera el promedio mensual llegó a las 2.500». A juicio de esta entidad, «lejos de dejar morir por inanición el sistema de atención a la dependencia, este es el momento de rentabilizar todo el esfuerzo pasado».
En la actualidad y según los últimos datos hechos públicos por la Junta, la provincia cuenta con casi 13.000 personas que tienen valorada su situación de dependencia, a través del correspondiente expediente. Cerca de la mitad (5.900) tiene su domicilio en la capital burgalesa, 1.300 en Miranda de Ebro, 1.100 en Aranda y 4.600 en el resto de los municipios de la provincia. De este número total, solo 7.909 tienen reconocidas sus prestaciones en la Ley de la Dependencia, que suman unas 10.300 ayudas. Los cálculos de la Consejería es que el 97% de la población dependiente en Burgos con derecho a prestación ya la recibe. Supone, cerca de 20 puntos por encima de la media regional.
La Asociación de Directores y y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que en España haya cada vez más personas a la espera de ser valoradas, «haciendo que uno de los apartados que hasta ahora habría funcionado con cierta agilidad, en la actualidad, presente unos plazos medios de espera aún muy elevados». Creen que es una situación relacionada con la actual crisis económica, con presupuestos públicos restrictivos y que fuerza a las Comunidades Autónomas a «ralentizar artificialmente» el sistema. No en vano, advierte que uno de los fallos es el inadecuado, insuficiente y tramposo sistema de financiación, además de las diferencias de gestión entre unas regiones y otras.
Sistema estabiilizado
La consejera de Familia, Milagros Marcos, explicó hace unos meses que el sistema en Castilla y León se encontraba «estabilizado», con entre 100 y 150 usuarios cada mes y que «no se esperaban grandes incrementos».
La asociación de profesionales del sector alerta de que en los últimos meses se ha producido una «revisión brutal» con la adjudicación de grado por debajo del obtenido a dependientes en su día con grados superiores. Esto provoca, según ellos, la «cronificación de ese limbo de la dependencia», que cuantifican en 230.000 personas en España. Precisa que esa cifra ha bajado en el último año pero motivada, sobre todo, por el retraso en la atención de los dependientes moderados hasta el 2015 y a los fallecimientos que se producen mientras esperan la atención.
Gipuzkoa se declara insumisa de los “recortes” en la ley de dependencia
La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que mantiene en esta provincia la cuantía de las prestaciones económicas por dependencia en 2013, con lo que «no se verán perjudicadas por los recortes aplicados por el Gobierno español», según ha informado la portavoz foral, Larraitz Ugarte.
El Consejo de Diputados ha acordado «blindar» las cuantías máximas para quienes vienen percibiendo la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, la de asistencia personal, que se ha ampliado a nuevos grados, y la vinculada al servicio domiciliario. Serán más de 11.600 las personas beneficiadas en el territorio, ha explicado Ugarte.
Ugarte ha recordado que el Gobierno de Rajoy aprobó el pasado mes de julio lo que ha calificado de “contrarreforma” de la Ley de Dependencia, que supone, entre otros recortes, la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas. En concreto, las medidas del Ejecutivo central suponen que Gipuzkoa perderá este año alrededor de 10 millones de euros de ingresos para sufragar prestaciones y servicios.
«Ante semejante vulneración de los derechos económicos de las personas con dependencia, el Gobierno foral ha dejado claro desde un primer momento su rechazo absoluto y su negativa a aplicar restricción alguna en Gipuzkoa, a pesar de que supondrá un enorme esfuerzo para las arcas forales», ha afirmado la portavoz, quien ha calificado de «estratégico» para la Diputación el mantenimiento de estas ayudas sociales.
El decreto foral supone que se mantiene en 520,69 euros la prestación económica para cuidados en el entorno, que perciben casi 10.300 personas en Gipuzkoa; 833,96 euros, tanto para la prestación vinculada al servicio como para la de asistencia personal, que perciben 150 y 1.190 guipuzcoanos, respectivamente.
El impulso de la ley de la dependencia y el espacio socio sanitario se encuentra en una vía muerta
– La FED ha reiterado que “es una incongruencia reducir presupuesto en dependencia” al tratarse de un sector con oferta y demanda
– El presidente de FES Y FED insisten en que el impulso de la Ley de Dependencia se encuentra en una vía muerta
– La mesa de debate itinerante recorrerá toda España en los próximos meses organizada por FED en colaboración con la Fundación Economía y Salud
El miercoles 5 se celebró en Valencia la II edición de las MESAS DE DEBATE, organizadas por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en colaboración con la Fundación Economía y Salud para reflexionar en torno al sector socio sanitario en España y en particular, mejorar la realidad de la dependencia en España desde una plataforma que recorrerá España de forma itinerante.
En su segunda edición,la Mesa de Debate ha contado con la asistencia de los presidentes de las entidades responsables de la organización de esta Mesa – Alberto Echevarria, presidente de la FED y Alberto Giménez, presidente dela Fundación Economía y Salud- José María Moreno, presidente de Aerte y los representantes de Sanidad y Bienestar Social, Manuela García Reboll –Secretaria Autonómica de Discapacidad y Dependencia, Bienestar Social- y José Luis Trillo, Director General de Farmacia dela Conselleria de Sanidad.
Durante la apertura de esta mesa de debate, el representante dela FED ha manifestado que la Dependencia se encuentra en una vía muerta, con los consiguientes perjuicios que representa para las empresas que integran el sector y en particular, para los 300.000 trabajadores y el millón de usuarios que diariamente reciben ayuda desde el sector.
El presidente dela Fundación EyS-Alberto Giménez- ha destacado el carácter estratégico del sector dependencia así como el potencial que le aportaría una mayor coordinación en su contexto socio sanitario, por las oportunidades que ofrecería una gestión compartida entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social.
En la misma línea, Giménez, que considera que el espacio de la dependencia se encuentra en una vía muerta, ha calificado como error recortar en salud, máxime para un sector clave para el desarrollo económico, como el socio sanitario. Jiménez también ha apostado por alcanzar una coordinación socio sanitaria.
Por su parte el presidente de Aerte -José María Moreno- ha apelado a la necesidad de activar la concesión de PEVs (plazas vinculadas al servicio) para garantizar los derechos y la calidad de vida de los usuarios, destacando a su vez las diferencias existentes en los costes de una residencia pública frente a la privada, más económica y rentable. En este sentido, el presidente de Aerte ha destacado el ejemplo que representala ComunidadValencianafrente al resto de España, en cuanto a dependencia se refiere, por su carácter innovador.
Federación Empresarial de la Dependencia (FED)
El presidente dela FederaciónEmpresarialdela Dependencia, José Alberto Echevarría, ha incidido en la necesidad de apostar por la ley de dependencia, así como en los múltiples beneficios tanto sociales como para el ciudadano en particular, que garantizar el sector dependencia, un sector que en el ejercicio de su actividad y según ha manifestado Echevarría, tiene oferta, demanda, genera riqueza y empleo estable, de calidad y no deslocalizable.
El presidente dela FED ha mostrado su contrariedad frente al hecho de que el sector cumpla un servicio social esencial, garantice los derechos de los ciudadanos y a la vez, genere importantes retornos en el ejercicio de su actividad, tanto para el ciudadano como para la Administración, en la forma de fiscalidad, empleo, seguridad social y otras partidas rentables.
Por ello, el presidente dela FED ha calificado como contradictorio que con esta perspectiva, la Administración continúe recortando en dependencia, pues no solo recorta un servicio esencial, sino la posibilidad de crecer desde el sector.
Durante su intervención, José Alberto Echevarría ha destacado la necesidad de incrementar el presupuesto para dependencia, así como la importancia de las plazas vinculadas al servicio (PEVS) tanto por la asistencia que ofrecen como porque garantizan la libertad del ciudadano para elegir, algo que enla Comunidadn Valencianano se está cumpliendo, pues no se están concediendo PEVS.
Sanidad y Bienestar Social
La mesa de debate promovida porla FEDyla Fundación EyS también ha contado con la asistencia de José Luis Trillo, Director General de Farmacia, y de Manuela García Reboll, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, quien ha defendido continuar impulsando la Ley de Dependencia, aún en el momento de colapso en el que nos encontramos, por el servicio que cumple.
En este sentido,la SecretariaAutonómica ha justificado la no concesión de nuevas Plazas Vinculadas al Servicio (PEVS) a la ausencia de crédito, destacando que se priorizarán las PEVS frente a la resolución de prestaciones para el entorno familiar.
Mesa Itinerante de Debate
La mesa debate itinerante se ha celebrado hoy en Valencia con la participación de los Presidentes de las distintas asociaciones dela Federación Empresarialde Asistencia ala Dependencia(FED) y patronos y comité de expertos dela Fundación Economia y Salud.
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
ACRA denuncia que la Residencia Can Serra de Sant Esteve Sesrovires está en una situación límite por la deuda del Ayuntamiento con el centro
Además de los casi medio millón de euros de esta deuda generada por retenciones irregulares realizadas por la Sociedad Municipal, la empresa gestora de este centro concertado todavía está esperando cobrar los 110.228,43 euros del impago del ICASS de julio del año pasado
Si no se soluciona el problema, la emprensa Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), que atiende a los 130 usuarios del servicio público de este consistorio del Baix Llobregat, no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 60 trabajadores
ACRA denuncia que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires está trayendo al límite el equilibrio financiero la Residencia y Centro de día Can Serra en no abonar en el centro el 100% del que recibe del ICASS en concepto de atención a usuarios del sistema público de atención a la dependencia. La entidad Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), ha alertado a *ACRA que a los 465.000€ que los debe de la Sociedad Municipal se tienen que añadir los 110.000€ del impago del ICASS de julio del año pasado.
Si los actores públicos implicados en el centro no reaccionan pronto ante el alerta de la entidad gestora, muy pronto esta no podrá hacer frente a sus responsabilidades con trabajadoras y proveedores, poniendo en una en una situación límite también la atención de los 130 usuarios del servicio. Por estos motivos, ACRA apoya a IDEA a la hora de reclamar en este Ayuntamiento del Baix Llobregat que restablezca el equilibrio económico financiero de la concesión abonando el 100% del que recibe del ICASS y regularizando los saldos pendientes, así como la facturación de las plazas de respiro que factura directamente.
Igualmente, la empresa pide a la ICASS que intervenga el contrato existente para asegurar que el pago correspondiente al servicio asistencial desarrollado lo reciba la entidad que gestiona el equipamiento para el pago de nóminas y proveedores. Además, y ante la gravedad de una posible repercusión en el servicio a los usuarios del centro, IDEA ya ha denunciado el asunto al defensor del pueblo de Cataluña pidiéndolo que intervenga para asegurar el derecho de las
personas que ocupan plazas concertadas a ser atendidas y que restablezca que el perjuicio empresarial que está sufriendo por la falta de respuesta de las Administraciones Públicas.
Las ayudas a la dependencia, en la cuerda floja de la crisis
Los efectos no se han hecho esperar y ni tan siquiera los equilibrios sobre la cuerda floja de financiación que ha dejado el Gobierno central que ha hecho la Consejería de Familia para que el sistema de atención se sostuviera han conseguido evitar la pérdida de beneficiarios y de personas con derecho a serlo. Los datos son más amables en Castilla y León que en el resto del país pero la línea ascendente desde que se pudiera en marcha la Ley de Dependencia en 2007 se ha roto por primera vez.
Por primera vez la comunidad, y España, baja su número de beneficiarios, de forma más discreta eso sí que el resto del país, y ha perdido, en una comparativa de un año, 170 dependientes atendidos y entre marzo y abril, en un solo mes, 450. No obstante, sus cifras se sitúan por encima del cierre de 2011, el ejercicio anterior al de los recortes. Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y el análisis que de ellos realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «en toda España se ha suprimido el derecho de la Ley de Dependencia a 162 personas cada día desde que gobierna Mariano Rajoy». Estos datos recién publicados recogen la regularización del sistema de información; pero «el impacto de la corrección de los datos es mínimo en la evolución global del sistema, si bien se observan con toda claridad los efectos de las dos andanadas que ha sufrido la Ley (recorte de derechos y reducción de financiación). La curva de personas con derecho baja estrepitosamente (-77.948 desde diciembre 2011) y la de beneficiarios se reduce en 3.316 en lo que va de año». En Castilla y León, la de personas con derecho bajan en 1.351 al pasar de 66.077 en enero de 2012 a 64.726 el pasado mes de marzo.
Fallecidos y duplicados
Además, en la región de los 2.447 expedientes de dependientes que figuraban como beneficiarios de forma irregular, según el polémico informe del Tribunal de Cuentas, 1.288 eran personas fallecidas y otros 150 estaban duplicados.
El descenso en los beneficiarios se han registrado en los centros de día y en la atención residencial y ha aumentado la ayuda vinculada al servicio y la teleasistencia.
Durante el mes de abril de 2013, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 8.188 beneficiarios en toda España. De ellos, 10.185 fallecieron y solo 7.926 se incorporaron al sistema, además del proceso de regularización realizado por el Imserso y que afecta a 5.929 expedientes dados de baja en mes de abril, «se evidencia un retroceso notorio con respecto al mes anterior: 8.265 grandes dependientes menos, 10.494 solicitudes activas menos que el mes anterior, y 12.278 dictámenes menos, se superan las cien mil personas pendientes de valoración (103.537), y 14.059 personas menos pierden el derecho a ser atendías con respecto al mes anterior quedando todavía 218.285 en el ‘limbo de la dependencia’ –un 23% que tienen derecho engrosan la lista de espera-. Las estadísticas oficiales demuestran que el Sistema se destruye por inanición», destaca esta organización. El citado observatorio califica de «vergüenza que este Ministerio, algo que presenta como un gran logro, diga haber rebajado la lista de espera, y eso es una media verdad porque sí que hay menos personas en el limbo de la dependencia, pero no porque hayan sido atendidas sino por tres razones: la primera porque a los denominados dependientes moderados se les ha quitado el derecho y se les deja sin atención hasta 2015; la segunda porque a principios de 2012 había más personas en situación de dependencia que se les había reconocido el derecho y la tercera son los fallecimientos de las personas que murieron sin haber ejercido su derecho a ser atendidos durante este año y medio de derogación encubierta de la Ley».
La Junta de Castilla-La Mancha regula los nuevos requisitos y condiciones de la Ley de Dependencia
El Diario de Castilla-La Mancha publica hoy el decreto por el que se regula el nuevo régimen de requisitos y condiciones para los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
El decreto 26/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales supone la adaptación a Castilla-La Mancha del Real Decreto Ley aprobado en julio de 2012 por el Gobierno central, con el que se reformó la ley.
Dicha reforma conllevó, entre otras medidas, la rebaja del 15 % en la paga a los familiares cuidadores de dependientes o la desaparición de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Asimismo, se incluyó como novedad para determinar la capacidad económica del usuario el cálculo no sólo de la renta, sino también de su patrimonio.
Las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
El decreto aprobado ahora por el Gobierno castellanomanchego expone que, además de la necesaria adaptación a esta normativa estatal, en Castilla-La Mancha «se vienen constatando algunas desigualdades derivadas de los criterios de aplicación» de la ley.
Entre esas desigualdades cita que «los procedimientos se alargan en el tiempo más de lo esperado, que se abonan retroactividades por situaciones no imputables directamente a la Junta, que coexisten diferentes formas de resolver determinadas incidencias en el procedimiento o de priorizar actuaciones conforme a criterios de calidad, eficiencia y eficacia».
Así, la Junta sostiene que, varios años después de la entrada en vigor de la ley, «el acceso prioritario a los servicios del catálogo sigue condicionado por la utilización de prestaciones económicas que reciben algo más del 50 % de los usuarios» a pesar de que la ley subraya «el carácter excepcional» de esas prestaciones.
Esa situación genera en algunos casos «perjuicio no sólo para la persona dependiente con prestación económica reconocida, a quien dicha prestación no mejora la calidad de los apoyos recibidos, sino también con grave repercusión de carácter económico para la Junta al incidir negativamente en los ingresos que recibe de la Administración del Estado para la aplicación de la ley».
Por ello, la Junta ha establecido en el decreto los pertinentes cambios en el régimen de requisitos y condiciones del reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones y servicios señalados en la ley.
«Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos»
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
ACRA alerta de un recorte encubierto de las tarifas para la atención a las personas mayores
Los nuevos baremos establecidos desde el Estado y la eliminación de los niveles por el Consejo Territorial del SAAD comportan a la práctica una bajada encubierta de tarifas
El ICASS, que todavía no ha comunicado cómo ni cuando pagará la mensualidad pendiente desde julio de 2012, no está pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni por las actualizaciones de grado de los usuarios, ni lo hizo con la actualización de los anticipos de todo el año pasado
La deuda, que se incrementa mensualmente, ya se sitúa alrededor de dos nóminas enteras con cada una de las empresas y entidades.
Los nuevos baremos para la valoración del grado de dependencia de las personas solicitantes establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la simplificación de los grados y de los niveles del sistema, que presentó el julio pasado el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -que cambia a tres grados (Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada) los seis niveles anteriores- están comportando a la práctica una bajada encubierta de las tarifas públicas para los servicios de atención a las personas mayor.
Se trata de un problema económico más en el largo listado de dificultades con que se encuentran los operadores de Servicios Sociales en todo el Estado y que en Cataluña se suma a la gran deuda que tiene la Administración con las empresas y entidades asistenciales. Y es que, además de la nómina íntegra pendiente desde julio de 2012, en cuanto a las empresas y entidades colaboradores asociadas, el ICASS tiene con cada una de ellas una deuda añadida que llega ya a otra mensualidad completa, según la información recogida a través de dos barómetros enviados recientemente a los socios de ACRA.
Una deuda, si cabe, aún más preocupante que las cantidades pendientes desde julio, pues se incrementa mes tras mes y está relacionada con el hecho que el 83% de los socios encuestados hayan denunciado que no han cobrado nada en cuanto a la actualización de los anticipos del año pasado, que tampoco se esté pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni tampoco en lo que se refiere a las actualizaciones de grado de los usuarios.
Impago de julio: Casi un año sin respuestas
Ya hace nueve meses de la reunión de la comisión de seguimiento de los pagos del ICASS del viernes 7 de septiembre. En este sentido, ACRA denuncia que a fecha de hoy todavía no se ha informado formalmente a esta comisión sobre la evolución de la situación de los pagos, todo y las graves dificultades que están sufriendo los centres colaboradores, concertados y de gestión, y reclama públicamente el pago inmediato de todas aquellas cantidades pendientes.
Igualmente, ACRA pide en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que considere el sector de la atención a la gente mayor como prioritario por el mantenimiento de la cohesión social al país, así como que sea más vehemente a la hora de reclamar al Estado los recursos que no les están facilitando en relación con el acuerdo por la financiación de la LAPAD.
Sobre ACRA
ACRA, Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1989, que agrupa entidades privadas de iniciativa mercantil, entidades privadas de iniciativa social y entidades de iniciativa pública de recursos asistenciales (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, hogares residenciales, residencias asistidas, pisos tutelados y centros sociosanitarios) para personas mayores de toda Cataluña. ACRA está conformada por 440 emprendidas/entidades asociadas, que gestionan 929 servicios con 34.214 plazas y 29.213 trabajadores.