La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, que pasó de obtener una nota de un 5,4 a suspender con un 3,8, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia, que sitúa la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.
Los retrocesos de las 13 regiones son especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y en Andalucía, donde el descenso deja a la región en un suspenso.
Les siguen en caída Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.
Con todo, el ranking nacional de implantación sigue en línea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; País Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7.
Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.
Esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses.
Así, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya había caído al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.
CAE EL NÚMERO DE GRANDES DEPENDIENTES ATENDIDOS
Si se atiende al equilibrio entre las prestaciones y servicios, Madrid es la que tiene mejor indicador, con sólo un 25 por ciento de dependientes recibiendo dinero en lugar de asistencia. Le sigue Galicia, con una proporción del 33 por ciento y Castilla y León con un 39,5 por ciento. En el lado opuesto, Murcia, que da prestación económica a más del 80% de los dependientes, y Cataluña, con un 74,6 por ciento, aunque la ley recoge que esta práctica debe ser la excepción.
Otro de los indicadores revela cómo se ha producido un descenso en la incorporación de nuevos dependientes al servicio. En la media nacional, la caída es del 1,37 por ciento en el primer semestre del año, pero en regiones como Aragón (-17,16 por ciento) o Andalucía (-8,7 por ciento) y La Rioja (-8,26 por ciento) es mayor. Por el contrario, en Cataluña el número de atendidos ha crecido un diez por ciento y en Galicia y Asturias algo más del siete.
Sobre este asunto, la escala destaca que en todas las comunidades autónomas menos en Cantabria y País Vasco se ha reducido la cifra de expedientes activos correspondientes a Grandes Dependientes (Grado III), con tasas que llegan a ser del 16,8 por ciento en Aragón, del 14 por ciento en Andalucía y superiores al 12 por ciento en Asturias y Murcia. En el total nacional, esta reducción es del 8,26 por ciento, conforme el estudio.
