Diez años de guardián voluntario de la Ley de la Dependencia le reafirman en el valor de lo público. España en 2050 tendrá un 32% de mayores y debe buscar, a su juicio, un modelo «no clínico» para envejecer en el propio hogar.

No es el padre político de la Ley de Dependencia, pero sí pieza clave en el ‘lobby’ técnico que elaboró el texto que Zapatero sacó adelante Parlamento. El Observatorio Estatal de la Dependencia, ocupado en denunciar recortes e incumplimientos, ha hecho de este maño, profesor de Trabajo Social en la UMA, un personaje non grato para quienes desde el sector privado abogan por seguros para garantizar los cuidados en la vejez, además de las pensiones. Es un azote contra el «negocio sociosanitario» y al reciente pacto para apuntalar la ley de Dependencia –diez años, ocho ministros– ha sumado a todos los grupos, excepto al PP.

–Vamos a una sociedad envejecida. ¿Se corre el riesgo de legislar preferentemente para los mayores, con su gran poder electoral y olvidar en buena medida al resto?

–Los mayores de 65 años son ahora más del 18% y en el 2050 serán un 32%, y parece claro que no habrá nuevos ‘baby boom’ y habrá por tanto que hacer una planificación estratégica para atender a esas personas, teniendo en cuenta además que los niños que nacen hoy llegarán a los cien años. Si antes eran dos personas activas por cada mayor, ahora es uno y en el futuro cotizará medio trabajador. Ese es un reto muy importante. También lo es el gasto sanitario. El 70 por ciento, casi dos de cada tres euros, corresponde sólo a un diez por ciento de pacientes crónicos, en su mayor parte mayores. Si no se toman medidas ese modelo hospitalario no sirve. En esta crisis, los mayores han tenido un papel importantísimo. Han sido la última red de las familias. En 2008, las personas más pobres eran los mayores, y en este momento son las menos pobres aunque más de la mitad cobran una pensión por debajo del SMI. En plena crisis, en 2013, el 41 por ciento ayudaba a sus familiares y tres años antes era sólo el 16 por ciento. Los hijos que lo hacían en 2013 eran el 7,5 y tres años antes, el 12. La fotografía del gasto social es que las pensiones suponen el 12 por ciento del PIB, más de 120.000 millones; en sanidad, 65.000 y en dependencia, 8.000 millones. El 70 por ciento de sus beneficiarios son mayores de 65 años, y de ellos, el 54 por ciento mayores de 80. Tenemos que prepararnos para un futuro de sociedad envejecida con unos modelos que no sirven.

–¿Qué hay de bueno en una sociedad envejecida?

–Decía el filósofo Morin que él tenía todas las edades. Los trabajadores sociales somos sensores de la realidad, y en la etapa última de la vida, el nivel de satisfacción en la toma de decisiones es mayor porque ya no se tienen otras responsabilidades. Creo que con un modelo distinto habría una mayor solidaridad en la sociedad.

– ¿Y como es ese modelo alternativo que plantea para los mayores?

–Mi hipótesis es independiente y contradictoria respecto a otras en las que habría que ver quién está detrás en la financiación. Pienso que el modelo sanitario y el modelo de residencia con esquemas clínicos no es ni sostenible económicamente ni humanamente ético. Desde la sensibilidad social de investigador me da pena que estemos asistiendo a un mantra de los ‘lobbies’ aseguradores, al que se suma el propio ministerio, hablando del negocio sociosanitario, socio… de dinero,claro, y generando el soniquete de las plazas residenciales y de la demolición de la Ley de Dependencia. Lo que no han conseguido por ahora es el incentivo fiscal para esos seguros. Multinacionales han comprado ya redes de residencias a la espera del fin del sistema universal y este año ya se han contratado 40.000 seguros de dependencia. Sería muy peligroso si se generara un espacio sociosanitario de baja atención para los que no pueden, para los crónicos, enfermos mentales, toxicómanos… Eso produciría un subsistema financiado con dinero público para costear dos tipos de atenciones. No hay que integrar los dos sistemas, sino su cartera de prestaciones. Las de la sanidad y las de los servicios sociales y dependencia para la atención integral. Eso lleva a un cambio radical de modelo. La atención a mayores no puede estar basada en modelos hospitalarios ni tampoco en residencias al estilo hospitalario. El modelo, para que sea sostenible y ético, tiene que estar basado en atenciones para envejecer con dignidad en el hogar, en el sitio donde se vive. Quiero luchar por un modelo para morirme de forma digna en esta casa, no en Carlos Haya entubado ni tampoco en aparcaderos de baja calidad asistencial. Para eso hay que integrar los servicios. Se abre ahí un gran campo para nuevas tecnologías –robótica, domótica…– y eso es un esfuerzo, igual que hace años lo fue la teleasistencia, que ha afrontado además un problema tan grave como la soledad del anciano, que es importantísimo.

–Pero ese modelo en el hogar supone implicar más a la familia, y no siempre es posible.

–No. Yo puedo vivir mi tramo final así si el Estado me ayuda, me adapta las condiciones y permite a la persona vulnerable mantenerse en su contexto. Centros de salud y servicios sociales municipales serían fundamentales. Yo he tenido a un sobrino 19 meses en coma, y con una adecuada gestión de servicios hubiera podido estar en casa. Lo importante en una residencia no es el modelo clínico sino un espacio de convivencia. En Florida un estudio señalaba que los mayores se suicidaban por tres pérdidas: la de dignidad, la de autonomía y la de proyecto vital. Cuando la gente mayor pierde esto último quiere morirse.

La industria blanca que más empleo crea y retornos da al Estado es la de atención a los mayores»

–Para personas no válidas su modelo parece interesante, pero hay afortunadamente cada vez más posibilidad de envejecimiento activo. ¿Qué propone ahí?

–Tenemos también que hablar de proximidad, de los temas preventivos, que se hacen mejor desde su centro de salud. Luego está el empoderamiento. Las personas mayores ya no hacen lo que se les dice sin más porque están informados y preparados, y el sistema tiene que favorecer esa voluntad y esa capacidad en favor del autocuidado. Eso antes no ocurría.

–Tampoco descartemos que con el aumento de la edad de jubilación veamos a parados de 60 años.

–Es cierto, y en eso también voy a ir contracorriente. Yo creo que se va a generar más empleo. La industria blanca que más empleo genera y más retornos produce al Estado es la atención a personas mayores. En el sistema de dependencia hay 250.000 personas que trabajan. Son empleos estables, directos y no deslocalizables y otras 250.000 están en el sistema de servicios sociales donde la mayoría de la demanda la generan personas mayores. Hablamos de medio millón de personas. Con cada millón de euros de financiación pública en servicios sociales y dependencia se generan 35 puestos de trabajo, en un 90 por ciento mujeres. En ayuda a domicilio en Andalucía hay 17.000. La obra pública, en cambio, con un millón de euros genera 17 empleos.

–Pero ese cambio de modelo sigue primando la feminización en los cuidados profesionales.

–No. Al revés. El modelo ultraliberal que quiere que las mujeres sigan cuidando a familiares sí es un modelo familiarista, y me preocupa que estén cuidando sin cobrar. Eso es volver a beneficencia. Las medidas de Rajoy con las cuidadoras no profesionales han expulsado a 170.000 de cotizantes. Yo doy clase en Trabajo Social, y el 80 por ciento son mujeres. Son también mayoría en la universidad, en muchas profesiones, como la profesión de auxiliar, pero también en otras.

–¿Y cómo se sostiene un modelo como el que plantea?

–Cuando el Estado se dé cuenta de que cada un millón de euros en gasto social son 37 puestos de trabajo y el retorno a sus arcas es del 38,5%, que cada dos personas en una residencia son un empleado que paga IRPF, que es un centro que paga impuestos, que consume… ¿Quiénes van a ser los empleados? No habrá otro remedio que la inmigración. Esta industria generará mucha tecnología para poder envejecer en casa y habrá también trabajos de gran nivel como ingenieros. Es un error que no se investigue en casas inteligentes. Otra cosa que no se valora, aquí, en la Costa del sol, es que somos el asilo de Europa. Al igual que explotamos el turismo, debemos explotar la calidad de vida a través de ese tipo de servicios. Son personas con pensiones más altas, una fuente de oportunidad de futuro tremenda, pero el modelo de los ‘lobbies’ y del gobierno está equivocado, es inhumano. Tiene que haber residencias en el entorno de la persona para que la persona siga el curso vital. Eso generará muchos empleos.

–El Gobierno no parece estar en ese línea…

–No. En el último año se han perdido 10.068 plazas en residencias públicas y hay 43.000 cuidados a domicilio menos. También 2.774 personas menos atendidas en centros de día. La demolición del sistema público y la promoción del llamado negocio sociosanitario están ahí.

–¿Habrá un ‘sálvese quien pueda’ sin un gran cambio en lo público?

–Si no lo hace se generaría una sociedad envejecida dual. Una parte de clases medias que ha podido pagarse un seguro y la que no, al albur de la beneficencia y el asistencialismo. Estaremos haciendo una sociedad en la que una parte vive en la cloaca, en el precipicio de la exclusión social. Hay 14 millones de personas en riesgo de pobreza. Si caen, tenemos un problema porque el ascensor social ha gripado. Antes teníamos herramientas y estrategias. Ahora el que cae en la exclusión social no tiene ascensor social… No puede subir. Esas personas pueden generar una quiebra social.

–Muchas de ellas, ancianos.

–Sí, pero también quienes no lo son y les ayudan a no caer en ese sótano. Una persona que tenga nuestra edad, entre cincuenta y muerto, como yo digo, si va al paro es posible que ya no vuelva a trabajar. Estará en el sótano por mucho tiempo. El problema que tienen que calcular ‘lobbies’ y estas tendencias neoliberales que juegan con el miedo es que, quebrada la cohesión social, el coste futuro será infinitamente mayor, en todo. El adn de la sociedad actual es ya la desigualdad.

–Y también que mucha gente se sienta culpable de su exclusión.

–Es un fenómeno nuevo, el ‘Síndrome Katrina’, como el libro de Joaquín Santos, cuando el presidente de EE UU culpabiliza de que no habían sido responsables de evitar la catástrofe… Ese esquema nunca saldrá bien.

–Los partidos no hablan tanto de cómo resolver en el futuro la asistencia a los mayores como de las pensiones.

–La culpa está en los medios, que marcan la agenda pública. Y este tema no está en ella… Mientras esté en otra cosa, no podemos enganchar, aunque no quiero parecerme al cura que amonestaba a los que estaban en misa por no ir a misa. Ahora, con los diez años de la Ley de Dependencia, periódicos como el suyo se han ocupado. ¿Sabe qué pasa? Que entre los políticos y economistas nadie pone alma. Y tienen que ocuparse de los problemas de las personas, de cómo van a envejecer. La razón última es de justicia social pero hace falta que quien toma decisiones ponga alma y algunos piensan más en el Ibex que en las personas. Aun así, les digo que busquen la calculadora y les saldrá rentable. Soy optimista y esos modelos se impondrán al final porque, además, son más sostenibles. Hay una razón última, una cuestión de justicia social. Ese es un modelo de aparcaderos para crónicos de bajo nivel, un modelo clínico, y yo hablo de una sociedad de terminar la vida en su propio entorno con apoyos públicos y nuevas tecnologías.

–A la izquierda en general tampoco parece interesarle demasiado el problema de un sector de población en su mayoría conservador.

–Sí. Es posible. Pero ¿por qué pasa eso? Por miedo, que es conservador… Si al abuelo le han subido dos euros la pensión, le pagan el medicamento… sólo pensará en mantener su estatus y no le importa que haya cientos de miles de jóvenes que se tienen que ir al extranjero, salvo cuando se tratade sus nietos.

Fuente: SUR.ES