La Generalitat de Catalunya reclama al Estado la gestión del IRPF dedicado al tercer sector
La consellera de Bienestar Social, Neus Munté ha convocado hoy una reunión de emergencia con representantes del Tercer Sector para informar de los contenidos del último Consejo Territorial de Servicios Sociales, a los que ha trasladado la necesidad de que el Estado traspase la gestión del 0,7% del IRPF para fines sociales.
Desde el Govern se reclama que la Generalitat tenga la «competencia exclusiva» para gestionar los recursos que se generan gracias a la «cruz de la solidaridad» en la declaración de la renta y que suponen el 0,7% del IRPF, según ha declarado a EFE Neus Munté.
La consellera también ha dicho que el objetivo de la reunión es crear junto a los representantes del tercer sector «estrategias comunes de cara al futuro, ya que desde el Gobierno se manifiesta una voluntad de no cumplir con las sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo».
Los órganos judiciales han establecido que, tanto las bases como la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF, vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones.
Las sentencias añaden que la Generalitat es la responsable de tramitar, resolver y pagar estas ayudas, en el marco de sus competencias exclusivas.
La consellera ha explicado que «por parte del Gobierno del Estado existe la intención de que sólo las entidades de base supraterritorial, es decir, que estén implantadas en más de una comunidad autónoma, puedan ser beneficiarios de estos programas».
Este año «se ha podido impedir», es decir que este año las entidades de base únicamente catalana, sociales y mercantiles, podrán también concurrir en esta convocatoria.
La consellera ha destacado la importancia de prepararse y establecer estrategias conjuntas de cara al próximo año, en que el Estado prevé realizar definitivamente el cambio de modelo.
El segundo tema discutido en la reunión es que, según la consellera, existe «un desajuste, como ocurre en muchos otros ámbitos, de recursos que se generan aquí pero que en cambio no vuelven».
Según cálculos del departamento de Bienestar Social y Familia, Cataluña aporta el 25% del total de la recaudación estatal del 0,7 del IRPF para fines sociales, pero sólo recibe el 14%, lo que supone más de 20 millones de euros que anualmente no retornan de Madrid.
Las organizaciones sociales apoyan al departamento para que exija la gestión de las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado, tal y como reconocen sentencias del TC y del Supremo.
El director de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol ha explicado a Efe que «lo que preocupa en primer lugar a las organizaciones sociales es que lleguen esos recursos del 0.7% para atender carencias sociales y en ese sentido parece que este año se ha salvado».
Josep Oriol Pujol también ha dicho que el pulso entre el Gobierno central y la Generalitat es muy complejo, ya que están implicadas organizaciones sociales catalanas que dependen de organizaciones de ámbito estatal.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, ha matizado que aunque este año se ha conseguido salvar la situación, «llevamos mucho tiempo pidiendo que los planes de valoración se hagan aquí en Cataluña y la victoria sería que hiciera caso a estas reivindicaciones».
Es especialmente preocupante, según la presidenta de ACRA, que la mayoría de los proyectos del tercer sector sean proyectos de continuidad, ya que cada año dependen de que llegue la ayuda para poder ofrecer el servicio un año más.
Las entidades convocadas a la reunión han sumado cerca de ochenta, entre ellas la Mesa del Tercer Sector Social, Entidades Catalanas de Acción Social, Cáritas, Cruz Roja, Raíces, Casal de los Niños, FEDAIA, Esplais Catalans, ECOM, ACRA, Instituto Guttmann o la Federación Catalana de Voluntariado Social.
