Dependencia
L’Onada Serveis celebra su 20 aniversario con las jornadas “Cuidem al Cuidador”
Las jornadas son un reconocimiento a la profesionalidad de los equipos de L’Onada Serveis, que han convertido el grupo en una entidad referente en cuanto a la calidad y la innovación en la atención a la gente mayor.
El Grupo L’Onada Serveis – Atención a las Personas celebrará los próximos días 25 y 26 de marzo las jornadas técnicas “Cuidem al Cuidador”, pensadas para poner en común los aspectos más importantes del sector y crear un espacio de debate entre los profesionales.
Las jornadas estarán presididas el día 25 a las 10h por el Senador el Sr. Josep Lluís Cleries, y el día 26 a las 10h por la Vicepresidenta Primera del Parlamento de Cataluña, la Iltre. Sra. Anna Simó, los dos grandes conocedores del mundo de la dependencia.
Las jornadas contarán con la asistencia de más de 500 personas, entre miembros del Grupo L’Onada y profesionales de los servicios sociales. Hay programadas una quincena de ponencias a cargo de profesionales del grupo, que presentarán los mejores proyectos de estos 20 años, los puntos fuertes y las áreas de mejora que hemos llevado a cabo. El miércoles 25 se presentará el libro “La ética en las instituciones geriátricas”, elaborado conjuntamente por el Padre Bajo y el Comité de Ética de L’Onada Serveis. Aquel mismo día, se celebrará a la noche una entrega de reconocimientos a la profesionalidad, seguida de una Cena de Gala que contará con varias sorpresas y actuaciones.
El Hotel Gran Palas de La Pineda (C/ de la Sèquia Major, La Pineda-Vilaseca) ha sido el lugar escogido por L’Onada para celebrar estas jornadas, puesto que se encuentra en un punto intermedio del territorio por donde se reparten los centros de L’Onada Serveis, desde Barcelona, pasando por las Terres de l’Ebre hasta Vinaroz.
A pesar de que el sector de los servicios sociales de Cataluña no se encuentra en su mejor momento, desde L’Onada Serveis no queremos dejar pasar la oportunidad de celebrar nuestros 20 años de trabajo, de esfuerzos, lucha e innovación en la mejora de la prestación de servicios a la gente mayor. Desde la apertura del primer centro en Sant Carles de la Ràpita en 1995, L’Onada Serveis celebramos este año el 20 aniversario gestionando más de una veintena de equipamientos: 20 equipamientos geriátricos, 3 guarderías y varios centros de formación, repartidos en las provincias de Barcelona, Tarragona y Castellón. Los centros de L’Onada Serveis suman más de 1.000 plazas, y cuenta con una plantilla que supera los 600 trabajadores, que han convertido a L’Onada Serveis en uno de los grupos de prestación de servicios más importantes y de referencia en toda Cataluña.
Premios STELA 2015, empleados con discapacidad intelectual premian a las entidades que los contratan
Las premiadas han sido 31 empresas que, en total, han realizado 51 incorporaciones de personas con discapacidad en sus modelos de negocio.
Grupo Ballesol, premiado por su compromiso laboral con las personas con discapacidad intelectual en el entorno residencial
La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha celebrado este martes la entrega de los Premios STELA 2015 a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual, que reconocen la responsabilidad de empresas que apuestan por la formación, capacitación y valía de todos ellos en el ámbito laboral.
El compromiso de las 31 empresas premiadas ha posibilitado la incorporación de 51 personas con discapacidad en sus modelos de negocio. Un ejemplo laboral que ha valorado la presidenta de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo, con el éxito del Servicio de Empleo de Down Madrid (185 trabajadores en activo y 125 empresas colaboradoras) y los “diferentes itinerarios formativos diseñados a partir de la vocación de los trabajadores, las necesidades empresariales españolas; y a la importante labor de apoyo de los preparadores laborales”.
El PREMIO STELA reconoce la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual a través del Servicio de Empleo Down Madrid (Proyecto Stela) y SERPAIS, el Servicio de Provisión de Apoyos para la Inserción Socio – Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual en la Zona Este y Noroeste de la Comunidad de Madrid. Junto a empresas como Carrefour, Down Madrid, Grupo Avance, Ingesan OHL o Lidl, Grupo Ballesol, como empresa referente en la gestión residencial y asistencial en España, ha sido uno de los galardonados por su ejemplo en “facilitar y promover la inserción laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en entornos ordinarios de trabajo a través de la metodología del Empleo de Apoyo”.
Los encargados de entregar los premios a los representantes de las empresas ganadoras han sido los trabajadores con síndrome de Down y discapacidad intelectual que pertenecen a ambos proyectos.
Una trabajadora más
Gema Coca es desde hace más de un año una trabajadora más en las labores de limpieza de la residencia de Ballesol Latina. Su excelente formación y su capacidad de integración en grupos de trabajo hacen de esta persona con discapacidad intelectual “un ejemplo de responsabilidad e ilusión diaria por el sueño cumplido”, dicen sus compañeros en la residencia. La aportación humana y enriquecedora al resto de profesionales y residentes de Ballesol Latina, animan a esta entidad a “seguir apoyando la inserción laboral de estas personas, con la que ganamos todos”, asegura Pilar Ruiz, la directora de este centro residencial.
Los pacientes crónicos reclaman un sistema sociosanitario homogéneo desterrando la separación entre social y sanidad
Homogeneizar los servicios que se prestan, tanto en la asistencia sanitaria como en la social, por parte de todas las comunidades autónomas es clave en el abordaje de las enfermedades crónicas. Se trata de una petición común que se ha escuchado este martes en el V Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida organizado por la Fundación Edad&Vida.
Bajo el título ‘La atención sanitaria y lo servicios sociales: Una transformación de su visión en torno a la persona’, profesionales sanitarios y cargos públicos han coincidido en señalar la importancia de reorientar el actual modelo y desterrar el tradicional sistema de atención a los pacientes crónicos, es decir, del curar por un lado, y acompañar y ayudar por otro, a aunar los tres conceptos en una misma intervención.
«Ya no son espacios separados», señala Fernando Vicente Fuentes, vocal asesor de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Sanidad. La atención sociosanitaria debe ir a un trabajo conjunto, no dependiente de un solo perfil de trabajadores de la sanidad, sino de un compendio donde participen médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, etc. «donde se acompaña, se cuida, pero, sobre todo, se cura».
Legislativamente, la atención sociosanitaria está regulada por el artículo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde se especifica que es un conjunto de cuidados destinados a enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características se pueden beneficiar de la actuación simultánea y sinérgica para los servicios sanitarios y sociales, con los que conseguirán aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social.
El Consell Insular de Menorca confía a SARquavitae la gestión de su Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
El Consell Insular invertirá más de un millón de euros anuales en ofrecer este servicio durante los próximos cuatro años
El nuevo contrato adjudicado a SARquavitae contempla una duración de dos años, prorrogable por dos años más
El Consell Insular de Menorca ha adjudicado a SARquavitae la gestión del Servicio Público Insular de Teleasistencia Domiciliaria que ofrece servicio a un total de 1.414 usuarios en toda la isla de Menorca. El contrato tiene una vigencia de dos años, prorrogables por dos años más y supone una inversión pública superior a los 4 millones de euros para los próximos cuatro años.
La compañía prestará un servicio preventivo y de atención inmediata y permanente, a cualquier hora y todos los días del año, que permite movilizar los recursos necesarios para resolver situaciones de emergencia o necesidad de personas mayores, solas o con discapacidad. De este modo, los usuarios de SARquavitae en Menorca además de contar en sus hogares con los colgantes o pulseras con avisadores para alertar de situaciones de riesgo, como incendios, fugas de gas o inundaciones en el domicilio, también dispondrán de las ventajas de la tecnología de SARquavitae, capaz de alertar de forma automática de otras situaciones de peligro que puedan haber impedido al usuario accionar el colgante o la pulsera para solicitar ayuda.
La Teleasistencia domiciliaria es un servicio que posibilita a los usuarios continuar residiendo en su domicilio gracias a la seguridad y asistencia inmediata en situaciones de emergencia, mejorando la calidad de vida de las personas.
Una compañía comprometida con el bienestar de las personas
SARquavitae ofrece también un plan de intervención comunitaria para favorecer la inclusión social de las personas usuarias mediante actividades dirigidas a usuarios, cuidadores y familiares, con el objetivo de ofrecer un espacio de formación, información e intercambio de experiencias entre ellos.
Los responsables de Teleasistencia de SARquavitae se encuentran ya trabajando con los Técnicos y Responsables del Consell Insular de Menorca, con el objetivo de garantizar una adecuada continuación del servicio y atención a las personas usuarias.
SARquavitae ofrece trabajo a 650 personas en Baleares, donde cuenta con 5 centros residenciales, así como 8 centros de día, para un total de 892 plazas. También cuenta con una delegación del Servicio de Ayuda a Domicilio con 1.087 usuarios y presta el Servicio de Teleasistencia a 154 usuarios en Campos (Mallorca), más los 1.414 recién adjudicados.
SARquavitae (www.sarquavitae.es), compañía líder en servicios sanitarios y sociales, con una plantilla formada por más de 10.000 profesionales, ofrece servicio -tanto en sus centros como a domicilio- a 200.000 personas al año. Desarrolla un innovador modelo de atención centrada en la persona y basado en tres ejes de actuación: el trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort y bienestar, presentes en todos sus servicios. La empresa dispone 144 centros de los que 57 son centros residenciales y sociosanitarios (más 3 de próxima inauguración), 16 son centros especializados en la atención a la discapacidad, 63 son centros y hospitales de día y 5 son complejos de viviendas con servicios, con una oferta total de más de 11.000 plazas. Además, también ofrece diariamente un servicio de ayuda a domicilio a 12.050 personas y servicios sanitarios a domicilio. Realiza anualmente 77.677 visitas de urgencias médicas y de enfermería, atiende diariamente a 20.000 usuarios de Teleasistencia y realiza un servicio de call center médico y social de más de 150.500 llamadas anuales.
AESTE renueva su junta directiva
Fernando Benavente preside desde ahora la asociación de los grandes operadores del sector de la atención a la dependencia
La patronal trabaja con el objetivo de afrontar de forma sólida los nuevos retos del sector de la dependencia ante el envejecimiento de la población
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal que agrupa a los principales operadores del sector, ha renovado la composición de su Junta Directiva, presidida desde ahora por Fernando Benavente (Valdeluz). Ignacio Vivas (Ballesol), Juan Ramón Pérez Sancho (Eulen) y José Luis Roselló (SARquavitae) ocuparán las vicepresidencias. Lourdes Rivera (Adavir) se hará cargo de la Secretaria General de la Junta Directiva y Manuel Aznar(Orpea) de la Tesorería.
La renovada junta tiene el objetivo de continuar la labor de la consolidación del sector profesional de atención a la dependencia en España, y dotarlo de sólidas herramientas para afrontar los nuevos retos del sector ante el envejecimiento de la población.
Sobre AESTE
Las empresas que forman parte de AESTE (Adavir, Amma, Ballesol, Eulen Servicios Sociosanitarios, Caser Residencial, Orpea, Sanitas Residencial, Sanyres, SARQuavitae y Valdeluz) proporcionan trabajo a más de 43.500 trabajadores, cuentan con 42.500 camas (un 25% de las plazas privadas y un 15% del conjunto de plazas del mercado residencial del país), ofrecen servicio a 191.634 personas de Ayuda a Domicilio, 34.833 de teleasistencia y más de 88.057 de otros servicios vinculados al envejecimiento.
Buena praxis profesional en algunos asuntos relacionados con la promoción de la autonomía y autodeterminación de las personas usuarias con discapacidad o dependencia
El Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias edita la nueva serie digital Docs.ZonaCalidad para difundir la buena praxis profesional. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Zona Calidad donde profesionales de diversas disciplinas, ámbitos de intervención y sectores (público y privado)han creado una red para reflexionar sobre las intervenciones sociales y estrategias para avanzar hacia una atención centrada en las personas.
La serie Docs.ZonaCalidad está compuesta por documentos breves que recogen las principales conclusiones de las SIAS (Sesiones de Intercambio y Aprendizaje) que van siendo organizadas en el marco del proyecto Zona Calidad. Incluyen reflexiones, recomendaciones para la buena praxis y aportaciones diversas, elaboradas por distintos profesionales de servicios sociales miembros de la red que participaron en cada una de sesiones.
Su primer número titulado, “Buena praxis profesional en algunos asuntos relacionados con la promoción de la autonomía y autodeterminación de las personas usuarias con discapacidad o dependencia”, ya está disponible en el siguiente enlace de libre descarga: Documento en pdf
Fuente:asturias.es
En el XIV Dictamen de la Dependencia solo aprueban 8 Comunidades Autónomas
La reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha conllevado un quebranto acumulado para las comunidades autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años.
Esta desinversión ha provocado que algunas autonomías presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros doce indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Así se desprende del XIV Dictamen de la Dependencia, aplicado por comunidades, que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este jueves.
En 2014, la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.
Canarias ha aumentado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aun así, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. «Canarias muestra un gravísimo retraso en la implantación del sistema», según los autores del estudio.
En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares: 1.566.
Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana, 57,95 euros; Canarias, 39,20; y Aragón, 83,52. Por el contrario, las autonomías mejor valoradas, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.
Según se desprende del informe, estas últimas son comunidades que han resistido relativamente bien el impacto de las reformas y las restricciones presupuestarias. Los autores señalan que Andalucía acumula un deterioro del sistema desde mediados de 2012 pero destaca que se ha frenado e invertido la pauta en 2014.
Respecto a Ceuta y Melilla, el estudio informa de que se situarían por detrás de Aragón a causa de la falta de servicios. Sin embargo, debido al tamaño de las ciudades autónomas y considerando que el sistema depende directamente del Imserso, no se han incluido como uno de los tres territorios donde peor se ha desarrollado la ley.
AERTE, CCOO Y UGT firman el VI convenio laboral para servicios y centros de titularidad pública de la Comunidad Valenciana
Consolida la estabilidad laboral, aumenta la calidad del servicio y fomenta la formación
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ha suscrito esta mañana junto a los sindicatos CCOO y UGT el VI convenio colectivo laboral para centros y servicios de atención a personas, en su mayoría en situación de dependencia, de titularidad pública.
De ámbito autonómico, tiene una duración de tres años, garantiza un marco profesional y laboral estable, regulando las relaciones y derechos de los más de 5.000 trabajadores que prestan servicios sociosanitarios a una población, en su mayoría en situación de dependencia, que reciben atención en centros y servicios de titularidad pública.
Crea una comisión de formación de cara a impulsar la profesionalización y aumento del conocimiento entre los profesionales del sector. Así como una comisión de seguridad y salud laboral que tendrá como objetivo coordinar el desarrollo efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El convenio incide también en el fomento a la igualdad de oportunidades, para lo que se crea la comisión de Paritaria de Igualdad.
Además, fortalece la regulación de las funciones por categorías en los distintos centros y servicios que engloba el convenio: empresas que tengan adjudicada, mediante contrato con alguna administración pública, la gestión de residencias de tercera edad, Centros de Día, centro de mujer 24 horas, centros de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de genero, Servicios de Ayuda a Domicilio; centros de atención preventiva para personas mayores; servicios de farmacia y mayor a casa, así como cualquier centro, programa o servicio de titularidad pública, para la atención a personas, en su mayoría, en situación de dependencia.
María José Mira, directora de AERTE, “el presente convenio supone un acuerdo esencial entre los principales agentes en un sector generador de empleo tanto directo, por cada persona atendida crea dos puestos de trabajo, como indirecto. Además, el entendimiento de todas las partes se dirige hacia el objetivo común de profesionalizar más aún una actividad que fomenta el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias que garanticen el derecho a recibir una atención de calidad, permitiendo atender el crecimiento constante de demanda de servicios públicos de atención a personas, en su mayoría, en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana”.
Lucha contra el intrusismo
AERTE agradece el esfuerzo y la implicación de CCOO y UGT para llegar a un acuerdo que fomente y mejore la profesionalidad y vocación de la profesión. Además, en la firma de dicho acuerdo, las partes han insistido en el necesario ordenamiento del sector y la lucha contra el intrusismo en los servicios asistenciales sociosanitarios de titularidad pública. Recuerdan a la Administración la necesaria normalización del sector, exigiendo que los procedimientos de contratación pública velen por preservar la calidad asistencial, cumpliendo con la normativa afectada y no queden supeditados fundamentalmente a criterios económicos.
Entrevista a Javier Gómez recientemente reelegido presidente de AMADE
El recientemente reelegido presidente de AMADE ha sido entrevistado por UNIR, Por su interés reproducimos la entrevista.
Javier Gómez, presidente de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, ha hablado con nosotros para darnos su punto de vista sobre la Ley de Dependencia y la figura del cuidador.
- ¿Cómo de efectiva considera que ha sido la Ley de Dependencia?
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia nacía para reconocer el derecho subjetivo de las personas dependientes a ser atendidas por las Administraciones Públicas. Un importante avance social en una sociedad evolucionada, concienciada y comprometida con la protección y el cuidado de sus miembros más vulnerables. Y creo que después de ocho años de desarrollo de Ley, cuya plena vigencia se alcanzará en julio de este año con la incorporación de todos los dependientes de Grado I, ese derecho se habrá consolidado.
- ¿Cuáles han sido los puntos fuertes de esta Ley? ¿Y los débiles?
Estratégicamente creo que ha sido determinante contar con una importante red de centros y servicios sociales dependientes de las administraciones locales muy desarrollada en líneas generales y con una gran capacidad de intervención social.
Por otro lado, el enorme esfuerzo llevado a cabo por parte de todos los agentes sociales en hacer efectivos los derechos de las personas dependientes, tanto desde un plano económico, con relación a la generación de una mayor cantidad de infraestructuras, de servicios y de prestaciones, como normativo, con relación a incorporar un nuevo sistema a las diferentes políticas sociales.
Entre sus puntos débiles, y desde un precipitado planteamiento inicial cargado de tintes políticos, sudeficiente financiación, carente de modelo y a tono con sus desatinadas previsiones iniciales; lacomplejidad del propio sistema y su difícil inserción en las diferentes políticas sociales establecidas en las Comunidades Autónomas. Y la indefinición sobre aspectos fundamentales del mismo que, de inicio y por principios, deberían haber presentado un criterio único y homogéneo en coherencia con su carácter universal.
AERTE, el sector de la dependencia, más cerca del acuerdo para las plazas concertadas y la libre elección de residencia
– La culminación de este acuerdo, pondría fin a cinco años de desigualdades en el sector, permitiendo además que residencias de mayores, independientemente de su tamaño, puedan competir en igualdad de condiciones
– AERTE ve cercano el acuerdo con todo el sector, se pone a disposición de Bienestar Social para su puesta en marcha. Considera necesario establecer reuniones informativas con todos los agentes participantes, para concretar las líneas a desarrollar dentro de un nuevo programa de plazas concertadas
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), se pone a disposición de Bienestar Social para activar el nuevo acuerdo marco, planteado por la Conselleria, que permitiría sacar a concurso público 3.000 plazas concertadas en igualdad de condiciones, lo que llevaría consigo que 3.000 personas mayores tendrían la oportunidad de decidir libremente la residencia donde quieren ser atendidos en función de sus necesidades y preferencias individuales.
Así mismo, el acuerdo desbloquearía gran parte los expedientes pendientes de aquellas personas dependientes que siguen a la espera de recibir los servicios que les corresponde, algunos desde hace tres años.
Este acuerdo marco pondrá fin a cinco años de desigualdades que han sufrido tanto aquellos centros que no han podido ofrecer plazas concertadas a sus residentes, hasta ahora exclusivo de algunas residencias, como las personas en situación de dependencia y sus familias, que no podían elegir libremente el centro en el que deseaban ser atendidos, a pesar de que una sentencia judicial les reconocía ese derecho.
Aunque todavía no se han perfilado las condiciones que se exigirán a las residencias para que puedan disponer de plazas concertadas con la Administración, AERTE se muestra optimista. Espera que, por fin, puedan optar todos los centros del sector que cumplan con la normativa de autorización y funcionamiento, independientemente de su tamaño.
AERTE aplaude que la Conselleria de Bienestar Social esté valorando cómo implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector y vele por el interés de las personas dependientes, siguiendo la política del Consell en las áreas de sanidad y educación, donde el usuario puede decidir centro.
AERTE espera poder reunirse con representantes de la Conselleria de Bienestar Social en breve
AERTE espera, y así se lo ha pedido con urgencia, celebrar un encuentro con la Conselleria de Bienestar Social de cara a concretar y firmar este acuerdo, planteado por la Conselleria, y para cuya puesta en marcha eran necesarios una serie de informes jurídicos previos, cuyas conclusiones no impiden, es más, recomiendan, que se desarrolle un sistema de plazas concertadas que beneficie a todos los centros y a las personas que permanecen en listas de espera.
AERTE siempre ha defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, algo fundamental para poder fomentar la calidad en los cuidados a las personas.
Espera que la línea adoptada por Bienestar Social dirigida a la consecución del esperado equilibro e igualdad en el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana, no sea quebrantada por cuestiones de intereses partidistas.
Logroño licita el Servicio de Ayuda a Domicilio introduciendo el modelo de ‘contratación social’
El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, ha explicado que se ha aprobado la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio por un periodo de tres años y un importe total de 15.931.500 euros, 5,3 millones de euros al año. Un servicio que anualmente cuenta con unos 1.300 usuarios al año.
“En este contrato, el Ayuntamiento ha introducido la denominada ‘contratación social’ anunciada por la Alcaldesa en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Se trata del primer contrato municipal que incluye claúsulas relativas a este nueva política de contratación con el objetivo de que las empresas adjudicatarias de los servicios garanticen la estabilidad y continuidad del empleo entre los trabajadores y el pago de los salarios”, ha explicado Sáinz.
El portavoz ha explicado que en el pliego de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio se incluye una claúsula que “permitirá al Ayuntamiento la resolución del contrato si se produce impago de nóminas al personal que presta el servicio”. Textualmente se recoge que será motivo de resolución del contrato “el incumplimiento de mantener las condiciones sustanciales de trabajo de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, ofertadas por la adjudicataria”. En este sentido, se refiere a la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial y funciones a realizar.
Otras medidas incluidas en el pliego dentro del nuevo modelo de contratación social es la valoración como criterio de adjudicación de las ofertas que presenten plantillas con más porcentaje de trabajadores con discapacidad, desempleado o en riesgo de exclusión social.
Además, en los contratos donde el mayor gasto de la prestación del mismo sean salarios: la oferta económica puntuará el mínimo establecido por la Ley de Contratos del sector Publico, el 51%.
El portavoz municipal ha explicado que este nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio recoge importantes novedades como el apoyo psicológico para usuarios y familias y nuevos perfiles en el servicio de comidasa en domiclios.
Fuente: Ayuntamiento Logroño
AERTE urge firmar el acuerdo marco propuesto por Bienestar Social para sacar a concurso público 3000 plazas concertadas
-Los dictámenes e informes del Consell Jurídic Consultiu, la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas, como hasta ahora, a través del procedimiento negociado sin publicidad. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra la Ley de Emprendedores.
– Con este acuerdo, Bienestar Social tiene la oportunidad de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), en relación a los conciertos de adjudicación de plazas concertadas de personas mayores, estima urgente y necesario para todo el sector la firma de un acuerdo marco que permita la libre competencia entre residencias de cara a finalizar con los privilegios a determinadas empresas de accesibilidad que han disfrutado durante los últimos años.
Este acuerdo marco, propuesto en octubre de 2014 por la Conselleria de Bienestar Social a todos los agentes del sector, plantea sacar a concurso público, abierto a todos las residencias en igualdad de condiciones y bajo la premisa de que sea el usuario quien decida libremente el centro donde quiere ser atendido, alrededor de 3.000 plazas concertadas:
– 1.000 nuevas plazas concertadas correspondientes al presupuesto existente para 2015.
– 2.000 plazas concertadas ya existentes que se han ido adjudicando a centros de accesibilidad por vía del procedimiento negociado sin publicidad a partir de 2008, teniendo en cuenta además que esos mismos centros ya habían sido adjudicatarios de otras 2.000 plazas correspondientes a lo que establecía en el concurso de 2001, según el cual, de 6.000 nuevas plazas construidas, el primer tercio, es decir esas 2.000, serían para plazas concertadas.
Hasta ahora se ha adjudicado, y se siguen adjudicando plazas concertadas más allá del primer tercio del contrato del año 2001, a través del procedimiento negociado sin publicidad, sin contrato público y con un talante de exclusividad, ya que establece la premisa simple de tener experiencia previa y contrato de accesibilidad para poder ser adjudicatario, por lo que el resto de residencias del sector quedan al margen. Esas plazas carecen de contrato público.
En este sentido, tanto los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu, como los informes de la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas subvencionadas por esta vía mas allá de las fijadas en el concurso de 2001, es decir más allá del primer tercio de las 6.000 plazas. A pesar de estos informes, a día de hoy se siguen reponiendo las plazas cuando queda claro que es una situación irregular según la Ley de Emprendedores de 2013.
Además, el informe de la Abogacía indica claramente que se han beneficiado unas empresas y se ha perjudicado al resto del sector, mientras que el Consell Jurídic Consultiu afirma que el contrato de 2001 no se puede renovar a partir de enero de 2014.
Estos dictámenes se basan en la Ley de Emprendedores de 2013, donde se especifica claramente que no se puede beneficiar a ninguna empresa por el mero hecho de haber sido contratista de la Administración. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra de esta Ley. Además, supondría el cierre de muchas empresas del sector de atención a la dependencia, y la pérdida de numerosos puestos de trabajo.
AERTE quiere resaltar que, las conclusiones de estos dictámenes coinciden en señalar que una de las posibles soluciones pasaría por desarrollar un concurso público en forma de acuerdo marco para englobar esas 3.000 plazas. Por ello, la asociación no alcanza a entender que, según las últimas declaraciones de la Conselleria de Bienestar Social, se estén valorando otras posibilidades, muy lejos de los acuerdos alcanzados, que no permitieran por ejemplo la libertad de elección de las personas, justificándolo con una obligación surgida de una interpretación errónea del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
La Conselleria de Bienestar Social tiene la oportunidad con este acuerdo de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido. Entendemos que es una decisión política y, por tanto, responsabilidad de quien la tome.
– Libertad de elección
Por otro lado, durante años se ha vulnerado el derecho del usuario a decidir el centro donde quiere ser atendido. El nuevo acuerdo marco propuesto permite que las personas mayores puedan optar a este derecho, como así ocurre con los servicios de sanidad o educación, y tal y como declara reiteradamente el Gobierno valenciano, y en concreto el presidente Alberto Fabra. Más de 10.000 personas están a la espera de resolución de expedientes de dependencia.
– AERTE solicita a la Consellería de Bienestar Social una reunión para desbloquear la situación
AERTE ha solicitado a la Consellería de Bienestar Social una reunión de cara a agilizar la firma y puesta en marcha de este acuerdo marco planteado por la propia Conselleria, desarrollando así un sistema de plazas concertadas que beneficia a todos los centros y, sobretodo, a las personas que permanecen en listas de espera.
Desde AERTE siempre se han defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, tal y como la Administración valenciana puso en marcha con el bono residencia, de carácter pionero en España y que tan buenos resultados cosechó.
Cuidar acompañando y apoyando los proyectos de vida
Nuevo post del Blog la atención centrada en la persona un camino por recorrer. Leer Post.
Teresa Martínez Rodríguez publica un nuevo post «Cuidar acompañando y apoyando los proyectos de vida» en el que comparte algunas reflexiones, sobre cómo realizar el acompañamiento a los proyectos de vida de las personas mayores que precisan cuidados.
Teresa Martínez Rodríguez, psicóloga y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones en el ámbito de la gerontología aplicada, entre ellas la guía para profesionales, La atención gerontológica centrada en la persona, editada en el 2011 por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno del País Vasco y de la web www.acpgerontologia.net
El Principado de Asturias publica un nuevo boletín digital de Plus Calidad: Aprender y avanzar desde el intercambio
El Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias publica el Boletín nº 12 de Plus Calidad. El mismo, recoge, editorial, entrevistas, reportajes y recomienda documentos y audivisuales de interés, en relación a la buena praxis profesional en la intervención social y en el avance en servicios orientados a las personas donde la calidad de vida y la protección de derechos de las personas sean objetivos fundamentales.
ACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos
ACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos.
Los 17 millones de euros previstos de urgencia para los presupuestos del 2015 permitirían dar cobertura a una parte de las 7.000 personas en situación de grado II.
La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) quiere que el fondo extraordinario de los presupuestos 2015 se destine a la reapertura de las Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) de grado II. Esta medida permitiría cubrir la prestación de una parte de las 7.000 personas en situación de dependencia severa que existen en Cataluña y evitar que se queden un año más fuera del sistema de atención a la dependencia. “Desde ACRA celebramos que exista esta aportación y consideramos que los 17 millones de euros tienen que ir a parar a los más necesitados, unos dependientes severos que llevan demasiado tiempo esperando una ayuda que les toca por ley”, ha explicado la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.
El presupuesto público destinado a las PEVS se ha reducido un 35% en tan solo dos años o lo que viene a ser lo mismo, de los 120 millones de euros del 2012 a los 73 millones de euros del año pasado, sin contar con los quince meses que esta prestación quedó suspendida por problemas de tesorería de las arcas públicas catalanas. ACRA siempre ha considerado que los presupuestos de 2015 tienen que convertirse en un impulso a las políticas de dependencia, puesto que se ha comprobado reiteradamente que su promoción cohesiona socialmente e impulsa la economía con la creación de nuevos puestos de trabajo.
Tenemos 17.000 personas que esperan una plaza pública y 8.000 plazas vacías en el sector privado. En consecuencia, una reapertura de las PEVS se puede traducir en un aumento en la contratación de personal en las residencias.
ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros socio sanitarios y tele asistencia) para gente mayor en toda Cataluña. En total cuenta con más de 400 entidades asociadas, que representan casi unos mil servicios y 34.000 plazas que dan trabajo a unos 27.000 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de forma indirecta.
Teresa Martínez en Panorama Regional de TVE-Asturias
Por su interés, publicamos la entrevista a Teresa Martínez en Panorama Regional de TVE-Asturias.
La Comunidad de Madrid destina 20 millones para 465 plazas de mayores dependientes
La Comunidad ha dado luz verde a 465 plazas para mayores dependientes en residencias y Centros de Día (por 20,3 millones y por un plazo de tres años) en Madrid y San Sebastián de los Reyes. En concreto, 360 son plazas en residencias, 85 en centros de día, y otras 20 de respiro familiar. Madrid lidera la atención residencial y encabeza la gestión de la Dependencia en atención en Centro de Día, Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, según los últimos datos del IMSERSO.
La Comunidad de Madrid cuenta con una de las redes de servicios sociales más amplia de España. Para las personas en situación de dependencia, el Gobierno regional cuenta con atención completa a través de unas 62.000 plazas en centros de día, residencias, tratamientos y servicios para la prevención de la dependencia, Telasistencia, Ayuda a Domicilio y prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, prestaciones para asistencia personal y cheque servicio o prestación vinculada al servicio.
El presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales prevé un aumento de unos 93 millones de euros en 2015 para las personas en situación de dependencia, hasta alcanzar los 1.083 millones. Este año se destinaron 990 millones. Además, el pago de las prestaciones por dependencia se incrementará un 45%, y se complementan con los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, para conseguir un alto grado de cobertura y calidad. Hemos pasado de destinar a esta partida 84,5 millones en 2014 a invertir 122,5 millones en 2015, lo que supone 38 millones más.
AERTE solicita toda la información relativa al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas de atención a la dependencia
Desea informarse en calidad de parte codemandada en los seis contenciosos presentados ante el TSJ de la Comunidad Valenciana por este tema. También solicita la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha reclamado por escrito a la conselleria de Bienestar Social, al Consell Jurídic Consultiu y a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana toda la información y documentos relativos al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas del sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, en concreto, relacionadas con el contrato de accesibilidad social (plazas concertadas).
Esta decisión ha sido tomada con el fin de conocer todos los documentos, informes y dictámenes de cada uno de los órganos consultivos preceptivos, ya que AERTE no es sólo la patronal mayoritaria del sector, sino que además, está personada como parte codemandada en los seis contenciosos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por este tema. AERTE ha solicitado también la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que salgan a la luz todos los documentos.
AERTE entiende que, tanto la conselleria de Bienestar Social como el Consell Jurídic Consultiu, deberían haber dado audiencia a la patronal de la dependencia de cara a informarle sobre los contenidos, resoluciones y posturas adoptadas en cada uno de los procedimientos. Recuerda que el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de febrero de 2014, reconoció a AERTE su derecho a tener audiencia en todos los procedimientos relacionados con el sector que afectaran tanto a la asociación como a las organizaciones empresariales que representa e instó a la conselleria de Bienestar Social a darle audiencia en estos casos.
A la espera del acuerdo marco desde hace meses
Ya han pasado dos meses desde que la conselleria de Bienestar Social anunciara la inmediata puesta en marcha de un acuerdo marco en el que iban a participar todos los operadores del sector y que, según sus propias palabras, iba a “finalizar con los privilegios a determinadas empresas” dando las mismas oportunidades a todos los centros, fomentado así la libre competencia y la calidad en los servicios.
No obstante, “a fecha de hoy, todavía no sabemos nada del nuevo programa”, apunta María José Mira, directora general de AERTE, “un programa que debería agilizarse y ser prioritario en las políticas del Consell, no sólo porque permitiría alcanzar, cuanto antes, el deseado equilibrio en el sector, sino que haría que se respetase la libertad de elección, al igual que, según manifestó el presidente Fabra en su discurso de Año Nuevo, el Gobierno valenciano quiere implantarlo en otros servicios como la educación o la sanidad”.
AERTE recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció en diciembre de 2013, mediante sentencia, que los dependientes con ayuda pública para residencia tienen derecho a elegir libremente una modalidad distinta a la de las plazas públicas y concertadas, no como ha ocurrido durante años durante los cuales estas personas iban derivadas a los centros sin tener derecho a elección.