AERTE urge firmar el acuerdo marco propuesto por Bienestar Social para sacar a concurso público 3000 plazas concertadas

Aerte-Los dictámenes e informes del Consell Jurídic Consultiu, la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas, como hasta ahora, a través del procedimiento negociado sin publicidad. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra la Ley de Emprendedores.

– Con este acuerdo, Bienestar Social tiene la oportunidad de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), en relación a los conciertos de adjudicación de plazas concertadas de personas mayores, estima urgente y necesario para todo el sector la firma de un acuerdo marco que permita la libre competencia entre residencias de cara a finalizar con los privilegios a determinadas empresas de accesibilidad que han disfrutado durante los últimos años.

Este acuerdo marco, propuesto en octubre de 2014 por la Conselleria de Bienestar Social a todos los agentes del sector, plantea sacar a concurso público, abierto a todos las residencias en igualdad de condiciones y bajo la premisa de que sea el usuario quien decida libremente el centro donde quiere ser atendido, alrededor de 3.000 plazas concertadas:

 – 1.000 nuevas plazas concertadas correspondientes al presupuesto existente para 2015.

 – 2.000 plazas concertadas ya existentes que se han ido adjudicando a centros de accesibilidad por vía del procedimiento negociado sin publicidad a partir de 2008, teniendo en cuenta además que esos mismos centros ya habían sido adjudicatarios de otras 2.000 plazas correspondientes a lo que establecía en el concurso de 2001, según el cual, de 6.000 nuevas plazas construidas, el primer tercio, es decir esas 2.000, serían para plazas concertadas.

 Hasta ahora se ha adjudicado, y se siguen adjudicando plazas concertadas más allá del primer tercio del contrato del año 2001, a través del procedimiento negociado sin publicidad, sin contrato público y con un talante de exclusividad, ya que establece la premisa simple de tener experiencia previa y contrato de accesibilidad para poder ser adjudicatario, por lo que el resto de residencias del sector quedan al margen. Esas plazas carecen de contrato público.

En este sentido, tanto los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu, como los informes de la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas subvencionadas por esta vía mas allá de las fijadas en el concurso de 2001, es decir más allá del primer tercio de las 6.000 plazas. A pesar de estos informes, a día de hoy se siguen reponiendo las plazas cuando queda claro que es una situación irregular según la Ley de Emprendedores de 2013.

Además, el informe de la Abogacía indica claramente que se han beneficiado unas empresas y se ha perjudicado al resto del sector, mientras que el Consell Jurídic Consultiu afirma que el contrato de 2001 no se puede renovar a partir de enero de 2014.

Estos dictámenes se basan en la Ley de Emprendedores de 2013, donde se especifica claramente que no se puede beneficiar a ninguna empresa por el mero hecho de haber sido contratista de la Administración. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra de esta Ley. Además, supondría el cierre de muchas empresas del sector de atención a la dependencia, y la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

AERTE quiere resaltar que, las conclusiones de estos dictámenes coinciden en señalar que una de las posibles soluciones pasaría por desarrollar un concurso público en forma de acuerdo marco para englobar esas 3.000 plazas. Por ello, la asociación no alcanza a entender que, según las últimas declaraciones de la Conselleria de Bienestar Social, se estén valorando otras posibilidades, muy lejos de los acuerdos alcanzados, que no permitieran por ejemplo la libertad de elección de las personas, justificándolo con una obligación surgida de una interpretación errónea del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

La Conselleria de Bienestar Social tiene la oportunidad con este acuerdo de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido. Entendemos que es una decisión política y, por tanto, responsabilidad de quien la tome.

– Libertad de elección

Por otro lado, durante años se ha vulnerado el derecho del usuario a decidir el centro donde quiere ser atendido. El nuevo acuerdo marco propuesto permite que las personas mayores puedan optar a este derecho, como así ocurre con los servicios de sanidad o educación, y tal y como declara reiteradamente el Gobierno valenciano, y en concreto el presidente Alberto Fabra. Más de 10.000 personas están a la espera de resolución de expedientes de dependencia.

– AERTE solicita a la Consellería de Bienestar Social una reunión para desbloquear la situación

AERTE ha solicitado a la Consellería de Bienestar Social una reunión de cara a agilizar la firma y puesta en marcha de este acuerdo marco planteado por la propia Conselleria, desarrollando así un sistema de plazas concertadas que beneficia a todos los centros y, sobretodo, a las personas que permanecen en listas de espera.

Desde AERTE siempre se han defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, tal y como la Administración valenciana puso en marcha con el bono residencia, de carácter pionero en España y que tan buenos resultados cosechó.