Recortes
Alberto Echevarría, “parece que esperan resolver la dependencia mediante fallecimientos”
Los empresarios de la dependencia viven momentos de vértigo. 60.000 camas vacías en sus residencias y los impagos de las comunidades y Ayuntamientos (880 millones de euros) ahogan un sector proclive al crecimiento que hace su negocio con un material frágil: los dependientes. La últimas medidas anticrisis no han dado los frutos que esperaban. “Más del 20% de nuestras empresas tiene ya una viabilidad imposible”, dice Alberto Echevarría (presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Y advierten que no podrán con más recortes. Dan un aviso al Gobierno. “Esperamos a los próximos presupuestos, no podemos más”.
Pregunta. Dicen que las Administraciones les deben 800 millones. ¿Por qué no dan esos datos por comunidades? Los afectados tendrían más capacidad de presión.
Respuesta. Es imposible hacerlo por Ayuntamientos y de comunidades tenemos los datos de algunas, por ejemplo de Valencia, 200 millones, pero… los empresarios tienen miedo porque ven que si dan los datos ponen en riesgo aún más los plazos de pago.
P. Acusan a la Administración de no usar y pagar las 60.000 plazas vacías que ustedes tienen en sus centros, pero no todas están en los lugares donde hay demanda y quizá el dinero público no puede pagar lo que valen.
R. Reclamábamos un mapa de recursos desde hace años, pero hoy en día podemos decir que hay plazas vacías por todos lados, en el ámbito rural, urbano. Y sobre los precios, creemos que la Administración debe optar por la ayuda vinculada al servicio, es decir, el cheque-servicio y que cada ciudadano, con esa cantidad concedida escoja el centro que le guste.
P. ¿Es el ciudadano el que elige o elegiría el centro? Porque si dos ciudadanos con el mismo cheque van a un centro a pedir plaza y uno de ellos además tiene dinero propio para pagar otros servicios que allí se ofrecen, como peluquerías o masajes, el centro escogerá al ciudadano con más dinero. Y los más pobres tendrán que quedarse con la red pública. ¿No lleva eso a un sistema dual?
R. En absoluto, esto es como los hoteles o la automoción. Cada uno escoge en función de lo que se puede permitir. Pero además, todos nuestros centros tienen una alta calidad de atención. Para la dependencia están perfectamente acreditados y supervisados. Los servicios complementarios se los pagará quien pueda, claro. Además, ningún centro en España puede escoger porque todos tienen plazas vacías.
P. Habla de calidad en las residencias, pero el que tiene un anciano ingresado en ellas sabe que hay muchas caídas, alimentación poco individualizada. Los familiares se quejan de falta de esmero. ¿No necesita el sector una reconversión?
R. Esa reconversión se ha hecho en los últimos tres o cuatro años. El nivel de calidad es ahora el mismo o mejor que en el resto de Europa y lo sé porque he viajado por esos países para conocerlo. Había centros que necesitaban una adaptación y aún quedarán, pero pocos, nosotros hemos denunciado algunos ilegales, que nos perjudicaban. Los que operan ahora cumplen los requisitos.
P. El Gobierno prometió un cambio de tendencia: ahorrar en pagas económicas para los familiares que cuidan a enfermos para potenciar los servicios profesionales que ustedes ofrecen. ¿Está siendo así?
R. En absoluto, ese ahorro no se ha traducido en servicios. La lista de 239.000 ciudadanos que esperan por su ayuda se está reduciendo por fallecimientos, no porque les atiendan. ¿Dónde se han ido esos ahorros, dónde el dinero que se deja de pagar por la seguridad social a los cuidadores o el de la rebaja de un 15% o más a esos cuidadores en su paga? ¿Adónde ha ido? A los dependientes no, desde luego. Tenemos más plazas vacías y menos horas de ayuda a domicilio.
P. Dicen que han hablado con todos los partidos, Gobiernos, con el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, y que no recogen sus sugerencias.
R. Es así. Y lo hicimos todas las patronales, ONG y los sindicatos. Lo del secretario de Estado es para nota: nos dice que nos entiende, que sabe que hay demanda de plazas, que hay oferta de ellas, que se genera empleo y retornos para el Estado… Bien, ¿y entonces? Contesta que no hay dinero. Si esto no es de tener dinero, hay otras medidas que tomar.
P. ¿Qué proponen?
R. Coordinación sociosanitaria. Podemos atender a muchas personas que están siendo cuidadas en los hospitales por siete veces menos su precio. Los hospitales no están para cuidar. Esas personas que necesitan rehabilitación, cuidados paliativos o incluso terminales podemos atenderlos perfectamente por menos precio. Se necesita valentía para hacer eso, cerrar esas camas y trasladarlos a nuestros centros. Y también digo que atendemos a la gente en nuestras residencias tres veces más barato que en las públicas. Para ambas cosas pedimos un trasvase. Garantizamos la calidad. En los centros públicos tienen ratios muy altas de empleados por dependientes, sale más caro.
P. Si se produce ese trasvase y reducen las ratios se perderá empleo.
R. Mantendremos los empleos, a corto plazo los haríamos nuestros. La calidad no depende de los empleados por persona atendida, sino de la atención que pueden prestar esos empleados en un momento dado del día. Nosotros sabemos gestionar, que nos dejen hacerlo y mantengan la financiación y titularidad públicas. Con el ahorro podríamos atender a los más de 239.000 dependientes que esperan su ayuda.
P. Rajoy antes de ganar las elecciones dijo que la dependencia era inviable y hace unos días, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que de no corregirse la situación económica “será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales”. Da pavor.
R. Esas declaraciones son un grave error y una falta de visión política y económica. Total y absolutamente. La salud y el bienestar de la gente no es una consecuencia del estado de Bienestar, sino al revés, el estado de Bienestar se debe a que se ha invertido en salud y en mejorar las condiciones de vida. La sociedad bien atendida genera productividad y beneficios. ¿Abandonamos la atención a los dependientes y sobrecargamos el sistema sanitario? ¿Es eso lo que quieren decir? Porque no habrán medido el colapso que puede producirse. El euro restado al dependiente lo multiplicas por dos en gasto sanitario y coste farmacéutico. ¿O es que tampoco los van a atender en los hospitales? No quieren ver que este es el único sector que genera empleo y retornos económicos y no han analizado las consecuencias de los recortes.
P. Dice que lo saben y que no actúan en consecuencia, ¿a qué cree que se debe esto?
R. Falta valentía política para tomar esas decisiones que proponemos, el trasvase de los centros públicos a los privados, tanto en sanidad como en residencias geriátricas. Y otra cosa, este sector depende de cuatro Administraciones, Ayuntamientos, diputaciones, comunidades y Gobierno, no puede ser.
P. Y sanidad y educación.
R. Pues no puede ser. A mí me da igual dónde caiga la competencia, aunque tengo mis preferencias, pero debe ser una Administración, una competencia. Con eso también se ahorraría. Pero falta valentía política.
P. ¿Cuál es su opinión de estos meses de Gobierno de Rajoy en su sector?
R. Negativa, una visión cortoplacista. Solo miran los costes y recortan, pero no analizan la implicación en otros factores, como el empleo, los retornos fiscales. Se ha metido la tijera sin más. Eso es una revisión infantil. Rebajar un 15% las pagas y ya está, eso lo hace un crío.
P. Sacar a los dependientes leves para atender a los graves es priorizar, pero los expertos dicen que esos leves sin una buena atención serán graves en más corto plazo de tiempo, por tanto, serán más caros para la Administración en breve.
R. Desde luego. Con atención profesional, ejercicios, se ralentiza el avance de su dependencia. El que tardaría cinco o seis años en ser dependiente grave lo será en año y medio. Y es más caro, sí.
P. Sin embargo, el Gobierno concede a las comunidades un plazo de dos años para atender a los dependientes graves sin que arrastren penalización económica por el retraso. Parece…
R. Parece que están esperando a que se solucione el problema de la dependencia por la vía del fallecimiento. Muchos habrán fallecido cuando les llegue la ayuda. ¿Qué Estado de garantías tenemos? Es como si tuvieras 250.000 niños esperando a ser escolarizados o con necesidad de ser hospitalizados. Se han dado dos años de carencia, se permiten el lujo de no pagar su propia ineficacia.
P. Sí, pero en este sector es más crudo, porque son personas que están muriendo sin que se aplique una ley, aprobada en el Congreso, que les otorgue las ayudas a las que tienen derecho. Basta pensar qué ocurriría si no llegaran las pensiones cada mes, y la gente no se moviliza…
R. No, es cierto, la gente no se moviliza.
P. La última manifestación, el sábado 15, la convocaron los sindicatos y 150 organizaciones civiles. ¿Estaban ustedes entre ellos?
R. No. Creemos que todavía no es el momento. Los políticos no nos escuchan, cierto, pero hay mucho ruido en la calle, estamos todavía por la sensatez, las reuniones, el razonamiento.
P. ¿Hasta cuándo?
R. Hasta los próximos presupuestos. Nuestros centros están ya desesperados. Son empresas que no solo es un negocio, es algo muy vocacional, atendemos a la gente y hemos puesto en ello la ilusión, si esto se hunde se hunde la vida entera. Pero antes de que eso pase daremos mucha guerra, hablaremos alto, no vamos a morir en silencio.
Sólo Extremadura y Galicia ganan beneficiarios de la Ley Dependencia este mes
Seis de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos este mes en la aplicación de la Ley de la Dependencia con respecto a agosto, y sólo Extremadura y Galicia tienen más beneficiarios, según ha informado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En un comunicado, ha advertido de que los ajustes en materia de dependencia van a propiciar que se deje de atender a unas 60.000 personas en un año y que se pierdan unos 12.000 empleos en el país.
Según esta organización, el hecho de que no se mantenga la tasa de reposición significa que las prestaciones y servicios que reciben los beneficiarios cuando fallecen no se asignan a una de las casi 240.000 personas que están en lista de espera.
Los efectos de los «recortes» del Gobierno en la Ley de Dependencia se hacen visibles, ha señalado la Asociación, en los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia.
El retroceso es «notorio» en todos los indicadores, y lo han cifrado en 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior, 61.888 prestaciones y servicios menos.
«Es obvio que el Sistema se destruye por inanición», han advertido los gerentes de servicios sociales, que han precisado que 6 de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos con respecto al mes anterior, y sólo Extremadura y Galicia tiene más beneficiarios.
Citan además el caso de Castilla y León, que ha sido «modélica» en el desarrollo de la ley -a juicio de esta asociación- ya que ha perdido 853 beneficiarios en el mes de septiembre; y Aragón retrocede a datos que presentaba en mayo de 2010.
La Asociación de Gerentes ha observado que la situación actual en España sería similar a la se daría si en un hospital se tomara la decisión de atender a los que están ingresados pero conforme vaya habiendo altas o defunciones, la cama ocupada que quedara libre se cerrara y no se atendiera a alguien que está en urgencias o en su casa esperando una intervención susceptible de ser ingresado.
El «único» dato positivo es que la lista de espera ha bajado en 3.252 personas, pero según esta asociación se trata de un «espejismo estadístico» ya que no han sido incluidos en el sistema sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia.
El impacto sobre el empleo de estos indicadores se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo en este mes.
Según la misma fuente, o se trata de una «demolición cruel y calculada» de la Ley de dependencia, o bien «se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».
El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios
Los datos de agosto sobre dependencia enviados por las comunidades autónomas al Gobierno no dejan lugar a dudas: el sistema sigue retrocediendo, es decir, cada vez hay menos dependientes atendidos. El mes pasado se han perdido 4.811 personas, cuando normalmente la estadística siempre crecía, bien que lentamente. Todas las comunidades, menos dos, Galicia y Extremadura, registran una caída en sus cifras.
Que haya casi 5.000 personas menos registradas significa que el sistema está parado, la gente va muriendo y esas bajas no se cubren. Pero no es por falta de demanda, porque aún hay 239.000 personas con derecho a una ayuda, la que sea, que siguen esperando a que les sea concedida. Esa lista de espera, lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia, preocupa desde hace años porque estaba estancada, siempre cercana a las 250.000 personas. Ahora, sin embargo, está bajando: el mes de julio había 242.349 personas esperando; en agosto, 3.252 menos. Pero este dato, que debería ser una buena noticia, tiene una interpretación más amarga. Adolece del mismo mal que el resto del sistema, la parálisis: si las comunidades no tienen capacidad de gestión, los muchos ancianos que aguardan por una ayuda se van muriendo sin que esta llegue. Cabe pensar que ahí radica ese descenso del limbo.
El ahogo económico al que se ven sometidas las comunidades tras los últimos decretos anticrisis y los presupuestos estatales, que han retraído cerca de 1.000 millones de euros al sistema, es lo que le faltaba a una ley que ya andaba sorteando zancadillas o sufría la mala gestión de algunos territorios. Pero ahora el deterioro se agudiza, porque comunidades como Castilla y León o La Rioja o el País Vasco, siempre con las mejores calificaciones por el número de personas atendidas y la agilidad de sus trámites, salen muy perjudicadas con las últimas medidas tomadas. Las tres registran un ingreso de dependientes negativo.
Los retoques que el Gobierno ha hecho a la ley, vía decreto, permitían aventurar unas cifras como las que ahora se presentan. Las comunidades tienen dos años para resolver el expediente de los usuarios, cuando antes se penalizaba que sobrepasaran los seis meses. Es tanto como paralizar legalmente el desarrollo de la ley.
Andalucía dará 2,6 millones de euros más al año para Dependencia a fin de «minimizar el perjuicio» a los cuidadores
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía aportará 2,6 millones de euros más cada año a la Ley de Dependencia para minimizar el perjuicio a las cuidadoras tras los recortes implantados mediante el Real Decreto-Ley 20/2012, según ha informado este jueves en un comunicado el departamento dirigido por María Jesús Montero.
Un total de 110.966 personas reciben actualmente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en Andalucía que, tras la aprobación de la nueva normativa estatal, han visto reducida en un 15 por ciento el importe recibido.
A este recorte, se suma que, a partir del 1 de agosto, las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras corren a cargo exclusivamente de ellas, un importe que asumía la Administración General del Estado, conforme ha explicado.
Para intentar amortiguar esta medida, la Junta ha activado un recurso para que este 15 por ciento se reduzca al 13,2 por ciento con una aportación desde el Gobierno andaluz de 217.000 euros al mes, lo que supone un total de 2,6 millones al año.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha recordado en el Parlamento que este esfuerzo es muestra de la «apuesta decidida del Gobierno andaluz» por mantener y seguir desarrollando la Ley de Dependencia.
La consejera ha insistido en que la prestación para cuidados en el entorno familiar es una de las fórmulas de atención más importantes destinada a aquellas personas que desean permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible y atendidos por sus familiares más cercanos.
Montero ha manifestado que el Real Decreto-Ley 20/2012 supone un «fuerte mazazo» a la normativa y que el Gobierno central ha actuado unilateralmente sin informar a las comunidades autónomas.
Además, ha asegurado que la Junta es «consciente del importante papel que juegan estás personas» que fundamentalmente son mujeres que, por cuidar a sus familiares, no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
Por esta razón, la Junta ha puesto en marcha planes de formación destinados a estas cuidadoras no profesionales como el Cuidabus y los talleres presenciales, que tienen en cuenta cuestiones como el nivel de especialización en la materia, la reducida disponibilidad de tiempo para formarse y las dificultades de acceso geográfico.
La Generalitat catalana dice a De Guindos que la atención a las personas está «por delante» de todo
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha avisado al ministro de Economía y Competititvidad, Luis de Guindos, que la atención a las personas está «por delante» de todo, ante las declaraciones del ministro donde advertía de que será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales si no mejora la economía.
En un acto de homenaje a los atletas paralímpicos de Barcelona’92 –en su XX aniversario– y Londres’12, el consejero ha censurado las declaraciones del ministro, a quien ha avisado de que «no es una opción» atender a las personas, ya que su atención está por delante de todo.
Precisamente, ha puesto como ejemplo los juegos paralímpicos, ya que son una apuesta por la igualdad de oportunidades y por hacer crecer a las sociedades, ha dicho.
En la misma línea, el presidente de la Once y su Fundación y también presidente Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, ha puesto en valor la discapacidad explicando que el entrenador de la Selección Española, Vicente del Bosque, no da abasto para leer las cartas que le llegan de padres de discapacitados de todo el mundo, después de que llevara a su hijo con síndrome de Down a la celebración del Mundial.
Carballeda ha celebrado que la Once haya llegado a ser finalista de los premios Príncipe de Asturias en la edición de este año, y ha lamentado con deportividad, que los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernàndez «ganaran en el último minuto y por ‘penalty» a la Once.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que el sentimiento que impregnó Barcelona en los juegos de 1992 fue el «espíritu de superación», que enriqueció colectivamente a la ciudad y mostró el camino por el que avanzar.
BARCELONA, «ACCESIBLE»
Según Trias, Barcelona es una de las ciudades más accesibles del mundo, cometido en el que, sin embargo, sigue trabajando para mantenerse entre los referentes mundiales de accesibilidad.
En el transcurso de la celebración se ha presentado el cupón que la Once dedicará el 23 de septiembre al XX aniversario de los Juegos Paralímpicos de Barcelona, con cinco millones de ejemplares e ilustrado con una imagen de la atleta Raquel Díaz, que participó por primera vez en unos paralímpicos.
En el acto también ha participado el secretario general de Deporte de la Generalitat, Ivan Tibau; el expresidente de la Generalitat y exalcalde barcelonés, Pasqual Maragall; la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y el delegado territorial de la Once en Catalunya, Xavier Grau, además de representantes del mundo político, social, asociativo, deportivo y de la discapacidad.
Los cuidadores no profesionales que cotizan bajan de 11.000 a 15
Los cuidadores no profesionales que están dados de alta y cotizan en la Seguridad Social en Castilla-La Mancha han bajado desde los 11.000 a fecha de 31 de agosto a 15 en la actualidad, según los datos aportados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.Guindos avisa que es «imposible» mantener las prestaciones sociales si sigue la crisis
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha advertido este miércoles en el Pleno del Congreso que si en los próximos trimestres no se consigue modificar la situación económica de los últimos cinco años «será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales«, y ha recordado que es la falta de crecimiento económico y de empleo lo que «pone en riesgo» el Estado del Bienestar, y no las medidas del Gobierno.
Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, que ha reclamado un rescate a los ciudadanos en lugar de al sector bancario, y ha criticado que el Gobierno esté «socializando» las pérdidas de la crisis de la misma manera que «privatizó las ganancias durante la burbuja inmobiliaria» y que se destinen más de 100.000 millones a rescatar a la banca mientras se recortan servicios públicos y derechos.
«Sé que me va a decir que salvar el sistema financiero es una imperiosa necesidad para salvar la economía, pero es falso, y tampoco funcionaría aunque fuera cierto. Porque no estamos salvando al sistema financiero, que va más allá de las entidades e incluye trabajadores, accionistas y depositantes. Pero a esos no se les salva», ha reprochado, mencionando a los afectados por las preferentes o los desahucios como individuos «abandonados» por el Ejecutivo.
Por contra, a quien socorre la ayuda pública en realidad es a los «acreedores de los bancos españoles, que son en su mayor parte franceses y alemanes». «Es tan claro que el rescate se ha debatido en el Parlamento alemán y no aquí, y quienes lo defendían reconocían que era un rescate a sus propios bancos», ha añadido.
Hacia el modelo chino
«Y, mientras, las duras edidas de ajuste se aplican a la ciudadanía española, y el Gobierno está encantado porque puede hacer lo que pretendía hacer y echar la culpa a otro: al FMI, a la troika o a la herencia recibida. Pero ¿qué obliga a rescatar los bancos y no a los ciudadanos? Sólo la ideología y un modelo de sociedad profundamente injusto», ha acusado.
En esta línea, Garzón ha recriminado que el Ejecutivo quiere recuperar el crecimiento «cambiando el modelo social» y convirtiendo España en «una especie de China» que pueda exportar productos de forma competitiva «gracias a los bajos salarios». «Su proyecto económico no va a funcionar porque parte de premisas erróneas y lleva a un modelo de sociedad con más desigualdades, miseria y estallidos sociales, porque no hay sociedad que pueda tolerar lo que se impone de la troika y un modelo de país que nos deja sin futuro», ha añadido.
Por todo ello, la Izquierda Plural ha requerido al Ejecutivo que convoque un referéndum para que los ciudadanos puedan «tomar decisiones sobre lo que afecta a sus vidas» dado que se está gobernando «de forma ilegítima» en contra del programa electoral con el que el PP ganó las elecciones. Una actitud que, a juicio de Garzón, ha «devaluado» el Congreso y la propia democracia en un país cuyas decisiones se adoptan «en otras instancias a la que los ciudadanos no tienen acceso».
«En la calle y en las encuestas vemos que la ciudadanía ya no confía en un sistema que no le ofrece soluciones. El Gobierno está abandonando a los ciudadanos y arrojándoles a un sin futuro. Ha perdido legitimidad, porque no está ayudando a los ciudadanos, sino que usa todos sus recursos económicos y su tiempo para rescatar al sistema financiero», ha concluido.
El sistema de bienestar, en riesgo
Durante su intervención, De Guindos ha afirmado que el objetivo del Gobierno no es ni la prima de riesgo ni los bancos, sino «conseguir que la economía vuelva a crecer y a generar empleo» porque «si no se consigue en los próximos tres meses una modificación de la situación de los últimos cinco años será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales«.
«La mayor garantía del Estado del Bienestar es el crecimiento económico y el empleo. Si eso no se consigue lo estaremos poniendo en riesgo», ha insistido el ministro, reconociendo no obstante que esa aspiración ha exigido «sacrificios» a la población y que la corrección de los «profundos desequilibrios acumulados» requerirá «su tiempo». A renglón seguido, ha insistido en que si España no vuelve al crecimiento y el empleo, habrá «muchos más problemas de sostenibilidad de la economía», y ha defendido que «se están poniendo las bases de la corrección y el crecimiento futuro» con medidas como la reducción del déficit para «recuperar la confianza».
Rescate en condiciones ventajosas
De Guindos también ha respondido a las acusaciones de que el Gobierno prefiere salvar a los bancos antes que a los ciudadanos asegurando que el Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre el rescate bancario incluye condiciones «extremadamente favorables» para los intereses españoles, y ha expresado su convencimiento de que «la economía española será capaz de devolver rápidamente este préstamo».
En este sentido, ha asegurado que la reforma financiera incluye mecanismos para prevenir crisis futuras, y para evitar que si se producen los depositantes se vean afectados o se repercutan los costes en los contribuyentes, algo que ahora se «minimizará» gracias a la creación del ‘banco malo‘. «Me dice que deje caer los bancos y que vaya a rescatar a los ciudadanos.
Es una frase simple, sencilla y con cierto tinte demagógico. Pero cuando en la historia económica mundial se ha dejado caer el sistema financiero, como en la Gran Depresión, las caídas del PIB no fueron del 3 o 4%, sino del 20 o 25%, por la desconfianza brutal en el sistema. Y además dieron lugar a movimientos absolutamente extremistas que llevaron, por desgracia, a la Segunda Guerra Mundial», ha recordado el titular de Economía.
Por eso, ha insistido en la defensa de las medidas del Gobierno, incluyendo la reforma laboral para corregir un sistema que se ajustaba por el despido de forma «inasumible e inaceptable»; el Código de Buenas Prácticas para evitar los desahucios, cuyos «positivos» resultados dará a conocer próximamente; el incremento fiscal «mayor a los que más tienen», o la lucha contra el fraude. «Y si hay algo de lo que estamos lejanos es del modelo chino.
España es un país competitivo y su competitividad no se tienen que basar en salarios bajos, sino en la productividad, el capital humano, la formación y el desarrollo de la investigación con productos de valor añadido elevado», ha concluido De Guindos, apostando por la internacionalización y el sector servicios español para salir de la crisis.
FAMMA alerta de una «revuelta social» si siguen los recortes en las necesidades de los más vulnerables
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha alertado de una posible «revuelta social» si continúan los recortes en las necesidades de los más vulnerables.
«La actual coyuntura económica está ahogando al colectivo de personas con discapacidad porque se eliminan programas de empleo, se aplican recortes a las organizaciones de la discapacidad y se eliminan servicios sanitarios destinados a estas personas», han denunciado este lunes a través de un comunicado.
La organización teme una «revuelta social» si las administraciones no atienden las necesidades básicas del colectivo, lo que podría «desestabilizar el sistema y crear graves consecuencias para todos».
«El impacto que las subidas de impuestos está llevando a muchas personas con discapacidad a depender de percepciones sociales provenientes de la Administración para sobrevivir, por lo que estas medidas generarán un sobrecoste para las arcas del Estado y administraciones autonómicas», han añadido desde FAMMA.
El Gobierno de Canarias garantiza el mantenimiento de plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas ha asegurado la financiación de las plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria, aunque dependen «de las administraciones locales y quedan al margen de los convenios de dependencia».
El Gobierno de Canarias subvencionará con un total de 1.503.401,18 euros distintas plazas residenciales y de atención diurna dependientes del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde, Santa Lucía, Agüimes y Gáldar.
Rojas ha explicado que, «a pesar de la situación de recorte actual», el Gobierno de Canarias «garantiza» el dinero que aporta para financiar las plazas en residencias y centros de día que las administraciones locales y las asociaciones desarrollan en la isla para prestar servicios a personas en situación de dependencia.
«Hasta que se configure definitivamente el Sistema para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, nos resulta indispensable contar con todos los medios personales y recursos consolidados en el tiempo por las administraciones locales y las entidades sin fin de lucro, denominadas por Ley de dependencia, como tercer sector de acción social», ha añadido Rojas.
En sus últimas sesiones, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de la que es responsable Rojas a conceder estas subvenciones nominadas que permitirán mantener distintas plazas de atención a mayores y personas con discapacidad de las administraciones locales, y que no entrarán dentro del convenio de atención a la dependencia que el Gobierno de Canarias está firmando con todos los cabildos insulares.
En concreto, se concederá una subvención de 625.018,20 euros al Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para el mantenimiento de las residencias de la Aldea de San Nicolás, Valleseco, Ingenio y Moya –579.597 euros–, y el Centro de Día de alzheimer del centro sociosanitario El Sabinal –45.421,20 euros–.
SUBVENCIONES POR MUNICIPIOS
En cuanto al Ayuntamiento de Telde, el Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 173.230,68 euros para financiar el transporte de usuarios del centro ocupacional del municipio –62.883 euros– y el Centro de Estancias Diurnas para enfermos de alzheimer y otras demencias –63.589,68 euros– y el Centro de Día de rehabilitación psicosocial –46.758 euros–.
Por su parte, el municipio de Gáldar contará con 251.453,41 euros para cubrir parte de los gastos derivados de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez –203.761,25 euros–, centro de Día de la tercera edad –26.190,16 euros– y la ampliación del programa de vivienda tutelada a los fines de semana y festivos –19.502 euros–.
En cuanto al Ayuntamiento de Agüimes, el Gobierno invertirá un importe de 234.317,17 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la ejecución de varios programas en las áreas de discapacidad y mayores, como los programas de Respiro Familiar para menores y discapacitados físicos y psíquicos con necesidades educativas especiales, a los que se destinarán 7.268,92 euros, y el mantenimiento de la Residencia de Mayores Villa de Agüimes, que recibirá 227.048,25 euros.
En el Ayuntamiento de Santa Lucía se invertirán 219.381,72 euros, con los que sufragará parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas que se desarrollan en el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer Juan Alvarado, que recibirá del Gobierno 113.553 euros; Centro de Día para Pacientes con Trastornos Mentales Crónicos, 48.399,41 euros, y el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Vecindario Sardina, 57.429,31 euros.
El Gobierno de Canarias entiende que existen razones de interés público y social para la concesión de la subvención, sin necesidad de proceder a la concurrencia pública debido a la naturaleza específica para la que se solicitan estas subvenciones.
El 60% de los usuarios leoneses con una ayuda a domicilio tendrá las mismas condiciones
Los cambios introducidos en la normativa estatal que regula el servicio de ayuda a domicilio sólo afectarán a algo más del 39 por ciento de los usuarios del mismo en Castilla y León, unas 8.900 personas, que reciben esta atención como parte de sus prestaciones por dependencia. De media verán reducidas las horas de ayuda un 23 por ciento, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien recalcó que los 13.500 usuarios restantes seguirán con las mismas condiciones.
Así, el máximo para los grandes dependientes ha pasado de 90 a 70 horas y el mínimo de 55 a 46; para los dependientes severos, el tope ha bajado de 55 a 45 horas y el mínimo de 30 a 21, y para los moderados, se ha reducido el máximo de 30 a 20 horas y se ha eliminado el mínimo, que antes era de 12 horas. Dentro de esa horquilla, son los profesionales de los servicios sociales los que determinarán cuál es “la intensidad más adecuada” en cada caso.
Marcos informó de que en 2011 un total de 22.400 castellanos y leoneses se beneficiaron de este servicio, con un coste total de 72 millones de euros. De ellos, cerca del 61 por ciento no eran personas dependientes y ahora “no ha cambiado ni la intensidad de la ayuda ni la aportación económica que tienen que realizar”. Al respecto, señaló que en 2009 se estableció para estos ciudadanos un promedio de atención de 11 horas y un techo de 20 horas, que se ratificó el año pasado.
Asimismo, incidió en que “todo el mundo sigue teniendo el servicio”, aunque con menos horas en el caso de los dependientes en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece esa rebaja adaptando las horas en todas las comunidades a la media que se prestaba en España.
La titular de Familia explicó que este servicio tiene un coste de 14 euros por hora, sufragado entre la Administración autonómica, las corporaciones locales y los propios usuarios. Al respecto, señaló que el 20 por ciento de los beneficiarios accede de forma gratuita porque no tiene capacidad económica suficiente y que el resto abona una cuantía fijada por los servicios sociales en función de sus necesidades, del tipo de dependencia que tengan reconocida si son dependientes y de su capacidad económica computando su renta y su patrimonio, de forma que “nadie paga más del 70 por ciento”.
En 2011 el presupuesto total para esta prestación en la Comunidad ascendió a 72 millones de euros, de los cuales la Junta aportó el 74 por ciento, es decir 53 millones, los usuarios un 13 por ciento (9,5 millones) y las corporaciones locales el otro 13 por ciento (9,5 millones) de media porque son las competentes en esta materia y cada una puede decidir cuánto destina a esta cuestión.
La consejera de Familia indicó que los cambios introducidos por el Real Decreto en materia de dependencia supondrán un ahorro de 4,7 millones este año para la Administración autonómica por la reducción del número de horas para estas personas en los últimos cuatro meses del año, con un gasto estimado total de 48,3 millones. De forma paralela se rebajará la aportación de las entidades locales y “lógicamente” estos usuarios también pagarán menos al recibir menos horas de ayuda.
Marcos resaltó que, mientras que la intensidad de atención ha bajado un 23 por ciento de media para los dependientes, la Junta ha reducido su aportación a la ayuda a domicilio un 9 por ciento porque el 60 por ciento de los usuarios sigue igual y además la norma entró en vigor el 1 de agosto, por lo que solo afecta a los últimos cuatro meses del año.
Mensaje de tranquilidad
La titular de Familia quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad” ya que aseguró que “la Junta de Castilla y León sigue apostando por la aplicación de la Ley de Dependencia” pese a las dificultades presupuestarias, que recordó que han existido desde que se aprobó esta norma en 2007 por los incumplimientos del Gobierno central, que tendría que haber transferido a la Comunidad en los cinco primeros años 456 millones más de euros de los que dio. “La aportación del Estado a las prestaciones por dependencia es insuficiente como lo ha sido siempre”, afirmó.
Marcos recordó que su departamento ha alcanzado pactos en el marco del Diálogo Social y con todo el sector para “ajustar la atención a las personas dependientes garantizando la sostenibilidad financiera del sistema y fomentando además los servicios profesionales, generadores de empleo y garantes de la calidad de la atención frente a los cuidados familiares”.
En el caso concreto de la ayuda a domicilio, destacó que se han ampliado las posibilidades que tienen los usuarios dependientes de acceder a ella ya que, además de poder solicitar la que prestan las entidades locales, ahora pueden adquirirla directamente en la empresa acreditada que quieran, “de forma que ninguna persona dependiente tiene que estar en lista de espera” para recibir esta ayuda.
Asimismo, resaltó que se han incrementado un 20 por ciento las cuantías máximas de ayudas vinculadas (las aportaciones económicas para que compren el servicio directamente) para los usuarios “que menos tienen”. “Esto además potencia el empleo en el ámbito de los servicios sociales, siguiendo nuestra idea de que vayan pasando de los cuidados familiares a los servicios profesionales”, concluyó la consejera.
La Cumbre Social de Navarra convoca una cadena humana contra los recortes el sábado 8 en Pamplona
La Cumbre Social de Navarra ha convocado para este sábado 8 de septiembre una cadena humana en el Paseo de Sarasate de Pamplona para expresar su rechazo a los recortes y en defensa del Estado de Bienestar.
Este movimiento está integrado por 36 entidades que representan a 207 organizaciones sociales y sindicales como UGT, CCOO, Solidari, Afapna, Movimiento 15M-Navarra, Coordinadora de ONGD, Herrikoa, Consejo de la Juventud, Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, o el Colegio Oficial de Trabajo Social.
La movilización de este sábado tendrá lugar a las 19 horas y los convocantes animan a los asistentes a acudir vestidos de rojo, según han explicado en rueda de prensa Isabel Arboniés, de la Plataforma por la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, y Daniel Hernández, secretario de Comunicación de CCOO de Navarra.
Además de esta cadena humana, la Cumbre Social de Navarra llama a los ciudadanos a acudir a Madrid el próximo sábado 15 de septiembre para participar en un acto a nivel nacional. Está previsto que «decenas» de autobuses salgan desde Pamplona a las 5.30 horas, desde Tudela a las 6.30 horas, y desde otros puntos de Navarra aún por concretar.
Isabel Arboniés ha afirmado que «hay razones vitales para movilizarnos» y ha argumentado que «nos reducen salarios, prestaciones por desempleo, pensiones, abaratan los despidos, nos desmontan los servicios públicos de salud y educación, abandonan a los más vulnerables».
La representante de la Cumbre Social de Navarra ha dicho que «la vida diaria ciudadana se ha convertido en un permanente sobresalto» y ha criticado que «el Gobierno del PP y sus seguidores autonómicos han precipitado a amplias capas sociales hacia la abrupta y creciente pobreza, exprimiéndolas hasta los tuétanos con subidas del IVA, servicios básicos y alimentos, mientras regalan amnistías fiscales y toleran fraude y la estafa a los que deberían aportar el grueso de los ingresos públicos con un sistema fiscal progresivo».
Arboniés ha defendido que «la ciudadanía y las organizaciones sociales tenemos una clara percepción de desigualdad de trato, de la aplicación selectiva de leyes, de cómo se manejan diferentes reglas de juego, de la falta de transparencia y del golpe asestado a nuestros derechos y libertades».
Según ha manifestado, «la gravedad de los hechos demanda una rebelión democrática en la que converjan todos los sectores, colectivos y personas que están sometidos a esta nueva forma de esclavitud que nos humilla».
Aerte reclama a la EMT que no quite la línea 31 en la Patacona porque dejaría desasistido uno de sus centros
Familiares y residentes de un centro de Aerte en la Patacona, ubicado en la Avenida Mare Nostrum, han expresado su «alerta» por la privación del servicio de transporte público que reduciría notablemente su calidad de vida, física y emocional, ante la posibilidad de la supresión de la línea 31 de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia a su paso por esta zona.
El centro, que en la actualidad cuenta con un total de 80 usuarios, ha señalado en un comunicado la «alarma» producida por las informaciones que apuntan a esta posibilidad, cuya aplicación «impediría a los residentes recibir con normalidad la visita de sus seres queridos, algo esencial para su bienestar emocional, privándoles al mismo tiempo de su autonomía física y personal, al no poder utilizar ningún medio de transporte para realizar gestiones por sí mismos».
El centro ya se ha puesto en contacto con la EMT y el Ayuntamiento de Valencia para solicitar que esta medida no se lleve a cabo, pues «incidiría negativamente sobre un colectivo socialmente sensible, para quienes las visitas de sus familiares son de gran importancia, pues inciden muy positivamente en su estado de ánimo y estabilidad emocional, así como en el de los familiares».
En especial, según Aerte, «teniendo en cuenta que tanto los usuarios del centro como sus familiares se encuentran empadronados en el municipio de Valencia, por lo que sería una medida ilógica ya que el servicio público repercute en todos los ciudadanos del municipio, además de sobre el colectivo de residentes, un colectivo socialmente sensible».
Para el consejo de usuarios del centro, y para el propio establecimiento, «tanto los usuarios como los familiares de éstos tiene todo el derecho a recibir un servicio público como el que garantiza la EMT». «Máxime en el caso del , que no tiene alternativa de transporte alguna que pueda sustituir a la línea 31», ha añadido. En esta línea, ha apuntado que usuarios y familiares están empezando a asesorarse «para adoptar otro tipo de medidas legales, en el caso de que no se atiendan sus propuestas y se terminen eliminando dichas paradas de la línea 31».
Trabajadores de Servicios Sociales se encierran en centros de discapacitados
Trabajadores de la residencia y del centro de día que atienden a unos 120 discapacitados se han encerrado hoy en el edificio de estas instalaciones en Gijón en protesta por la decisión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Asturias de reducir el personal.
La protesta se mantendrá inicialmente hasta el próximo viernes cuando los sindicatos tienen prevista una nueva reunión con las autoridades del Principado, según ha informado hoy el Comité de Empresa.
La Consejería tiene la intención de reducir casi un 25 por ciento el personal auxiliar educador y eliminar más del 70 por ciento de los educadores de uno de los centros, según han informado fuentes sindicales.
La residencia de internado y el centro de día, ubicados en un mismo edificio en Cabueñes, atienden a unos 120 discapacitados con un personal de 150 empleados para los tres turnos.
Los perceptores de ayudas por dependencia lo tendrán más difícil en Cataluña
La Generalitat de Cataluña envió una carta en agosto informándo a los cuidadores de dependientes que, en aplicación del real decreto ley 20/2012 de 13 de julio, “nos hemos visto obligados a minorar el importe de la prestación económica por cuidador no profesional a partir de la nómina de agosto de este año. Lamentamos las molestias que esta medida le pueda ocasionar y quedamos a su disposición”.Según la Generalitat, los recortes del Gobierno central han provocado esta situación, con el agravante de que “centrifuga las responsabilidades hacia las comunidades”. El Gobierno catalán se queja abiertamente de que está sufragando los gastos que debiera pagar el Ejecutivo central. En el año 2011, por ejemplo, la Generalitat aportó 906 millones de euros y el Estado sólo 258 millones, cuando la ley establece que ambas administraciones han de aportar el 50% cada una. Para 2012, según las previsiones del consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, el Estado rebajaría aún más su aportación hasta los 128 millones.
Cermi anuncia movilizaciones en Andalucía por los «atrasos» en los pagos y ante «posibles recortes» en Dependencia
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha anunciado movilizaciones para el martes 2 de octubre ante «los posibles recortes sociales del 12 por ciento propuesto por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, así como por los impagos, que ascienden a más de 50.000.000 de euros».
Según informa el comité en una nota, existe una «situación grave» de «recortes» que puede ocasionar «el cierre de los centros de personas con discapacidad», algo a lo que hay que sumar «el retraso de los pagos que adeuda la Junta de Andalucía a las entidades miembro».
Por ello Cermi-Andalucía acordó ayer en una reunión urgente un calendario de movilizaciones que se iniciará el martes 2 de octubre. También elaborarán un manifiesto en el que expresarán de nuevo su «indignación y malestar por los recortes sociales que se están llevando a cabo y que hacen inviable el Sistema del Bienestar».
Los integrantes del Cermi en Andalucía son DOWN-Andalucía, Canf-Cocemfe, FAAS, Feaps-Andalucía, Faisem, Feafes-Andalucía, Fapas, Aapace-Andalucía, Autismo-Andalucía, ONCE, Fandace y Feder.
Unos 800.000 jubilados alemanes trabajan en un minijob
Ello se desprende de una respuesta del Gobierno federal a una interpelación parlamentaria del partido de La Izquierda que publica hoy el rotativo Süddeutsche Zeitung.
Los minijob se han hecho atractivos para los pensionistas desde su regulación en 2003 ya que permiten tener ingresos suplementarios por un trabajo mínimo de hasta 400 euros al mes que no son gravados fiscalmente ni deben cotizar en las cajas sociales.
Sin embargo, el diario subraya que aumenta también la cifra de pensionistas mayores de 65 años que no se conforman con un mini-empleo de hasta 400 euros al mes.
Según datos de la Agencia Federal de Empleo (BA) a finales de 2011 había en Alemania 154.000 personas en edad de jubilación que contaban con un empleo de plena cotización, cifra que se ha duplicado desde 1999.
La citada agencia subraya que la mayoría de ellos, unos 80.000 cuenta incluso con un puesto de trabajo de horario completo y destaca que la estadística no incluye a los trabajadores autónomos en edad de jubilación.
«Muchos quieren trabajar porque se sienten en forma», declara en el rotativo Holger Schäfer, experto en mercado laboral del Instituto de la Economía Alemana (IW), quien comenta que una gran parte de esas personas en edad de jubilación cuentan con una elevada cualificación.
Añade que «eso indica que las necesidades financieras no son en muchos casos el motivo principal» para seguir trabajando, pese a haber superado los 65 años de edad.
Por el contrario, Ulrike Mascher, presidenta del organismo social VdK, asegura que la mayoría de los 120.000 mayores de 75 años que practica un minijob «no son precisamente profesores universitarios que quieren trabajar más tiempo».
«Se trata más bien de jubilados que reparten periódicos, llenan las estanterías de supermercados y practican otros oficios poco atractivos para mejorar sus pensiones», señala la experta, para quien aumenta el número de personas a quienes no les alcanza su pensión para vivir.
Las cifras del gobierno confirman además que las pensiones se han ido reduciendo de manera continuada y quien en 2000 se convirtió en pensionista tras 35 años de vida laboral cobraba una renta media de 1.035 euros, que se han reducido a 953 en 2011.
Un centro de Alzheimer en Castellón cierra por la deuda del Gobierno valenciano, según asociación de familiares
La gerente de la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Castellón, Silvia Ramos, ha confirmado que el centro de día de atención a enfermos La Pineda, cerrará el próximo 31 de agosto tanto por la deuda del Consell como por no haberles concedido el Ayuntamiento la licencia, tras 12 años de actividad.
Ramos ha lamentado que las administraciones «no apoyan este centro de Castellón». «El Ayuntamiento no nos concede la licencia y la Conselleria de Bienestar nos corta la subvención, además de adeudarnos 450.000 euros. Estamos totalmente desamparados», ha apuntado.
En declaraciones a Europa Press, Ramos ha lamentado que «tras 12 años de actividad, del Ayuntamiento asegurarnos que nos concedería la licencia y, por tanto, no tendríamos problema para obtener las subvenciones, nos hayamos enterado por la prensa de que no nos concederán la licencia».
En este sentido, la gerente ha asegurado que han luchado «todo» lo que han podido «porque somos conscientes de que hay que solucionarlo pero si el alcalde de Castellón dice que no nos da la licencia, estamos atados de pies y manos». Así, ha añadido que sólo les queda «el cierre y reubicar a los enfermos y trabajadores».
Al respecto, Ramos ha incidido en que desde AFA Castellón se han buscado «alternativas» para solucionar este aspecto como buscar otros locales y, en este sentido se han propuesto, lugares como «el Asilo de Gobernador y la antigua comisaría, pero nos han respondido que no».
Además, la gerente de AFA Castellón, que gestiona este centro y otros nueve de la provincia, ha recordado que la Conselleria de Bienestar les adeuda un total de «450.000 euros de los años 2010, 2011 y 2012».
«La cuerda cada vez se tensa más» y ha añadido que, desde el pasado mes de julio, no reciben las subvenciones de la Conselleria y esto hace que «no podamos aguantar más», ha advertido. Así, la gerente ha hecho hincapié en que AFA Castellón es «una referencia, tanto por el entorno como porque ofrecemos una atención especializada. Familiares y enfermos están muy contentos y es una pena que por temas burocráticos tengamos que cerrar y los usuarios no tengan esta especialización».
REUBICACIÓN
De cualquier forma, la gerente ha incidido en que los 20 usuarios, ya que algunos ya han sido recolocados en el centro de Gran Vía, se reubicarán en la unidad de respiro de Castellón, en el centro de día de Onda y en el de Villarreal, cuando esté terminado, «esperamos que en un máximo de cuatro meses».
Con respecto al nuevo centro de día de Gran Vía, desde AFA se muestran satisfechos con su puesta en marcha pero señalan que sólo dispone de 32 plazas y «no cubre las necesidades. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Castellón hay entre 12.000 y 15.000 l personas afectadas por Alzheimer».
Además, de los nueve trabajadores que actualmente trabajan en La Pineda, «porque ya nos hemos visto obligados a realizar un ERE», «vamos a intentar buscar la solución lo mas digna posible, y no dejarlos en la calle recolocándolos en el centro de respiro de Castellón y otros en Villarreal».
FIESTA DE DESPEDIDA
Con todo, la gerente ha avanzado que el próximo viernes 31 de agosto, el día del cierre, «celebraremos una fiesta en conmemoración del día mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre». Así, se realizarán unas Olimpiadas y se entregará una llave del centro como recuerdo, «haremos una despedida lo más digna posible» asegura Silvia Ramos quien reitera «es una lástima que un centro con estas características se tenga que cerrar».
REACCIONES POLÍTICAS
En relación con este cierra, la secretaria de Bienestar Social del PSPV en Castelló, Rosa Marco, ha calificado de «lamentable e injustificado» este hecho. La dirigente socialista se ha mostrado solidaria con los usuarios y trabajadores y ha exigido que «tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Conselleria de Bienestar Social eviten el cierre del centro, siempre y cuando, tengan la intención y la voluntad de que se continúe prestando esta asistencia a las personas enfermas de Alzhéimer».
Por su parte, la concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Castellón, Carmen Carreras, ha lamentado el cierre de La Pineda, al tiempo que ha acusado al PP de no hacer «absolutamente nada» para evitarlo. Además, Carreras ha anunciado que su formación presentará una moción en el pleno de Castellón para pedir que el ayuntamiento ponga a disposición de la asociación un local adecuado «para poder continuar desarrollando adecuadamente su tarea».
Oltra afirma que la reforma de la Ley de Dependencia supondrá otro recorte de derechos
Compromís considera que la modificación de la Ley de la Dependencia «que hará el PP, es un recorte más en los derechos sociales» y por ese motivo ha presentando una iniciativa parlamentaria para «hacer recapacitar» al Gobierno que preside Mariano Rajoy sobre de la reforma de esta ley.
Según los datos con los que cuenta la coalición de izquierdas, la modificación de la ley «agrava la precariedad en la que viven muchos valencianos», puesto que el recorte en la Comunitat supone una bajada de 51 millones de euros en ayudas a los cuidadores y a los dependientes, han apuntado en un comunicado.
Así lo señala el Observatorio Estatal de Dependencia en su informe «Impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia», pero además, la supresión de las cotizaciones de la Seguridad Social de los cuidadores «añade una disminución de 15 millones de euros a todos los valencianos».
Para la diputada de Compromís Mónica Oltra la modificación de la Ley de Dependencia es «eminentemente un recorte» en el presupuesto y, por lo tanto, un «recorte en prestaciones y derechos sociales. ¿Por qué le dicen modificación cuando en realidad quieren decir recorte?» ha denunciado la encargada de temas de Salud y Bienestar Social de Compromís en el parlamento valenciano.
