Recortes
El sector de la dependencia alerta de la «inviabilidad económica inmediata» de los centros en Cantabria
Empresas del sector se han reunido este lunes en las instalaciones de Ceoe-Cepyme Cantabria, y han expresado su «muy alto grado» de preocupación por una situación que afecta a «la mayoría» de los centros de atención a dependientes de la comunidad autónoma.
En un comunicado, la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (CESDE) anuncia que el 5 de septiembre los representantes del Sector de la Dependencia mantendrán una reunión con la consejera, María José Sáenz de Buruaga, en un encuentro del que esperan que «salgan soluciones que permitan mantener los Servicios de Atención a la Dependencia y la viabilidad de los Centros de Cantabria».
Recientemente, el sector pronosticaba que antes de final de año se producirán cierres de sus centros como consecuencia de la bajada de los precios concertados por la atención a dependientes que se les acaba de comunicar desde el Gobierno de Cantabria.
La Ley de Dependencia estructura la asistencia en función del estado del usuario, con tres grados, de menos a más, cada uno de ellos con dos niveles, que han quedado eliminados.
Una de las consecuencias de la desaparición de los niveles, decidida por el Gobierno central, ha sido los cambios en los importes que percibían las residencias concertadas.
Lo que sucede es que también había diferenciación en las cantidad de los grados en que se subdividían, mayor según aumentaba la gravedad, y al desaparecer, se supone un descenso en el dinero que recibía, cifrado en un 17,13% ó 15,82%, según los casos y una media del 9,5%.
El efecto que tiene esta medida fue un descenso en la facturación cuando los beneficios, en un sector en el que son fijos y constantes, se mantienen en el 10%, con lo cual se producen pérdidas, explicaban las empresas, que también criticaban el efecto del aumento del IVA.
Las residencias recordaban que en total el sector concentra 3.000 puestos de trabajo, de los que en torno a mil se corresponden con los de esta asociación.
CCOO cree que la Dependencia está «herida de muerte» por la reforma del Gobierno y los recortes de la Junta de Andalucía
El sindicato Comfia-CCOO ha señalado recientemente que el Sistema para la Autonomía de las Personas Dependientes está «herido de muerte» tras las reformas de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno Estatal y los «recortes laborales» por el Gobierno autonómico de la Junta.
Según indica en una nota esta organización, sendos gobiernos «han abandonado a las personas cuya calidad de vida depende en gran medida de la aplicación de la Ley de Dependencia y, con el abandono de los usuarios, se ha hecho lo propio con los trabajadores, tanto de las personas que prestan la atención a los dependientes como de aquellos que gestionaban la Ley, en concreto, la plantilla de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda)».
CCOO lamenta que la Junta, asegurando que era para evitar despidos, aprobara un plan de ajuste económico-financiero, «reduciendo así considerablemente las condiciones y derechos laborales en la Assda». Como resultado de este «decretazo», el sindicato asegura que «el 60 por ciento de la plantilla ha sufrido el recorte, impuesto, del diez por ciento de jornada laboral y salarial». «Esto, además de la merma de condiciones laborales, implica para los beneficiarios la disminución de miles de horas al mes efectivas de trabajo y por tanto la disminución en la atención a los mismos», añade.
El sindicato también critica que «nuestros gobernantes nuevamente incumplen sus palabras y programas electorales, primero sobrepasando la línea roja que prometieron no cruzar: no afectar a los servicios y derechos sociales, y en segundo lugar, procediendo a despedir a un número considerable de trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía».
Sobre este último aspecto, CCOO ha añadido que la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía «no está autorizando la renovación de los contratos temporales del personal de la Assda y esto ha conllevado a que, entre julio y agosto, decenas de personas, ya hayan perdido sus puestos de trabajos; si esta es la tónica a seguir, mucho nos tememos que, continuarán los despidos». Por todo ello, la organización reitera que estamos «asistiendo, lamentablemente, a la muerte del modelo social tal como se conocía hasta ahora».
Sindicatos critican que los «recortes brutales» en la Ayuda a Domicilio de la Diputación afectarán a 2.500 leoneses
Los sindicatos CCOO, UGT Y CSI-F han criticado recientemente los «recortes brutales» aplicados por parte de la Diputación de León en el Servicio de Ayuda a Domicilio y que, a su juicio, afectarán a 2.500 leoneses.
La responsable autonómica de Servicios Privados de Comisiones Obrers, Inmaculada de Pablos, ha explicado que la Diputación de León ha comunicado a los usuarios y las empresas que las concesiones «se van a ver reducidas en un 40 por ciento», lo que significa que «usuarios que tenían una prestación de 22 horas mensuales, reducirán su prestación a seis horas por lo que muchos podrían rechazar la oferta por no cubrir sus necesidades».
Esto tendrá, según De Pablos una repercusión sobre el empleo y al mismo tiempo «degradará la calidad del servicio». Alrededor de 800 trabajadoras que desempeñan en este momento esta labor «pueden verse muy afectadas». «Muchas de ellas ya tienen contratos parciales, y con esta reducción pueden ver afectadas sus condiciones laborales», ha añadido.
Del mismo modo, los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones durante la primera quincena de septiembre si no se modifica este asunto y que irán encaminadas «tanto a los usuarios de este servicio como a los trabajadores».
Por último, los sindicatos han criticado que un «servicio estrella» como es la Ley de Dependencia en Castilla y León se encuentre «en riesgo».
Las recortes en dependencia tienen rostro humano
Juan Antonio de la Cruz tiene 18 años y es fan de ‘La Roja’. Luce orgulloso su camiseta, pero nunca ha ido a un partido. Podría seguirlo sin mayores problemas, ya que “se entera de absolutamente todo”, como presume María Dolores Sánchez Maldonado, o Lola a secas, su madre. Pero hay otras prioridades. Juan Antonio tiene parálisis cerebral desde que nació y todos los recursos económicos de su familia están volcados en él. Y las ayudas públicas que recibía él y otras personas como él, considerados dependientes, cada vez es menor por los las medidas de austeridad para reducir el déficit.
Hasta el año pasado, una asistente pagada con dinero público ayudaba a su madre a levantarlo por las mañanas y otra se pasaba un par de horas por la tarde con él. Pero “el 23 de mayo de 2011, a las 8:15 de la mañana, me llamaron para anunciarme que me retiraban ese apoyo. Me dijeron que había otra gente que se lo merecía más que mi hijo”, explica Lola, de 56 años. El 23 de mayo fue el día después de unas elecciones en la Comunidad de Madrid. En ellas, el Partido Popular volvió a cosechar una mayoría absoluta, por lo que el recorte de la prestación a familias como la de Lola y Juan Antonio sólo podía estar decidido de antemano.
Las ayudas públicas también aportaron 700 euros para costear la silla de ruedas que necesita Juan Antonio, que en total cuesta 4.500. La silla es casi una extensión de su cuerpo, ya que en ella reposan sus 35 kilos la mayor parte del día, siempre en diferentes posturas para evitar problemas de circulación. A pesar de los 2.000 euros adicionales invertidos en complementos y nuevas piezas, la silla de Juan Antonio se ha quedado vieja y Lola está pensando en comprar otra. Esta vez no recibirá esos 700 euros, porque el Gobierno ha suprimido la ayuda.
«SOY UNA AFORTUNADA»
Pese a todo, Lola se considera “una afortunada”. “Me puedo permitir cuidar a mi hijo porque no fumo, ni bebo, ni voy a la peluquería, ni me maquillo”, explica. “Llevo muchos años trabajando y cuento con la ayuda de mi pareja para ocuparme de mi hijo y salir adelante”, añade.
Juan Antonio tiene un nivel de discapacidad del 89%. Apenas se mueve o habla y tiene que ser alimentado por una sonda a través del ombligo. Siempre tendrá que estar atendido por otra persona. Pero cada vez está peor atendido por el Estado. El mes pasado, el Gobierno anunció recortes en la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 y que garantizó, por primera vez en toda España, el derecho a una ayuda pública de las personas que no se valen por sí mismas.
Entre 2012 y 2014, el Gobierno prevé recortar 3.020 millones de euros en la partida destinada a Dependencia, pero de momento no ha desvelado todas las medidas para cumplir el objetivo. Entre los ajustes presentados está la reducción en un 15% de la financiación, que se lleva a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, y una moratoria de dos años para la tramitación de los expedientes y el inicio de las ayudas. “Muchas personas se morirán esperando las ayudas”, lamenta Purificación Causapié, que fue directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con el anterior Gobierno. Tras cumplir la mayoría de edad, Juan Antonio podría acogerse a las prestaciones de la Ley de la Dependencia, pero a su madre no le sale a cuenta.
Como consecuencia de las políticas de austeridad, Lola pasará a pagar un 50% de las medicinas de su hijo. Ahora paga un 40% por las cuatro pastillas que toma Juan Antonio al día. “Sólo el año pasado me gasté 1.500 euros en las medicinas que están parcialmente cubiertas, pero este año creo que llegaré a los 2.000 por este aumento”, lamenta. El joven, incontinente, utiliza como mínimo 5 pañales al día que su madre tiene que costear en su totalidad. El impuesto que grava el consumo sube para los pañales desde el 8% al 21% a partir de septiembre, por lo que Lola se resigna a pasar sus vacaciones en su casa, por la que está acabando de pagar una hipoteca. También suben los impuestos para las jeringuillas con las que da de comer a su hijo a través del ombligo. Gasta una a la semana, pero Lola ya ha aprendido “los trucos para lograr que duren un poco más”. “Lo que no entiendo es por qué no le suben así los impuestos a la joyería, a los coches de lujo o los ricos y a las empresas que montan para esquivar sus obligaciones fiscales”, razona.
UN RECORTE DE GÉNERO
El encarecimiento de las medicinas también le afecta a la propia Lola, que sufre de dolores crónicos, fibromialgia y las secuelas de un cáncer de mama que sufrió hace años. Por eso fundó, junto a otras DCYDE, la Asociación de Fibromialgia, Dolor Crónico y Dependencia. Desde allí asesoran a nuevas familias con este tipo de problemas.
Es verano en Madrid y Juan Antonio puede, al menos, “hacer lo que más le gusta: pasear, ver gente, descubrir sitios nuevos”. Por fortuna, como recuerda su madre, eso es barato. En una cafetería se encuentran con María Teresa Lozano, que cuidó “toda la vida” de su padre y de su madre, hasta que se murieron. Acaba de recibir una carta en la que el Gobierno regional le deniega ayudas de Dependencia para cuidar de su madre, a pesar de que ésta falleció hace cuatro años. Su caso es el de la cuidadora de dependientes mayores, que son la mayoría de las casi 800.000 personas que reciben algún tipo de ayuda pública.
Según Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, los ajustes en este tipo de ayudas son en toda regla un recorte de género. “Las mujeres, que son tradicionalmente las que más a menudo cuidan de sus padres mayores, tienen también un salario menor que los hombres. En realidad, lo que se está creando es una bolsa de mujeres en riesgo de pobreza”, advierte.
Lola y Maria Teresa lamentan su suerte, aunque repiten insistentemente que podrían estar peor. Eso sí, los años dorados de la economía no volverán. “Antes de entrar en el euro, cobraba más o menos lo mismo, pero todo estaba mucho más barato”, dice Lola.
«FUENTE DE PREOCUPACIONES, PERO TAMBIÉN MOTOR»
Las dos tienen un plan. “Cuando cumplamos los 67 años [edad legal de jubilación], compramos unas pistolas, atracamos un banco y nos vamos a la cárcel, con cuatro comidas al día, a que nos cuiden”, bromea Lola.
A su lado, Juan Antonio también sonríe, aunque es muy difícil adivinar hasta donde llega en realidad su consciencia. ¿Quién lo cuidaría a él si siguen los recortes y se siguen reduciendo las ayudas públicas? “Juan Antonio es mi fuente de preocupaciones, pero también mi motor. Eso sí, le pido a Dios que se lo lleve antes que a mí”, confiesa Lola, por primera vez con lágrimas en los ojos. Pero para eso todavía falta mucho tiempo y a ella todavía le queda mucho que luchar. Lola se recompone rápidamente y antes de volver con su hijo a casa, le pregunta: “Juan Antonio, ¿cuántas novias tienes?”. El joven, desde su silla, responde con una sonora carcajada.
Joan Costa i Font, «La atención a la dependencia se diseñó rápido y sin pensar demasiado»
Los recortes en la atención a las personas dependientes (los más llamativos hasta ahora han sido el aumento del copago y la rebaja en las ayudas por cuidados familiares, sin contar el impago de las nóminas de julio a los geriátricos catalanes) han eclipsado la discusión de fondo: cómo financiar las prestaciones públicas cuando la economía está en recesión y el desempleo es elevado. A ese dilema se refiere Joan Costa i Font, profesor permanente de Economía Política en London School of Economics and Political Science, una de las instituciones académicas más influyentes en su ámbito. Especializado en economía de la salud y en políticas sociales, el docente critica que los partidos polemicen ruidosamente sobre los derechos de los ciudadanos mientras negocian entre bambalinas la forma de pagarlos. «Algo bueno que traerá esta crisis es una cierta desconfianza hacia los políticos, y una presión sobre los medios de comunicación para que supervisen sus acciones».El ayuntamiento de Castelló solo recauda 19.000 euros por cobrar este servicio
El Ayuntamiento de Castelló solo prevé recaudar 19.000 euros al año a través del nuevo precio público que ha establecido en el transporte adaptado municipal. La concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, adujo en el pleno de junio que la ciudadanía de Castelló «no tiene por qué pagar un servicio que utiliza un número determinado de castellonenses» y aseguró que para las personas sin recursos seguiría siendo gratuito.
Los grupos de la oposición (PSPV, Bloc y EU) rechazaron esta medida en una áspera sesión plenaria, mientras una usuario entregó a la regidora 600 firmas en contra de este copago. ¿Es justo que ustedes usen el coche oficial de forma gratuita y se cobre a personas que necesitan este medio», subrayó en el debate la concejala del PSPV Inmaculada Enguídanos. Las tres formaciones recordaron que los usuarios, que son personas con movilidad reducida, no tienen otros medios para poder moverse.
«Sólo tienen este transporte para poder moverse. No es un lujo. ¿Cuántos usuarios utilizan los coches oficiales?. Seguro que este servicio es más prescindible que el transporte adaptado», indicó la portavoz de Esquerra Unida, Carmen Carreras, mientras el edil del Bloc Nacionalista, Enric Nomdedéu, reiteró que los que hacen uso de él es por «necesidad». Este copago es rechazado de forma unánime de las organizaciones de dependientes de Castelló. No obstante, de momento han optado por un tono reivindicativo de baja intensidad y abogan por mantener los puentes de diálogo con la administración local.
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Retrasos en el pago del Plan Prepara deja a miles de personas sin recibir la ayuda
Sola y sin ayudas. Verónica Estevan, valenciana de 37 años, no ha recibido en julio los 400 euros del Plan Prepara y tampoco la ayuda a la dependencia que le reconocieron a su madre el pasado diciembre. “Ni un solo mes”, asegura. Pese a que no tiene que pagar vivienda, las facturas de la luz, el agua o el gas siguen llegando a su buzón. La última, la que tendría que abonar al administrador, la ha devuelto acompañada de la promesa de que la pagará más adelante. Ahora no puede.
Estevan es una de los miles de afectados por los retrasos en los pagos del Plan Prepara que el Ministerio de Empleo dijo que se debían a un «problema contable». En julio tendría que haber cobrado el último plazo de la ayuda que le corresponde, pero sus cuentas bancarias siguen en números rojos. “En el banco me dicen que no puede ser que no sepa cuándo voy a cobrar”, dice. Lo cierto es que no lo sabe. Tampoco sabe en qué momento le ingresarán los 300 euros que le han reconocido como cuidadora familiar de su madre (con una dependencia severa de Grado 2, Nivel 1). “¿Qué voy a hacer cuando no cobre los 400 euros? Pasar hambre”, responde.
“La Administración y yo no nos llevamos bien”, admite. Estevan es una de las 275.000 personas que esperan la ayuda a la dependencia que tienen reconocida, pero que no reciben. El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo. Y nadie da una respuesta al otro lado del teléfono: “Me dicen que falta no sé qué firma”. Pero esta valenciana sospecha que tales explicaciones son “excusas para retrasar el pago”. Tampoco en la oficina de empleo le dicen cuándo cobrará el Prepara.
Su madre, de 85 años, es su única familia. Hace tres años le pusieron un marcapasos, hace uno le detectaron un tumor en la columna, cuya operación la ha dejado postrada en una cama. Y hace apenas unos meses sufrió una isquemia intestinal. Entre el pago de medicamentos, una silla de ruedas y un colchón articulado —algunos de ellos gastos reembolsables que tampoco ha cobrado— Estevan se ha gastado sus ahorros. No tiene ni para los pañales, por eso en la farmacia de su barrio — “saben mi situación y me echan una manilla”, explica— le dan los paquetes que reciben de muestra y así no tiene que pagarlos. Otros comercios le fían la compra a la espera de que la ayuda a la dependencia de un respiro a su cuenta bancaría.
El copago de los medicamentos anunciado por el Gobierno en abril, también para los jubilados (que deben abonar un 10% de la factura hasta un máximo de ocho euros mensuales), es otro de los dolores de cabeza de Estevan. Ocho euros al mes no es un gasto elevado en la mayoría de hogares, pero adelantar el coste de los medicamentos —que algunos meses supera los 3.000 euros— en casa de Estevan es misión imposible.
No siempre fue así. Licenciada en Relaciones Laborales y con varios másteres, recalca que para ella el trabajo es “sagrado” y siempre se ha esforzado por hacerlo bien. “Pero la vida me dio un revés”, dice en referencia al fallecimiento de su padre en 2008 y al deterioro de la salud de su madre desde 2009. Antes, tenía un buen sueldo (36.000 euros anuales en su mejor época) y sueños por delante. Ahora, después de reducir su jornada (y su retribución) y después abandonar su empleo, su día se centra en cuidar de su progenitora y llamar insistentemente preguntando cuándo llegará el dinero. “No puedo buscar un empleo si no me ayudan. No puedo dejar a mi madre sola”, explica. “Intenté montar una empresa en casa, para hacer nóminas, pero era imposible”. Tampoco sale y para ir a la farmacia le pide a una vecina que se quede en su casa “por si pasa algo”. Estevan dice sentirse “atrapada” en su barrio.
Desesperada, se tragó su orgullo —“es terrible suplicar y pedir limosna a tus dirigentes”, dice— y escribió un correo electrónico al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo ayuda. “Yo le voté, no me decepcione por favor. Haga algo”, decía la carta. También ha escrito a cargos políticos valencianos relacionados con el bienestar social. Ninguna de sus misivas ha obtenido respuesta. Estevan empieza a pensar que se le agotan las opciones. Sin colchón familiar y sin dinero, los vecinos son su única red de salvación. “Pero los supermercados no dan comida gratis”, dice.
“Yo sé que las cosas están mal, sé lo que es la prima de riesgo y conozco la situación de España”, esgrime. Pero Estevan insiste en que no pide ayuda por capricho, sino por necesidad. “Si recibiera la dependencia podría contratar a alguien y trabajar a media jornada”, afirma con esperanza. Cuenta con orgullo que cuando acudía a su cita con la orientadora laboral del Plan Prepara, ésta le decía que estaba hiper cualificada.
Pero rápido sus palabras vuelven a la realidad: “Estoy desesperada. El daño y las deudas las llevo dentro”.
Carta a Mariano Rajoy
Estimado Sr. Rajoy:
Mi nombre es Verónica Estevan, tengo 37 años y le escribo desde Valencia, sé que no será usted quien lea este mensaje, o simplemente no será leído, pero formo parte del pueblo español y me veo en la obligación de comunicarle mi situación como ciudadana.
Verá usted, yo trabajaba como responsable de RRHH después de pasarme media vida estudiando carreras y másteres y ser muy valorada por mi trabajo; la vida me dio un revés y mi madre enfermó bastante, de manera que primero me reduje la jornada y luego me vi en la obligación de dejar de trabajar para cuidarla, ya que no tengo hermanos ni familia directa; mi madre está encamada y me necesita. Ha sido la decisión más dura de mi vida, me encantaba trabajar, mis nóminas, mi prevención de riesgos, mi selección, mi trabajo… he tenido que rechazar 3 empleos en los últimos 3 años porque mi madre va de mal en peor (lo último ha sido un infarto en el intestino el mes pasado); solicito ayuda en base a la ley de dependencia y no es porque quiera aprovecharme del estado, sino porque la necesito.
Estoy agotada, mido 1,50 (o metro y medio) y físicamente levantar, asear y darle una vida medio digna a mi madre ha hecho que pierda 15 kilogramos en un año, no duermo por la preocupación y sigo esperando una pequeña ayuda de la dependencia, que me dé un alivio económico, físico y emocional. Yo soy una persona, tengo sentimientos, tenía sueños y una carrera profesional por delante, ahora me estoy dejando la piel y la vida por mi madre, lo hago porque la quiero más que a nada en el mundo, porque ella lo merece, porque lo necesita y porque me hace feliz ayudar a quien lo necesita; pero me faltan fuerzas y recursos. No puedo irme a mas de 5 minutos de mi casa por si mi madre necesita orinar, llorar, levantarse o cualquier cosa, de manera que me encuentro presa en mi barrio.
No entiendo por qué no me pagan la silla de ruedas que compré en septiembre del 2011 y me dijeron que me pagarían; no entiendo porque no puede tener un collar o pulsera de tele asistencia por si yo estoy comprando, en el médico o en la farmacia y le pasa algo (la explicación es que no vive sola…); no entiendo que gran mal he hecho al mundo o a este país o a quien sea para que no me ayude nadie en nada.
Estudié mucho, creía en las leyes, creía en la economía, creía en la política, creía en un mañana prospero. Ahora solo creo en el dolor que veo cada día y en que Dios si existe es para ahogar.
Yo sé en qué estado se encuentra España y que debemos apretarnos el cinturón, pero estoy a punto de apretarme el cinturón en el cuello, por favor se lo ruego ayúdeme, haga algo por favor.
Yo siempre he defendido una política económica de derechas porque creo que es así como se genera empleo y consumo, ahora me da dolor de estomago ver las noticias y me vuelve loca no poder trabajar, ver sufrir a mi madre y ver números rojos en mi cuenta. Yo le voté a usted. no me decepcione por favor, mi madre es una excelente persona (yo no tanto).
Gracias por leerme (no creo que lo haya hecho, pero bueno…)
En espera de sus noticias, se despide atentamente,
Verónica Estevan Huerta
Los recortes ponen en peligro el programa de respiro para cuidadores
La denuncia llegaba a las redacciones a través de un comunicado de CC OO, en el que el sindicato aseguraba que la Junta de Andalucía suprimirá la asignación económica destinada a los programas de respiro familiar dirigido a los cuidadores de personas en situación de grave dependencia. Por la tarde, un portavoz de la Junta desmentía «de forma categórica» esta información y aseguraba que no se había comunicado la supresión de dicho programa. No obstante decía que en estos momentos se está estudiando la reestructuración y los ajustes que se tienen que hacer «después de que el Gobierno central haya recortado 83 millones de euros en los presupuestos destinados a la dependencia», aunque insistía en que no hay decisión tomada sobre los programas que se verán afectados.Aragón, al frente de la reducción de inversión pública en dependencia
Las personas dependientes de Aragón serán unas de las principales damnificadas por los cambios efectuados desde el Gobierno central en el desarrollo de la Ley de Dependencia y que, principalmente, supondrán una reducción en la inversión. Así, según un informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, la comunidad será la cuarta con una mayor reducción (17,3%) de la inversión pública para la atención a este colectivo, solo superada por Murcia y Baleares (18,9%) y Canarias (22,7%)
El porcentaje supondrá una merma superior a los 26 millones de euros respecto al 2011, producto de la suma de los recortes provocados por la reducción de aportaciones estatales y la posibilidad otorgada a las comunidades autónomas de implementar ahorros.
SUPRESIONES Entre las actuaciones del Gobierno central figuran la supresión del nivel convenido de financiación con las comunidades, ya reflejado en los presupuestos y que supondrá más de 11 millones de euros menos a Aragón. Además, el decreto 20/2012 del 13 de julio del 2012 modificar varios elementos sustanciales de la ley y reduce las entregas a las regiones por el nivel mínimo garantizado en una media del 13,24%. Aquí, ese recorte estatal se acercará a los 3 millones de euros. En total, el informe advierte de un quebranto económico para las arcas autonómicas superior a los 14 milones de euros, lo que supone una reducción del 27,24% sobre la financiación estatal del 2011. La Rioja (29%), Asturias (28,92%) y Castilla y León (27,42%) son las únicas que soportarían una rebaja mayor.
Además, el decreto también incluye medidas de reducción del gasto que favorecerán a las comunidades autónomas, entre las que se incluye la rebaja de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) en un 15% a partir del 1 de agosto y la eliminación, a partir de esa misma fecha, del derecho a percibir de forma retroactiva los importes de esas prestaciones en los casos en que se hubieran devengado.
En el primer apartado, el Ejecutivo autonómico obtendrá un ahorro estimado de 3,7 millones de euros y el beneficio del ahorro de la supresión de la retroactividad ascenderá a 8,4, lo que eleva hasta los 12,1 millones el ahorro potencial para la comunidad aragonesa –305 millones en total entre todas las autonomías–.
Así, el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia establece un impacto total, entre las dos reducciones procedentes del Estado y el ahorro del que se beneficiarán las arcas autonómicas, de más de 26 millones de euros, es decir, un 17% respecto al 2011 y un porcentaje muy superior al 11,2% de la media nacional.
El informe advierte, en este sentido, de que «los territorios que ya presentaban datos de gestión muy deficientes reducirán aún más la inversión pública en el sistema, empeorando así con toda seguridad la evolución de las atenciones que prestan» y expone que, por el contrario, las comunidades que presentaban mejores datos de gestión «tienen mucho menos margen de ahorro y se verán abocados a adoptar decisiones drásticas para salvaguardar los equilibrios presupuestarios, empeorando así sus ratios de atención».
IMPACTO POR PERSONA El recorte repercutirá en un impacto global en cinco meses –desde agosto a diciembre– de 344 euros por persona, es decir, algo más de 65 euros al mes por persona atendida. También en este apartado Aragón ocupa la tercera posición en las comunidades más afectadas, por detrás de Canarias (79,59) y Baleares (71,41). En el resto del país, esta suma apenas alcanza los 52 euros, por lo que cada dependiente aragonés percibirá unos 13 euros menos que lo que se hará a nivel nacional.
En total, la atención a las personas con derecho contará con una media de 274 euros menos de aquí a final de año, es decir, el recorte a cada dependiente aragonés será 70 euros superior a la media nacional.
Baja un 30% la prestación de más de 25.000 cuidadores familiares de dependientes
Más de 25.000 personas de Castilla y León que reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar de un dependiente percibirán desde este mes de agosto un 30 por ciento menos de asignación, tras la entrada en vigor el pasado día 1 de la orden que modifica las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad.
Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a Ical, a 1 de junio de 2012 había en la región 25.486 cuidadores familiares no profesionales que recibían una prestación mensual media de unos 380 euros, que ahora se reducirá en un 30 por ciento, un 15 por ciento como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y otro 15 por ciento por decisión de la Junta para potenciar las prestaciones por servicios profesionales.
De esos 25.486 cuidadores familiares no profesionales, 11.744 estaban además acogidos a un convenio especial por el que el Estado también les abona una cuota a la Seguridad Social al no cotizar por otras vías, un beneficio que sí seguirán teniendo aunque se ha eliminado para los nuevos usuarios.
La Junta ha demandado reiteradamente desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 que se primen los servicios profesionales frente a los cuidados en el entorno familiar, que según la norma deberían utilizarse sólo en casos excepcionales. De hecho, es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje destina al pago de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y más a financiar servicios.
Así, sólo el 41,2 por ciento de los 61.839 dependientes con prestación reconocida (77.778 prestaciones ya que una persona puede tener varias) que había en la región a 1 de junio eran atendidos por un miembro de su familia, mientras que en España ese porcentaje se elevaba a un 58 por ciento de los 750.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia, con un total de 435.180 cuidadores familiares con paga, de los que a 179.435 el Estado les abonaba además su cotización a la Seguridad Social. Esto supone que en la Comunidad los servicios representan el 67,94 por ciento de las prestaciones por dependencia, frente al 54,68 por ciento estatal.
Con esta reducción de la paga a los cuidadores no profesionales, la Consejería de Familia calcula que unas 25.000 personas dependientes pasarán de ser atendidas por familiares a recibir servicios profesionales, tanto residenciales como a domicilio, lo que permitiría crear 16.700 puestos de trabajo en centros residenciales u 11.000 en atención domiciliaria.
Requisitos
La normativa estatal establece que pueden asumir la condición de cuidadores no profesionales el cónyuge de la persona dependiente y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. La reforma introduce como novedad que a partir de ahora deberán acreditar unos conocimientos mínimos para poder acceder a esta asignación, con el objetivo de dar prioridad a la atención profesional.
El importe de la prestación económica que reciben depende de la capacidad económica del beneficiario y del grado y nivel de dependencia de la persona a la que atienden. El máximo mensual establecido en 2012 para un cuidador a tiempo completo era de 520,69 euros al mes, para una persona que atendiera a un gran dependiente de nivel 2, y el mínimo de 180 euros, para el de un dependiente moderado de grado 1, unas cuantías que ahora se reducen un 30 por ciento de media.
Así, tras la simplificación de los grados y niveles de dependencia, que pasan de seis a tres, en Castilla y León los cuidadores familiares de grandes dependientes cobrarán una media de 319,23 euros; los de dependientes severos, 221,36 euros, y los de dependientes moderados, 126 euros al mes.
Los recortes en Dependencia perjudican a las comunidades que mejor gestionan
Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas económicas.
Estas conclusiones se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.
Pero pierde más Castilla y León porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.
Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
El informe señala que solo con mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto, 400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.
Entrevista a Pilar Ramos, Directora General de AMADE
Por su interés, os dejamos el enlace con una entrevista reciente a Pilar Ramos, Directora General de AMADE.
La Federación de Mujeres Rurales avisa de que recortes en dependencia y educación llevan a modelos «preconstitucionales»
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y Unións Agrarias (UU.AA) han advertido este martes de los efectos que tendrán los recortes en dependencia entre las gallegas de este ámbito, a las que «afectarán directamente», y de la reducción de unidades escolares en las zonas no urbanas, que llevan a modelos «preconstitucionales y de los años 60».
El cuidado de las personas en situación de dependencia recae «en su mayoría, en el 90% de los casos, sobre las mujeres», en especial en el rural o los núcleos semirrurales, destaca un informe de Fademur, que apunta que las modificaciones en el sistema de atención a la dependencia afectarán a la conciliación y a la posibilidad de las mujeres del rural de generar derechos derivados de los cuidados familiares o de acceder a una ocupación de cuidadora reconocida a efectos de cotización.
La presidenta de Fademur en Galicia, Rosa Arcos, ha explicado que se cierran en torno a 40 y 50 centros y unidades escolares al año en el ámbito rural, lo que devuelve al modelo de la escuela unitaria, que reúne en una misma clase a niños de hasta 12 años de edad. En el caso de la dependencia, las modificaciones provocan el abandono de «un modelo de derechos y reparto equilibrado» por otro «asistencialista y voluntarista».
El sistema, explica Arcos, hace incompatibles las ayudas para el cuidado por parte de un familiar con el resto de apoyos, por lo que considera que un dependiente que necesita, por ejemplo, rehabilitación, deberá optar por ir a un centro a recibir esta asistencia y perder la ayuda para el hogar. La incidencia de la dependencia es mayor en los municipios rurales, agrega, y recuerda que en el 90% de los casos es una mujer quien se hace cargo del cuidado de un familiar dependiente.
«Están condenando a las mujeres a volver al trabajo sumergido, invisible y sin derechos», ha protestado Arcos, que destaca que en el rural se unen el envejecimiento de la población y la falta de servicios. «En el rural no hay alternativas», ha indicado y ha concluido que el «dibujo de Galicia es muy diferente al que hace el PP».
A su juicio, se están aprovechando los recortes para «cambiar el modelo de país» y se ha preguntado cómo se frenará la despoblación en este ámbito si no se fomenta el vínculo de los pequeños con el lugar de nacimiento ni se atiende a quien vive en el campo.
El documento destaca que, de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el año 2011 se cerró en la comunidad con un total de 94.251 dependientes. Según el Imserso, las prestaciones económicas por cuidados familiares eran 14.913, lo que duplica el número de personas beneficiarias de atención residencial (7.346).
MÁS ASISTENCIA Y MENOS AYUDAS ECONÓMICAS
Pese a los esfuerzos por cambiar la tendencia y lograr que aumente la prestación de servicios en lugar de las ayudas económicas, «la realidad es que el nuevo criterio» para el reparto del nivel mínimo garantizado «deja a Galicia en clara desventaja de partida».
Además, critica que la ley no especifica si en el reparto se seguirán teniendo en cuenta criterios como la dispersión geográfica, pese a que esto afecta «de manera muy directa» a Galicia y puede provocar que se hagan más profundas «las diferencias ya existentes entre comunidades en la aplicación de la ley».
Al hilo de ello, Fademur se remite a los datos de 2011 del IGE para destacar que la incidencia de la dependencia es mayor en los municipios con menos de 10.000 habitantes, en los que se concentra «casi la mitad del total» de dependientes de Galicia (el 46,36%) y, en consecuencia, también la mayor parte de personas que cuidan a dependientes.
Asimismo, destaca que en casos como las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar que estén reconocidas pero no percibidas, el real decreto establece una disposición adicional sobre la posibilidad de aplicaciones retroactivas. En la práctica, indica Fademur, «esta medida significa que la mayoría de las administraciones tendrán dos años para hacer efectiva esta prestación».
SEGURIDAD SOCIAL
En cuanto el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, una vez entre en vigor este real decreto, el convenio tendrá carácter voluntario y las cotizaciones serán a cargo de la persona que lo suscriba, indica la federación, que concluye que esto «rompe de nuevo con uno de los valores añadidos que aportaba la ley, que era la generación de derechos laborales para las cuidadoras».
«Con este convenio se producía una generación de derechos que ahora se eliminan, ya que el pago mensual de 165 euros es algo que pocas familias podrán permitirse», censura el informe.
Las entidades sociales de Cataluña garantizarán la atención a las personas
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha asegurado hoy que las entidades sociales garantizarán los servicios y la atención a las personas, pese a que el Govern de la Generalitat les ha trasladado el problema de tesorería al no pagarles los conciertos de julio.
En declaraciones a Efe, Guiteras ha asegurado que los trabajadores de las entidades «garantizarán los servicios», aunque los problemas de liquidez de la Generalitat «ponen en peligro la viabilidad de muchas entidades».
En este sentido, la Mesa del Tercer Sector está haciendo un seguimiento de todas las entidades conjuntamente con el departamento de Bienestar Social y Familia para evitar que ninguna entidad quiebre y deje de prestar sus servicios.
Según Guiteras, el impago de los conciertos de las plazas asistenciales repercutirá en las nóminas, el pago de los proveedores y la liquidez de las entidades, pero menos en los servicios y atención a las personas, que, ha insistido, «quedan garantizados».
«Nos consta que el Govern prioriza en políticas sociales, pero hemos de pedir que esta situación de falta de liquidez sobrevenida no suceda más, que se prevenga con más tiempo y mirar de que los impagos vayan hacia otros lugares», ha dicho Guiteras.
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales catalanas, ha lamentado que la Generalitat haya notificado esta falta de liquidez a pocos días de final de mes, lo que ha dificultado la planificación de pagos y servicios por parte de geriátricos y centros de discapacitados, drogodependientes o menores tutelados.
«No ha habido posibilidad de planificación para dar respuesta a los compromisos inmediatos», ha reconocido Guiteras, que ha reiterado que la Mesa trabajará para garantizar la calidad de la atención y los servicios a las personas.
Hay 10.000 aragoneses esperando ayuda a la dependencia
La portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha asegurado que hay unos 10.000 aragoneses que están esperando a recibir las ayudas a la dependencia.
En una rueda de prensa en las Cortes este miércoles, Ibeas ha explicado que, a fecha de 1 de julio, hay unas 50.000 solicitudes de ayuda a la dependencia.
De estas solicitudes ya se han reconocido 33.000, pero 10.000, aproximadamente, no han recibido dicha ayuda, a lo que se suma, según Ibeas, que se ha alargado el periodo de tramitación de las subvenciones y las evaluaciones. Así, ha apuntado que el Gobierno aragonés lleva en el poder un año en el que «las cosas están empeorando».
Además, Ibeas ha considerado que «cualquier modificación» en el desarrollo de la Ley de la Dependencia «tiene consecuencias importantes», ya que «cientos de aragoneses se quedan sin poder recibir ayudas».
La portavoz de CHA en las Cortes ha apostillado que «quien paga las consecuencias» de que no se concedan las ayudas a la dependencia son «muchos ciudadanos con un deterioro de su vida muy grave, que cuando ya se toma una decisión y llega el apoyo muchos de ellos ya no lo necesitan porque han muerto».
Ibeas cree que Madrid no va a trasladar partidas económicas suficientes al Gobierno de Aragón para conceder las ayudas a la dependencia, lo que va a «ahogar» a la Comunidad Autónoma.
De esta forma, ha matizado que el hecho de reducir las ayudas a la dependencia «nos deja a la cola del mundo y de Europa» en la atención a personas dependientes.
COMPARECENCIA DEL CONSEJERO
Por todo ello, CHA ha solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, en las Cortes para que «explique el estado de las ayudas a la dependencia» y aporte los últimos datos que maneje el Ejecutivo en este ámbito.
«Las cosas están evolucionando de una forma muy rápida pero con poca transparencia, se nos están acumulando temas pero el Gobierno tiene la obligación de explicar, vamos hacia un sistema de beneficencia», ha concluido Ibeas.
Directores de residencias catalanas alertan a la Fiscalía de «desatenciones» a ancianos por los impagos
La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) alerta a la Fiscalía Provincial de Barcelona de la posible «desatención» de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Cataluña por el posible impago de las nóminas de agosto del que informó el pasado viernes la Generalitat.
«Aunque la Generalitat decida abandonar a los más débiles, nosotros les defenderemos a ultranza», ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Antón, recordando que la Fiscalía tiene como principales líneas de actuación a niños, discapacitados y ancianos, colectivos especialmente frágiles.
El texto presentado ante el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta de situaciones asistenciales «críticas», especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos.
Ascad lamenta en el escrito que no se haya informado a los usuarios ni a los centros asistenciales de la situación, y avanza la puesta en marcha de un «plan de choque» de confirmarse los impagos: pedir a los familiares que trasladen temporalmente a los usuarios al domicilio hasta que se normalice la situación o que asuman los costes.
Añade que las residencias son «pequeñas empresas con rotaciones muy ajustadas», asegurando que la ruptura de su círculo económico tiene como resultado una trasgresión y disfunción del plan asistencial.
El aumento del IVA podría multiplicar la tendencia a sacar a los mayores de las residencias
El aumento del IVA decretado por el Gobierno, que pasará del 8% al 10% en el sector residencial, podría multiplicar la tendencia actual de muchas familias que optan por desinternar a los mayores de los centros y cuidarlos en el domicilio para poder contar con los ingresos de la pensión. Según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Iñaki Antón, si la subida del IVA acaba recayendo en el usuario residencial, implicará un encarecimiento de entre 24 y 30 euros mensuales en los centros privados, un gasto que se sumará al euro por receta y el aumento del copago farmacéutico.
«Esto puede provocar que se incrementen los casos de familias que sacan a los mayores de las residencias para cobrar la ayuda de cuidador no profesional y a la vez tener también la pensión del abuelo», ha concretado Antón, recordando que este fenómeno se ha ido incrementando desde el inicio de la crisis.
En el caso de los centros públicos —concertados y colaboradores—, la subida del IVA puede ser «muy contraproducente» si la Generalitat no asume parte del coste, ya que la subida caería en el usuario y en las propias residencias. Antón ha recordado que los centros públicos llevan dos años con los precios congelados «aunque el coste de las cosas ha ido subiendo cada vez más», por lo que el incremento del IVA agravaría la situación. Todo ello podría «generar una situación de estrés» entre los profesionales del sector que podría repercutir en la calidad asistencial.
Más de un centenar de familias recurrirán la reforma de la Ley de dependencia
Un total de 110 familias españolas recurrirán ante la Audiencia de Madrid el decreto de reforma de la Ley de dependencia aprobado por el Gobierno que, entre otros recortes, prevé una reducción del 15 por ciento en las ayudas a cuidadores no profesionales y un aplazamiento hasta 2015 de los pagos a dependientes moderados.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Asociación por los Derechos Civiles de los Discapacidades y sus Familias (ADCD), promotora de la iniciativa, las mayoría de las personas que se han adherido al recurso cuentan con familiares dependientes y consideran que el decreto «vulnera los derechos básicos».
«Es hora de que los padres tomemos la palabra para defender los derechos de nuestros hijos», han asegurado las mismas fuentes, recordando que serán las familias quienes asuman el coste del proceso, de unos 2.200 euros.
El recurso se presentará en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia de Madrid en los próximos días y las familias están «dispuestas a llegar hasta el final, incluso a ir a Estrasburgo».
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, anunció el pasado viernes su intención de recurrir el mismo decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invade las competencias de las autonomías.
