Joan Costa i Font, «La atención a la dependencia se diseñó rápido y sin pensar demasiado»

Los recortes en la atención a las personas dependientes (los más llamativos hasta ahora han sido el aumento del copago y la rebaja en las ayudas por cuidados familiares, sin contar el impago de las nóminas de julio a los geriátricos catalanes) han eclipsado la discusión de fondo: cómo financiar las prestaciones públicas cuando la economía está en recesión y el desempleo es elevado. A ese dilema se refiere Joan Costa i Font, profesor permanente de Economía Política en London School of Economics and Political Science, una de las instituciones académicas más influyentes en su ámbito. Especializado en economía de la salud y en políticas sociales, el docente critica que los partidos polemicen ruidosamente sobre los derechos de los ciudadanos mientras negocian entre bambalinas la forma de pagarlos. «Algo bueno que traerá esta crisis es una cierta desconfianza hacia los políticos, y una presión sobre los medios de comunicación para que supervisen sus acciones».
– Hablar de impuestos es casi un anatema.
– Es un problema del sur de Europa. Estamos acostumbrados a un modelo basado en la confianza en las élites políticas. Se les permite que hagan lo que quieran hasta que se descubre que hacen algo que no encaja con las expectativas, y entonces se repite el juego con la oposición. El ciudadano se desentiende y no se discute la financiación de las propuestas, de modo que solo algunos grupos de interés (bancos, aseguradoras, etc.) acaban opinando.
– Hasta que llega la recesión…
– … y hay que tomar decisiones difíciles que afectan directamente al ciudadano medio. Pero entonces ya es demasiado tarde.
– La atención a la dependencia ha recibido el primer tijeretazo en España. ¿Quizá estuvo mal concebida desde el principio al no aclararse las competencias de las administraciones y, sobre todo, la financiación?
– Se hizo rápido y sin pensarlo demasiado. Básicamente, el Gobierno socialista del momento trató de aprovechar la oportunidad política. Se había quedado sin ideas de reforma social (mas allá de derechos civiles como el matrimonio gay) y necesitaba una que le garantizara la reelección. Ciertamente, podría haber sido peor. Recuerdo algún borrador del Gobierno anterior del PP que apuntaba a un modelo con más intervención de bancos y compañías aseguradoras. Desde una visión de Euskadi, la Ley de Dependencia invade competencias e impone unos gastos a las comunidades autónomas, en especial a las forales, sin haberlas consultado. También es cierto que Euskadi tardó demasiado y no se adelantó al Estado con un modelo propio. Así pues, todos, ciudadanos y gobiernos, son algo culpables.
– ¿Era inevitable subir el copago y rebajar la ayuda por cuidados familiares?
-Yo creo que la dependencia es una contingencia diferente de la Sanidad y otros servicios sociales. El usuario debe estar sujeto a una fórmula distinta de participación en el coste. Existe un alto componente de atención personal, y la provisión de servicios a individuos poco dependientes la puede realizar prácticamente cualquiera, ya que tiene un componente tecnológico muy bajo. Eso lleva a que pueda haber fraude o a que la ayuda sea vista como una renta familiar adicional.
Edad y riqueza
– ¿Qué sistema es posible construir ahora?
– Si uno observa la distribución de la riqueza en España y en otros países de Europa, la población de más edad posee la parte más importante de esa riqueza. En términos medios, las necesidades económicas de las personas mayores no están en línea con sus necesidades como dependientes. Por ese motivo, y salvo excepciones, la contribución del usuario debería ser mayor que en otros servicios sociales. En otras palabras, me parece más necesaria la ayuda a una familia con tres hijos y que paga un alquiler que a un anciano que tiene una casa en propiedad.
– El Gobierno central acaba de establecer que la vivienda principal se compute para determinar la capacidad económica de la persona dependiente y establecer la cuantía del copago. En Euskadi no ocurre así, pero sí se responde de la deuda pendiente con el piso si no viven los hijos en él.
– En el pasado, el cuidado de los mayores se basaba en la costumbre de dejar a cambio los bienes en herencia y en cierta obligación ética. Hoy la familia es diferente y más compleja, pero persiste la ‘cultura de la herencia’. En ese contexto, la atención a la dependencia podría tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, permitiría garantizar la herencia de los hijos gracias a ayudas públicas. En Estados Unidos esto ha provocado que las propiedades se transmitan antes de alcanzar la edad de la dependencia para recibir atención pública. Por otra parte, es cierto que un sistema de la dependencia debe ser neutral respecto a las decisiones para afrontar la vejez. No debe penalizar el ahorro.
– El debate sobre los servicios públicos en una sociedad que envejece se inició hace tiempo en Europa. Algunos expertos citan los países nórdicos como ejemplo a imitar. ¿Cómo pagan ellos la dependencia?
– Son un ejemplo en muchos sentidos. La ‘cultura del fraude’ que existe en el sur de Europa es menos común. Desde el principio ofrecen un servicio público financiado y prestado por los ayuntamientos. Los copagos son amplios. A diferencia del sur, la participación del beneficiario en el coste de la atención es la norma. La universalidad es en el acceso a las prestaciones, no en la financiación.
-Francia y Alemania sufragan la atención a las personas mayores de forma diferente.
– Francia tiene una contribución local y Alemania, un seguro social. En el segundo caso, la ventaja es que la atención está directamente relacionada con la participación en el mercado de trabajo y, por tanto, genera un derecho (‘entitlement’) a una prestación. Pero el problema del sistema alemán es que, para satisfacer a todos, se ha convertido en algo demasiado complejo. En 1994 fueron optimistas al establecer las contribuciones y en 2008 tuvieron que aumentarlas para que el sistema sea sostenible.
– En el Reino Unido, el Gobierno laborista propuso destinar el impuesto de sucesiones a la dependencia. ¿Qué fue de esa iniciativa, apoyada en Euskadi por el Gobierno de Patxi López?
– Se conocía como ‘death tax’; pero no se aplicó. La idea se complicó porque en Inglaterra la gestión de la dependencia es municipal, mientras que en España reside en la comunidades autónomas (en el País Vasco, en las diputaciones forales). Si un anciano inglés tiene un patrimonio de más de 23.000 libras, debe pagar el 100% de la prestación.
– Escocia funciona de otra forma.
– El modelo escocés se llama de atención personal gratuita, pero es más bien un eslogan político. Cubre gratuitamente la atención residencial para el gran dependiente, pero el ciudadano que tiene cuidados domiciliarios solo recibe una ayuda que es incompatible con otros complementos de pensión. Ese modelo no parece financieramente sostenible mas allá de 2013. Ya veremos qué ajustes realizan. Podrían utilizar un impuesto específico, pero la discusión todavía está muy abierta.
– Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos deben pactar la financiación de la dependencia. ¿Cómo podría articularse el impuesto finalista de sucesiones que defiende el primero?
– Es complicado, pero debería ser un intercambio: se reciben servicios a cambio de gravar con el impuesto al menos una propiedad con la que hacer frente al coste del servicio. Pero esto puede hacerse ‘ex ante’, es decir, cuando alguien no sabe todavía si será o no una persona dependiente, bien bajo un modelo de seguro, bien bajo otro individualizado. Todo ello puede diseñarse para ser redistributivo.
– Usted dice que el impuesto finalista sería como una hipoteca inversa, pero sin dar el negocio a los bancos; y con una carga sobre los activos del dependiente para que este no los reduzca estratégicamente, evitando pagar el impuesto.
– El ejemplo intenta hacer inteligible la idea. En el mercado, la alternativa sería la contratación de hipotecas inversas por bancos, que lógicamente se quedan una parte de la propiedad en intereses.
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