Los mayores advierten: «No habrá cohesión social sin empleo digno para jóvenes»

La secretaria de la Unión Democrática de Pensionistas y consejera del Consejo Estatal de Personas Mayores, Margarita García, se ha dirigido este jueves a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para advertirle de que «la cohesión social no se puede conseguir mientras los jóvenes no consigan un empleo digno y los mayores no consigan una pensión digna».

García ha sido la encargada de leer ante la ministra la Declaración del Día de la Solidaridad entre Generaciones como broche final a esta jornada celebrada en el centro de formación del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila, aunque saliéndose del guión, ha «aprovechado esta magnífica oportunidad», en sus palabras, de dirigirse al Ejecutivo.

«Quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para pedirle encarecidamente que, aunque soy plenamente consciente y estoy convencida de que para nuestro presidente del Gobierno son dos objetivos prioritarios –en relación al empleo y las pensiones dignas–, usted constantemente se lo recuerde», ha dicho García.

Mato, por su parte, le ha devuelto el compromiso de «crear empleo para los jóvenes y los mayores que no lo tienen porque es la primera prioridad del Gobierno» y ha asegurado que en todas las «decisiones complicadas» que viene tomando el Ejecutivo «siempre» tiene presente la «deuda impagable» de la sociedad con las personas mayores.

En este sentido, ha asegurado que está haciendo cuanto está a su alcance para que las medidas adoptadas redunden en su bienestar y ha destacado el Estatuto del Mayor, en el que ya están trabajando las asociaciones y que servirá para «proteger a las personas mayores de cualquier discriminación».

Según ha dicho, la norma supondrá «un avance decisivo en la garantía de los derechos de las personas mayores» y en el «reconocimiento del papel que desempeñan en la sociedad», donde ya suponen el 17 por ciento de la población, cifra que se duplicará en el año 2049 según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De momento, el Ejecutivo sólo dispone de un primer borrador que el Consejo Estatal de Personas Mayores ha entregado este jueves a la ministra y que resume las líneas generales de su propuesta de estatuto que debe fijar «las condiciones que garanticen la igualdad de todos los españoles y que mejoren la situación de las personas mayores».

La iniciativa contempla incorporar al estatuto el «reconocimiento a la labor y el trabajo realizado por las personas a lo largo de su vida»,  el derecho a «trabajar y jubilarse de forma voluntaria y el derecho a un trato digno, sin discriminaciones y basado en la igualdad, con «acciones específicas» en favor de las mujeres.

Asimismo, persigue que se fijen medidas que «garanticen el autogobierno de la persona en los ámbitos personal, patrimonial y de relaciones familiares y sociales, regulando la responsabilidad civil de las personas mayores y la de las demás personas en relación con ellas», en orden a garantizar su protección jurídica.

El borrador plantea que el Estatuto recoja también el derecho a una participación activa de las personas mayores, el derecho a la continuidad en la formación, al uso y comunicación a través de las tecnologías de la información o «el derecho a recursos económicos suficientes», entre otros.

En el acto han intervenido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos; el eurodiputado Andrés Naranjo, que han acompañado además a la ministra en un recorrido a su llegada por los expositores instalados en el polideportivo del centro de formación con motivo de la jornada.

Mato ha tenido la oportunidad de charlar en la visita con algunas de las personas mayores que participan en el encuentro, como la veintena de mujeres de la Escuela de Tai-chi del barrio de San José y María Inmaculada de Salamanca, aunque algunas personas se le han acercado para plantear otros asuntos.

Ha sido el caso de una salmantina de 68 años, esposa de un enfermo crónico, que ha preguntado directamente a Mato por qué ahora tendrá que pagar sus recetas. «Lo hemos hecho para garantizar la Sanidad, yo se que es un esfuerzo, pero no había margen», le ha dicho la ministra, tras insistir en que, a lo sumo, en su caso pagará 8 euros al mes por los medicamentos.

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