Impagos
El Sistema de Dependencia registra «evidentes signos de agotamiento y desaceleración»
CCOO critica el bajo incremento presupuestario previsto en los PGE-2017 y reclama la recuperación del Nivel Acordado de financiación de la Ley de Dependencia, suspendido desde 2012.
El sindicato critica el bajo incremento presupuestario (100 millones de euros) previsto en los PGE-2017 y reclama la recuperación del Nivel Acordado de financiación de la Ley de Dependencia, suspendido desde 2012, para poner en marcha un Plan de choque que garantice una prestación efectiva a los 335.201 dependientes en lista de espera. El proceso de recuperación que comenzó a registrar el Sistema de Dependencia desde las elecciones autonómicas de mayo de 2015, ha comenzado a registrar evidentes signos de agotamiento y desaceleración, por lo que es muy previsible que termine paralizándose.
Carlos Bravo, secretario confederal de protección social y políticas públicas de CCOO, ha valorado los últimos datos de gestión del Sistema de Dependencia publicados por el IMSERSO en los que se confirma que 1 de cada 4 dependientes continúa en lista de espera, a pesar de que la Ley de Dependencia ha superado ya los 10 años de existencia. En concreto, el Sistema de Dependencia presenta una lista de espera de 335.201 personas (el 27,61% del total), a los que hay que sumar las más de 126.000 personas que se encuentran aún a la espera de valoración del grado de dependencia.
Después de los recortes impuestos por el Gobierno en 2012, que llevaron a una reducción de más de 59.000 beneficiarios con prestación efectiva (el 7,5% del total), tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015 se comenzó a registrar una recuperación de la cobertura del Sistema de Dependencia, que hoy atiende a 878.000 personas. Sin embargo, a juicio de Bravo “esta recuperación presenta un ritmo discontinuo y en desaceleración, hasta el punto de que el mes de febrero se llegó incluso a registrar una reducción de beneficiarios atendidos respecto del mes anterior, situación que no se producía desde 2015”. Ello da muestra de la debilidad del proceso de recuperación que vive el Sistema de Dependencia.
Comisiones Obreras considera que la precariedad que presenta la recuperación tiene una de sus causas principales en el escaso compromiso presupuestario que el Gobierno central ha proyectado en los PGE-2017, lo que traslada a las CCAA el mensaje de que tendrán que ser ellas las que asuman en solitario el coste de acabar con la lista de espera.
De hecho, los 100 millones de euros adicionales de financiación del SAAD previstos por el Estado en los PGE-2017 no tendrán ningún impacto en la mejora de la cobertura del sistema, ya que se han computado como nivel mínimo de financiación, y ésta es una partida automáticamente prorrogable sin necesidad del incremento presentado por el Gobierno.
Para el sindicato se hace imprescindible que los PGE-2017 recuperen el nivel acordado de financiación de la Ley de Dependencia, suspendido desde 2012, para poner en marcha un Plan de choque que garantice una prestación efectiva a todas las personas que se encuentran actualmente en lista de espera. El sindicato ya presentó hace meses distintas propuestas en este sentido, señalando que para la plena implantación del SAAD sería preciso un aumento presupuestario de, al menos, 2.500 millones de euros.
Por ello, insta al Gobierno a que en lugar de presentar, como tiene previsto, al Consejo Territorial del Sistema de Dependencia la evaluación del sistema del año 2014, convoque la Mesa de Diálogo Social para evaluar el proceso de implantación completo de los últimos 10 años y, a partir de ahí, refundar el Pacto Social y Político del que nació la Ley de Dependencia.
Fuente: nuevatribuna.es
Plataformas de la Dependencia consideran una burla la subida de 100 millones en los PGE
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia considera «una burla y una ofensa» la subida de 100 millones de euros en el presupuesto de Dependencia para 2017, ya que recuerda que el recorte desde 2011 ha sido superior a 3.000 millones de euros.
La portavoz de estas plataformas, Aurelia Jerez, ha lamentado que ni siquiera se ha cumplido el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos de «recuperar 440 millones anualmente» el presupuesto de dependencia.
«Aumentar 100 millones es insuficiente, cuando llevamos un recorte acumulado superior a los 3.000 millones de euros; es cero para un colectivo que viene sufriendo los recortes demasiado tiempo, es inaudito y demuestra también una falta de compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios», ha opinado Jerez.
En los presupuestos presentados hoy, la partida destinada a la dependencia sube un 8,2 por ciento, 100 millones más, hasta los 1.355 millones de euros.
Para el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destacar ese aumento es «cruel porque genera una espectativa en los dependientes que no se va a cumplir, con lo cual es engañar a esas personas que están en la mas absoluta desesperación y que están viviendo un sufrimiento terrible esperando a que les atiendan».
«Con esos cien millones más, si tenemos en cuenta que el coste anual por dependiente atendido es de 8.000 euros, te sale a que se pueden atender a 14.000 dependientes más, el 4 por ciento de las personas que están en lista de espera, que ascienden a 350.000».
Por tanto, «en el mejor de los casos ese aumento serviría para atender a esos 14.000 beneficiarios que esperan la atención a la que tienen derecho y para condenar a seguir esperando a 336.000 personas, de las que 30.000 van a morir este año sin recibir ninguna prestación», ha concluido Ramírez.
Fuente: La Vanguardia
Oltra paga la deuda a los dependientes y anuncia un cambio de sistema
La Generalitat valenciana ha pagado los retrasos que debía a los dependientes y establecerá un nuevo sistema para agilizar la incorporación al sistema de protección creado por la Ley de Dependencia, ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social, Mònica Oltra.
Los pagos se harán efectivos entre hoy y mañana y a partir de julio se harán «a mes vencido», y no con 60 días de demora como hasta ahora.
El Consell ha abonado en total 36,1 millones de euros por conceptos que incluyen también el pago de retrasos en la renta garantizada de ciudadanía, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, familias de acogida y otros colectivos especialmente «vulnerables». Atenderlos preferentemente fue «el primer punto del Acuerdo del Botànico», el pacto que llevó a la formación del actual Gobierno valenciano ha recordado Oltra.
La vicepresidenta ha reconocido que la Generalitat está lejos de aplicar adecuadamente la Ley de Dependencia. Hasta 33.0000 están a la espera de que se valore su grado de discapacidad o, tras haber pasado ese examen, aguardan que se firme la resolución que les permita empezar a cobrar la ayuda. El Observatorio de la Dependencia ha valorado en los últimos años la política de la Generalitat al respecto con «entre cero y dos puntos» sobre 10, ha indicado Oltra, que ha calificado de «muy mala» la gestión realizada por los anteriores Ejecutivos valencianos.
La consejera ha afirmado que parte de los problemas en la aplicación de la ley se deben a que solo hay «14 valoradores» en la comunidad autónoma para atender miles de demandas. Y ha indicado que la Generalitat adoptará el sistema de Castilla-León, en el que son los servicios sociales municipales los que examinan el estado de los dependientes, lo que permite agilizar las valoraciones.
A Oltra se le ha preguntado cómo ha conseguido los 36,1 millones el Consell, que está reclamando un nuevo modelo de financiación al Gobierno con la advertencia de que no puede afrontar los gastos regulares. «No hemos atracado ningún banco», ha contestado Oltra, «antes la prioridad era desviar fondos públicos a determinados intereses de empresas particulares de personas muy vinculadas al Gobierno, y nosotros hemos reordenado lo prioritario».
La vicepresidenta ha añadido que los fondos provienen de «créditos liberados por Hacienda que antes iban para otras cuestiones».
ACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos
ACRA pide que el fondo extraordinario de la Generalitat de Cataluña se destine a los dependientes severos.
Los 17 millones de euros previstos de urgencia para los presupuestos del 2015 permitirían dar cobertura a una parte de las 7.000 personas en situación de grado II.
La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) quiere que el fondo extraordinario de los presupuestos 2015 se destine a la reapertura de las Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) de grado II. Esta medida permitiría cubrir la prestación de una parte de las 7.000 personas en situación de dependencia severa que existen en Cataluña y evitar que se queden un año más fuera del sistema de atención a la dependencia. “Desde ACRA celebramos que exista esta aportación y consideramos que los 17 millones de euros tienen que ir a parar a los más necesitados, unos dependientes severos que llevan demasiado tiempo esperando una ayuda que les toca por ley”, ha explicado la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.
El presupuesto público destinado a las PEVS se ha reducido un 35% en tan solo dos años o lo que viene a ser lo mismo, de los 120 millones de euros del 2012 a los 73 millones de euros del año pasado, sin contar con los quince meses que esta prestación quedó suspendida por problemas de tesorería de las arcas públicas catalanas. ACRA siempre ha considerado que los presupuestos de 2015 tienen que convertirse en un impulso a las políticas de dependencia, puesto que se ha comprobado reiteradamente que su promoción cohesiona socialmente e impulsa la economía con la creación de nuevos puestos de trabajo.
Tenemos 17.000 personas que esperan una plaza pública y 8.000 plazas vacías en el sector privado. En consecuencia, una reapertura de las PEVS se puede traducir en un aumento en la contratación de personal en las residencias.
ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, centros socio sanitarios y tele asistencia) para gente mayor en toda Cataluña. En total cuenta con más de 400 entidades asociadas, que representan casi unos mil servicios y 34.000 plazas que dan trabajo a unos 27.000 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de forma indirecta.
La Generalitat valenciana abona gran parte de la deuda pendiente con el sector de atención a la dependencia
Aerte aplaude la decisión y solicita, una vez más, un calendario de pagos para evitar acumular deuda.
La Generalitat Valenciana, a través de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, ha abonado gran parte de la deuda acumulada que mantenía de forma continua con el sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana. De los alrededor de 80 millones que se adeudaba en diciembre de 2014, se ha abonado más de 70 millones de euros.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) aplaude la decisión y el hecho de que, tras un año de asfixia económica, los más de 200 centros, muchos de ellos al borde del cierre, puedan respirar algo más aliviados, así como los más de 15.000 profesionales que podrán recibir sus nóminas en tiempo y forma.
María José Mira, directora general de AERTE, “pedimos a las Consellerias de Hacienda y Bienestar Social que se establezca un plan de pagos para los próximos años, un calendario serio y que se cumpla. Esto permitirá al sector no sólo afrontar su viabilidad, tras años de impagos, muchos de ellos se encuentran en una situación muy compleja, sino establecer planes de inversión que permitan mejorar sus infraestructuras, contratar más profesionales, así como establecer mejoras y nuevos servicios a la personas dependientes, más de 22.000“.
Así mismo, AERTE recuerda que la Comunidad Valenciana aún existen miles de personas que han sido reconocidas en situación de dependencia y que están a la espera resolución de sus expedientes. Considera que agilizar estos expedientes supone atender a estas personas, algunas en espera desde hace más de tres años, y recuerda que los centros asociados a la patronal pueden colaborar en los trámites de resolución de expedientes.
AERTE emprenderá acciones judiciales si el Consell no abona de forma equilibrada la deuda pendiente
Solicita que se incluya dentro del próximo pago a proveedores, a través del FLA, a centros que ofrecen el sistema BONO, y a aquellos que atienden a las personas que sufren de algún tipo de trastorno mental, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como a aquellos centros que estén pendientes de recibir el 40 % de su subvención anual cuando otros ya cobraron la totalidad del año 2014.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha enviado esta mañana dos cartas a las consellerias de Hacienda y Bienestar Social para solicitar al Consell que incluya en el próximo pago a proveedores, a través del FLA, a toda la tipología de centros de atención a la dependencia, para evitar un trato desigual en el sector.
En concreto, solicita que en el pago se incluya especialmente a aquellos centros que ofrecen el sistema BONO y aquellos que atienden a personas que sufren algún tipo de trastorno mental, muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como también a aquellos centros pendientes de recibir el 40 % de la subvención anual.
Aerte ha puesto en conocimiento del conseller Moragues y de la consellera Sánchez-Zaplana la desesperación y angustia que están sufriendo algunas de las entidades ante la posible exclusión de su deuda en los pagos incluidos en el próximo FLA. Y apunta que no puede consentir que se vuelvan a cometer errores en la gestión de los pagos aunque ello suponga tener que llevar a cabo cualquier tipo de acción, judicial o no, que logre terminar con estas injusticias y desigualdades en el trato a los operadores del sector en la Comunidad Valenciana.
Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.
Reunión con Alberto Fabra
Por otro lado, AERTE solicitó la semana pasada por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano están generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.
Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.
La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo y que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.
AERTE vuelve a solicitar una reunión con Alberto Fabra
– Reclama la atención del President para liderar la puesta en marcha de mecanismos urgentes que permitan acabar con la situación insostenible de la atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, que se agrava ahora con la Ley de Tasas.
– La Comunidad Valenciana, mantiene una media de ocho meses de impagos desiguales a los centros y profesionales de atención a la dependencia, seis meses más que las otras comunidades, alcanzando más de 80 millones de deuda.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) solicitó ayer por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano, está generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.
Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.
Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.
La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.
Menos liquidez para centros sin fondos con la nueva Ley de Tasas.
Todo ello se agrava con la regulación de la Ley de Tasas, lo que supone el cambio de recaudador pasando de los centros a la propia Administración. A partir de enero, el pago se hará directamente a la Administración que lo gestionará directamente y se convertirá en la recaudadora. Esta modificación se espera con miedo e incertidumbre por parte del sector porque hasta ahora, y a falta de pagos de la Generalitat, los centros podían seguir funcionando con la liquidez que les aportaban estas tasas. A partir de enero, se agravará el atraso de pagos, haciendo peligrar la situación de los centros, ya de por si delicada.
Respuesta al presidente Fabra
En referencia a las declaraciones realizadas ayer por el Presidente Fabra en la entrega de los Premios al Mayor, en los que “reconoció públicamente a las personas y entidades cuyo trabajo ha contribuido a mejorar la vida de las personas mayores”, AERTE quiere expresar que “si verdaderamente reconoce esta labor, la apoye de forma activa, liderando el desarrollo urgente de mecanismos que permitan solucionar los problemas reales existentes que permitan solventar a largo plazo la situación actual, de forma que la Comunidad Valenciana deje de estar en la cola en asistencia sociosanitaria y vuelva a ser una región pionera en este ámbito”.
Así mismo, AERTE ve positiva la apertura de seis nuevos centros, como ayer anunció el Presidente, pero subraya “la necesidad de acometer medidas para que los más de 200 centros y más de 15.000 profesional salgan de una situación de asfixia constante”.
El Gobierno Valenciano tarda tres meses más en pagar a la dependencia que el resto de la comunidades
– La Comunidad Valenciana, la primera en impagos, en tiempo y forma. Mantiene una media de entre cinco y seis meses en abonar las cantidades pendientes, en algunos casos más de un año. La deuda acumulada de la Generalitat valenciana con la dependencia alcanzará más de 80 millones de euros a finales de este mes si no se efectúa ningún pago
– Es la única comunidad que incumple con la Ley de la Dependencia en los plazos de resolución de expedientes. Algunos sin resolver desde 2011, cuando la ley establece un máximo de seis meses. Más de 10.000 personas dependientes a la espera de recibir, al menos, una contestación
– Sigue incumpliendo la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de libertad de elección de las personas
El Gobierno valenciano triplica el plazo medio de pago a los centros de atención a la dependencia respecto al resto de los gobiernos autonómicos, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas de centros de atención a dependientes consultados por AERTE.
La mayoría de las comunidades tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes, es el caso de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura o Murcia. En cambio, Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90.
No obstante, ninguna llega al caso de la Comunidad Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia. Una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de las Comunidades. Así, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes. Las partidas más afectadas siguen siendo:
– Las plazas concertadas más de 25 millones de deuda acumulada, entre siete y ocho meses sin cobrar.
– Las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública, 17,4 millones de deuda, entre cinco y seis meses de impagos.
– Las plazas de personas mayores, superan los 23 millones, entre cinco y seis meses de impagos.
– La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 8 millones de deuda, con un impago en la mayoría de más de un año
– El sistema Bono residencia, centro de día o respiro: más de dos millones. La mayoría de las cuales no se han abonado cantidad alguna durante un año.
– Los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones: más de cuatro millones, acumulados durante seis meses.
María José Mira, directora general de AERTE, “los centros de esta comunidad no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de 4 años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo. Por una parte, la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años, y por otro, la falta de respuesta a la petición ya histórica de un plan de pagos equilibrado que permita normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas”.
Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta además, “que los tutelados sean prioritarios para una Conselleria de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito”.
10.000 personas dependientes, continúan sin recibir prestación.
El Gobierno valenciano sigue incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes. La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunidad Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega.
La Comunidad Valenciana es la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del IMSERSO de septiembre de este año, situándose casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido.
Así mismo, se sigue sin cumplir la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que recuerda que las personas tienen derecho a elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas (actualmente sólo existentes en los centros de 8 empresas de las más de 200) como son las relativas a Prestación Vinculada al Servicio (PVS), ayuda directa, con el fin de poder escoger el centro o el profesional que ellas o sus familias consideren más adecuado a sus necesidades.
Mira apunta, “casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Conselleria a resolver respetando la libertad de elección del dependiente”.
La deuda acumulada del Gobierno valenciano con el sector de atención a la dependencia alcanza más de 70 millones
Los servicios a tutelados y enfermos mentales, un año sin cobrar. Las plazas concertadas 7 meses, centros de mayores y discapacidad de titularidad pública 5 meses de impagos.
Muchos centros no podrán pagar a sus trabajadores la nómina de diciembre. Peligra la atención profesional sociosanitaria a personas dependientes.
AERTE ha solicitado, por cuarta vez en dos años y sin recibir respuesta, una reunión de urgencia al Conseller de Hacienda para resolver la situación crítica y delimitar el esperado plan de pagos equilibrado.
El sector de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana vuelve a estar en una situación crítica debido a la escalada de continuos impagos por parte del Gobierno valenciano, y vuelve a sufrir agravios comparativos en los pagos al no ejecutarse, otra vez, de forma homogénea.
La deuda acumulada de la Generalitat con los centros y la prestación de servicios supera los 70 millones de euros. Afecta a todo el sector, tanto a grandes centros como a pequeños y residencias familiares. Algunos de los más perjudicados son: las plazas concertadas padecen una deuda acumulada de más de 21 millones con una media de entre seis y siete meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública sufren una deuda de 14,9 millones, mientras que las correspondientes a personas mayores superan los 20 millones, ambos servicios entre cuatro y cinco meses de impagos. La atención residencial a más de 10.000 personas está nuevamente en peligro por las tensiones de liquidez generadas.
La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los siete millones de deuda. El Gobierno valenciano no abona la mayoría de estas prestaciones desde todo el año, al igual que en el caso del sistema Bono residencia, centro de día o respiro, que alcanzan más de dos millones.
Tampoco los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones se salvan de la dramática situación: más de cuatro millones de impagos, acumulados durante seis meses, el 60% de la subvención.
Reunión de urgencia con Hacienda
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte) solicitó ayer una reunión de urgencia a Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, ante la escala de impagos que de nuevo se está produciendo por parte del Gobierno valenciano. Esta es la cuarta vez que la patronal pide al Conseller que no dé la espalda a un sector que atiende a personas de una vulnerabilidad e indefensión extremas.
María José Mira, directora general de AERTE, “esperamos que en esta ocasión nos pueda recibir, llevamos más de un año intentado reunirnos con el conseller Moragues. Más de 12.000 profesionales, más de 200 centros y servicios, y más de 22.000 personas en situación de dependencia necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana es la única que mantiene estos niveles de deuda”.
Mira apunta además que “llevamos más de cuatro años padeciendo continuos impagos. Una situación que desequilibra a todo el sector, generando total y absoluta incertidumbre sobre el futuro del sistema de atención sociosanitaria. A medida que se extiende en el tiempo, crece la dificultad de los centros y profesionales para poder prestar los servicios. Ya hemos solicitado en varias ocasiones una solución al conseller de Hacienda, y no hemos obtenido respuesta, ni de los plazos de pago, ni de si se abonará la deuda, ni tampoco del plan de pagos equilibrado que desde AERTE llevamos reclamando desde hace más de un año”.
El Gobierno valenciano debe 60 millones al sector de atención a la dependencia
Mantiene una media de seis meses de deuda acumulada. Tras años de impagos, Aerte recuerda a la Administración valenciana que todavía no ha establecido un plan de pagos equilibrado, lo que impide que los centros funcionen con normalidad y sigan en una constante incertidumbre sobre su futuro.
La falta de criterio en la contabilidad de las facturas y los continuos impagos a los centros está minando al sector desde hace años.
La deuda de la Administración valenciana con el sector de atención a la dependencia vuelve a registrar una deuda acumulada de 60 millones de euros, con una media de seis meses de impagos. Una media que de seguir así, sitúa de nuevo a las empresas y profesionales en una situación de fragilidad absoluta sobre su futuro.
Tras más de tres años de impagos continuados, Aerte alerta de nuevo al Gobierno valenciano de que volver a estas cifras de deuda todos los meses hace peligrar la subsistencia del sector. María José Mira, directora general de AERTE, “un año después de solicitarlo, seguimos a la espera de reunirnos con la Conselleria de Hacienda para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación que afecta directamente a la viabilidad del sector”. Cada mes de impagos supone 15 millones de euros lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, sólo en AERTE más de 200; los más de 14.000 empleos directos que genera y los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales.
Además, la asociación ha recordado que los pagos deben de efectuarse de forma equilibrada y sin diferencias por programas, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. En este sentido, Mira apunta “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no. Unas facturas estén contabilizadas y otras no; unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando, y otros no; unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no. Tenemos una Comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”.
A día de hoy, todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración, por ejemplo: los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores, 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar; los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanzan los 3,5 millones o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones.
Por último, Mira ha insistido en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, el cual no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones.
Migración forzada por dependencia: Juan tiene que abandonar Cartagena buscando una comunidad que atienda su discapacidad
Juan de Dios López Torres es cartagenero, tiene 28 años y un 88% de discapacidad reconocida. Juan se ha visto obligado a emigrar a Andalucía, ya que la política de aplicación de la ley de dependencia en la Región de Murcia le ha dejado sin opciones, asegura. Desde que murió su madre, los únicos ingresos familiares son la pensión de su padre, de 70 años de edad y con 33% de discapacidad, y la subvención que ahora le ha otorgado el Gobierno andaluz. «A Mariano Rajoy llegué a enviarle una carta. Es muy duro verse en esta situación por culpa de gente que ha robado y despilfarrado tanto», resume.
Indemnizan a la familia de una invidente con Alzheimer que murió antes de percibir las ayudas reconocidas
Ana Pérez Viudes, una mujer ciega con alzheimer, murió en enero de 2012, sin recibir ayudas, después de que en diciembre de 2010 se le reconociese su situación de gran dependencia con carácter permanente. La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar a pagar un total de 6.324,75 euros a la familia de Ana.
Los retrasos en la tramitación y el copago hacen que las familias dejen de solicitar las ayudas a la Dependencia
Un claro ejemplo es Asturias, en el 2007 se registraban 54 solicitudes diarias, actualmente se registran solo 10 solicitudes al día. El exceso de burocracia, los retrasos administrativos y el copago son las principales causas que hacen desistir a las familias de ejercer sus derechos.
Sánchez Zaplana visita proyectos de cooperación de la Generalitat Valenciana en Ruanda
La Generalitat Valenciana en colaboración con la Universidad Miguel Hernández invierten cerca de 7 millones de euros, de los cuales la Conselleria ha aportado 1,2 millones. Los proyectos financiados por la Generalitat y la Universidad Miguel Hernández se encuentra un centro de formación anexo al Hospital de Nemba en Ruanda.
Manifiesto AERTE sobre la reunión mantenida ayer con el secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta
– El sector de asistencia a la dependencia sufre de manera continua retrasos e impagos desde hace más de tres años, alcanzando en algunos momentos deudas de más de un año. Esta situación, aunque se repite en muchas otras CCAA, se agrava en plazos en la Comunidad Valenciana. En la actualidad, la deuda acumulada asciende a más de 60 millones de euros y más de 6 meses. Aunque hay que puntualizar la reducción de la misma con respecto a otros momentos, el sector continua estando en una situación crítica.
– AERTE valora positivamente la intención del Gobierno central por activar el mecanismo del FLA para solventar a corto plazo la situación de deuda acumulada que mantiene, entre otros colectivos, con los centros y servicios a personas en situación de dependencia, así como que se tenga en cuenta a bienestar social, junto a educación y sanidad entre los sectores básicos cuya deuda se intenta minorar con este FLA.
No obstante, quiere puntualizar que el sector necesita conocer qué conceptos y qué cantidad de estos fondos, que se abonarán el próximo 2 de julio según se comprometió ayer Antonio Beteta, corresponde al sector de atención a la dependencia. Así mismo, solicita que la cantidad establecida sea equitativa con todos los programas de atención a este colectivo que actualmente funcionan en nuestra Comunidad.
AERTE ha venido manifestando la necesidad de resolver los programas de bono, las plazas concertadas del tercer sector en los primeros meses del año, así como PEIS, PEVS, etc. Cuestión que no se ha efectuado a día de hoy, lo que provoca que esta deuda no esté en estos momentos contabilizada (facturas todavía no reconocidas). Por tanto, no se incluiría en este FLA, lo que vuelve a situar en una falta de equidad en los pagos que se van a realizar el 2 de julio, así como el temor de que se vuelva a acumular un año de deuda una vez se resuelvan dichos programas. En cambio, el Gobierno si ha buscado diferentes procedimientos de contabilización para acelerar los pagos a otros sectores.
– AERTE recuerda que, además de la deuda pendiente, hay más de 9.000 personas reconocidas dependientes a día de hoy que no pueden ser atendidas pese a tener derecho a ello, debido a la no resolución de expedientes que se mantiene de forma continua, en algunos casos desde hace más de tres años, por falta de presupuesto, cuando es un derecho universal. Por ello, una vez más, encuentra necesario que se actúe en la resolución de los mismos, como ayer se le expuso directamente a Antonio Beteta en dicha reunión. Como respuesta, el Sr. Beteta puso de manifiesto que las competencias en ese sentido son del Gobierno autonómico.
– Como viene manteniendo durante meses, AERTE considera necesario que tanto el Gobierno central como el autonómico activen un plan de pagos equilibrado y equitativo durante 2014 que se cumpla en tiempo y cantidades, de modo que permita solventar la crítica situación de incertidumbre en la que se encuentra el sector ante la necesidad urgente de establecer previsiones de liquidez para poder mantener la actividad y servicios diarios a las más de 22.000 personas dependientes (solo en los 234 centros y servicios adheridos a AERTE) en la Comunidad Valenciana.
Ya hay menos beneficiarios de la ley de Dependencia que cuando Rajoy llegó al gobierno
Se van cumpliendo los planes de desmantelamiento de la Dependencia, ya se ha reducido el número de beneficiarios a niveles inferiores a Diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó al gobierno.
ACRA denuncia que es ilegal la suspensión de las ayudas para pagar una plaza privada en una residencial
La prestación está prevista en la ley de la dependencia estatal y garantizada en la cartera de servicios sociales de la Generalitat.
17.00 personas están en lista de espera para acceder a una plaza pública en Catalunya.
La concesión de PEVS está parada desde agosto de 2013, cuando la Generalitat de Catalunya suspendió la concesión por falta de financiación. Según el informe de ACRA, su paro es una práctica no amparada por ninguna normativa legal, sino una actuación por la vía del hecho y arbitraria. Las personas afectadas, concluye, pueden reclamar la protección del derecho a recibirlas ante el sistema judicial.
Actualmente a Catalunya hay 17.000 personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial en un centre público o concertado. Por el contrario, hay unas 8.500 plazas libres en residencias privadas. Las PEVS son unas prestaciones que ayudan a financiar parte del coste de una plaza privada mientras la persona mayor espera una plaza del sistema público.
ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, es una organización sin ánimo de lucro que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, residencias, pisos tutelados, entidades tutelares y centros socio-sanitarios) para gente mayor por toda Catalunya.
Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón
A la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.
La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.
Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.
Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.
COPAGO
El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.
