Lares CV reclama los once millones que le debe la Generalitat Valenciana el día 14 ante sus centros y el 22 a las puertas del Palau

    La Asociación de Residencias del Sector Solidario de la Comunitat Valenciana, Lares CV, reclamará los más de once millones que le debe la Generalitat valenciana con movilizaciones simultáneas el día 14 en todos sus centros y una concentración ante el Palau de la Generalitat el viernes 22 de junio, según lo acordado este jueves por la asamblea de la entidad en una reunión extraordinaria sobre esos «impagos».

Además, dentro del tercer plan de actuación aprobado ante la «inviabilidad económica» de las residencias y la «falta de atención» por parte de la Conselleria de Bienestar Social, recogerán cartas y firmas de los familiares de los mayores residentes y de los trabajadores de los centros para hacérselas llegar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, y al titular de Hacienda, José Manuel Vela.

Lares CV está formada por 44 centros sin ánimo de lucro, entre los que se incluyen asociaciones, fundaciones y congregaciones, que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y dan empleo a unas 1.600 personas, la mayoría con contrato indefinido.

Su presidente, José Pascual, ha alertado de la «crítica» situación económica que atraviesan esos centros al llevar desde el pasado mes de agosto sin cobrar las subvenciones de las plazas concertadas, lo que supone una deuda de 5,4 millones de euros –por esas plazas y las ayudas para infraestructuras de 2010 y 2011–. No obstante, la deuda acumulada supera los once millones dado que estos centros han asumido el gasto correspondiente a 2012, que supone seis millones hasta mayo.

En declaraciones a Europa Press, ha precisado que la cuantía correspondiente a este ejercicio «aún no es deuda oficial», hasta julio, ya que la Generalitat abona el 60 por ciento pasado el primer semestre y el 40 por ciento restante «durante el resto del año».

Pascual alerta de que, en la actualidad, muchos centros que pertenecen a fundaciones o congregaciones religiosas «están poniendo parte de sus patrimonios» para continuar con su actividad, mientras que otros «han tenido que confirmar préstamos que ya habían pedido a bancos, ya que como no hay ninguna garantía de que la administración vaya a pagar, ningún banco les da hoy un préstamo nuevo».

Al respecto, subraya que «a los trabajadores hay que pagarles con ese dinero que se recibe de la administración, que no llega, y al final no pueden comprometer más su patrimonio ni generar más deuda con los bancos», de modo que «muchas empresas ya se plantean no pagar las extras o dejar de pagar». Es más, asegura que algunas residencias ya han incurrido en impagos con sus proveedores.

«El problema es si vamos a cerrar o no», recalca el presidente de Lares CV, quien denuncia que «a ver qué empresa pueda subsistir» en esa situación, con «más de 2.000 personas que atender y más de 1.000 trabajadores a los que de alguna manera habrá que pagarles».

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