Archivo mensual: agosto 2012
Las recortes en dependencia tienen rostro humano
Juan Antonio de la Cruz tiene 18 años y es fan de ‘La Roja’. Luce orgulloso su camiseta, pero nunca ha ido a un partido. Podría seguirlo sin mayores problemas, ya que “se entera de absolutamente todo”, como presume María Dolores Sánchez Maldonado, o Lola a secas, su madre. Pero hay otras prioridades. Juan Antonio tiene parálisis cerebral desde que nació y todos los recursos económicos de su familia están volcados en él. Y las ayudas públicas que recibía él y otras personas como él, considerados dependientes, cada vez es menor por los las medidas de austeridad para reducir el déficit.
Hasta el año pasado, una asistente pagada con dinero público ayudaba a su madre a levantarlo por las mañanas y otra se pasaba un par de horas por la tarde con él. Pero “el 23 de mayo de 2011, a las 8:15 de la mañana, me llamaron para anunciarme que me retiraban ese apoyo. Me dijeron que había otra gente que se lo merecía más que mi hijo”, explica Lola, de 56 años. El 23 de mayo fue el día después de unas elecciones en la Comunidad de Madrid. En ellas, el Partido Popular volvió a cosechar una mayoría absoluta, por lo que el recorte de la prestación a familias como la de Lola y Juan Antonio sólo podía estar decidido de antemano.
Las ayudas públicas también aportaron 700 euros para costear la silla de ruedas que necesita Juan Antonio, que en total cuesta 4.500. La silla es casi una extensión de su cuerpo, ya que en ella reposan sus 35 kilos la mayor parte del día, siempre en diferentes posturas para evitar problemas de circulación. A pesar de los 2.000 euros adicionales invertidos en complementos y nuevas piezas, la silla de Juan Antonio se ha quedado vieja y Lola está pensando en comprar otra. Esta vez no recibirá esos 700 euros, porque el Gobierno ha suprimido la ayuda.
«SOY UNA AFORTUNADA»
Pese a todo, Lola se considera “una afortunada”. “Me puedo permitir cuidar a mi hijo porque no fumo, ni bebo, ni voy a la peluquería, ni me maquillo”, explica. “Llevo muchos años trabajando y cuento con la ayuda de mi pareja para ocuparme de mi hijo y salir adelante”, añade.
Juan Antonio tiene un nivel de discapacidad del 89%. Apenas se mueve o habla y tiene que ser alimentado por una sonda a través del ombligo. Siempre tendrá que estar atendido por otra persona. Pero cada vez está peor atendido por el Estado. El mes pasado, el Gobierno anunció recortes en la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 y que garantizó, por primera vez en toda España, el derecho a una ayuda pública de las personas que no se valen por sí mismas.
Entre 2012 y 2014, el Gobierno prevé recortar 3.020 millones de euros en la partida destinada a Dependencia, pero de momento no ha desvelado todas las medidas para cumplir el objetivo. Entre los ajustes presentados está la reducción en un 15% de la financiación, que se lleva a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, y una moratoria de dos años para la tramitación de los expedientes y el inicio de las ayudas. “Muchas personas se morirán esperando las ayudas”, lamenta Purificación Causapié, que fue directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con el anterior Gobierno. Tras cumplir la mayoría de edad, Juan Antonio podría acogerse a las prestaciones de la Ley de la Dependencia, pero a su madre no le sale a cuenta.
Como consecuencia de las políticas de austeridad, Lola pasará a pagar un 50% de las medicinas de su hijo. Ahora paga un 40% por las cuatro pastillas que toma Juan Antonio al día. “Sólo el año pasado me gasté 1.500 euros en las medicinas que están parcialmente cubiertas, pero este año creo que llegaré a los 2.000 por este aumento”, lamenta. El joven, incontinente, utiliza como mínimo 5 pañales al día que su madre tiene que costear en su totalidad. El impuesto que grava el consumo sube para los pañales desde el 8% al 21% a partir de septiembre, por lo que Lola se resigna a pasar sus vacaciones en su casa, por la que está acabando de pagar una hipoteca. También suben los impuestos para las jeringuillas con las que da de comer a su hijo a través del ombligo. Gasta una a la semana, pero Lola ya ha aprendido “los trucos para lograr que duren un poco más”. “Lo que no entiendo es por qué no le suben así los impuestos a la joyería, a los coches de lujo o los ricos y a las empresas que montan para esquivar sus obligaciones fiscales”, razona.
UN RECORTE DE GÉNERO
El encarecimiento de las medicinas también le afecta a la propia Lola, que sufre de dolores crónicos, fibromialgia y las secuelas de un cáncer de mama que sufrió hace años. Por eso fundó, junto a otras DCYDE, la Asociación de Fibromialgia, Dolor Crónico y Dependencia. Desde allí asesoran a nuevas familias con este tipo de problemas.
Es verano en Madrid y Juan Antonio puede, al menos, “hacer lo que más le gusta: pasear, ver gente, descubrir sitios nuevos”. Por fortuna, como recuerda su madre, eso es barato. En una cafetería se encuentran con María Teresa Lozano, que cuidó “toda la vida” de su padre y de su madre, hasta que se murieron. Acaba de recibir una carta en la que el Gobierno regional le deniega ayudas de Dependencia para cuidar de su madre, a pesar de que ésta falleció hace cuatro años. Su caso es el de la cuidadora de dependientes mayores, que son la mayoría de las casi 800.000 personas que reciben algún tipo de ayuda pública.
Según Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, los ajustes en este tipo de ayudas son en toda regla un recorte de género. “Las mujeres, que son tradicionalmente las que más a menudo cuidan de sus padres mayores, tienen también un salario menor que los hombres. En realidad, lo que se está creando es una bolsa de mujeres en riesgo de pobreza”, advierte.
Lola y Maria Teresa lamentan su suerte, aunque repiten insistentemente que podrían estar peor. Eso sí, los años dorados de la economía no volverán. “Antes de entrar en el euro, cobraba más o menos lo mismo, pero todo estaba mucho más barato”, dice Lola.
«FUENTE DE PREOCUPACIONES, PERO TAMBIÉN MOTOR»
Las dos tienen un plan. “Cuando cumplamos los 67 años [edad legal de jubilación], compramos unas pistolas, atracamos un banco y nos vamos a la cárcel, con cuatro comidas al día, a que nos cuiden”, bromea Lola.
A su lado, Juan Antonio también sonríe, aunque es muy difícil adivinar hasta donde llega en realidad su consciencia. ¿Quién lo cuidaría a él si siguen los recortes y se siguen reduciendo las ayudas públicas? “Juan Antonio es mi fuente de preocupaciones, pero también mi motor. Eso sí, le pido a Dios que se lo lleve antes que a mí”, confiesa Lola, por primera vez con lágrimas en los ojos. Pero para eso todavía falta mucho tiempo y a ella todavía le queda mucho que luchar. Lola se recompone rápidamente y antes de volver con su hijo a casa, le pregunta: “Juan Antonio, ¿cuántas novias tienes?”. El joven, desde su silla, responde con una sonora carcajada.
El Ayuntamiento de Lucena adjudica a Clece el servicio de ayuda a domicilio
El Ayuntamiento de Lucena ha adjudicado a Clece los servicios de ayuda a domicilio para los próximos cuatro años. Se trata del mayor contrato que se ofrece por parte del Consistorio, dado que su importe supera los 10 millones de euros. El concejal delegado de Servicios Sociales, Carlos Villa (IU), ha destacado que ello supone otro gran paso adelante en la aplicación de lo establecido en la Ley de Dependencia y que espera que no se vayan a producir recortes en la misma que puedan afectar a la calidad de atención que reciben las personas beneficiarias de la prestación.
La adjudicación se ha resuelto por parte de la mesa de contratación municipal, en la que, junto al alcalde, han participado representantes de los distintos grupos municipales y responsables técnicos de los Servicios Sociales. En total fueron ocho las empresas interesadas inicialmente en ser adjudicatarias de este contrato, si bien algunas de ellas no cumplían los requisitos y otras optaron por retirarse. Finalmente quedaron dos empresas empatadas y se tuvo que recurrir a la realización de un sorteo en el que participaron Ineprodes y Clece, siendo elegida esta última.
PLENO EXTRAORDINARIO Otro dato a destacar es que la adjudicación definitiva de este contrato deberá contar con el respaldo del Pleno de la Corporación, que habrá de reunirse seguramente con carácter extraordinario, pues, según Carlos Villa, la sesión ordinaria queda lejos. Mientras tanto, los servicios seguirán siendo prestados por parte de Ineprodes, según se acordó por parte del Pleno.
El contrato en cuestión se adjudicará por dos años, prorrogables por otros dos si no hay denuncia del mismo por alguna de las partes, resultando un importe total que supera los 10 millones de euros, a razón de unos 2,5 millones anuales.
Carlos Villa ha valorado muy satisfactoriamente la labor desarrollada por Ineprodes a lo largo de estos últimos años, resaltando la profesionalidad de su equipo humano en todo momento.
El Ayuntamiento de La Orotava ha acordado adjudicar a la empresa Clece el servicio de ayuda a domicilio
El Ayuntamiento de La Orotava ha acordado adjudicar a la empresa Clece el servicio de ayuda a domicilio en sustitución de la Cooperativa Mararía, que mantiene una deuda con la seguridad social de 3. 289.836 euros.
Durante 2011 el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Orotava, atendió a unos 200 usuarios, algo similar con respecto al año anterior. Y en este año, en lo que va de enero al presente agosto, atiende a unos 170 usuarios.
En total, a lo largo de 2011, se registraron un total de 31.234 actuaciones, el mayor porcentaje, el 45,61% (unas 14.245 acciones), se destinó al aseo personal, y un 27,63% (8.629 actuaciones) al aseo y atención del hogar.
Mientras, el resto de acciones cubren otras tareas como la del control de medicamentos, compras y cocinado de alimentos, entre otras cosas. Este año se estima una acción similar.
El 90% de los usuarios son personas mayores de entre 65 y 75 años de edad, mientras que el 10% restante son personas con alguna discapacidad. Y también existe mayor porcentaje de mujeres que hombres.
La mayoría de los beneficiarios, a los que se visita entre una y cinco veces a la semana, según las necesidades que presenten, se localizan sobre todo en las zonas de medianías, en barrios como Benijos, Barroso, Aguamansa y La Florida, aunque otro número importante de usuarios pertenece al casco, La Perdoma, la Villa Arriba y San Antonio-La Vera.
Joan Costa i Font, «La atención a la dependencia se diseñó rápido y sin pensar demasiado»
Los recortes en la atención a las personas dependientes (los más llamativos hasta ahora han sido el aumento del copago y la rebaja en las ayudas por cuidados familiares, sin contar el impago de las nóminas de julio a los geriátricos catalanes) han eclipsado la discusión de fondo: cómo financiar las prestaciones públicas cuando la economía está en recesión y el desempleo es elevado. A ese dilema se refiere Joan Costa i Font, profesor permanente de Economía Política en London School of Economics and Political Science, una de las instituciones académicas más influyentes en su ámbito. Especializado en economía de la salud y en políticas sociales, el docente critica que los partidos polemicen ruidosamente sobre los derechos de los ciudadanos mientras negocian entre bambalinas la forma de pagarlos. «Algo bueno que traerá esta crisis es una cierta desconfianza hacia los políticos, y una presión sobre los medios de comunicación para que supervisen sus acciones».El ayuntamiento de Castelló solo recauda 19.000 euros por cobrar este servicio
El Ayuntamiento de Castelló solo prevé recaudar 19.000 euros al año a través del nuevo precio público que ha establecido en el transporte adaptado municipal. La concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, adujo en el pleno de junio que la ciudadanía de Castelló «no tiene por qué pagar un servicio que utiliza un número determinado de castellonenses» y aseguró que para las personas sin recursos seguiría siendo gratuito.
Los grupos de la oposición (PSPV, Bloc y EU) rechazaron esta medida en una áspera sesión plenaria, mientras una usuario entregó a la regidora 600 firmas en contra de este copago. ¿Es justo que ustedes usen el coche oficial de forma gratuita y se cobre a personas que necesitan este medio», subrayó en el debate la concejala del PSPV Inmaculada Enguídanos. Las tres formaciones recordaron que los usuarios, que son personas con movilidad reducida, no tienen otros medios para poder moverse.
«Sólo tienen este transporte para poder moverse. No es un lujo. ¿Cuántos usuarios utilizan los coches oficiales?. Seguro que este servicio es más prescindible que el transporte adaptado», indicó la portavoz de Esquerra Unida, Carmen Carreras, mientras el edil del Bloc Nacionalista, Enric Nomdedéu, reiteró que los que hacen uso de él es por «necesidad». Este copago es rechazado de forma unánime de las organizaciones de dependientes de Castelló. No obstante, de momento han optado por un tono reivindicativo de baja intensidad y abogan por mantener los puentes de diálogo con la administración local.
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Retrasos en el pago del Plan Prepara deja a miles de personas sin recibir la ayuda
Sola y sin ayudas. Verónica Estevan, valenciana de 37 años, no ha recibido en julio los 400 euros del Plan Prepara y tampoco la ayuda a la dependencia que le reconocieron a su madre el pasado diciembre. “Ni un solo mes”, asegura. Pese a que no tiene que pagar vivienda, las facturas de la luz, el agua o el gas siguen llegando a su buzón. La última, la que tendría que abonar al administrador, la ha devuelto acompañada de la promesa de que la pagará más adelante. Ahora no puede.
Estevan es una de los miles de afectados por los retrasos en los pagos del Plan Prepara que el Ministerio de Empleo dijo que se debían a un «problema contable». En julio tendría que haber cobrado el último plazo de la ayuda que le corresponde, pero sus cuentas bancarias siguen en números rojos. “En el banco me dicen que no puede ser que no sepa cuándo voy a cobrar”, dice. Lo cierto es que no lo sabe. Tampoco sabe en qué momento le ingresarán los 300 euros que le han reconocido como cuidadora familiar de su madre (con una dependencia severa de Grado 2, Nivel 1). “¿Qué voy a hacer cuando no cobre los 400 euros? Pasar hambre”, responde.
“La Administración y yo no nos llevamos bien”, admite. Estevan es una de las 275.000 personas que esperan la ayuda a la dependencia que tienen reconocida, pero que no reciben. El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo. Y nadie da una respuesta al otro lado del teléfono: “Me dicen que falta no sé qué firma”. Pero esta valenciana sospecha que tales explicaciones son “excusas para retrasar el pago”. Tampoco en la oficina de empleo le dicen cuándo cobrará el Prepara.
Su madre, de 85 años, es su única familia. Hace tres años le pusieron un marcapasos, hace uno le detectaron un tumor en la columna, cuya operación la ha dejado postrada en una cama. Y hace apenas unos meses sufrió una isquemia intestinal. Entre el pago de medicamentos, una silla de ruedas y un colchón articulado —algunos de ellos gastos reembolsables que tampoco ha cobrado— Estevan se ha gastado sus ahorros. No tiene ni para los pañales, por eso en la farmacia de su barrio — “saben mi situación y me echan una manilla”, explica— le dan los paquetes que reciben de muestra y así no tiene que pagarlos. Otros comercios le fían la compra a la espera de que la ayuda a la dependencia de un respiro a su cuenta bancaría.
El copago de los medicamentos anunciado por el Gobierno en abril, también para los jubilados (que deben abonar un 10% de la factura hasta un máximo de ocho euros mensuales), es otro de los dolores de cabeza de Estevan. Ocho euros al mes no es un gasto elevado en la mayoría de hogares, pero adelantar el coste de los medicamentos —que algunos meses supera los 3.000 euros— en casa de Estevan es misión imposible.
No siempre fue así. Licenciada en Relaciones Laborales y con varios másteres, recalca que para ella el trabajo es “sagrado” y siempre se ha esforzado por hacerlo bien. “Pero la vida me dio un revés”, dice en referencia al fallecimiento de su padre en 2008 y al deterioro de la salud de su madre desde 2009. Antes, tenía un buen sueldo (36.000 euros anuales en su mejor época) y sueños por delante. Ahora, después de reducir su jornada (y su retribución) y después abandonar su empleo, su día se centra en cuidar de su progenitora y llamar insistentemente preguntando cuándo llegará el dinero. “No puedo buscar un empleo si no me ayudan. No puedo dejar a mi madre sola”, explica. “Intenté montar una empresa en casa, para hacer nóminas, pero era imposible”. Tampoco sale y para ir a la farmacia le pide a una vecina que se quede en su casa “por si pasa algo”. Estevan dice sentirse “atrapada” en su barrio.
Desesperada, se tragó su orgullo —“es terrible suplicar y pedir limosna a tus dirigentes”, dice— y escribió un correo electrónico al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo ayuda. “Yo le voté, no me decepcione por favor. Haga algo”, decía la carta. También ha escrito a cargos políticos valencianos relacionados con el bienestar social. Ninguna de sus misivas ha obtenido respuesta. Estevan empieza a pensar que se le agotan las opciones. Sin colchón familiar y sin dinero, los vecinos son su única red de salvación. “Pero los supermercados no dan comida gratis”, dice.
“Yo sé que las cosas están mal, sé lo que es la prima de riesgo y conozco la situación de España”, esgrime. Pero Estevan insiste en que no pide ayuda por capricho, sino por necesidad. “Si recibiera la dependencia podría contratar a alguien y trabajar a media jornada”, afirma con esperanza. Cuenta con orgullo que cuando acudía a su cita con la orientadora laboral del Plan Prepara, ésta le decía que estaba hiper cualificada.
Pero rápido sus palabras vuelven a la realidad: “Estoy desesperada. El daño y las deudas las llevo dentro”.
Carta a Mariano Rajoy
Estimado Sr. Rajoy:
Mi nombre es Verónica Estevan, tengo 37 años y le escribo desde Valencia, sé que no será usted quien lea este mensaje, o simplemente no será leído, pero formo parte del pueblo español y me veo en la obligación de comunicarle mi situación como ciudadana.
Verá usted, yo trabajaba como responsable de RRHH después de pasarme media vida estudiando carreras y másteres y ser muy valorada por mi trabajo; la vida me dio un revés y mi madre enfermó bastante, de manera que primero me reduje la jornada y luego me vi en la obligación de dejar de trabajar para cuidarla, ya que no tengo hermanos ni familia directa; mi madre está encamada y me necesita. Ha sido la decisión más dura de mi vida, me encantaba trabajar, mis nóminas, mi prevención de riesgos, mi selección, mi trabajo… he tenido que rechazar 3 empleos en los últimos 3 años porque mi madre va de mal en peor (lo último ha sido un infarto en el intestino el mes pasado); solicito ayuda en base a la ley de dependencia y no es porque quiera aprovecharme del estado, sino porque la necesito.
Estoy agotada, mido 1,50 (o metro y medio) y físicamente levantar, asear y darle una vida medio digna a mi madre ha hecho que pierda 15 kilogramos en un año, no duermo por la preocupación y sigo esperando una pequeña ayuda de la dependencia, que me dé un alivio económico, físico y emocional. Yo soy una persona, tengo sentimientos, tenía sueños y una carrera profesional por delante, ahora me estoy dejando la piel y la vida por mi madre, lo hago porque la quiero más que a nada en el mundo, porque ella lo merece, porque lo necesita y porque me hace feliz ayudar a quien lo necesita; pero me faltan fuerzas y recursos. No puedo irme a mas de 5 minutos de mi casa por si mi madre necesita orinar, llorar, levantarse o cualquier cosa, de manera que me encuentro presa en mi barrio.
No entiendo por qué no me pagan la silla de ruedas que compré en septiembre del 2011 y me dijeron que me pagarían; no entiendo porque no puede tener un collar o pulsera de tele asistencia por si yo estoy comprando, en el médico o en la farmacia y le pasa algo (la explicación es que no vive sola…); no entiendo que gran mal he hecho al mundo o a este país o a quien sea para que no me ayude nadie en nada.
Estudié mucho, creía en las leyes, creía en la economía, creía en la política, creía en un mañana prospero. Ahora solo creo en el dolor que veo cada día y en que Dios si existe es para ahogar.
Yo sé en qué estado se encuentra España y que debemos apretarnos el cinturón, pero estoy a punto de apretarme el cinturón en el cuello, por favor se lo ruego ayúdeme, haga algo por favor.
Yo siempre he defendido una política económica de derechas porque creo que es así como se genera empleo y consumo, ahora me da dolor de estomago ver las noticias y me vuelve loca no poder trabajar, ver sufrir a mi madre y ver números rojos en mi cuenta. Yo le voté a usted. no me decepcione por favor, mi madre es una excelente persona (yo no tanto).
Gracias por leerme (no creo que lo haya hecho, pero bueno…)
En espera de sus noticias, se despide atentamente,
Verónica Estevan Huerta
La fundación catalina hoffmann ayudará a los mayores a hacer la compra
La Fundación Catalina Hoffmann pone en marcha la iniciativa Juntos podemos, a través de la cual voluntarios ayudarán a las personas mayores que lo necesiten a hacer la compra y a trasladar los paquetes a sus domicilios.
Según informó este viernes la fundación, la iniciativa se pone en marcha con el objetivo de que las personas mayores no dejen de salir a realizar sus compras por el hecho de no poder cargar con ellas.
El proyecto surge de la necesidad a la que se enfrentan las personas que a una determinada edad ya no pueden cargar pesos o desplazarse con la misma movilidad que antes. Muchos mayores dejan de ir a la compra porque no pueden cargar con ella y eso conlleva un deterioro en la persona, porque el simple hecho de acercarse al mercado le ayuda a sentirse activo y formar parte de la sociedad, indicó la presidenta y creadora de la fundación, Catalina Hoffmann.
La iniciativa, que se centrará en los mercados tradicionales, contará con voluntarios que ayudarán a transportar la compra de los mayores con bolsas ecológicas y de manera altruista. Perseguimos que el voluntariado a su vez haga compañía al mayor de camino a casa y le dé consejos saludables, explicó Hoffmann.
Asimismo, indicó que el proyecto no persigue sobreproteger a los mayores, sino darles apoyo para que realicen la actividad de comprar, relacionarse y no sentirse dependientes.
Bienestar Social concede 452 ‘bonos respiro’ para residencias de mayores
La conselleria de Justicia y Bienestar Social ha concedido este año un total de 452 ‘bono-respiro’, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes.
Estas se conceden, según ha informado el conseller Jorge Cabré en un comunicado, «cuando por circunstancias especiales necesiten la atención en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar».
El conseller de Justicia y Bienestar Social ha subrayado que en la mayoría de los casos «es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes» y en este sentido ha asegurado que la Generalitat «debe apoyar a los cuidadores no profesionales a través de programas como el Bono Respiro».
En total se han concedido 325 bonos respiro en la provincia de Valencia, 86 en la de Alicante y 41 en la provincia de Castellón.
En 2012 la conselleria de Justicia y Bienestar Social ha destinado un total de 423.368 euros para financiar el programa.
Los recortes ponen en peligro el programa de respiro para cuidadores
La denuncia llegaba a las redacciones a través de un comunicado de CC OO, en el que el sindicato aseguraba que la Junta de Andalucía suprimirá la asignación económica destinada a los programas de respiro familiar dirigido a los cuidadores de personas en situación de grave dependencia. Por la tarde, un portavoz de la Junta desmentía «de forma categórica» esta información y aseguraba que no se había comunicado la supresión de dicho programa. No obstante decía que en estos momentos se está estudiando la reestructuración y los ajustes que se tienen que hacer «después de que el Gobierno central haya recortado 83 millones de euros en los presupuestos destinados a la dependencia», aunque insistía en que no hay decisión tomada sobre los programas que se verán afectados.Expertos creen el envejecimiento activo «un derecho y una necesidad pública y social»
Los expertos consideran en la actualidad el envejecimiento activo «un derecho y una necesidad pública y social», tal y como han asegurado esta semana en Santander durante la celebración del primer curso de verano sobre esta materia celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Así, y con motivo de la conmemoración en este 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha organizado en la capital cántabra las jornadas tituladas ‘Envejecimiento Activo: promover la autonomía personal a través del compromiso y la responsabilidad social’.
En ellas, este organismo ha defendido la responsabilidad personal «en el proceso de envejecimiento y en la prevención de la dependencia». Y es que en la actualidad, el 17 por ciento de la población española tiene más de 64 años, «un porcentaje que se duplicará en 2049», sostienen los expertos aludiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para el secretario general del Imserso, Francisco Ferrándiz, el envejecimiento activo «supone un compromiso y responsabilidad de la sociedad y de los poderes públicos, pero también un potencial generador de riqueza y estímulo económico». Sin embargo, según el Eurobarómetro de 2009, la discriminación por edad ha aumentado.
LAS DEMANDAS ESTÁN REFERIDAS A PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
Además, existen otros factores que amenazan el envejecimiento activo, como son la imposición de jubilaciones no deseadas en las que se desperdicia capital humano y se generan situaciones de exclusión social, subraya la vicerrectora de Ordenación Académica de la UIMP, María Teresa Sancho. No obstante, considera que «siempre hay que mantener un equilibrio entre los años en retiro y los de trabajo».
Por todo ello, los asistentes han demandado nuevas propuestas de participación y compromiso social en las que los mayores se sientan reconocidos. «Fomentar sus oportunidades de empleo, permitirles contribuir activamente a través del voluntariado y dejarles vivir con independencia», son algunas de las que ellos proponen.
En este sentido, el Imserso ha puesto en marcha varios proyectos «para dar apoyo emocional y seguridad a los mayores», y ha creado un nuevo espacio para transmitir información, compartir experiencias y movilizar a todos los agentes implicados en relación al Año Europeo del Envejecimiento Activo.
Aragón, al frente de la reducción de inversión pública en dependencia
Las personas dependientes de Aragón serán unas de las principales damnificadas por los cambios efectuados desde el Gobierno central en el desarrollo de la Ley de Dependencia y que, principalmente, supondrán una reducción en la inversión. Así, según un informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, la comunidad será la cuarta con una mayor reducción (17,3%) de la inversión pública para la atención a este colectivo, solo superada por Murcia y Baleares (18,9%) y Canarias (22,7%)
El porcentaje supondrá una merma superior a los 26 millones de euros respecto al 2011, producto de la suma de los recortes provocados por la reducción de aportaciones estatales y la posibilidad otorgada a las comunidades autónomas de implementar ahorros.
SUPRESIONES Entre las actuaciones del Gobierno central figuran la supresión del nivel convenido de financiación con las comunidades, ya reflejado en los presupuestos y que supondrá más de 11 millones de euros menos a Aragón. Además, el decreto 20/2012 del 13 de julio del 2012 modificar varios elementos sustanciales de la ley y reduce las entregas a las regiones por el nivel mínimo garantizado en una media del 13,24%. Aquí, ese recorte estatal se acercará a los 3 millones de euros. En total, el informe advierte de un quebranto económico para las arcas autonómicas superior a los 14 milones de euros, lo que supone una reducción del 27,24% sobre la financiación estatal del 2011. La Rioja (29%), Asturias (28,92%) y Castilla y León (27,42%) son las únicas que soportarían una rebaja mayor.
Además, el decreto también incluye medidas de reducción del gasto que favorecerán a las comunidades autónomas, entre las que se incluye la rebaja de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) en un 15% a partir del 1 de agosto y la eliminación, a partir de esa misma fecha, del derecho a percibir de forma retroactiva los importes de esas prestaciones en los casos en que se hubieran devengado.
En el primer apartado, el Ejecutivo autonómico obtendrá un ahorro estimado de 3,7 millones de euros y el beneficio del ahorro de la supresión de la retroactividad ascenderá a 8,4, lo que eleva hasta los 12,1 millones el ahorro potencial para la comunidad aragonesa –305 millones en total entre todas las autonomías–.
Así, el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia establece un impacto total, entre las dos reducciones procedentes del Estado y el ahorro del que se beneficiarán las arcas autonómicas, de más de 26 millones de euros, es decir, un 17% respecto al 2011 y un porcentaje muy superior al 11,2% de la media nacional.
El informe advierte, en este sentido, de que «los territorios que ya presentaban datos de gestión muy deficientes reducirán aún más la inversión pública en el sistema, empeorando así con toda seguridad la evolución de las atenciones que prestan» y expone que, por el contrario, las comunidades que presentaban mejores datos de gestión «tienen mucho menos margen de ahorro y se verán abocados a adoptar decisiones drásticas para salvaguardar los equilibrios presupuestarios, empeorando así sus ratios de atención».
IMPACTO POR PERSONA El recorte repercutirá en un impacto global en cinco meses –desde agosto a diciembre– de 344 euros por persona, es decir, algo más de 65 euros al mes por persona atendida. También en este apartado Aragón ocupa la tercera posición en las comunidades más afectadas, por detrás de Canarias (79,59) y Baleares (71,41). En el resto del país, esta suma apenas alcanza los 52 euros, por lo que cada dependiente aragonés percibirá unos 13 euros menos que lo que se hará a nivel nacional.
En total, la atención a las personas con derecho contará con una media de 274 euros menos de aquí a final de año, es decir, el recorte a cada dependiente aragonés será 70 euros superior a la media nacional.
Baja un 30% la prestación de más de 25.000 cuidadores familiares de dependientes
Más de 25.000 personas de Castilla y León que reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar de un dependiente percibirán desde este mes de agosto un 30 por ciento menos de asignación, tras la entrada en vigor el pasado día 1 de la orden que modifica las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad.
Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a Ical, a 1 de junio de 2012 había en la región 25.486 cuidadores familiares no profesionales que recibían una prestación mensual media de unos 380 euros, que ahora se reducirá en un 30 por ciento, un 15 por ciento como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y otro 15 por ciento por decisión de la Junta para potenciar las prestaciones por servicios profesionales.
De esos 25.486 cuidadores familiares no profesionales, 11.744 estaban además acogidos a un convenio especial por el que el Estado también les abona una cuota a la Seguridad Social al no cotizar por otras vías, un beneficio que sí seguirán teniendo aunque se ha eliminado para los nuevos usuarios.
La Junta ha demandado reiteradamente desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 que se primen los servicios profesionales frente a los cuidados en el entorno familiar, que según la norma deberían utilizarse sólo en casos excepcionales. De hecho, es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje destina al pago de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y más a financiar servicios.
Así, sólo el 41,2 por ciento de los 61.839 dependientes con prestación reconocida (77.778 prestaciones ya que una persona puede tener varias) que había en la región a 1 de junio eran atendidos por un miembro de su familia, mientras que en España ese porcentaje se elevaba a un 58 por ciento de los 750.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia, con un total de 435.180 cuidadores familiares con paga, de los que a 179.435 el Estado les abonaba además su cotización a la Seguridad Social. Esto supone que en la Comunidad los servicios representan el 67,94 por ciento de las prestaciones por dependencia, frente al 54,68 por ciento estatal.
Con esta reducción de la paga a los cuidadores no profesionales, la Consejería de Familia calcula que unas 25.000 personas dependientes pasarán de ser atendidas por familiares a recibir servicios profesionales, tanto residenciales como a domicilio, lo que permitiría crear 16.700 puestos de trabajo en centros residenciales u 11.000 en atención domiciliaria.
Requisitos
La normativa estatal establece que pueden asumir la condición de cuidadores no profesionales el cónyuge de la persona dependiente y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. La reforma introduce como novedad que a partir de ahora deberán acreditar unos conocimientos mínimos para poder acceder a esta asignación, con el objetivo de dar prioridad a la atención profesional.
El importe de la prestación económica que reciben depende de la capacidad económica del beneficiario y del grado y nivel de dependencia de la persona a la que atienden. El máximo mensual establecido en 2012 para un cuidador a tiempo completo era de 520,69 euros al mes, para una persona que atendiera a un gran dependiente de nivel 2, y el mínimo de 180 euros, para el de un dependiente moderado de grado 1, unas cuantías que ahora se reducen un 30 por ciento de media.
Así, tras la simplificación de los grados y niveles de dependencia, que pasan de seis a tres, en Castilla y León los cuidadores familiares de grandes dependientes cobrarán una media de 319,23 euros; los de dependientes severos, 221,36 euros, y los de dependientes moderados, 126 euros al mes.
Los recortes en Dependencia perjudican a las comunidades que mejor gestionan
Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas económicas.
Estas conclusiones se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.
Pero pierde más Castilla y León porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.
Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
El informe señala que solo con mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto, 400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.
SARquavitae continúa apostando por la innovación como motor del sector sanitario y social
SARquavitae apuesta decididamente por la innovación, como eje fundamental del desarrollo de su propio negocio y del sector sociosanitario, en general. Ello lo demuestra con la reciente creación en el seno de la organización de un Comité de Innovación, formado por un equipo multidisciplinar de profesionales, encargado de identificar, evaluar y proponer proyectos y líneas de negocio innovadoras.
SARquavitae apuesta claramente por la innovación clínica, social, organizativa, y tecnológica como motor de su actividad empresarial en el ámbito de la salud y del bienestar personal, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad a una sociedad cada vez más exigente. El comité de innovación funciona con un enfoque transversal y multidisciplinar a través de la visión médica-asistencial, psicosocial y tecnológica de los profesionales que lo forman.
En esta línea innovadora, SARquavitae ya está trabajando en diferentes proyectos como su Contact Center Sanitario y Nutricional, Programas de Atención Paliativa, el Quiosco de la Salud o la Telemonitorización de pacientes con patologías crónicas, entre otros proyectos.
En este proceso, el Comité de Innovación es el encargado de identificar, y promover, los proyectos que coordinará y desarrollará David Fernandez, recientemente nominado Business Development Manager desde la perspectiva de las nuevas líneas de negocio, asumiendo la gestión de éstos proyectos desde la fase inicial hasta que los nuevos productos y servicios son creados y probados en sus versiones «piloto».
Los consejeros de Economía y Bienestar Social piden perdón por los impagos a entidades sociales
El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, y el de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, han pedido disculpas por el impago del Govern de la mensualidad de julio de todos los convenios de la Generalitat con las entidades sociales dedicadas a la atención de personas mayores, menores, o discapacitados entre otros. En el inicio de su comparecencia en el Parlament, forzada por todos los grupos de la oposición, Mas-Colell ha pedido disculpas «a las entidades y personas que se han visto perjudicadas” y ha añadido: “Quiero agradecer su esfuerzo y trabajo valioso que hacen cada día, esencial para que la nuestra sea una sociedad cohesionada y ejemplar». Cleries también ha iniciado su intervención elogiando al Tercer Sector social y disculpándose por lo que, ha matizado, es un «atraso» y no «un impago».
“No es un impago sino un aplazamiento”, ha asegurado Cleries, que este viernes ha comparecido en la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre esta situación, atribuyéndola al Gobierno central que preside Mariano Rajoy. El consejero ha indicado que, a las entidades sociales, el Govern les ha dejado de pagar en total 70 millones, pero matizando que están al día el pago de prestaciones y ayudas como la Red Mínima de Inserción (RMI), el fondo de garantías para el impago de pensiones alimenticias, la dependencia, entre otras.
“Hay una asfixia económica –del Gobierno– que deriva en asfixia social”, ha dicho, recalcando en varias ocasiones que no se puede asegurar que el Govern esté ejecutando políticas antisociales. “No volvemos a la era de la caridad”, ha insistido Cleries, que ha remarcado que desde el tercer sector, pese al aplazamiento de los pagos a las entidades de julio, se ha dado garantías de que todos los usuarios van a seguir recibiendo servicios y que ninguna plaza concertada va a peligrar.
Ha anunciado, además, que su Conselleria ha habilitado un dispositivo para hacer seguimiento y dar apoyo a las entidades, ha indicado que se reunirá con el sector en septiembre y ha sostenido que su departamento ha estado “a la altura”. El conseller ha pedido a los grupos hacer lo posible para que esta situación no se vuelva a producir y ha lamentado que durante los últimos días haya habido informaciones sobre este tema que innecesariamente han creado “alarma social”.
Por su parte, Mas-Colell, ha explicado que el Govern “confía en que la situación se normalice” en el mes de agosto y pueda a volver a pagar al sector concertado tras los impagos del mes de julio y ha vinculado las posibilidades de pago a que “los mecanismos de liquidez del Gobierno tendrían que estar implantados”, lo que permitiría a la Generalitat aliviar su situación de tesorería.
Mas-Colell ha argumentado que la mejora de la situación económica de la UE también repercutiría positivamente sobre la situación catalana, aunque ha lamentado que las “noticias de ayer no son alentadoras”, en alusión a la comparecencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
Como ya hizo el martes el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha responsabilizado al Estado de la dificultades de liquidez catalanas, y ha lamentado esta situación, sobretodo porque “los catalanes son contribuyentes generosos” a las arcas públicas españolas. Mas-Colell también ha insistido en que el impago al sector concertado es fruto de que la ley marca que primero el Govern debe cumplir con sus obligaciones financieras ante vencimientos crediticios, y segundo, debe afrontar las nóminas públicas. En concreto, ha hablado de la necesidad de dar la “confianza absoluta” a los compradores de los bonos que ha emitido la Generalitat en el pasado.
Monago apuesta por «reformar la Ley de Dependencia para que no existan 17 modelos diferentes»
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado por «reformar la Ley de Dependencia para que no existan 17 modelos diferentes», del mismo modo que quiere que «aporten más aquellos que tienen más y los que tengan menos o nada, aporten menos o nada».
«La mejora de nuestra dependencia depende de todos», ha indicado Monago, a lo que ha añadido que «no» se pueden «consentir fraudes de ciudadanos que cobran por cuidar de sus mayores cuando no lo hacen».
«Debemos, sobre todo, simplificar el proceso de valoración para acceder a las ayudas», ha asegurado el presidente extremeño durante la inauguración de la Residencia de Mayores de San Vicente de Alcántara (Badajoz).
A su vez, el presidente Monago ha destacado la importancia de mejorar «todo» lo que se pueda la asistencia a las personas mayores. «Convenios como el que hemos firmado con este centro nos ayudan a llegar más lejos», ha apuntado.
Un convenio por el que de las 60 plazas de residentes que hay en este centro, 27 están subvencionadas por el Gobierno de Extremadura y de las 40 de la Unidad de Día, 10 también están reservadas para el Gobierno regional, según informa el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo extremeño ha dado la enhorabuena al grupo extremeño ‘Puente Real’, por la inauguración de su tercer centro en el que atienden ya a más de 350 mayores y da empleo a más de 120 trabajadores.
Aerte impulsa la recogida de firmas para pedir un IVA reducido al 4% para servicios privados de atencion a la dependencia
La Asociación empresarial de servicios a personas en situación de Dependencia (Aerte) ha anunciado este viernes la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas entre sus asociados y personal de los centros para solicitar un IVA reducido al 4 por ciento.Aerte trasladará a la FED y a los organismos competentes de atender una reclamación respaldada por el sector, el apoyo de todos aquellos que con su firma solicitan un IVA reducido al 4 por ciento en los servicios privados de atención a la Dependencia, «un sector que encuentra en este incremento fiscal uno de los factores que pueden condicionar su futuro y el de los dependientes atendidos», según un comunicado de la asociación.Para Aerte el tratamiento que se plantea en la aplicación del IVA no es homogéneo en el sector y, en ocasiones, plantea situaciones dudosas por existir grados de interpretación en la norma que perjudican tanto al prestador como al usuario.Por estas razones y en particular, por aquellas que atentan en la viabilidad futura del sector, Aerte ha anunciado que desarrollará esta campaña y otras acciones que anunciará brevemente.Médicos de Residencias pide que se reconsidere la opción de quitar de la financiación los fármacos para el estreñimiento
La Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER) ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que reconsidere la opción de eliminar de la financiación pública los fármacos contra el estreñimiento porque, ha recordado, esta patología afecta a más de 4 millones de personas.
Y es que, según ha comentado, el coste humano y material que puede producir un ingreso hospitalario por esta enfermedad es «mucho» más elevado que el de los medicamentos. Además, según un estudio realizado por SEMER, a nivel nacional y único a nivel mundial, la prevalencia de la impactación fecal en los centros geriátricos es elevada debido a la naturaleza evolutiva humana, a pesar de los cuidados de los profesionales.
El estreñimiento afecta a las personas mayores de 65 años del 60-70 por ciento, independientemente de la causa que se lo produzca. «Con la retirada de medicamentos poco efectivos entran los laxantes, si bien es cierto que algunos no tienen eficacia demostrada en estas edades, por el contrario otros que si están la tienen e incluso otros que están fuera actualmente –como los osmóticos– la han demostrado», ha señalado la asociación.
Por último, SEMER ha recordado que los hábitos dietéticos y cotidianos no son suficientes para solucionar los problemas de estreñimiento y ha avisado de que la prescripción de los laxantes van a perjudicar a los pensionistas que, incluso, alguno «no pueden ni arreglarse la boca».
