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dic 07

El Procurador del Común, Javier Amoedo, defiende la discapacidad para los mayores con Alzhéimer

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Javier AmoedoEl Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León a que considere los centros para su tratamiento recursos para la discapacidad neurodegenerativa.

«Que se proceda a la realización de los estudios necesarios para el reconocimiento de las personas con Alzhéimer como personas mayores con discapacidad a todos los efectos, y de los centros destinados a los enfermos de Alzhéimer como centros de atención a personas con discapacidad neurodegenerativa (con independencia de su catalogación, asimismo, como centros para personas mayores), con la aplicación de las ventajas económicas y asistenciales que, en su caso, de dicho reconocimiento puedan derivar para los afectados, sus familias y asociaciones del sector». Esa es la recomendación textual que el Procurador del Común, Javier Amoedo, hace en una resolución enviada a la Consejería de la Presidencia de Castilla y León.

De hecho, como recoge el dictamen del Procurador, un enfermo de Alzheimer percibe de ayuda por una plaza concertada en un centro de día 22,96 euros por día, mientras que una persona con discapacidad en la misma situación percibiría entre 32,72 y 43,12 euros al día.

Unas ayudas que se incrementan para personas con enfermedad mental, que tendría plaza concertada en un centro de día por un precio de 44 euros y hasta los 51,95 euros para personas con autismo.

La actuación del Procurador del Común se produce tras recibir varias quejas en las que se ponía de manifestó la discriminación que, para las personas afectadas por el Alzheimer, genera no encontrarse incluidas en el grupo de personas con discapacidad sino de personas mayores.

“Una situación que no se corresponde ni con los parámetros de dependencia ni de discapacidad”, ha apuntado el Procurador del Común.

Esta circunstancia se justifica por la Consejería de Familia en que el Alzheimer afecta principalmente a personas con 65 años o más y es una de las principales causas de dependencia en la vejez, de forma que su principal factor de riesgo es la edad.

Si bien el Procurador reconoce que el Alzheimer se observa como una evolución lógica de la edad y era sinónimo de envejecimiento, también reconoce que el tiempo ha venido a demostrar que el diez por ciento de los enfermos son menores de 65 años.

Una situación que atestiguan las asociaciones destinadas a paliar esta enfermedad, que cada vez atienden a más personas con edades comprendidas entre los 42 y 60 años, y que, por lo tanto, no deberían ser encuadradas en el sector de personas mayores.

Por todo ello, el Procurador ha considerado necesario el reconocimiento de una persona con Alzheimer como persona mayor con discapacidad a todos los efectos.

Además, defiende el reconocimiento de los centros destinados a enfermos de Alzheimer como centros de atención a personas con discapacidad neurodegenerativa con independencia de su catalogación.

Al respecto, el Procurador ha recordado que el Ministerio de Sanidad incluyó, dentro de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad, el Centro de referencia estatal de atención a personas con Alzheimer y otras demencias de Salamanca.

A pesar de ello, el Procurador ha advertido que la falta de reconocimiento de estos enfermos como mayores discapacitados está “generando importantes repercusiones económicas y asistenciales”, situando a las personas con Alzheimer en un estado de desventaja frente al resto de personas con discapacidad.

Fuente: La Vanguardia