Un estado de Bienestar para nuestros mayores
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el 1 de octubre, tenemos que hacer visible la necesidad imperiosa de la atención a las personas de edad avanzada en un momento en el que caminamos hacia una Europa envejecida, que va a carecer de un sistema que dé seguridad y cobertura social a las personas longevas.
El progresivo envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida a nivel mundial en las últimas décadas han provocado un cambio en las necesidades de salud de nuestra población que debiera ser una prioridad para nuestras Administraciones Públicas.
En España, la inmensa mayoría de las personas que precisan de cuidados para realizar las actividades cotidianas reciben ayuda a través del cuidado personal realizado por sus familiares más directos.
En el 21% de los hogares canarios hay una o más personas con limitación de la actividad. En Gran Canaria, el 86,3% del cuidado se realiza en el ámbito familiar, siendo las mujeres, en la mayoría de los casos, quienes desempeñan este rol. El 13,7% restante del cuidado de las personas dependientes está a cargo del servicio doméstico, los servicios sociales y otros tipos de atención.
El desmantelamiento del Estado de Bienestar afecta, sobre todo, a los mayores, que ven cómo en este último tiempo se aminoran los recursos de atención y prevención de enfermedades asociadas a la edad. Asistimos al repago de sus medicamentos, a la falta de servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, y al colapso en la red asistencial a los grandes dependientes. Asistimos a la muerte súbita de una Ley de Autonomía que apenas acababa de nacer, y que era el cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Los recursos de la Ley de Autonomía Personal se han suprimido, sacrificando a los mayores en pro de construir un Estado que deja atrás el compromiso con las personas que han dejado lo mejor de sí en hacer un país más grande en el conjunto de los Estados, un esfuerzo que, sin duda, debería ser recompensado en la última etapa de su vida. Pero la realidad es que se encuentran con unos gobernantes que, nuevamente, los sacrifican.
En pleno siglo XXI, asistimos a la vuelta de los hijos a los hogares de sus mayores, ya jubilados en la mayoría de los casos. El papel que juegan pasa a ser relevante, ya que se han convertido, en muchos de los casos, en el sostén de una familia con alto índice de desempleo. Es el regreso al hogar de los abuelos con el fin de poder sobrevivir gracias a una mínima jubilación.
Las necesidades de los hijos y las hijas de depender de las pensiones de sus padres chocan frontalmente con las de los mayores, de tener una vida de confort en la última etapa de su vida. Disponer de una jubilación para la atención propia, para su salud y bienestar social, se sacrifica por mantener a una generación que no tiene capacidad para contribuir a las pensiones futuras, ni aún para mantenerse en el presente.
Las pensiones de nuestros mayores se encuentran entre las más bajas de Europa, ocupando el octavo lugar de un ranking de 15. En algunos casos, ni siquiera llegan a tener el valor de sueldo mínimo interprofesional pensiones como las no contributivas o de viudedad. Menos capacidad adquisitiva y menos cobertura social.
En nuestra Isla tres residencias de mayores han sido cerradas en los últimos tiempos: Mogán, San Mateo y Firgas. Un mal que está afectando a las 3.000 personas mayores que están a la espera de una plaza en una residencia de gran dependencia.
Aún queda una oportunidad para hacer prevalecer el espíritu solidario con las personas que han conformado lo que hoy conocemos como nuestro país. El Estado tiene una deuda pendiente con todos los mayores, que hoy ven aminorada su capacidad adquisitiva, y que ven con sufrimiento cómo se encuentran sus hijos e hijas, que no disponen de otra ayuda que no sea la de ellos mismos.
No puede ser una entelequia el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal en un Estado como el nuestro. No es una quimera pensar que podemos y debemos tener el Estado de Bienestar social que merecen nuestros mayores.
ISABEL GUERRA, Consejera del PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria
