AERTE reclama la necesidad de publicar urgentemente el acuerdo marco de plazas concertadas

La patronal de atención a la dependencia contacta con distintas formaciones políticas antes de las elecciones para presentar una batería de iniciativas y propuestas.

Propone a los partidos políticos un sistema sociosanitario sostenible, accesible, justo y de calidad, basado en reformas ágiles, mecanismos eficientes de gestión, innovación, coordinación y fórmulas de colaboración público-privada para garantizar la calidad y seguridad de los servicios profesionales a personas dependientes.

AERTE está llevando a cabo una serie de contactos con distintas agrupaciones políticas, con la finalidad de plantearles propuestas dirigidas a lograr un sistema sociosanitario de atención a personas dependientes sostenible, accesible, justo, seguro y de calidad. El objetivo es que las tengan presentes para la próxima legislatura.

El primer encuentro se llevó a cabo el pasado martes con Podemos, en los próximos días, AERTE hará llegar sus propuestas a distintos partidos políticos: Ciudadanos, Esquerra Unida, Compromís, PSPV-PSOE y Partido Popular.

AERTE ha establecido cuatro criterios de actuación en sus propuestas: el aumento de la coordinación y colaboración; el desarrollo y la reforma del sistema, el ahorro y la eficiencia en la gestión; y la cuestión de los servicios y prestaciones.

-Aumentar la Coordinación y colaboración

La coordinación sociosanitaria entre el sector público, y las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social, es uno de los elementos clave en el medio plazo para conseguir más eficiencia en el sistema. Entre las medidas que propone AERTE, cabe destacar la colaboración con los operadores en el terreno de la prestación de los servicios de atención a la dependencia que permita garantizar la máxima calidad, y lograr un mejor coste a través de dos figuras básicas: el concierto, es decir, el acuerdo con empresas privadas que operan en el sector, para que pongan a disposición de la administración un número determinado de plazas y la prestación vinculada al servicio, por la que una persona recibe un importe determinado para que pueda elegir libremente que entidad, de las debidamente acreditadas, quiere que se lo preste.

Además, sería necesaria la puesta en marcha de un plan director sociosanitario que establezca mecanismos estables de comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos de la administración implicados, las distintas administraciones entre sí y los operadores.

La utilización de las plazas disponibles en los centros de personas mayores para atender a pacientes que tienen enfermedades crónicas o que se encuentran en situación de convalecencia o rehabilitación lograría reducir la estancia media de pacientes mayores de 75 años (calculados de media según la AVS) en Hospitales de Agudos en dos días. Esto provocaría una reducción importante de los costes manteniendo la calidad del servicio ya que los centros cuentan con médicos, personal de enfermería y de atención directa. Este sistema permitiría que, cuando hubiera una necesidad social en el circuito sanitario, se pudiera acceder de manera inmediata a una de esas plazas.

Otras medidas de colaboración con la administración se dirigen a poner en marcha el acuerdo marco de plazas residenciales concertadas, con más de 3.000 plazas, que permita la libre elección de centro; incrementar las resoluciones de expedientes de prestaciones vinculadas al servicio; posibilitar plazas de bono dentro de la red pública lo que permitiría a esos usuarios beneficiarse de un tipo de IVA súper reducido y por lo tanto un precio más ajustado; y agilizar los expedientes de dependencia permitiendo la incorporación de los trabajadores sociales de dichos centros al procedimiento dotándolo de más recursos inmediatamente y sin ningún coste añadido.

También se propone iniciativas de ahorro del gasto farmacéutico, como la gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos en los propios centros sociosanitarios, que supone un ahorro estimado en el presupuesto de la Generalitat de 24,7 millones de euros anuales.

-Desarrollo y reforma del sistema

El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), instaurado por la Ley 39/2006, aún no se ha desplegado el sistema en su conjunto, por tanto, se hace urgente realizar una serie de reformas absolutamente necesarias para conseguir una mayor eficiencia de los recursos públicos.

Algunas de las medidas propuestas: control de la prestación del cuidador no profesional, por ejemplo, mediante la red privada de centros sociosanitarios o el desarrollo del SAD, a través de dos medidas: la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio de la dependencia en la Comunitat Valenciana y la adjudicación de zonas de atención mediante el correspondiente proceso de licitación gestionado desde la conselleria de Bienestar Social.

Es muy importante potenciar todos los recursos que existen, ya que son complementarios y permiten una atención en función de las circunstancias concretas de cada persona, el papel de los centros de día, por ejemplo, es fundamental en este caso.

Respecto de la salud mental, es necesario la implantación de un modelo integrado y cohesionado de recuperación de personas con trastorno mental grave.

-Servicios y prestaciones

Se propone: dar continuidad y fortalecer el Bono en sus diferentes modalidades (residencia, centro de día, respiro), las Prestaciones Económicas Individualizadas (PEI’s) y la asistencia a personas dependientes tuteladas por la Generalitat. Con respecto a la prestación vinculada al servicio, hay que fortalecerlo con parámetros de calidad contrastados y controlados respetando la libertad de elección de centro que establece la ley.

Así mismo, sería necesario consignar fondos suficientes para garantizar a todas las personas la percepción de su derecho de asistencia con los niveles adecuados de calidad y profesionalidad, mediante “créditos ampliables. La atracción de personas del entorno de la Unión Europea para recibir sus servicios de dependencia en la Comunidad Valenciana es otra muy buena medida.

-Ahorro y eficiencia en la gestión

AERTE propone iniciativas con el fin último de obtener importantes e inmediatos ahorros en el gasto total, sin afectar por ello a la calidad y cantidad de servicios. La asociación estima que, por ejemplo, la cobertura de unas 4.000 plazas sociosanitarias, generaría unos retornos directos para las administraciones públicas superiores a los 80 millones de euros anuales.

En la gestión de pagos, se propone por ejemplo, sistemas que permitan la “cesión” de los derechos de cobro del dependiente a favor del prestador del servicio; acordar un calendario de pago de la retroactividad con los usuarios, el desbloqueo de los pagos de la retroactividad, la  emisión de resoluciones o desarrollar mecanismos para garantizar el pago de las facturas por los servicios prestados en plazo.

 José María Toro, director general de AERTE, “la profesionalización del sector sociosanitario aporta seguridad, protección y bienestar a las personas dependientes y a sus familias, es además una oportunidad estratégica de crecimiento económico, ya que reduce el déficit público, estimula la actividad económica y genera empleo (por cada persona atendida genera dos puestos de trabajo directos).  Entre todos podemos conseguir la necesaria mejora sustancial. Para ello, establecer fórmulas eficientes de gestión y de colaboración público-privada es esencial en un tiempo, a medio plazo, en el que se prevé un importante aumento de población dependiente, en su mayoría, personas mayores que hay que atender sin colapsos”.