Dependencia
El modelo de atención a personas mayores ‘En mi casa’ se extenderá forma progresiva a todos los centros de CyL
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha anunciado que el nuevo modelo de atención a personas mayores ‘En mi casa’ se extenderá de forma progresiva a todos los centros de la Comunidad.
Marcos, quien ha inaugurado este viernes en el Fórum Evolución de la capital burgalesa una jornada organizada por la Federación Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el nuevo modelo se pondrá en funcionamiento de forma consensuada con las entidades implicadas.
En este sentido, ha señalado que, tras evaluar los «buenos resultados» obtenidos del pilotaje de este programa, «ha llegado el momento de dar el paso definitivo para su extensión» y ha adelantado que en 2015 están operativas en la región, al menos, 100 unidades de convivencia.
Para la implantación del programa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá en marcha un plan de formación permanente a distancia para ayudar a los centros que lo deseen en el proceso de transformación, además de proporcionar formación y acompañamiento técnico a los centros interesados en adherirse al proyecto.
El modelo ‘En mi casa’ tiene como base el fomento de los servicios profesionales, la implantación de centros multiservicios, la creación de unidades de convivencia y de unidades de convalecencia sociosanitaria.
En la actualidad, el modelo se oferta en 150 centros, que prestan un total de 536 servicios, a lo que hay que sumar 50 unidades de convalecencia sociosanitaria y 44 unidades de convivencia, que se sitúan en todas las provincias de la Comunidad, tanto en centros públicos como privados.
En Burgos, el modelo de cuidado a personas mayores ‘En mi casa’, impulsado por la Junta, cuenta ya con cuatro unidades de convivencia en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales, dos de las cuales radican en la residencia de Cortes de la capital burgalesa.
Este centro, en el que se desarrollan desde 2012 trabajos de adaptación al nuevo modelo, se crearán en breve tres nuevas unidades de convivencia, que conllevarán la contratación de 21 auxiliares de enfermería.
Antes de que finalice el próximo año, las 151 plazas para personas en situación de dependencia de la residencia de Cortes funcionarán como unidades de convivencia o habrán iniciado, al menos, el proceso de transformación impulsado por la Junta.
Cuidados profesionales
Según los datos que maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el 70 por ciento de las personas en situación de dependencia elige cuidados profesionales, frente al 30 por ciento restante que opta por cuidados familiares.
Actualmente, el nivel de ocupación de las residencias de la Comunidad, a las que se han sumado 1.200 plazas en los últimos años, es del 88 por ciento y el número de personas en situación de dependencia que reciben servicios profesionales se ha incrementado en un 26 por ciento desde agosto de 2012.
Estas circunstancias, han convertido a Castilla y León en la comunidad autónoma que más empleo genera vinculado a los servicios a las personas dependientes, con 6,28 empleos por cada 1.000 habitantes, casi el doble de la media nacional.
La provincia de Burgos cuenta con una cobertura de plazas residenciales del 8,1 por ciento, frente al 7,61 por ciento de media de la Comunidad y del 4,3 por ciento del promedio de España.
Fermosel asegura que Madrid está ‘en los puestos de cabeza’ en atención a la dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, realizó una visita a la Residencia y Centro de Día ‘Las Vegas’ en la localidad de Ciempozuelos. Este centro, que fue inaugurado en 2011, cuenta con un total de 98 plazas, donde se ofrece atención individualizada y especializada a personas mayores que están en situación de dependencia.
En su visita, el consejero recorrió la zona donde se desarrollan actividades de terapia ocupacional, de rehabilitación y de fisioterapiam, así como la enfermería y el Centro de Alzheimer. También visitó algunas de las habitaciones de los residentes.
Fermosel aprovechó para asegurar que la Comunidad de Madrid está en los puestos de cabeza en la gestión de la dependencia y se remitió a datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que sitúan a Madrid como la segunda comunidad autónoma en atención de centro de día y ayuda a domicilio, y la tercera en atención residencial y en teleasistencia.
Más presupuesto
La Comunidad de Madrid ha aumentado este año un 4,11% el presupuesto para la partida destinada a la atención de mayores, situándose en 286.750.000 euros, de los cuales la casi totalidad está dirigido a la red de plazas para personas dependientes. El compromiso del Gobierno regional con la dependencia, aseguró Fermosel, se ha plasmado en que las cuentas se han incrementado en 50 millones de euros, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones.
La red de atención para personas mayores dependientes cuenta con casi 29.000 plazas distribuidas entre residencias, centros de día y pisos tutelados, que ofrecen una atención especializada y de calidad. De ellas, más de 15.000 están destinadas a las personas mayores más vulnerables por carencias económicas.
La Plataforma de la Ley de Dependencia acusa a Cospedal de lanzar sospechas de fraude sobre las familias
El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de laCoordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, denuncia en un artículo enviado a elboletin.com que el Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta plataforma han sido las “cálidas”palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha Yulissa, madre de un niño de trece años, gran dependiente, con un solo pulmón y el otro seriamente afectado por una escoliosis galopante, parálisis cerebral severa, botón gástrico para alimentación, cuando se desplazó a poner sobre la mesa la dramática situación en la que se encuentra su hijo”.
La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Para José Luis Gómez-Ocaña “considerar a las personas en situación de dependencia ciudadanos de segunda, improductivos, entendiendo que debe dejarse su cuidado de forma exclusiva a sus familiares y a la caridad de los que la utilizan para ‘lavar conciencias’ puede entenderse como una ideología y un ADN intrínseco a un Gobierno”.
Añade que “parece que en el Gobierno de María Dolores de Cospedal se entienden las necesidades de las personas en situación de dependencia como un acto graciable de generosidad, obviando y pasándose por el ‘forro de sus caprichos’ el carácter subjetivo que ampara a todas estas personas, carácter subjetivo que equipara por ley todas estas prestaciones con las de desempleo, pensiones y nominas de funcionarios”.
En el escrito muy duro contra el Gobierno autonómico se recalca que “no es admisible y linda con lo delictivo” lanzar «el manto de la duda y del fraude sobre un colectivo como es el de las personas dependientes y más concretamente sobre una madre que tiene que sacar adelante ella sola a cuatro hijos con uno de ellos en una situación dramática, poniendo en duda el destino de unas prestaciones económicas que la ley les reconoce”.
Y asegura que “decir que lo que se pretende obligando a esta madre a adelantar los gastos en el cuidado del niño, y más cuando el Gobierno de la número dos del Partido Popular conoce perfectamente y de primera mano su situación, que se quiere ‘asegurar’ que la prestación llegue al niño demuestra la catadura, tanto moral como política, de la señora De Cospedal, del señor Echániz, y de todos los trotones de la política que conforman su ‘equipo político’ y que nos están metiendo la mano en nuestros bolsillos mes a mes y lo que es peor pretenden arrebatarnos lo único, que en muchas ocasiones nos queda, como es la dignidad personal”.
Integrar en sociedad a mayores dependientes con musicoterapia
Cinco personas mayores dependientes que viven en la Residencia San José, de entre 65 y 80 años, esperan con ganas los miércoles por la tarde. Se visten, se preparan especialmente y se buscan entre ellos para salir juntos en este día especial. Al principio eran siete los que iniciaron esta experiencia piloto, ahora son cinco ya que una falleció y otra persona enfermó.
Desde el pasado octubre, los miércoles por la tarde bajan a la Escuela de Música, donde les espera la musicoterapeuta Nerea Goikoetxea y llevan a cabo una iniciativa novedosa: utilizando música de sus infancias o conocidas para ellos cantan, tocan instrumentos, realizan movimientos rítmicos (su dependencia obliga a hacerlo sentados) y en definitiva «viven, han encontrado una ilusión, esto supone un soplo de aire fresco que les recuerda que todavía no ha acabado la vida. La música les emociona, les llega y ha supuesto una mejora evidente en la calidad de vida de estas personas», señala Nerea Goikoetxea para quien la experiencia ha supuesto un regalo. «Comenzamos con siete personas para poner en marcha este programa, el segundo paso ha sido realizar una sesión mensual con otro grupo de mayores que viven en sus casas o con sus familias y otro paso será que participen en la audición de fin de curso de la Musikaeskola con niños, adolescentes, mayores.», apuntaba Nerea que recuerda con especial cariño a José Luis que falleció hace poco y fue el ejemplo claro de lo beneficioso de este programa para estas personas. «Era una persona depresiva que nunca reía, su rostro era totalmente inexpresivo hasta que vino aquí y comenzó a sonreír algunas veces» .
Compartiendo actividades
Y es que el uso de la musicoterapia fuera de centros de salud, con personas dependientes que vivan en una residencia y que son traídas a un centro educativo en el municipio, donde se relacionan con otros ciudadanos, es una experiencia totalmente novedosa.
En este aspecto, tal y como señala Nekane Plazaola, directora de la Residencia San José y Jexux Oteiza (estudiante de educación social en prácticas y uno de los impulsores de la iniciativa) «en colaboración con entidades socio-culturales y educativas de Azkoitia, estamos desarrollando el Programa ‘Ekintzak Elkarbanatuz’ con el objetivo de fomentar la participación activa de los residentes en la comunidad, es decir, que aún viviendo en la residencia sigan manteniendo relación con grupos de igual o diferente generación y el contacto con el municipio» para añadir que «semanalmente acuden a musicoterapia y comparten la actividad con otros jubilados; acudieron a la ikastola y participaron en el programa ‘Amama’ con jóvenes. Van a compartir ‘las experiencias de vida’ con los jóvenes de Alai-Batza y un sábado realizaremos manualidades y jugaremos al futbolín.; el 31 de marzo toca campeonato de cartas con los chavales de la ludoteca y en abril recibiremos una clase de bertsolarismo participando en el karaoke en la Bertso Eskola. Así conseguimos que grupos generacionales se encuentren, estén juntos y vayan creando entre ellos nuevas relaciones, lazos y vínculos beneficiosos para todos».
La Ciudad del Mayor asistirá a dependientes sin límite de edad
«No será un servicio encasillado sólo para personas mayores. Se atenderán a personas en situación de dependencia, sin limitación de edad». La Ciudad del Mayor asistirá a personas dependientes de todas las edades, según confirman fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La decisión se ha tomado en la reunión de trabajo celebrada hace unos días en Madrid entre representantes de la Junta de Castilla y León, el Imserso y el subdelegado del Gobierno de León. Al encuentro, en el que los representantes de las tres administraciones «van aquilatando» el modelo de asistencia, asistió también el presidente de Asprona, la asociación de atención de personas con discapacidad intelectual que está asesorando al Imserso para la puesta en marcha de un centro que está terminado y equipado desde hace un año.
El nuevo planteamiento de asistencia llevará aparejado un cambio de nombre. El centro será ahora para la promoción y la prevención de la dependencia, en el que las personas usuarias con alguna discapacidad recibirán un tratamiento específico para su rehabilitación.
El Imserso baraja la posibilidad de que el edificio cuente con ocho camas de respiro para las familias con estancias nocturnas para los pacientes, pero el fuerte de la asistencia estará en el centro de día, en el que la atención llevará aparejada una asistencia individualizada y siempre con carácter temporal. «Habrá usuarios que necesiten un mes de atención y otros un año, eso dependerá de la rehabilitación que necesiten o de las atenciones individuales de cada uno».
El Imserso tiene previsto abrir el edificio este año. El instituto tiene un crédito de 700.000 euros para poner en funcionamiento este año tres centros de similares características en España —uno en Valencia, otro en Soria y el de León— que están totalmente terminados pero cerrados.
La construcción de la Ciudad del Mayor ha costado siete millones de euros, una obra pagada por el Ministerio de Política Social, Educación y Deportes del Gobierno de Zapatero. El edificio se levanta sobre una parcela de 8.344 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de León.
La Innovación Social tiene nombre de mujer
Nace “Juntos, puedes”, una empresa social que responde a la demanda de cuidados especializados de las personas mayores en el domicilio, acorde a la situación actual de la “ley de dependencia”.
Un grupo de mujeres especialistas en geriatría de diferentes titulaciones relacionadas con la salud (psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupacional entre otras) impulsan Juntos, puedes una respuesta de mujeres profesionales, para mujeres cuidadoras. Hay que tener en cuenta que más del 80% de las personas cuidadoras de mayores en situación de dependencia, son mujeres.
“Juntos, puedes” tiene como misión garantizar apoyo profesional, integral, especializado y personalizado a personas mayores que viven en su domicilio y a su familia, promoviendo la excelencia en los cuidados, asegurando la calidad de vida y la mayor promoción de autonomía posible.
El “envejecimiento del envejecimiento”
El “envejecimiento del envejecimiento” es una realidad que en la población española actual. Ha aparecido un grupo poblacional nuevo que hace 20 años no existía: la “cuarta edad” o etapa de vejez avanzada, fase que viven personas con más de 80 años. La esperanza de vida al nacer en España ha pasado, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 80,9 años en el año 2006, a 82,1 en 2011. Las personas de más de 65 años suponen el 16,7% de la población de nuestro país y de éstas, el 27,8% supera los 80 años. El INE proyecta para 2060 un total de 15,6 millones de personas con más de 65 años, lo que supondrá el 29,9% de la población total.
Tal y como se recoge en el Informe “La salud de los españoles” publicado por el INE, casi el 50% de las personas que supera los 80 años tiene algún tipo de discapacidad o patología que les limita y este porcentaje aumenta a medida que lo hacen las horquillas de edad (superando el 60% de la población con discapacidad a partir de los 85 años).
Irónicamente, aunque existe una demanda en aumento de la población en general de servicios que incidan en garantizar el bienestar de las personas mayores y de mejorar, su calidad de vida, especialmente en su domicilio, la ley conocida como “Ley de dependencia” ha sufrido grandes recortes con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012 y las sucesivas políticas de ajuste.
Juntos, puedes es la primera empresa en ofrecer un servicio de valoración interdisciplinar a domicilio en la Comunidad de Madrid, personalizado y coordinado por profesionales del Trabajo Social.
Valoración interdisciplinar
“Juntos, puedes” ofrece un servicio de valoración interdisciplinar en el domicilio que denominamos “Servicio Saber para actuar”. Se trata de un análisis del estado de una persona desde diferentes perspectivas profesionales. Es una herramienta imprescindible en los centros hospitalarios y residenciales para establecer planes de cuidados personalizados a sus pacientes.
La valoración interdisciplinar la realizan hasta siete profesionales de diferentes ramas (psicología, trabajo social, fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, logopedia y dietética y nutrición). En definitiva, se ejecuta y diseña bajo la coordinación de expertos en Trabajo Social, los únicos presentes en el sistema sanitario, de servicios sociales y de dependencia.
Esta valoración interdisciplinar proporciona un conocimiento en profundidad del estado de la persona mayor, de sus capacidades y situación en general, posibilitando a los cuidadores principales la información y herramientas necesarias para un cuidado más esmerado. De esta manera se buscará el mantenimiento de las habilidades, la promoción de la autonomía y la mayor calidad de vida posible de las personas mayores.
Entre sus servicios, “Juntos, puedes” ofrece asesoría y gestión de la conocida como “Ley de dependencia” a manos de trabajadores sociales especialistas en la materia.
«Hemos pasado de un modelo basado en las subvenciones a un modelo centrado en la persona y sus derechos»
Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos. Subraya como prioridad el desarrollo de la figura del asistente personal que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de DependenciaLa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, ha señalado este miércoles que la Comunidad ha pasado de un sistema de servicios sociales “basado en las subvenciones” a un sistema “centrado en la persona y sus derechos”. Así lo ha asegurado, durante un desayuno informativo celebrado en la sede de Servimedia en Madrid, donde ha destacado que las políticas sociales son “una prioridad” para la Junta y un “compromiso político”. Así, ha puntualizado que “más del 90% del presupuesto de la Comunidad está destinado a sanidad, servicios sociales y educación”.
Marcos ha afirmado que “cuando se plantea un cambio de modelo siempre se tienen dudas”, pero “cuando la situación es complicada y hay que tomar decisiones, lo importante es tomar decisiones juntos”. Este cambio, ha recalcado, se ha podido llevar a cabo “gracias a la implicación del sector de la discapacidad”, para quien “no ha supuesto pérdida de poder adquisitivo”, ha puntualizado.
En Castilla y León, ha explicado, es la Comunidad quien define los criterios y los contenidos de las prestaciones y esto, ha recalcado, “está permitiendo que cada usuario tenga lo que necesita”. El paso que se está dando en la actualidad, ha dicho, “es que el usuario decida donde recibir esos servicios”. Por tanto, ha señalado, “cada usuario tiene su plan individualizado y cada uno aporta en función de su capacidad económica”. Además, Marcos ha asegurado que esto ha permitido “optimizar recursos” y establecer “criterios únicos”.
Asimismo, se ha referido a la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis, una iniciativa puesta en marcha el pasado noviembre por la Junta y compuesta por 23 programas de apoyo a las personas más afectadas por la situación económica actual de forma global, un modelo que, ha explicado Marcos, ya se daba en Castilla y León con la aplicación de la Ley de Dependencia. Está previsto, ha asegurado, que este programa beneficie en su primer año a más de 100.000 personas.
Esta Red, ha puntualizado, “parte de las necesidades no cubiertas con motivo de la crisis y los problemas derivados de los impagos hipotecarios o de la no distribución de determinados productos básicos. “Era necesario optimizar los recursos a la par que las necesidades iban creciendo”, ha afirmado. Se trata, ha dicho, de una respuesta conjunta dada por el Tercer Sector, las corporaciones locales y la Junta “que trabajan en red para prevenir las situaciones de carencia de medios” y “evitar que esta carencia de medios se transforme en situaciones de exclusión social”, vinculando las políticas sociales a las políticas de empleo con programas de inserción y de búsqueda de empleo, entre otras iniciativas.
Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.
Más de 800 normas
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.
No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».
Demoras de más de un año
El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).
La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.
Listas de espera
Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.
Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.
Desigualdad entre españoles
Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».
El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».
Canarias, la comunidad que percibe más recursos del Estado de los que dedica
El Síndic insta a la Generalitat a reanudar las prestaciones para residencias
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado hoy al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Bienestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.
Ribó ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que «se ha prorrogado indefinidamente», por lo que ha reclamado al Govern que «garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes».
Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que «la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento».
Para Ribó, «la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables».
El síndic ha afirmado que «son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa» para la persona dependiente.
Por ello, el Síndic se ha dirigido hoy al departamento de Bienestar Social y Familia para que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que «adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades».
La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, «no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas».
Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Bienestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20 % que aporta el Estado.
El Síndic, sin embargo, considera que «la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat».
Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que «arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial» y ha pedido «actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia».
Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que «la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente».
Descienden un 11% las ayudas para cuidados a dependientes
Freno y marcha atrás. Las ayudas a la dependencia experimentaban un descenso en 2013. Una vez tocado el techo de 8.475 beneficiarios allá por diciembre de 2012, tal y como indicó en su momento el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, la última estadística publicada por la Consejería de Familia arroja una disminución paulatina de usuarios y de prestaciones reconocidas.
En concreto, la provincia de Burgos perdió 536 dependientes con dictamen favorable y 306 ayudas, el 11%, a lo largo del año pasado. A las bajas por fallecimiento se suman los cambios introducidos en la normativa como principales motivos de esta caída.
Así, 2014 comenzó con 13.178 personas con su situación de dependencia valorada, 172 más que las que tenían un dictamen a comienzos de 2013. Con todo, de ese total, 7.939 recibían la buena noticia de que les correspondía percibir servicios o prestaciones. Los 5.239 solicitantes restantes obtenían sin embargo un ‘no’ por respuesta.
Según los datos difundidos por la Consejería de Familia en la web www.jcyl.es, los 7.939 dependientes con derecho a prestación en la provincia de Burgos tenían -a 31 de enero de 2014- identificadas y reconocidas 10.269 prestaciones económicas o en forma de servicios, frente a las 10.605 aprobadas en diciembre de 2012.
El descenso se concentra especialmente en las ayudas económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar que caían en un año de 3.006 a las 2.695 actuales, un descenso del 11% que se explica en parte por la decisión del Gobierno de reducir la cuantía de esta prestación y obligar a los que ejercen esta labor a asumir el pago de su cotización a la Seguridad Social. Hasta julio de 2012 el Gobierno se hacía cargo de este gasto.
Por el contrario, las prestaciones reconocidas destinadas a servicios prestados por profesionales, bien en el domicilio, bien en centros específicos, residenciales o no. Esta tendencia recibe el aplauso de las voces que defienden las modificaciones de la ley de Dependencia, que sus detractores definen como recortes. Los primeros hablan de generación de empleo y los segundos critican que se beneficie a las empresas privadas del sector.
Así, la prestación económica vinculada al servicio, que copa el grueso de este tipo de ayudas -casi un 21% del total, solo superado por las destinadas a cuidados familiares, un 26%-, llega a 2.153 dependientes. Le siguen las dirigidas a atención residencial, con 1.440 plazas en la provincia, y las concedidas para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 1.398 en enero de 2014.
Completan el listado las prestaciones para usuarios de centros de día o noche, 1.136, ayuda a domicilio, 1.093, y teleasistencia, 351. En conjunto estos apoyos en forma de servicio pasaban en un año de suponer el 70% del total de derechos reconocidos al 73%, en detrimento de las ayudas económicas directas.
Por población de residencia, de las 7.939 personas dependientes con derecho a prestación, 3.630 tienen domicilio en la capital burgalesa, 809 en Miranda, 680 en Aranda y las 2.820 restantes en otros municipios de la provincia.
Este reparto da cuenta de la estrecha relación entre dependencia y mundo rural, alimentada por la elevada edad media de los habitantes de estas zonas.
Con todo, a pesar del ‘retroceso’ cuantitativo de la ley y de las críticas que han suscitado las decisiones del Gobierno central en este ámbito, Castilla y León revalida año a año el sobresaliente en la gestión y aplicación de esta normativa. La nota se la otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, responsable del observatorio estatal que evalúa la atención a dependientes en cada una de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los datos confirman la eficacia de los mecanismos regionales que, por ejemplo, elevan a un 98,8% la proporción de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido que ya la reciben en Burgos. Este dato supera en 18 puntos la media nacional.
“Es importante acometer el nuevo modelo de financiación de la dependencia”
La Ley de Dependencia preveía el posterior desarrollo de la normativa que facilitara la difusión del seguro privado de dependencia. Sin embargo, esta norma no se ha concretado, y a día de hoy las compañías aseguradoras siguen reclamando que el Gobierno central aborde esta situación. Lo cierto es que, si bien la oferta de este tipo de productos ha ido creciendo progresivamente año tras año, el volumen de seguros contratados aún está muy lejos de lo esperado.
¿Cuál ha sido la evolución de los datos de contratación de seguros de dependencia a lo largo de 2013? ¿Y en comparación con años anteriores?
Tal y como apunta acertadamente el estudio SCOR sobre seguros privados y públicos de dependencia: comparación internacional, en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan diferentes prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo ser éstas temporales o vitalicias. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la penetración del seguro es muy baja, las dificultades que el sector público español está afrontando tanto en lo que respecta a la financiación como a la prestación del servicio a los dependientes, acrecienta la importancia de que sea el sector privado quien de manera complementaria al Estado deba asumir un papel fundamental a la hora de dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
Según un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) que repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013, refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012.
La Ley de Dependencia dejaba abierta la necesidad de desarrollar una norma que regulara estos seguros de dependencia, sin embargo, no se ha llevado a buen puerto. ¿En qué situación se encuentra? ¿Saben si se está trabajando en ello?
El Consejo Económico y Social de España (CES) apunta en un reciente informe que “la valoración del grado de aceptación y de aplicación de la Ley de Dependencia se pone de manifiesto en los datos referidos a las solicitudes de prestación registradas, los dictámenes emitidos y las valoraciones positivas en relación con la generación del derecho a prestaciones. Al respecto puede decirse que las comunidades autónomas en las que existen más solicitudes de prestaciones en términos absolutos (Andalucía y Cataluña), con un 43 por 100 del total, contrastan con otras, de un nivel poblacional igualmente importante (Madrid y Valencia), donde esas solicitudes no llegan en su conjunto al 15 por 100 del total, junto a las que destacan también por su bajo número de solicitudes otras comunidades de menor población (Canarias, Baleares).
En cuanto a las prestaciones de dependencia, en primer lugar, y pese a la pretensión legal de dar preferencia a las prestaciones de servicios, son las prestaciones económicas por cuidados en el entornofamiliar las que prevalecen. Por otra parte destaca el escaso número de las prestaciones económicas para la contratación de un asistente personal. Es también relevante, en cambio, el número de prestaciones de atención residencial, ya que a pesar de estar dirigidas a dependientes en situación extrema de necesidad de cuidado, su número es semejante a las prestaciones de teleasistencia. Todo esto indica que la cobertura de una prestación tan básica como la teleasistencia está poco o defectuosamente extendida al cubrir solo a un tercio de los dependientes que podrían necesitarla, dejando al margen a los que disfrutan prestaciones económicas o de atención residencial. En cuanto a las prestaciones de ayuda domiciliaria no experimentan el desarrollo que cabría esperar. También es particularmente reducido el número de prestaciones para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal”.
¿Qué sería necesario para que el seguro de dependencia se extienda?
El debate sobre la financiación de los servicios necesarios para los dependientes (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) es una cuestión abierta en la que unos se muestran partidarios de un seguro obligatorio para todos los individuos, sea en forma de un cotización adicional dentro del sistema de protección social, o sea mediante un seguro fuera del sistema. Otros se han mostrado abiertamente a favor de una cobertura total por los sistemas públicos mediante una financiación por impuestos y finalmente, muchos se han mostrado partidarios de que la persona que necesita la asistencia contribuya a una parte de la financiación del servicio y que el sistema público de protección asuma otra.
En cualquier caso sea el modelo que finalmente surja, lo importante es que se acometa con urgencia y de una forma consensuada entre todos las partes que intervienen en el proceso y de nuevo la iniciativa privada en esta definición estratégica es fundamental, debido a que su aportación en este ámbito es extraordinaria y está paliando en gran medida el enorme déficit que padecemos en este asunto que afecta no solo a España sino también a otros países occidentales de nuestro entorno. También necesitamos aprender de algunas experiencias puestas en marcha en modelos implantados en países de nuestro entorno más próximo.
¿Cree que la ciudadanía percibe como una necesidad asegurar la dependencia futura? ¿Qué podrían hacer en este sentido las compañías?
La protección a las personas que se encuentran en una situación de dependencia es un problema creciente que tienen que afrontar las sociedades avanzadas debido al envejecimiento de su población. El incremento de la esperanza de vida como consecuencia de los avances en los campos de la sanidad y la salud, el fenómeno del ‘baby boom’ ocurrido en nuestro país en la mitad del siglo XX, unidos a las caídas en las tasas de natalidad han dado como resultado una población más geriatrizada o envejecida y, por lo tanto, más dependiente.
El informe del CES que he referido anteriormente señala aspectos clave en este acuciante problema, apunta hacia que “la grave situación económica actual, así como la radical reducción del gasto público han condicionado y condicionarán en los próximos años la aplicación de la Ley de Dependencia. Los recortes presupuestarios, el conflicto entre Estado y comunidades autónomas acerca de quién debe asumir en mayor medida el coste de las prestaciones, las enormes dificultades para organizar un sistema que requiere profesionales cualificados, estructuras organizativas públicas eficientes y bien dotadas, así como un sector privado dispuesto a colaborar de forma permanente e intensa con la organización pública, todo ello determinará inevitablemente una paralización de la aplicación de la Ley. Como ya se ha puesto de manifiesto en el cambio del calendario inicial de aplicación establecido en la misma Ley 39/2006, al congelarse o retrasarse primero hasta 2014 y luego hasta julio de 2015 el reconocimiento de prestaciones a los dependientes de los niveles más bajos o dependientes moderados.
Un retraso que, determinando ciertamente un empeoramiento de la tutela, puede tener una incidencia menor ya que se trata de dependientes cuya incapacidad de gestionar su vida diaria no es tan acusada como en otros grados y pueden ser atendidos, sin excesivas dificultades, por la red de seguridad de la tutela de los dependientes; que no es otra que la protección familiar, extraordinariamente activa en España, como lo demuestra, si se ve como una forma de aflorar y hacer visible ese cuidado familiar, la absoluta preponderancia de las prestaciones económicas causadas por ese cuidado familiar”.
La iniciativa privada en este entorno es fundamental con residencias, centros de día especializados, atención domiciliaria, etc. “El seguro de dependencia paga los servicios que permiten a una persona vivir de forma autónoma o en un centro especializado, si pierde la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida. Las prestaciones se abonan en caso de necesidad parcial o total de cuidados de larga duración por parte de la persona asegurada. En este sentido, es comparable con el seguro de invalidez (seguro de incapacidad laboral). Sin embargo, el siniestro y el período depago de las prestaciones difieren sustancialmente en función del mercado y del producto” incide el informe SCOR publicado por Inese.
¿Qué tipo de servicios ofrecen estos seguros? ¿Hay modalidades muy diferentes?
Tal y como he comentado actualmente en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo seréstas temporales o vitalicias. No se puede crear un producto destinado a cubrir el 100 por cien de los gastos de dependencia sufragado a través de impuestos, máxime en la situación financiera precaria en la que se encuentra nuestro Sistema y con una inversión de la pirámide poblacional evidente, por lo tanto de nuevo el sector privado asume una función complementaria al Estado, siendo la aportación privada clave esencial para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
¿En qué situación se encuentra España con respecto a países de nuestro entorno en lo que al desarrollo del seguro de dependencia se refiere?
Hoy en día, la mayoría de los países desarrollados que registran un envejecimiento de la población se enfrentan al aumento del número de personas mayores y dependientes. La necesidad de cuidados de larga duración, a domicilio o en centros especializados, seguirá creciendo tanto en los mercados maduros como en los mercados emergentes. Además, las tendencias demográficas y sociales, así como las disposiciones públicas inadecuadas incitan al mercado de seguros a ofrecer soluciones de financiación para cuidados de larga duración. La ayuda informal proporcionada a una persona mayor por sus familiares es cada vez más difícil. Por consiguiente las personas deben organizarse en caso de que se vuelvan incapaces de cuidar de sí mismas.
Los productos de dependencia garantizan el pago de una renta o una prestación por los cuidados proporcionados a la persona dependiente según el grado de la dependencia. El tipo de cobertura puede variar sustancialmente entre los diferentes mercados y de hecho así lo explicita el reciente estudio desarrollado por SCOR Global Life quien realiza un seguimiento de estos productos en el mundo entero. Su centro de I+D dedicado al seguro de dependencia analiza las tendencias más relevantes en este segmento de población tan sensible y desprotegido por los sistemas sanitarios de todo el mundo.
Salud y Bienestar harán frente común al aumento de la dependencia fruto del envejecimiento
El Consell Executiu ha aprobado este martes la creación de un Plan Interdepartamental de Atención Social y Sanitaria (Piass) para «garantizar» que se puede atender con calidad a todas las personas con dependencia debido al envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, que ya afecta al 6% de los catalanes.
Lo ha explicado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que ha concretado que la iniciativa pretende «reorientar» servicios públicos en una sociedad que cada vez vive más años.
Ha informado que, para lograrlo, Salud y Bienestar Social reforzarán su colaboración en el ámbito de las residencias de ancianos y discapacitados, en la red pública sanitaria y de salud mental, en los servicios sociales básicos y la red de larga estancia sociosanitaria.
«Se trata de compartir conocimientos, capacidades, instrumentos y datos para configurar, progresivamente, una red interrelacionada e integrada de servicios a los usuarios», ha dicho Homs, que ha asegurado que el Govern apuesta por un modelo de intervención global coordinada.
Ambos departamentos configurarán una historia clínica compartida gracias a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y «revisarán» el modelo actual para garantizar una atención integral con un uso racional de los recursos.
Con esta iniciativa se diseñará un «nuevo escenario» de asistencia sociosanitaria, con la creación de un gran sector de atención de larga duración que incluya todos los servicios necesarios para los usuarios.
El 74% de los catalanes adultos manifiestan tener una enfermedad crónica, de los que 140.000 también sufren algún tipo de dependencia; además, el 50% de estos pacientes desarrollan enfermedades múltiples de carácter crónico, un fenómeno que se prevé que sea la principal causa de discapacidad en 2050.
Diputación de Vizcaya flexibiliza el acceso a residencias de dependientes para dar mayor protección a estas personas
La Diputación foral de Vicaya ha flexibilizado el acceso a residencias de personas dependientes, con el objetivo de facilitar los procedimientos y conseguir, de esta forma, una mayor protección de estos ciudadanos, según ha informado el portavoz foral, Unai Rementeria.
La Institución foral ha aprobado este martes, en consejo de Gobierno, el Decreto que tiene por objeto la regulación del régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio de estancia permanente.
Los cambios propuestos están dirigidos, por un lado, a reducir y agilizar, en la medida de lo posible, los trámites previos al ingreso en residencia, y, por otro, a mejorar el proceso de gestión de asignación de plaza.
El Parlamento vasco aprobó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que estableció el nuevo marco normativo al que debía ajustarse el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Con el fin de adaptar el procedimiento administrativo de acceso al servicio foral residencial para personas mayores dependientes a este nuevo marco jurídico, se aprobó el Decreto foral de la Diputación de Vizcaya 29/2009, de 24 de febrero por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
Posteriormente, se público el Decreto foral de la Diputación de Vizcaya 162/2009, de 1 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Este Decreto foral ha sido modificado por el Decreto foral 93/2010, de 20 de julio, y por el 121/2012, de 21 de febrero.
La residencia y el centro de día de Muiños (Ourense) se incorpora a la red de centros asistenciales de la Fundación San Rosendo
Los vecinos de Muiños y familiares interesados conocieron las instalaciones del centro, durante una jornada de puertas abiertas.
La residencia y en centro de día entran en funcionamiento el martes 25 de febrero, con una decena de usuarios que se irán incorporando de manera progresiva.
La Fundación San Rosendo celebró, ayer, una jornada de puertas abiertas en la residencia y el centro de día Virxe da Clamadoira de Muiños (Ourense), cuya gestión fue adjudicada por el concello el pasado mes de enero, en la que los vecinos de Muiños y ayuntamientos limítrofes conocieron las instalaciones.
La residencia, dotada con 40 plazas para dependientes, y el centro de día, con 30 plazas, entrará en funcionamiento con una decena de personas mayores que ingresarán a partir del martes 25 de febrero. La puesta en marcha del centro supondrá la contratación de 14 profesionales, la mayoría vecinos de Muiños, que durante las últimas semanas han recibido formación especializada impartida por la Fundación. Cuando el centro funcione a pleno rendimiento, se crearán 20 empleos directos.
Uno de los aspectos más significativos del centro es su arquitectura interior, ya que se ha recurrido a un juego de colores para diferenciar los espacios. La arquitecta de la edificación, Rosario Dacal, explicó que “mediante un sistema muy visual se trata de facilitar a las personas mayores su ubicación y, por lo tanto, la localización de sus propios espacios”, apuntó durante la jornada de puertas abiertas. Dacal también destaca que las estancias han sido diseñadas y equipadas con mobiliario “divertido” y “dinámico”.
El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela considera que la institución está “siendo coherente con el desarrollo en la comarca de Baixa Limia donde tenemos en funcionamiento un centro en Entrimo, ponemos en marcha Muiños y, próximamente, haremos lo mismo en Lobeira”.
El 85% de los centros de la Fundación San Rosendo se encuentran en entornos del rural, con escasa oferta privada y “donde existen necesidades reales, como en Muiños donde más del 53% de la población tiene más de 55 años, según el INE”, indicó Gavela Varela.
Una red de 67 centros por toda Galicia
La Fundación San Rosendo es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años prestando asistencia a colectivos desfavorecidos deGalicia como personas mayores o discapacitados. Con la incorporación de Muiños, la red de centros de la Fundación asciende a 67 residencias repartidas por toda Galicia, con cerca de 3.500 plazas asistenciales.
Al igual que el resto de los centros, Muiños se gestionará con los criterios de: apuesta por la calidad, participación activa en la vida social y cultural del entorno y ser una agente dinamizador.
«Moreno es el Terminator de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género»
La diputada nacional del PSOE por Almería Consuelo Rumí ha manifestado este miércoles que su grupo tiene «muy claro cuál es el currículo» del candidato a la Presidencia del Gobierno andaluz del PP-A, Juan Manuel Moreno, a quien ha definido como «el ‘Terminator’ de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género».
En rueda de prensa, Rumí ha asegurado que Moreno es «cómplice de la ministra Ana Mato de los repagos farmacéuticos y del atentado contra la sanidad pública española» en su cargo institucional como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. «En definitiva, Arnold Schwarzenneger al lado del Moreno es un angelito», ha apostillado la diputada.
Rumí ha estado acompañada del senador socialista Juan Carlos Pérez Navas y de la diputada nacional Gracia Fernández, quien ha asegurado que el candidato a presidir la Junta «es conocido por sus malos hechos y obras» ya que «ha sido el responsable de implantar las políticas sociales que han agravado en nuestro país la pobreza y la desigualdad», según ha valorado.
Fernández ha afirmado que Moreno deja una Ley de Dependencia «prácticamente derogada» dado que «el Gobierno ha dejado de asumir sus responsabilidades y de aportar el 50 por ciento para el pago de las prestaciones» que ahora «tienen que asumir las comunidades autónomas». En este sentido, ha señalado que Andalucía «asume el 72 por ciento de los costes» de los servicios derivados de esta ley al tiempo que sufrido «una pérdida de 314 millones de euros» de aportaciones del Estado.
«La Junta ha tenido que hacer esfuerzo para garantizar la atención a la dependencia a 15.627 beneficiarios», ha explicado la diputada, quien ha valorado la «aportación extra» de más de 851.000 euros que el Gobierno andaluz ha dedicado al pago de los servicios de trabajadoras en la provincia.
Con esto, ha criticado también que Moreno «no haya tenido como prioridad» la integración de personas con discapacidad ni el desarrollo de políticas para luchar contra la violencia de género, cuyas partidas se han visto mermadas mientras que, en el caso de los discapacitados, sus políticas de integración o acceso a los medicamentos de manera gratuita se ha deteriorado, según ha defendido.
Para Fernández, Moreno «no está en condiciones de dar lecciones a nadie y menos en Andalucía» con lo que considera que «tiene mucho que hacer para demostrar que los andaluces le preocupan», sentido en el que además le ha invitado a participar en una concentración contra el anteproyecto de la ley del aborto.
AMADE y el Foro Técnico de Formación han organizado el próximo 25 de febrero una jornada informativa, sobre «La Inspecciónde Trabajo»
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) y el Foro Técnico de Formación han organizado para el próximo 25 de febrero una JORNADA INFORMATIVA, destinada a las empresas, sobre LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.
El abogado Carlos Javier Galán, director del despacho Alberche Área Jurídica y autor del libro “La empresa ante la Inspección de Trabajo” (FC Editorial, 2013) será el primer ponente de este acto, convocado por la organización empresarial que representa a las empresas del sector privado de Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid.
Tras el turno de preguntas, tendrá lugar una mesa redonda que pondrá en contraste distintas perspectivas: la de los responsables empresariales, la de la propia inspección y la de la judicatura. Participan en la misma Beatriz Aguirre, directora de relaciones laborales de CEOE-CEIM, Paloma Urgorri, Jefa de la Unidad especializada de otras áreas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Antonio Trimiño, jefe de Relaciones Laborales de la multinacional Unísono, y Pablo Aramendi, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid.
El horario previsto es de 10 a 14 h. y el lugar de celebración es el Salón de Actos de CEOE en calle Diego de León nº 50 de Madrid. La inscripción es gratuita hasta cubrir plazas, dirigiéndose a maparicio@forotf.com y administracion@amade.es
Validadas más de 55.000 firmas de ILP para garantizar pagos gran dependencia
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir una reforma de la ley de finanzas públicas de Cataluña para que se garanticen los pagos a la gran dependencia ha conseguido las firmas necesarias para continuar la tramitación de la petición, al validarse un total de 55.554 firmas de apoyo.
La comisión de control de la ILP que propone modificar la ley de finanzas públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia ha validado esta tarde las firmas recogidas por los promotores y que han superado las 50.000 firmas necesarias.
Esta ILP, la segunda presentada esta legislatura tras la que pide una renta mínima garantizada, plantea una proposición de ley de modificación del texto refundido de la ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
Se trata, según sus promotores, de garantizar por ley que los pagos de las prestaciones de gran dependencia «lleguen puntualmente a los beneficiarios y a las entidades proveedoras» y tengan «carácter prioritario».
La comisión de control, el órgano que vela por la veracidad del proceso y que preside el magistrado de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Daniel Bartomeus, ha proclamado esta tarde las firmas recogidas y las ha comunicado a los promotores.
Ahora, la mesa del Parlament deberá abrir la tramitación propiamente parlamentaria de la iniciativa, y la junta de portavoces el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas.
Después, la junta deberá incluir en el orden del día de un pleno para hacer el debate de totalidad.
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.