Dependencia
La Generalitat no garantiza los pagos a las entidades sociales concertadas
La tensa situación que vivieron las entidades sociales concertadas a finales de julio debido al impago de la Generalitat podría repetirse este mes. La conselleria de Bienestar Social y Familia reconoció ayer que «no puede asegurar al cien por cien» la normalidad en el pago de los conciertos correspondiente al mes de septiembre. Así lo alertó ayer la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, que ligó la solución definitiva a la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica por parte del Gobierno.
A pesar de que los pagos relativos al mes de agosto se produjeron con normalidad, la conselleria que dirige Josep Lluís Cleries tiene aún pendiente saldar la deuda de julio, que en el caso de las entidades sociales asciende a unos 70 millones de euros. Según la conselleria, esta cantidad estaría vinculada al cobro del rescate que la Generalitat ha solicitado.
«La Generalitat trabaja con la idea de que el Fondo de Liquidez que ponga en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy permitiría liberar el presupuesto para hacer frente a los pagos pendientes», dijo Fortuny, que declinó fijar ninguna fecha para ello al finalizar una reunión con la Mesa del Tercer Sector y entidades sociales.
Estas temen que se repita la situación de julio, pero confían en que se encontrará una solución. «De momento se han producido todos los pagos relativos al mes de agosto y confiamos en que el mes de septiembre suceda lo mismo», dijo optimista el director general de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina, satisfecho después del encuentro con el conseller. «El conseller Josep Lluís Cleries ha dicho que pondrá todo de su parte para pagar los retrasos lo antes posible así como para realizar con normalidad los pagos de septiembre y se ha comprometido a mantenernos informados con la máxima transparencia para que podamos anticiparnos a lo que pueda suceder», apuntó Codina, tras la reunión en la que se abordaron los problemas económicos que sufren algunas entidades. Sin embargo si la situación de julio se repite «sería muy difícil tirar hacia delante y por ello debemos trabajar para que no se repita», reconoció el director general de la Mesa.
Después de la crítica situación que sufrió el sector hace un mes, las entidades han vivido este verano en una incertidumbre constante con temor a que se repitieran los impagos y provocaran el cierre de muchos de los centros que salieron adelante gracias a sus ahorros y a las pólizas de crédito. Un segundo impago podría poner fin a la labor de muchas de ellas y pondría en riesgo el conjunto de un sector vulnerable, así como la atención de casi 34.000 usuarios y la continuidad de más de 30.000 empleos.
En el próximo encuentro, que está previsto para finales de este mes, las entidades esperan poder abordar el mecanismo para recuperar el pago pendiente.
La Cumbre Social de Navarra convoca una cadena humana contra los recortes el sábado 8 en Pamplona
La Cumbre Social de Navarra ha convocado para este sábado 8 de septiembre una cadena humana en el Paseo de Sarasate de Pamplona para expresar su rechazo a los recortes y en defensa del Estado de Bienestar.
Este movimiento está integrado por 36 entidades que representan a 207 organizaciones sociales y sindicales como UGT, CCOO, Solidari, Afapna, Movimiento 15M-Navarra, Coordinadora de ONGD, Herrikoa, Consejo de la Juventud, Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, o el Colegio Oficial de Trabajo Social.
La movilización de este sábado tendrá lugar a las 19 horas y los convocantes animan a los asistentes a acudir vestidos de rojo, según han explicado en rueda de prensa Isabel Arboniés, de la Plataforma por la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, y Daniel Hernández, secretario de Comunicación de CCOO de Navarra.
Además de esta cadena humana, la Cumbre Social de Navarra llama a los ciudadanos a acudir a Madrid el próximo sábado 15 de septiembre para participar en un acto a nivel nacional. Está previsto que «decenas» de autobuses salgan desde Pamplona a las 5.30 horas, desde Tudela a las 6.30 horas, y desde otros puntos de Navarra aún por concretar.
Isabel Arboniés ha afirmado que «hay razones vitales para movilizarnos» y ha argumentado que «nos reducen salarios, prestaciones por desempleo, pensiones, abaratan los despidos, nos desmontan los servicios públicos de salud y educación, abandonan a los más vulnerables».
La representante de la Cumbre Social de Navarra ha dicho que «la vida diaria ciudadana se ha convertido en un permanente sobresalto» y ha criticado que «el Gobierno del PP y sus seguidores autonómicos han precipitado a amplias capas sociales hacia la abrupta y creciente pobreza, exprimiéndolas hasta los tuétanos con subidas del IVA, servicios básicos y alimentos, mientras regalan amnistías fiscales y toleran fraude y la estafa a los que deberían aportar el grueso de los ingresos públicos con un sistema fiscal progresivo».
Arboniés ha defendido que «la ciudadanía y las organizaciones sociales tenemos una clara percepción de desigualdad de trato, de la aplicación selectiva de leyes, de cómo se manejan diferentes reglas de juego, de la falta de transparencia y del golpe asestado a nuestros derechos y libertades».
Según ha manifestado, «la gravedad de los hechos demanda una rebelión democrática en la que converjan todos los sectores, colectivos y personas que están sometidos a esta nueva forma de esclavitud que nos humilla».
Conclusiones en la Clausura del Encuentro de Envejecimiento, Fragilidad y Dependencia
El modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) se enmarca en el desarrollo de la innovación social y sociosanitaria basada en conocimiento científico producido y en las tendencias internacionales ya experimentadas, que avalan que la intervención debe responder de manera integral a las necesidades bio-psico-sociales de apoyo de las personas y hacerlo preservando su derecho a controlar y seguir tomando decisiones sobre sus propias vidas. Para ello, es necesario tener en cuenta y apoyarse en aspectos esenciales, como es la biografía de las personas, sus gustos y preferencias, su contexto socioambiental y sus capacidades preservadas.Gipuzkoa se blinda ante los recortes en la Ley de Dependencia
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que garantiza que los guipuzcoanos dependientes y sus familias no se verán afectados por los recortes establecidos en la nueva Ley de Dependencia, que suponen la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas en el sistema a partir del 1 de septiembre.Trescientas familias recurren al Supremo contra la reforma de la Dependencia
Representantes de 300 familias españolas han presentado este martes un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación del decreto que reforma la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, porque consideran que «vulnera derechos fundamentales», según informa Europa Press.
Así lo ha explicado a los medios de comunicación en la puerta del Alto tribunal el portavoz de la Entidad por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus Familias, Antonio Moreno, que se ha identificado como padre de un menor en situación de dependencia.
«Buscamos que se anule el Real Decreto, porque una cosa son los derechos adquiridos que tienen las familias con anterioridad al Decreto y otra las familias de nueva incorporación», ha explicado. En su opinión, sí sería posible aplicar la norma a las nuevas incorporaciones al sistema, pero no a los ciudadanos que ya tienen «derechos adquiridos».
Con esta demanda, las familias solicitan la anulación del real decreto que, según alertan, elimina los derechos adquiridos de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, al recortar las ayudas a cuidadores, eliminar su cotización a la Seguridad Social y restringir el acceso al sistema de los dependientes moderados.
En concreto, consideran que se vulneran los artículos 4, 31, 33 y 49 de la Constitución Española, pero no pueden pedirle al Tribunal Constitucional que intervenga porque es una capacidad reservada al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un grupo de cincuenta diputados o de cincuenta senadores, los gobiernos y los parlamentos autonómicos.
Aunque han acudido a la Defensora del Pueblo instando a la Alta Institución a recurrir el real decreto, aún no han obtenido respuesta, conforme ha explicado Moreno. «Estamos decepcionados porque la Oposición no ha interpuesto este tipo de recurso, y son los que tienen la potestad reglamentaria para hacerlo», ha añadido.
Además de esta vía del recurso por vulneración de derechos de la asociación, las familias que la componen recurrirán el Real Decreto de forma individual, a fin de conseguir una paralización de la nueva norma en cada uno de los casos y mantener el mayor tiempo posible las ayudas que hasta ahora estaban recibiendo.
Cermi anuncia movilizaciones en Andalucía por los «atrasos» en los pagos y ante «posibles recortes» en Dependencia
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha anunciado movilizaciones para el martes 2 de octubre ante «los posibles recortes sociales del 12 por ciento propuesto por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, así como por los impagos, que ascienden a más de 50.000.000 de euros».
Según informa el comité en una nota, existe una «situación grave» de «recortes» que puede ocasionar «el cierre de los centros de personas con discapacidad», algo a lo que hay que sumar «el retraso de los pagos que adeuda la Junta de Andalucía a las entidades miembro».
Por ello Cermi-Andalucía acordó ayer en una reunión urgente un calendario de movilizaciones que se iniciará el martes 2 de octubre. También elaborarán un manifiesto en el que expresarán de nuevo su «indignación y malestar por los recortes sociales que se están llevando a cabo y que hacen inviable el Sistema del Bienestar».
Los integrantes del Cermi en Andalucía son DOWN-Andalucía, Canf-Cocemfe, FAAS, Feaps-Andalucía, Faisem, Feafes-Andalucía, Fapas, Aapace-Andalucía, Autismo-Andalucía, ONCE, Fandace y Feder.
Pena de 9.359 € a Bienestar por los atrasos a una dependiente
La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aceptado el recurso de una persona en situación de dependencia y ha condenado a la Conselleria de Bienestar Social a indemnizarla con 9.359 euros en concepto de atrasos, ya que el abono de la cantidad que le corresponde debe ser desde el momento de la presentación de la solicitud y no desde el reconocimiento del derecho.
La sala estima de esta forma el recurso de alzada interpuesto por una particular contra la resolución de septiembre de 2009 del secretario autonómico de Familia y Coordinación Social de la Conselleria de Bienestar Social por la que se aprobó la prestación económica.
La demandante alegaba que los derechos que se le había reconocido debían ser abonados desde la fecha de la solicitud de reconocimiento de su situación, el 3 de mayo de 2007 y no desde la fecha de la resolución en la que se le aceptaba, el 28 de noviembre de 2008, por lo que reclamaba 9.359 euros en concepto de atrasos. La administración demandada se opuso a la petición y a la retroactividad reclamada.
La sala hace referencia a otros pronunciamientos previos de este mismo tribunal para reconocerle el derecho a recibir los atrasos reclamados. Así, considera que teniendo en cuenta que reconocida a la demandante la situación de dependencia con carácter permanente, debe reconocerse su derecho a la prestación desde la fecha de la solicitud –3 de mayo de 2007– y aunque la efectividad del pago viene condicionada al requisito de la afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social en la forma legalmente establecida por parte de la cuidadora, el pago de atrasos debe llevarse en la cantidad reclamada de 9.359 euros por ser ajustada a derecho.
Oltra afirma que la reforma de la Ley de Dependencia supondrá otro recorte de derechos
Compromís considera que la modificación de la Ley de la Dependencia «que hará el PP, es un recorte más en los derechos sociales» y por ese motivo ha presentando una iniciativa parlamentaria para «hacer recapacitar» al Gobierno que preside Mariano Rajoy sobre de la reforma de esta ley.
Según los datos con los que cuenta la coalición de izquierdas, la modificación de la ley «agrava la precariedad en la que viven muchos valencianos», puesto que el recorte en la Comunitat supone una bajada de 51 millones de euros en ayudas a los cuidadores y a los dependientes, han apuntado en un comunicado.
Así lo señala el Observatorio Estatal de Dependencia en su informe «Impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia», pero además, la supresión de las cotizaciones de la Seguridad Social de los cuidadores «añade una disminución de 15 millones de euros a todos los valencianos».
Para la diputada de Compromís Mónica Oltra la modificación de la Ley de Dependencia es «eminentemente un recorte» en el presupuesto y, por lo tanto, un «recorte en prestaciones y derechos sociales. ¿Por qué le dicen modificación cuando en realidad quieren decir recorte?» ha denunciado la encargada de temas de Salud y Bienestar Social de Compromís en el parlamento valenciano.
El sector de la dependencia alerta de la «inviabilidad económica inmediata» de los centros en Cantabria
Empresas del sector se han reunido este lunes en las instalaciones de Ceoe-Cepyme Cantabria, y han expresado su «muy alto grado» de preocupación por una situación que afecta a «la mayoría» de los centros de atención a dependientes de la comunidad autónoma.
En un comunicado, la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (CESDE) anuncia que el 5 de septiembre los representantes del Sector de la Dependencia mantendrán una reunión con la consejera, María José Sáenz de Buruaga, en un encuentro del que esperan que «salgan soluciones que permitan mantener los Servicios de Atención a la Dependencia y la viabilidad de los Centros de Cantabria».
Recientemente, el sector pronosticaba que antes de final de año se producirán cierres de sus centros como consecuencia de la bajada de los precios concertados por la atención a dependientes que se les acaba de comunicar desde el Gobierno de Cantabria.
La Ley de Dependencia estructura la asistencia en función del estado del usuario, con tres grados, de menos a más, cada uno de ellos con dos niveles, que han quedado eliminados.
Una de las consecuencias de la desaparición de los niveles, decidida por el Gobierno central, ha sido los cambios en los importes que percibían las residencias concertadas.
Lo que sucede es que también había diferenciación en las cantidad de los grados en que se subdividían, mayor según aumentaba la gravedad, y al desaparecer, se supone un descenso en el dinero que recibía, cifrado en un 17,13% ó 15,82%, según los casos y una media del 9,5%.
El efecto que tiene esta medida fue un descenso en la facturación cuando los beneficios, en un sector en el que son fijos y constantes, se mantienen en el 10%, con lo cual se producen pérdidas, explicaban las empresas, que también criticaban el efecto del aumento del IVA.
Las residencias recordaban que en total el sector concentra 3.000 puestos de trabajo, de los que en torno a mil se corresponden con los de esta asociación.
Camargo pone en marcha un programa de fomento de la autonomía personal
El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha un programa de actividades, entre septiembre y febrero de 2013, destinado a personas mayores de 60 años, con el objetivo de prevenir la dependencia y fomentar la autonomía personal.
«Volver a Aprender», «Relajación y Control del Estrés» y un taller de salud, son las tres nuevas iniciativas del programa, en el que podrán participar un máximo de 60 personas, según ha informado el Ayuntamiento de Camargo en un comunicado.
El alcalde, Diego Movellán, ha explicado que los tres talleres integran un programa de prevención de la dependencia abordada desde distintos enfoques, desde el físico hasta el emocional y el intelectual.
Movellán ha destacado que «Camargo apuesta por poner a disposición de los vecinos los medios necesarios para que mantengan su independencia con calidad de vida en el entorno que les es familiar» y ha señalado que «esta es una de las iniciativas encaminadas a cumplir ese compromiso».
Para ello, en los tres talleres se trabajará sobre la prevención de problemas físicos y psíquicos asociados a la ansiedad y a la depresión, el fomento de las relaciones interpersonales, la prevención de trastornos articulares, musculares y cardio-respiratorios.
También se abordará el fomento de la participación en actividades gratificantes a desarrollar en grupo a fin de facilitar el mantenimiento de un actividad social necesaria para la autoestima y la autonomía psicológica.
El primero de los talleres, «Volver a aprender» se desarrollará del 6 de septiembre al 29 de noviembre, todos los martes.
Entre sus objetivos están el fomento el desarrollo de las habilidades comunicativas, facilitando el reconocimiento y expresión de las emociones, entrenando la estructuración del pensamiento y la memoria.
El siguiente taller, «Relajación y control del estrés», tendrá lugar del 2 de octubre al 20 de noviembre, también todos los martes.
En esta actividad se dotará a los asistentes de las herramientas necesarias para identificar cómo afecta a cada uno física y psicológicamente el estrés.
Además, se mostrarán técnicas para controlarlo a nivel motor, cognitivo y fisiológico.
El último será el taller de salud, todos los jueves, del 10 de enero al 14 de febrero de 2013, que pretende divulgar los conocimientos prácticos que contribuyan a que los asistentes adopten las decisiones adecuadas para el mantenimiento de un estado de salud que garantice y prolongue su autonomía.
Se hará especial hincapié en la prevención de situaciones susceptibles de desembocar en estados de dependencia.
Todos los talleres integrados en este programa se desarrollarán en las instalaciones del Centro Cultural La Vidriera desde las 10.00 horas.
La inscripción y solicitud de información puede realizarse ya en la sede de Servicios Sociales en la Casa Altamira.
CCOO cree que la Dependencia está «herida de muerte» por la reforma del Gobierno y los recortes de la Junta de Andalucía
El sindicato Comfia-CCOO ha señalado recientemente que el Sistema para la Autonomía de las Personas Dependientes está «herido de muerte» tras las reformas de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno Estatal y los «recortes laborales» por el Gobierno autonómico de la Junta.
Según indica en una nota esta organización, sendos gobiernos «han abandonado a las personas cuya calidad de vida depende en gran medida de la aplicación de la Ley de Dependencia y, con el abandono de los usuarios, se ha hecho lo propio con los trabajadores, tanto de las personas que prestan la atención a los dependientes como de aquellos que gestionaban la Ley, en concreto, la plantilla de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda)».
CCOO lamenta que la Junta, asegurando que era para evitar despidos, aprobara un plan de ajuste económico-financiero, «reduciendo así considerablemente las condiciones y derechos laborales en la Assda». Como resultado de este «decretazo», el sindicato asegura que «el 60 por ciento de la plantilla ha sufrido el recorte, impuesto, del diez por ciento de jornada laboral y salarial». «Esto, además de la merma de condiciones laborales, implica para los beneficiarios la disminución de miles de horas al mes efectivas de trabajo y por tanto la disminución en la atención a los mismos», añade.
El sindicato también critica que «nuestros gobernantes nuevamente incumplen sus palabras y programas electorales, primero sobrepasando la línea roja que prometieron no cruzar: no afectar a los servicios y derechos sociales, y en segundo lugar, procediendo a despedir a un número considerable de trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía».
Sobre este último aspecto, CCOO ha añadido que la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía «no está autorizando la renovación de los contratos temporales del personal de la Assda y esto ha conllevado a que, entre julio y agosto, decenas de personas, ya hayan perdido sus puestos de trabajos; si esta es la tónica a seguir, mucho nos tememos que, continuarán los despidos». Por todo ello, la organización reitera que estamos «asistiendo, lamentablemente, a la muerte del modelo social tal como se conocía hasta ahora».
Cleries ha garantizado el pago de las facturas al sector social concertado a finales de este mes de agosto
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha lanzado este martes un mensaje de tranquilidad a los funcionarios respecto al cobro de la nómina completa del mes de septiembre y ha reiterado que, pese a los problemas de liquidez del Govern, antes de que acabe agosto abonará los conciertos que adeuda.
En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, Cleries ha señalado «que los funcionarios estén tranquilos, las cosas que se hagan se hablarán, pero no hay nada previsto» en este sentido.
De esta forma, ha respondido a la información que avanza ‘La Razón‘ sobre que el Govern no descarta un posible recorte del 25% de la nómina de septiembre de los funcionarios, que les sería abonada posteriormente, con el fin de ganar liquidez el mes de septiembre.
Además, Cleries ha garantizado el pago de las facturas al sector social concertado a finales de este mes de agosto, «si no hay ningún contratiempo de última hora», después de la suspensión del pago de 70 millones de euros de julio debido a las dificultades de tesorería del Govern.
Ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector porque, pese a la delicada situación financiera de la Generalitat, en este año y medio han crecido a 150.000 los beneficiarios por la ley de dependencia y se trabaja en una ley propia de autonomía personal, de voluntariado y de accesibilidad.
«Sufrimos una asfixia fiscal de 45 millones de euros que cada día se van al Estado y no vuelven, y por ello reclamamos el pacto fiscal», ha insistido Cleries.
DIADA
Sobre la manifestación de la Diada, Cleries ha señalado: «Por mucho que vayamos a una manifestación a título personal, no nos podemos quitar la etiqueta de nuestra responsabilidad política«.
Acerca del mismo tema, ha señalado que la próxima semana el Govern tomará una decisión colegiada, y en función de lo que suceda los consejeros irán de forma unitaria, y si no a título individual en función de sus ideales.
Las recortes en dependencia tienen rostro humano
Juan Antonio de la Cruz tiene 18 años y es fan de ‘La Roja’. Luce orgulloso su camiseta, pero nunca ha ido a un partido. Podría seguirlo sin mayores problemas, ya que “se entera de absolutamente todo”, como presume María Dolores Sánchez Maldonado, o Lola a secas, su madre. Pero hay otras prioridades. Juan Antonio tiene parálisis cerebral desde que nació y todos los recursos económicos de su familia están volcados en él. Y las ayudas públicas que recibía él y otras personas como él, considerados dependientes, cada vez es menor por los las medidas de austeridad para reducir el déficit.
Hasta el año pasado, una asistente pagada con dinero público ayudaba a su madre a levantarlo por las mañanas y otra se pasaba un par de horas por la tarde con él. Pero “el 23 de mayo de 2011, a las 8:15 de la mañana, me llamaron para anunciarme que me retiraban ese apoyo. Me dijeron que había otra gente que se lo merecía más que mi hijo”, explica Lola, de 56 años. El 23 de mayo fue el día después de unas elecciones en la Comunidad de Madrid. En ellas, el Partido Popular volvió a cosechar una mayoría absoluta, por lo que el recorte de la prestación a familias como la de Lola y Juan Antonio sólo podía estar decidido de antemano.
Las ayudas públicas también aportaron 700 euros para costear la silla de ruedas que necesita Juan Antonio, que en total cuesta 4.500. La silla es casi una extensión de su cuerpo, ya que en ella reposan sus 35 kilos la mayor parte del día, siempre en diferentes posturas para evitar problemas de circulación. A pesar de los 2.000 euros adicionales invertidos en complementos y nuevas piezas, la silla de Juan Antonio se ha quedado vieja y Lola está pensando en comprar otra. Esta vez no recibirá esos 700 euros, porque el Gobierno ha suprimido la ayuda.
«SOY UNA AFORTUNADA»
Pese a todo, Lola se considera “una afortunada”. “Me puedo permitir cuidar a mi hijo porque no fumo, ni bebo, ni voy a la peluquería, ni me maquillo”, explica. “Llevo muchos años trabajando y cuento con la ayuda de mi pareja para ocuparme de mi hijo y salir adelante”, añade.
Juan Antonio tiene un nivel de discapacidad del 89%. Apenas se mueve o habla y tiene que ser alimentado por una sonda a través del ombligo. Siempre tendrá que estar atendido por otra persona. Pero cada vez está peor atendido por el Estado. El mes pasado, el Gobierno anunció recortes en la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 y que garantizó, por primera vez en toda España, el derecho a una ayuda pública de las personas que no se valen por sí mismas.
Entre 2012 y 2014, el Gobierno prevé recortar 3.020 millones de euros en la partida destinada a Dependencia, pero de momento no ha desvelado todas las medidas para cumplir el objetivo. Entre los ajustes presentados está la reducción en un 15% de la financiación, que se lleva a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, y una moratoria de dos años para la tramitación de los expedientes y el inicio de las ayudas. “Muchas personas se morirán esperando las ayudas”, lamenta Purificación Causapié, que fue directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con el anterior Gobierno. Tras cumplir la mayoría de edad, Juan Antonio podría acogerse a las prestaciones de la Ley de la Dependencia, pero a su madre no le sale a cuenta.
Como consecuencia de las políticas de austeridad, Lola pasará a pagar un 50% de las medicinas de su hijo. Ahora paga un 40% por las cuatro pastillas que toma Juan Antonio al día. “Sólo el año pasado me gasté 1.500 euros en las medicinas que están parcialmente cubiertas, pero este año creo que llegaré a los 2.000 por este aumento”, lamenta. El joven, incontinente, utiliza como mínimo 5 pañales al día que su madre tiene que costear en su totalidad. El impuesto que grava el consumo sube para los pañales desde el 8% al 21% a partir de septiembre, por lo que Lola se resigna a pasar sus vacaciones en su casa, por la que está acabando de pagar una hipoteca. También suben los impuestos para las jeringuillas con las que da de comer a su hijo a través del ombligo. Gasta una a la semana, pero Lola ya ha aprendido “los trucos para lograr que duren un poco más”. “Lo que no entiendo es por qué no le suben así los impuestos a la joyería, a los coches de lujo o los ricos y a las empresas que montan para esquivar sus obligaciones fiscales”, razona.
UN RECORTE DE GÉNERO
El encarecimiento de las medicinas también le afecta a la propia Lola, que sufre de dolores crónicos, fibromialgia y las secuelas de un cáncer de mama que sufrió hace años. Por eso fundó, junto a otras DCYDE, la Asociación de Fibromialgia, Dolor Crónico y Dependencia. Desde allí asesoran a nuevas familias con este tipo de problemas.
Es verano en Madrid y Juan Antonio puede, al menos, “hacer lo que más le gusta: pasear, ver gente, descubrir sitios nuevos”. Por fortuna, como recuerda su madre, eso es barato. En una cafetería se encuentran con María Teresa Lozano, que cuidó “toda la vida” de su padre y de su madre, hasta que se murieron. Acaba de recibir una carta en la que el Gobierno regional le deniega ayudas de Dependencia para cuidar de su madre, a pesar de que ésta falleció hace cuatro años. Su caso es el de la cuidadora de dependientes mayores, que son la mayoría de las casi 800.000 personas que reciben algún tipo de ayuda pública.
Según Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, los ajustes en este tipo de ayudas son en toda regla un recorte de género. “Las mujeres, que son tradicionalmente las que más a menudo cuidan de sus padres mayores, tienen también un salario menor que los hombres. En realidad, lo que se está creando es una bolsa de mujeres en riesgo de pobreza”, advierte.
Lola y Maria Teresa lamentan su suerte, aunque repiten insistentemente que podrían estar peor. Eso sí, los años dorados de la economía no volverán. “Antes de entrar en el euro, cobraba más o menos lo mismo, pero todo estaba mucho más barato”, dice Lola.
«FUENTE DE PREOCUPACIONES, PERO TAMBIÉN MOTOR»
Las dos tienen un plan. “Cuando cumplamos los 67 años [edad legal de jubilación], compramos unas pistolas, atracamos un banco y nos vamos a la cárcel, con cuatro comidas al día, a que nos cuiden”, bromea Lola.
A su lado, Juan Antonio también sonríe, aunque es muy difícil adivinar hasta donde llega en realidad su consciencia. ¿Quién lo cuidaría a él si siguen los recortes y se siguen reduciendo las ayudas públicas? “Juan Antonio es mi fuente de preocupaciones, pero también mi motor. Eso sí, le pido a Dios que se lo lleve antes que a mí”, confiesa Lola, por primera vez con lágrimas en los ojos. Pero para eso todavía falta mucho tiempo y a ella todavía le queda mucho que luchar. Lola se recompone rápidamente y antes de volver con su hijo a casa, le pregunta: “Juan Antonio, ¿cuántas novias tienes?”. El joven, desde su silla, responde con una sonora carcajada.
Joan Costa i Font, «La atención a la dependencia se diseñó rápido y sin pensar demasiado»
Los recortes en la atención a las personas dependientes (los más llamativos hasta ahora han sido el aumento del copago y la rebaja en las ayudas por cuidados familiares, sin contar el impago de las nóminas de julio a los geriátricos catalanes) han eclipsado la discusión de fondo: cómo financiar las prestaciones públicas cuando la economía está en recesión y el desempleo es elevado. A ese dilema se refiere Joan Costa i Font, profesor permanente de Economía Política en London School of Economics and Political Science, una de las instituciones académicas más influyentes en su ámbito. Especializado en economía de la salud y en políticas sociales, el docente critica que los partidos polemicen ruidosamente sobre los derechos de los ciudadanos mientras negocian entre bambalinas la forma de pagarlos. «Algo bueno que traerá esta crisis es una cierta desconfianza hacia los políticos, y una presión sobre los medios de comunicación para que supervisen sus acciones».El ayuntamiento de Castelló solo recauda 19.000 euros por cobrar este servicio
El Ayuntamiento de Castelló solo prevé recaudar 19.000 euros al año a través del nuevo precio público que ha establecido en el transporte adaptado municipal. La concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, adujo en el pleno de junio que la ciudadanía de Castelló «no tiene por qué pagar un servicio que utiliza un número determinado de castellonenses» y aseguró que para las personas sin recursos seguiría siendo gratuito.
Los grupos de la oposición (PSPV, Bloc y EU) rechazaron esta medida en una áspera sesión plenaria, mientras una usuario entregó a la regidora 600 firmas en contra de este copago. ¿Es justo que ustedes usen el coche oficial de forma gratuita y se cobre a personas que necesitan este medio», subrayó en el debate la concejala del PSPV Inmaculada Enguídanos. Las tres formaciones recordaron que los usuarios, que son personas con movilidad reducida, no tienen otros medios para poder moverse.
«Sólo tienen este transporte para poder moverse. No es un lujo. ¿Cuántos usuarios utilizan los coches oficiales?. Seguro que este servicio es más prescindible que el transporte adaptado», indicó la portavoz de Esquerra Unida, Carmen Carreras, mientras el edil del Bloc Nacionalista, Enric Nomdedéu, reiteró que los que hacen uso de él es por «necesidad». Este copago es rechazado de forma unánime de las organizaciones de dependientes de Castelló. No obstante, de momento han optado por un tono reivindicativo de baja intensidad y abogan por mantener los puentes de diálogo con la administración local.
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Retrasos en el pago del Plan Prepara deja a miles de personas sin recibir la ayuda
Sola y sin ayudas. Verónica Estevan, valenciana de 37 años, no ha recibido en julio los 400 euros del Plan Prepara y tampoco la ayuda a la dependencia que le reconocieron a su madre el pasado diciembre. “Ni un solo mes”, asegura. Pese a que no tiene que pagar vivienda, las facturas de la luz, el agua o el gas siguen llegando a su buzón. La última, la que tendría que abonar al administrador, la ha devuelto acompañada de la promesa de que la pagará más adelante. Ahora no puede.
Estevan es una de los miles de afectados por los retrasos en los pagos del Plan Prepara que el Ministerio de Empleo dijo que se debían a un «problema contable». En julio tendría que haber cobrado el último plazo de la ayuda que le corresponde, pero sus cuentas bancarias siguen en números rojos. “En el banco me dicen que no puede ser que no sepa cuándo voy a cobrar”, dice. Lo cierto es que no lo sabe. Tampoco sabe en qué momento le ingresarán los 300 euros que le han reconocido como cuidadora familiar de su madre (con una dependencia severa de Grado 2, Nivel 1). “¿Qué voy a hacer cuando no cobre los 400 euros? Pasar hambre”, responde.
“La Administración y yo no nos llevamos bien”, admite. Estevan es una de las 275.000 personas que esperan la ayuda a la dependencia que tienen reconocida, pero que no reciben. El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo. Y nadie da una respuesta al otro lado del teléfono: “Me dicen que falta no sé qué firma”. Pero esta valenciana sospecha que tales explicaciones son “excusas para retrasar el pago”. Tampoco en la oficina de empleo le dicen cuándo cobrará el Prepara.
Su madre, de 85 años, es su única familia. Hace tres años le pusieron un marcapasos, hace uno le detectaron un tumor en la columna, cuya operación la ha dejado postrada en una cama. Y hace apenas unos meses sufrió una isquemia intestinal. Entre el pago de medicamentos, una silla de ruedas y un colchón articulado —algunos de ellos gastos reembolsables que tampoco ha cobrado— Estevan se ha gastado sus ahorros. No tiene ni para los pañales, por eso en la farmacia de su barrio — “saben mi situación y me echan una manilla”, explica— le dan los paquetes que reciben de muestra y así no tiene que pagarlos. Otros comercios le fían la compra a la espera de que la ayuda a la dependencia de un respiro a su cuenta bancaría.
El copago de los medicamentos anunciado por el Gobierno en abril, también para los jubilados (que deben abonar un 10% de la factura hasta un máximo de ocho euros mensuales), es otro de los dolores de cabeza de Estevan. Ocho euros al mes no es un gasto elevado en la mayoría de hogares, pero adelantar el coste de los medicamentos —que algunos meses supera los 3.000 euros— en casa de Estevan es misión imposible.
No siempre fue así. Licenciada en Relaciones Laborales y con varios másteres, recalca que para ella el trabajo es “sagrado” y siempre se ha esforzado por hacerlo bien. “Pero la vida me dio un revés”, dice en referencia al fallecimiento de su padre en 2008 y al deterioro de la salud de su madre desde 2009. Antes, tenía un buen sueldo (36.000 euros anuales en su mejor época) y sueños por delante. Ahora, después de reducir su jornada (y su retribución) y después abandonar su empleo, su día se centra en cuidar de su progenitora y llamar insistentemente preguntando cuándo llegará el dinero. “No puedo buscar un empleo si no me ayudan. No puedo dejar a mi madre sola”, explica. “Intenté montar una empresa en casa, para hacer nóminas, pero era imposible”. Tampoco sale y para ir a la farmacia le pide a una vecina que se quede en su casa “por si pasa algo”. Estevan dice sentirse “atrapada” en su barrio.
Desesperada, se tragó su orgullo —“es terrible suplicar y pedir limosna a tus dirigentes”, dice— y escribió un correo electrónico al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo ayuda. “Yo le voté, no me decepcione por favor. Haga algo”, decía la carta. También ha escrito a cargos políticos valencianos relacionados con el bienestar social. Ninguna de sus misivas ha obtenido respuesta. Estevan empieza a pensar que se le agotan las opciones. Sin colchón familiar y sin dinero, los vecinos son su única red de salvación. “Pero los supermercados no dan comida gratis”, dice.
“Yo sé que las cosas están mal, sé lo que es la prima de riesgo y conozco la situación de España”, esgrime. Pero Estevan insiste en que no pide ayuda por capricho, sino por necesidad. “Si recibiera la dependencia podría contratar a alguien y trabajar a media jornada”, afirma con esperanza. Cuenta con orgullo que cuando acudía a su cita con la orientadora laboral del Plan Prepara, ésta le decía que estaba hiper cualificada.
Pero rápido sus palabras vuelven a la realidad: “Estoy desesperada. El daño y las deudas las llevo dentro”.
Carta a Mariano Rajoy
Estimado Sr. Rajoy:
Mi nombre es Verónica Estevan, tengo 37 años y le escribo desde Valencia, sé que no será usted quien lea este mensaje, o simplemente no será leído, pero formo parte del pueblo español y me veo en la obligación de comunicarle mi situación como ciudadana.
Verá usted, yo trabajaba como responsable de RRHH después de pasarme media vida estudiando carreras y másteres y ser muy valorada por mi trabajo; la vida me dio un revés y mi madre enfermó bastante, de manera que primero me reduje la jornada y luego me vi en la obligación de dejar de trabajar para cuidarla, ya que no tengo hermanos ni familia directa; mi madre está encamada y me necesita. Ha sido la decisión más dura de mi vida, me encantaba trabajar, mis nóminas, mi prevención de riesgos, mi selección, mi trabajo… he tenido que rechazar 3 empleos en los últimos 3 años porque mi madre va de mal en peor (lo último ha sido un infarto en el intestino el mes pasado); solicito ayuda en base a la ley de dependencia y no es porque quiera aprovecharme del estado, sino porque la necesito.
Estoy agotada, mido 1,50 (o metro y medio) y físicamente levantar, asear y darle una vida medio digna a mi madre ha hecho que pierda 15 kilogramos en un año, no duermo por la preocupación y sigo esperando una pequeña ayuda de la dependencia, que me dé un alivio económico, físico y emocional. Yo soy una persona, tengo sentimientos, tenía sueños y una carrera profesional por delante, ahora me estoy dejando la piel y la vida por mi madre, lo hago porque la quiero más que a nada en el mundo, porque ella lo merece, porque lo necesita y porque me hace feliz ayudar a quien lo necesita; pero me faltan fuerzas y recursos. No puedo irme a mas de 5 minutos de mi casa por si mi madre necesita orinar, llorar, levantarse o cualquier cosa, de manera que me encuentro presa en mi barrio.
No entiendo por qué no me pagan la silla de ruedas que compré en septiembre del 2011 y me dijeron que me pagarían; no entiendo porque no puede tener un collar o pulsera de tele asistencia por si yo estoy comprando, en el médico o en la farmacia y le pasa algo (la explicación es que no vive sola…); no entiendo que gran mal he hecho al mundo o a este país o a quien sea para que no me ayude nadie en nada.
Estudié mucho, creía en las leyes, creía en la economía, creía en la política, creía en un mañana prospero. Ahora solo creo en el dolor que veo cada día y en que Dios si existe es para ahogar.
Yo sé en qué estado se encuentra España y que debemos apretarnos el cinturón, pero estoy a punto de apretarme el cinturón en el cuello, por favor se lo ruego ayúdeme, haga algo por favor.
Yo siempre he defendido una política económica de derechas porque creo que es así como se genera empleo y consumo, ahora me da dolor de estomago ver las noticias y me vuelve loca no poder trabajar, ver sufrir a mi madre y ver números rojos en mi cuenta. Yo le voté a usted. no me decepcione por favor, mi madre es una excelente persona (yo no tanto).
Gracias por leerme (no creo que lo haya hecho, pero bueno…)
En espera de sus noticias, se despide atentamente,
Verónica Estevan Huerta
Bienestar Social concede 452 ‘bonos respiro’ para residencias de mayores
La conselleria de Justicia y Bienestar Social ha concedido este año un total de 452 ‘bono-respiro’, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes.
Estas se conceden, según ha informado el conseller Jorge Cabré en un comunicado, «cuando por circunstancias especiales necesiten la atención en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar».
El conseller de Justicia y Bienestar Social ha subrayado que en la mayoría de los casos «es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes» y en este sentido ha asegurado que la Generalitat «debe apoyar a los cuidadores no profesionales a través de programas como el Bono Respiro».
En total se han concedido 325 bonos respiro en la provincia de Valencia, 86 en la de Alicante y 41 en la provincia de Castellón.
En 2012 la conselleria de Justicia y Bienestar Social ha destinado un total de 423.368 euros para financiar el programa.
Los recortes ponen en peligro el programa de respiro para cuidadores
La denuncia llegaba a las redacciones a través de un comunicado de CC OO, en el que el sindicato aseguraba que la Junta de Andalucía suprimirá la asignación económica destinada a los programas de respiro familiar dirigido a los cuidadores de personas en situación de grave dependencia. Por la tarde, un portavoz de la Junta desmentía «de forma categórica» esta información y aseguraba que no se había comunicado la supresión de dicho programa. No obstante decía que en estos momentos se está estudiando la reestructuración y los ajustes que se tienen que hacer «después de que el Gobierno central haya recortado 83 millones de euros en los presupuestos destinados a la dependencia», aunque insistía en que no hay decisión tomada sobre los programas que se verán afectados.