Dependencia
Maria Wolff demuestra que las Terapias No Farmacológicas son parte de la solución para tratar demencias reduciendo costes
- Se pone de relieve que muchas de estas terapias ya han demostrado su eficacia clínica aunque todavía hay lugar para desarrollar nuevas vías de intervención
- Algunas de las TNFs son más eficaces que cualquiera de los fármacos antidemencia existentes, en especial, en temas relativos al apoyo a cuidadores.
- Las sujeciones físicas, prescritas de forma diaria, con la finalidad de evitar caídas, no son constitucionalmente legítimas y atentan contra la dignidad de las personas
La Fundación Maria Wolff celebró el martes 8 de abril en Pamplona su Jornada de Terapias no Farmacológicas y Cuidados en Demencias sin Sujeciones con el objetivo de divulgar estas novedosas soluciones a los profesionales del sector hospitalario, de residencias de la tercera edad y de centros de día para mayores.
Neurólogos, psicólogos, terapeutas y juristas se centraron en promover la implantación de las Terapias No Farmacológicas (TNFs) y en el cuidado de demencias sin sujeciones con el objetivo de dar la máxima calidad de servicio en estos centros y mejorar la calidad de vida de los cuidadores. Con este evento se ha pretendido enseñar y demostrar que todas estas acciones pueden llevarse a cabo reduciendo los costes asistenciales con una reorganización inteligente de los recursos humanos, con formaciones adecuadas y sin reducciones de personal.
Los asistentes pudieron disfrutar con la intervención de los expertos más acreditados en el ámbito de los cuidados a personas mayores con demencia que pusieron en valor la importancia de los familiares como apoyo fundamental para una mayor calidad para este colectivo.
Marta Vera Janín, consejera de Salud del Gobierno de Navarra, se encargó de inaugurar la jornada resaltando la labor que se realiza desde las instituciones que atienden a las personas con demencia. En su discurso de apertura agradeció expresamente “el trabajo de todas las personas que trabajan por luchar contra el Alzheimer y el papel fundamental de sus familiares cuidadores”.
Ruben Muñiz, presidente de Fundación Maria Wolff introdujo las jornadas destacando que “el conocimiento de las evidencias científicas de varias Terapias No Farmacológicas, permite no solo ponerlas al servicio de personas con demencia, sino mejorar la calidad de vida de cuidadores y reducir los costes asistenciales”.
Por su parte, Koldo Aulestia, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) incidió en la decisión de avanzar en los cuidados de las demencias sin sujeciones. Aulestia intervino declarando que “cuando los familiares llevamos a nuestros enfermos a una residencia es porque el avance de su deterioro imposibilita ofrecerles un cuidado de calidad en el domicilio. Pero –continuó explicando Aulestia– siguen siendo personas, a las que seguimos queriendo, y hay que tratarlas como tales, respetando sus derechos y su dignidad”.
Pilar García, jurista de la Defensoría del Pueblo del Parlamento Navarro realizó una interesante ponencia titulada “Necesidad de eliminar las sujeciones desde el punto de vista legal”. García quiso dejar claro que «las sujeciones físicas, prescritas de forma diaria con la finalidad de evitar caídas y, sin haber intentado previamente otras alternativas que hayan resultado ineficaces, no son constitucionalmente legítimas. Según la doctrina del Tribunal Constitucional su uso debería quedar relegado a supuestos muy excepcionales».
TNFs más eficaces que los fármacos antidemencia
Fundación Maria Wolff define las Terapias No Farmacológicas (TNFs) como intervenciones no químicas, teóricamente sustentadas, realizadas sobre el paciente o el cuidador y potencialmente capaces de obtener un beneficio relevante. Éstas se basan en la exploración y rehabilitación cognitiva de las personas que las necesitan con intervenciones multicomponente para apoyar a los cuidadores y al entorno familiar de los mayores con demencia. Esta actuaciones pueden ser de tipo psicosocial en el cuidador y en el entorno familiar, de apoyo de trabajo social en el cuidador principal.
Las TNFs pueden estar basadas en el ejercicio físico, en el entrenamiento de las actividades de la vida diaria, en algunas intervenciones de manejo de la conducta o en la musicoterapia.
En estas jornadas se ha puesto de relieve que aunque muchas de estas terapias ya han demostrado su eficacia clínica todavía hay lugar para desarrollar nuevas y beneficiosas vías de intervención. Se ha destacado que las TNFs más eficaces para personas con Alzheimer son las intervenciones multicomponentes según el macroestudio publicado por Maria Wolff. El Dr. Javier Olazarán y Ruben Muñiz, codirectores de investigación de este estudio, han descubierto que algunas de las TNFs son más eficaces que cualquiera de los fármacos antidemencia existentes, en especial, en temas relativos al apoyo a cuidadores.
Fundación Maria Wolff presentó en este simposio dos novedades relevantes, la puesta en marcha de las terapias T2E® y Cuidados con presencia. T2E® es una novedosa intervención cuyo objetivo es garantizar estados emocionales positivos a personas con la enfermedad de Alzheimer. Se estimulan 32 estados emocionales positivos claramente diferenciados entre si, mediante técnicas muy novedosas. Por otro lado, Cuidados con presencia es una intervención destinada a mejorar la calidad de vida de auxiliares de geriatría y personas institucionalizadas en residencias utilizando, entre otras técnicas, el Midnfulness. Al final de la jornada se realizó una demostración de esta nueva fórmula con un taller vivencial para todos los asistentes a cargo de la psicóloga Inmaculada Sánchez-Montero.
En la mesa redonda dedicada a “Familia y atención centrada en la persona” Manuel Nevado, psicólogo de Fundación Maria Wolff, intervino hablando de “El significado de vivir en una residencia de mayores”. Nevado quiso destacar que “estar en una residencia de mayores supone reinventarse, adaptarse y volver a experimentar en un nuevo contexto, donde la clave es vivir como en casa basándose en la historia de vida”.
El acto, ha contado con el apoyo de la Fundación Caja Navarra, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA).
El CGPJ pide que no retrasen las resoluciones sobre dependencia para no saturar los juzgados
Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de la Comisión Permanente pidió ayer en Valencia a las administraciones autonómicas que sean diligentes con las resoluciones de las ayudas a la dependencia para que los tribunales no se saturen. Fernández se ofreció a negociar con las instituciones «para que no se retrasen las resoluciones que judicializan el cumplimiento de la ley de dependencia».
El vocal del CGPJ recordó que algunos jueces han realizado observaciones en sus sentencias respecto a estos retrasos que provocan el archivo de las ayudas cuando los dependientes fallecen. En la C. Valenciana estas demoras superan los dos años y han provocado que 36.000 usuarios mueran sin el derecho reconocido.
El presidente del Foro Justicia y Discapacidad, que forma parte del CGPJ, reconoció que en materia de dependencia se han emitido sentencias contradictorias. «Se ha de procurar una mayor seguridad jurídica porque en esta cuestión se producen pareceres o sentencias diferentes cuando no contradictorias. Es conveniente unificar esos criterios». Por ello, defendió que «la seguridad jurídica ha de guiar a los tribunales para que no se produzcan agravios comparativos entre autonomías». Cabe recordar que un juez de Sevilla ha llegado a arremeter contra la Administración por los retrasos, que en caso de ser intencionados para demorar las resoluciones podrían tener repercusiones penales.
Este jueves se reúne la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano para unificar criterios en materia de dependencia tras haber evidenciado este periódico que dos secciones de la misma sala estaban emitiendo sentencias contradictorias en casos iguales.
Juan Manuel Fernández explicó que el Foro Justicia y Discapacidad tiene como misión «establecer un diálogo institucional respecto a procurar una mayor sensibilidad en el tratamiento de los derechos de las personas dependientes y la eliminación de barreras físicas y socioculturales». «Nuestro deber es establecer este contacto fluido para solucionar todo lo que se pueda en estancias extrajudiciales». Respecto a la discriminación positiva en estos casos recordó que «los tribunales deben ser justos, pero procurar que la igualdad sea efectiva».
AERTE reúne al sector de la Dependencia en su XXVI asamblea anual
Aerte celebra este viernes, 11 de abril, la asamblea anual. Un encuentro que reunirá a más de 200 centros asociados de las tres provincias, así como a personalidades y entidades del sector de atención a personas dependientes.
La jornada se centrará especialmente en analizar la compleja situación actual por la que atraviesa el sector. La Asociación, que suma 26 años defendiendo los intereses de atención a la dependencia, propondrá acciones encaminadas a regenerar el sistema de dependencia.
Contará además con dos ponencias de reconocido prestigio a nivel nacional. La primera, relativa a la mejora en los cuidados de las personas en situación de dependencia con la aplicación de la Norma Libera-Ger, norma que sienta las bases en la Gestión y Control de Sujeciones, impartido por la doctora Ana Urrutia Beaskoa, Presidenta de la Fundación Cuidados Dignos. La segunda, abordada por uno de los mejores comunicadores del sector a nivel nacional, Josep de Martí, reflexionará sobre la evolución de éste en nuestro país durante los últimos años, a la par, presentará su libro «Cómo nos engañaron con la ley de dependencia».
Por último, como es habitual, se entregarán las insignias de plata de AERTE 2014 a tres personalidades, como reconocimiento a su labor en el ámbito de la dependencia. Los galardones se dividen en: Méritos políticos en el sector, Méritos periodísticos y de investigación e Implicación con el sector en su trabajo diario.
Entre los temas a abordar, la Asociación expondrá su balance de actividad dentro de su papel por el fomento de la calidad y la profesionalidad a través de sus distintas áreas de desarrollo relativas a formación, comunicación y asistencia al asociado, así como de sus comisiones – grupos de trabajo: salud mental y discapacidad; atención diurna y domiciliaria; gestiones integrales, calidad y deontología, y coordinación sociosanitaria. Con relación a la defensa de los intereses del sector, resumirá las medidas planteadas al Gobierno en el ámbito sociosanitario y asistencial por la eficiencia en la gestión de los recursos; la agilización de los pagos pendientes o el compromiso de la Administración por establecer un plan de pagos serio.
Más de 400 enfermos pueden quedarse sin ayuda a domicilio en Jaén
Por segunda vez en lo que va de mandato municipal las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia podrían convocar una huelga indefinida. Según explica el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, el próximo martes 15 de abril se reunirán en asamblea las 200 empleadas para decidir si convocan una huelga indefinida a partir del lunes 21 de abril. Las trabajadoras acumulan de nuevo el mes de febrero y marzo sin cobrar y la decisión del equipo de gobierno del PP de depositar el dinero que la Junta de Andalucía transfiere al Ayuntamiento por el servicio, tiene a la empresa Multiservicios Jabalcuz ahogada sin poder hacer frente a los pagos de las nóminas.
Mientras tanto, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció el pasado viernes que la Junta de Andalucía no va a negociar ningún convenio nuevo en materia de prestación del servicio de ayuda a domicilio vinculado a la Ley de Dependencia con el Ayuntamiento de Jaén porque considera que hay uno en vigor, de forma que en ese asunto va a «seguir con el contencioso» judicial iniciado al recurrir el decreto por el que el equipo de gobierno solicitaba la baja en dicho servicio, a la vez que mantendrá «su compromiso en materia de pagos, con una cadencia de dos meses».
La consejera explicó que la Junta nunca ha dicho que no tenga que asumir su obligación en el pago, por lo que, a su juicio, «inicialmente el conflicto tiene que estar resuelto». En este sentido apuntó que mantiene actualmente una cadencia de pago de dos meses, siendo ese «un compromiso no formalizado pero sí explicitado que ha adquirido.
Ayuntamiento
Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro, lamenta que la Junta no esté dispuesta a rubricar un nuevo convenio, tras la propuesta presentada hace más de un mes. De este modo, recordó que dirigentes de la Junta de Andalucía “ya llamaron hace meses para decir que no veían mal la propuesta de convenio” que se presentó. “Han dejado pasar el tiempo y no han dicho nada porque su intención es fastidiar al Ayuntamiento aunque ello suponga poner en peligro los puestos de trabajo de las trabajadoras del servicio de Dependencia”, añadió.
El programa municipal de Avilés de atención a mayores de 85 años opta a un premio
El programa municipal de atención a mayores de 85 años opta a uno de los galardones que la Fundación Pilares entregará con motivo de la primera edición de sus premios. Están dirigidos a reconocer la labor de las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía de los mayores y de las personas con discapacidad.
El proceso de votación es on line y se desarrolla durante el mes de abril. Un jurado de expertos decidirán el fallo final entre las buenas prácticas más votadas. El proyecto de Avilés se denomina ‘Intervención proactiva con personas mayores de 85 años que residen solas en el municipio de Avilés’, y se puede votar en el apartado de ‘servicios o programas de atención o intervención’.
Por el momento, esta categoría está encabezada por el proyecto ‘Atención integral al nuevo lesionado medular y/o sus familias’, de la Federación Nacional ASPAYM, seguido por ‘EnvejeHaciendo’, de la Asociación Ocupación con Sentido. Al cierre de esta edición, el programa de la villa ocupaba el octavo puesto en el ránking, y en este apartado hay programas tanto de iniciativas privadas como de diversos organismos públicos del País Vasco, la Junta de Castilla y León, Barcelona o el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales de Mallorca.
En Avilés residen 2.803 personas mayores de 85 años, y el 9%, que supone un total de 279, lo hace sin compañía y sin haber tenido contacto con los Servicios Sociales. La Fundación Pilares defiende la igualdad de todas las personas y la dignidad de la vida humana mediante la promoción de la autonomía personal, la participación social, el ejercicio de derechos, la calidad de la atención y el incremento de la calidad de vida de personas y grupos que se encuentren en riesgo o en situaciones de discriminación, carencia, fragilidad, discapacidad, dependencia, marginalidad o conflictos personales.
Los mayores de Oviedo piden más residencias
Que la primavera asturiana anda un poco loca lo sabe bien Constantino. En enero estrenó sus 87 años y aún no ha llegado ese día lluvioso que venza a su paseo matutino. Lleva tres años en la residencia San Teresa, en Oviedo, y, como cada mañana, se coloca su sombrero, coge el paraguas y sale a caminar hasta la hora de comer (el comedor abre a las dos menos cuarto). Nació en Cornellana, un 20 de enero, pero al casarse se marchó a vivir a Grado y luego ya a Oviedo. «Estoy muy contento porque en el centro hay muchas cosas que hacer, muchas actividades». Sin ir más lejos hoy volverá al baile, como todos los domingos. «El otro día me hice doce piezas seguidas». Vitalidad no le falta. Su paseo (repite por la tarde) lo compagina con ejercicios en la habitación y sesiones en la sala de gimnasio de la residencia.
Constantino (prefiere omitir su apellido) es uno de los 873 mayores con plaza en los centros del ERA en Oviedo. Los últimos datos que maneja la Consejería de Bienestar Social es que más del 75 por ciento son públicas. Hay cuatro residencias: Santa Teresa, El Cristo, La Tenderina y El Trisquel (en las instalaciones del antiguo Fundoma). Entre ellas se reparten las 669 plazas destinadas para personas mayores. El resto, 204, pertenecen a residencias concertadas.
El problema no está tanto en las plazas que hay, sino en las que faltan. En Oviedo hay casi 400 personas en lista de espera para encontrar hueco en una residencia del ERA. En concreto son 390, según los datos oficiales. Precisamente esa falta de espacio para cubrir toda la demanda obligó a la familia de Carmen Miranda, vecina de Oviedo, a ingresarla en una residencia en Siero después de permanecer semanas en el hospital. «Su caso era de extrema necesidad y nos dijeron que como no había plaza aquí podía ir a un centro en Siero. Y así fue, lleva desde finales de diciembre en el centro Residencial Balbona y está muy contenta», explica su sobrina nieta Sandra Miranda. Van cada jornada a visitarla. «El otro día cuando llegó mi padre estaba jugando al bingo, algo que no hacía nunca. Está muy contenta, incluso podemos decir que tiene más movilidad de la que tenía cuando estaba en casa». En la residencia tiene peluquería, sala de televisión, y la comida «está muy controlada». Si se pone mala avisan enseguida a la familia». El caso de Carmen Miranda ha tenido solución pero lo cierto es que hay muchos mayores a la espera de cama. Así lo recordaba hace unas semanas, durante la presentación del proyecto de rehabilitación de la residencia del Naranco -que tuvo que cerrar en agosto del año pasado y reubicar a los 150 mayores en centros del concejo- la concejal de Bienestar Social, Belén Acevedo. Por un lado mostraba su satisfacción por la obra pero, por otro, lamentaba el hecho de que «si no llega a ser por los problemas en el Naranco, la inversión podría haberse destinado a la residencia en el Materno-Infantil». Esa necesidad también la reconoció la consejera del área, Esther Díaz, durante la presentación del plan. Con la obra se ganarán otras 25 plazas más, hasta alcanzar las 175. Aún así, queda aún lejos de esas casi 400 habitaciones que reclaman los mayores del municipio para cubrir la demanda actual. Esa es la última cifra, y suele oscilar entre las 350 a 390 plazas, depende del mes.
La obra en la residencia del Naranco es la única en marcha en el municipio. El Principado anunció una inversión de 5 millones de euros. Van a reformar toda la estructura, cambiar la instalación eléctrica, el sistema de ventilación, sustituir la carpintería y el aislamiento para hacerla confortable. Ya en el interior, ampliarán los pasillos (para facilitar la accesibilidad a discapacitados), incluirán un baño en las habitaciones (o permitirán el acceso a uno compartido sin tener que salir al pasillo) y ampliarán en 25 el número de plazas. Lo harán con un añadido al primer piso utilizando la altura del auditorio. La idea es crear un forjado que lo dividirá en dos plantas. Y dar más amplitud a las habitaciones: 60 dobles (de más de 16 metros) y 39 individuales (de ocho). Ahora mismo hay 59 para dos personas y 32 individuales.
Población envejecida
Los últimos datos del padrón (se refieren a finales de febrero) marcan una tendencia nada favorable para la situación actual. Más de 3.000 personas superan los 90 años y hay 75 ancianos que rozan los cien. Todo parece apuntar a que la mayor demanda de plazas llegará en unos años.
La mayoría son mujeres. De momento, el mayor grueso de la población tiene entre 35 a 45 años. De menos de cinco años, apenas llegan a los diez mil. Los que llegan, al contrario de lo que ocurre con los mayores, son más varones.
Hay casi 400 mayores que esperan una plaza en una de las residencias que el ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos en Asturias) gestiona en Oviedo. La demanda supone casi el 45% de las plazas que ya existen en el concejo, distribuidas en centros públicos y concertados de la ciudad. Hasta el verano pasado, la residencia Naranco engrosaba tal lista con 150 camas más. Ahora mismo está cerrada a la espera de que comience, en noviembre, su reforma integral. Cuando abra sus puertas -finales de 2016- contará con 25 habitaciones más. No será suficiente para cubrir la demanda, que va a más si se tienen en cuenta los datos de la población: el 20% de los censados tiene ahora más de 65 años. Lo saben muy bien los familiares de Carmen Miranda, quien está ingresada en un centro de Siero al no disponer de una plaza en Oviedo.
La Comunidad de Madrid invertirá más de 1,5 millones para la atención residencial de personas mayores
La Comunidad destina este año 1.573.900 euros para el mantenimiento de 776 plazas en atención residencial (residencia más centro de día) para personas mayores en Madrid, Collado Villalba y Tielmes. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno para dar continuidad a la atención de personas mayores en situación de dependencia y personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer en cuatro centros.
El consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha destacado que la Comunidad cuenta con la mejor red de asistencia para personas en situación de dependencia con 50.000 plazas. En este sentido, Victoria ha señalado que “nuestros mayores disponen de una completa red, atención de calidad prestada por profesionales y, por supuesto, cuentan con el compromiso y trabajo del Gobierno regional para que tengan una mejor calidad de vida”.
El portavoz del Gobierno también ha recordado que la Comunidad es la región con la mayor esperanza de vida de España, con 83,7 años, dos años por encima de la media tanto en hombres como en mujeres. Los madrileños viven actualmente seis años más que hace dos décadas y están por delante de países como Japón, con una media de esperanza de vida de 82,9 años, o Suiza, con 82,2 años. “Y esto se debe, en gran parte –ha señalado Victoria-, a las políticas, servicios e iniciativas del Gobierno regional en este ámbito”.
En lo referente a la atención de la Dependencia, la Consejería de Asuntos Sociales cuenta este año con un presupuesto de 990 millones, casi 50 millones más que en 2013. De esta forma, la Comunidad garantiza el mantenimiento de una de las redes asistenciales más extensas y de mayor calidad de toda España, compuesta por 50.000 plazas en 500 centros.
El portavoz del Gobierno ha destacado que “la Comunidad también está a la cabeza en la atención a las personas en situación de dependencia”, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Dependencia, que facilita el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 28 de febrero de 2014. El 98% de las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de la dependencia ya tienen valorado el grado de dependencia, 5 puntos por encima de la media de España. Y el 90% de los beneficiarios con derecho a prestación está atendido con el recurso que han solicitado, 10 puntos más que en el conjunto nacional.
Basauri aumentará en 10 horas al mes la ayuda a domicilio a los dependientes moderados
El servicio de ayuda a domicilio ampliará su asistencia en determinados casos. El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una propuesta del ejecutivo local para «mejorar el servicio que se presta a vecinos con limitaciones en su autonomía, principalmente personas mayores», según explicaron fuentes municipales. Los usuarios dependientes moderados y no dependientes con más de 85 años y vivan solos podrán solicitar a los Servicios Sociales que la prestación se incremente hasta las 30 horas mensuales -actualmente el límite máximo es de 20-.
También se podrán aumentar temporalmente las horas de asistencia cuando se produzcan casos de empeoramiento. Por ejemplo, que el usuario haya sufrido una caída, un ictus u otro tipo de enfermedad que le obligue a requerir más ayuda. Y, se ampliará el límite actual de número máximo de horas de prestación a 30 cuando convivan dos o más personas dependientes en el mismo domicilio.
La modificación, además, incrementa el período máximo de suspensión temporal del servicio. Hasta ahora los usuarios que ingresaban en un hospital, que estaban en otro domicilio que no fuera el habitual o quería dejar de recibir temporalmente el servicio, no podían hacerlo por más de tres meses. Cuando el nuevo reglamento esté operativo se ampliará a seis. El año pasado el Ayuntamiento atendió a casi 300 usuarios y se destinaron un total de 69.721 horas.
Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón
A la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.
La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.
Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.
Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.
COPAGO
El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.
58 usuarios se dan de baja en el servicio de Teleasistencia por las nuevas cuotas
58 usuarios del servicio de Teleasistencia prestado por el Ayuntamiento de Ponferrada se han dado de baja desde que se aplicaran nuevas cuotas en dicho servicio. A su vez, 41 personas han decidido continuar con Cruz Roja, organismo que prestaba la Teleasistencia antes de la nueva licitación.
En total, el actual servicio cuenta con 551 usuarios, según explicó la concejala de Bienestar Social, Isabel Baílez, después de que en el pasado Pleno la oposición del Partido Popular expusiera las quejas de las personas adscritas a la Teleasistencia debido a la subida de las cuotas.
La edil ha señalado que ha coincidido en el tiempo el cambio de empresa, que se ha adjudicado a Quavitae Servicios Asistenciales, y el cambio de tarifa, con los consiguientes inconvenientes para los usuarios, pero que se trata de un servicio municipal que “se presta a través de una empresa”, pero que es competencia de la Junta de Castilla y León.
En cuanto a la subida de las cuotas, Isabel Baílez ha explicado que es una imposición del Gobierno regional y que las tarifas irán desde los cero euros para las personas con una renta más baja hasta los 10,76 euros para los usuarios con rentas más altas. “Es una normativa de la Junta que nos obliga, no podemos hacer trampas y guardarnos la ordenanza”, aseguraba la edil.
A su vez, ha explicado que las personas que han decidido continuar con Cruz Roja pagarán 14 euros porque se trata de un servicio privado y no municipal.
El TSJ se reúne el 10 de abril para unificar criterios sobre los casos de dependencia
Los 24 magistrados que conforman la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se reunirán el próximo día 10 de abril para unificar los criterios en materia de ley de dependencia y así acabar con las resoluciones contradictorias que evidenció Levante-EMV. La sección cuarta y quinta de esta sala han emitido y continúan haciéndolo sentencias en las que, en casos iguales, una da la razón a los dependientes en sus demandas contra la Generalitat y la otra avala a la Conselleria de Bienestar Social.
Este periódico ha venido contando que las secciones cuarta y quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ están fallando de manera diferente en casos similares que afectan a los dependientes. La sección cuarta está dando la razón a los demandantes, ya que reconoce a sus herederos el cobro de la prestación de sus familiares que no pudieron percibir porque fallecieron antes de que la Conselleria de Bienestar Social les reconociera el derecho. Este tribunal responsabiliza a la conselleria de los retrasos y la condena por responsabilidad patrimonial a indemnizar a los herederos, que pueden presentar las alegaciones en cualquier momento del proceso.
Por su parte, la sala quinta deniega la indemnización a los herederos de los dependientes, primero porque no alegaron responsabilidad patrimonial y, segundo, tras presentar este argumento por los perjuicios generados por la conselleria, por defectos de forma. Así, este tribunal considera que la responsabilidad patrimonial se debe exigir en el momento de presentar la demanda, mientras que la sección cuarta defiende que se puede plantear en cualquier momento del proceso, incluso en las conclusiones o la vista oral.
Tras evidenciarse estas contradicciones, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Mariano Ferrando, anunció que reuniría a los 24 magistrados para acordar un criterio común para que no haya contradicciones.
Las empresas del sector de atención a mayores y dependientes exigen a la Generalitat Valenciana el pago inmediato de parte de la deuda y un plan de pagos fiable al sector de atención a la dependencia
Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales vuelven a acordar un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
Recuerdan al presidente de la Generalitat que esperan una reunión urgente para que conozca y resuelva la grave situación.
El sector de atención a las personas mayores y dependientes en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración Valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua y que asciende a más de 80 millones de euros.
La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y discriminación con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, vuelve a poner en peligro a todo el sector de atención a la dependencia con más de 300 centros y más de 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría mayores y personas con discapacidad).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de ACCIONES CONJUNTAS A LO LARGO DEL MES DE ABRIL para que, de forma urgente, la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector que, de no cobrar de forma inmediata, podría peligrar hasta 15.000 puestos de trabajo directos y estables. Estas acciones consisten en:
- Presentaciones de mociones a los plenos de los Ayuntamientos a celebrar en el mes de abril con el fin de solicitar a la Conselleria de forma conjunta el pago de la deuda.
- Convocatoria a los más de 300 centros en la Comunidad Valenciana que atienden a las personas mayores y dependientes para la presentación conjunta de escritos individuales en un mismo acto y día al President de la Generalitat rogándole su intervención ante un problema de esta magnitud.
Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que de al sector el mismo trato de financiación que a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma evitando así una situación de impagos masivos de salarios a los profesionales como la que se produjo hace menos de un año y que les llevo a cierres de centros, pérdidas de puestos de trabajo y sanciones de la misma administración por los impagos de las deudas con hacienda, seguridad social o nóminas.
– Los pasados meses de diciembre y febrero se volvieron a solicitar por vía de urgencia las reuniones pendientes con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
– El pasado 26 de diciembre mantuvieron una reunión con el Director General de IMSERSO, César Antón, quien se comprometió a instar a la Conselleria de Bienestar Social a cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas
Deuda acumulada.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de marzo con el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana es:
| Tipología de Centro |
Deuda a 31 de Marzo de 2014 |
Aclaración plazos |
|
| Plazas Públicas Discapacidad | 19.920.000,00 € | desde mayo 2013, salvo confirming | |
| Plazas Públicas Mayores | 20.277.000,00 € | desde octubre de 2013 | |
| Plazas de Accesibilidad Social | 36.522.000,00 € | desde mayo 2013 | |
| Prestaciones Mayores | 2.125.000,00 € | desde septiembre 2013 y algunos todo el 2013 | |
| Prestaciones Salud Mental y Tutelados | 4.900.000,00 € | desde abril 2013 e incluso todo el 2013 | |
| Total | 83.744.000,00 € | ||
Los mayores mejor atendidos en Basauri
Dependientes y mayores de 85 años que vivan solos tendrán de ayuda treinta horas al mes.
Actualmente, el Servicio de Ayuda a Domicilio acompaña a 300 usuarios en sus actividades diarias.
Las personas mayores y otros basauritarras con limitación en su autonomía contarán con un mejor Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), la prestación municipal que permite a las personas permanecer más tiempo en su hogar ayudándoles a sobrellevar las actividades de la vida cotidiana. Y es que el Ayuntamiento ha decidido ampliar la asistencia que se ofrece desde los Servicios Sociales en determinados casos.
Uno de los cambios introducidos en el reglamento del SAD permite que en los casos en los que el servicio se compatibilice con la estancia en un centro de día o con la recepción de una ayuda para cuidados en el entorno familiar, el usuario pueda recibir también apoyo municipal para la preparación de comidas y acompañamiento desde el domicilio hasta el transporte a este centro.
Además, se introduce la posibilidad de incrementar la intensidad del servicio hasta 30 horas mensuales como máximo para personas usuarias dependientes moderadas y personas no dependientes que tengan más de 85 años y vivan solas. Actualmente, el límite máximo está establecido en 20 horas al mes.
Igualmente, los vecinos podrán aumentar temporalmente las horas de asistencia cuando se produzcan casos de empeoramiento de la situación del usuario (caídas, ictus etcétera) y se ampliará el límite actual de número máximo de horas de prestación del servicio cuando convivan dos o más personas dependientes en el mismo domicilio.
La mejora del reglamento también responde a situaciones especiales en las que los beneficiarios, por un motivo justificado como el ingreso en el hospital o la ausencia prolongada del titular en el domicilio habitual, quieran dejar de recibir temporalmente esta ayuda. Con el cambio del reglamento, se incrementa de tres a seis meses el período máximo de suspensión temporal del servicio.
«Son modificaciones que supondrán una notable mejora en la atención que se proporciona desde los Servicios Sociales a los cerca de 300 beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio», subraya Asier Iragorri, delegado de Política Social del Ayuntamiento. Estas mejoras se añaden a las introducidas en 2013, año en el que el Consistorio extendió la ayuda a domicilio a los fines de semana y jornadas festivas para los grandes dependientes o personas afectadas por una dependencia severa.
«La inversión en servicios sociales genera más empleo que la industria»
El presidente del colegio de Trabajadores Sociales critica los recortes y subraya la rentabilidad de las políticas sociales «La ayuda a domicilio es muchísimo más barata que una plaza de hospital».
Habla con pasión de su trabajo, de su lucha por la justicia social al lado del que más lo necesita. Y cuando se mencionan los ajustes de los distintos gobiernos asegura que «se enciende». Pero, a pesar de todo, Rafael Arredondo confía en que esta dura etapa servirá para salir fortalecidos y con una nueva visión de la sociedad.
-Me comentaba que una encuesta del Centro de Estudios Sociales de la Junta de Andalucía, el trabajador social está entre las profesiones más valoradas…
-Sí, nos sitúan en tercer lugar, tras médicos y profesores. Todos con algo más de un 7, mientras que a los jueces les dan un 5. Son los pilares del bienestar, el sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales. Sin embargo, las tres profesiones más valoradas han sido terriblemente recortadas.
-Tienen, además, un número de usuarios muy elevado.
-En Andalucía el año pasado los servicios sociales atendieron a un millón de usuarios, eso no lo atiende ni el sistema educativo en Andalucía. Es un dato importante a tener en cuenta y eso la gente no lo sabe.
-¿Cuál es el perfil del trabajador social?
-La gran mayoría son mujeres, jóvenes, un porcentaje muy alto trabaja para la administración pública o para una entidad social y han estudiado en Málaga. En cuanto a la ocupación, en 2009 no había paro en el colectivo, faltaban trabajadores.
-¿Eso se debió a la implantación de la Ley de la Dependencia?
-En Andalucía se tomó como la pieza clave al trabajador social para poner en marcha la Ley de Dependencia. En la presentación de solicitudes, en la valoración, los que hacen el plan de intervención, es el perfil clave y el 2007 en Andalucía se nos dio un respaldo bastante fuerte.
-¿Es rentable invertir en servicios sociales?
-La inversión en servicios sociales supone una generación de empleo como no existe en ningún otro sector, genera más empleo que la industria, por la contratación del personal y por el retorno. Si incorporamos los efectos positivos que tiene, al intervenir estamos posibilitando que, por ejemplo, no haya un proceso de exclusión del que luego es mucho más costoso salir, que encarecerían el sistema. La ayuda a domicilio es muchísimo más barato que una plaza de hospital, además hay que añadir el factor positivo y calidad de vida para el mayor.
-Pero la dependencia ha estado paralizada…
-Sí, la ley ha tenido el freno hasta este año. Al inicio de este 2014 se están empezando a hacer valoraciones, a moverse, cubrir la tasa de reposición, está habiendo movimiento, aunque las listas de espera son enormes.
-¿Cómo están las listas de espera en Málaga?
-Hay falta de información y sería importante conocer los datos. Pero somos conscientes por la propia administración que puede haber miles de personas esperando, más aún cuando ha estado todo parado durante dos años. Hay una gran cantidad de solicitudes que aún ni siquiera se han valorado y están en el limbo.
-¿Las políticas de ajuste han dinamitado la estructura de derechos sociales?
-Son estructuras que consumen dinero pero para el bienestar social. Han recortado de donde han visto que tenían más posibilidades de sacar dinero, pensando que iba a haber menos contestación social. Además detrás de todo esto hay mucha ideología social. Cuando recorto en derechos sociales es que tengo una mentalidad, pienso que el que es pobre es porque quiere, porque lo decide. Es una cuestión ideológica, ¿por qué se recorta de ahí y no de defensa?
-El eslogan de «hay que rescatar a las personas y no a los bancos» ha sido recurrente en los últimos años… ¿Estamos en un momento complicado para atender al individuo, a la sociedad?
-Éste es el tiempo del individuo, hay que cambiar el chip, es el tiempo de las personas. Ahora todo se ve desde punto de vista económico, hemos reformado la Constitución por un tema económico y no somos capaces de hacerlo por los derechos sociales y esto no puede ser.
-En octubre contamos que la brecha entre ricos y pobres es siete veces mayor desde el inicio de la crisis… ¿Sigue empeorando día tras día?
-Posiblemente haya empeorado, la situación de personas que sigue sin ingresos económicos va a más. En 2007 existían más de 400.000 personas sin ingresos económicos, en la última EPA ya hay 1.700.000 familias, estamos hablando de 5 ó 6 millones de personas. El tema es serio. Es verdad que se ha hecho el Decreto para la Inclusión, pero no hace falta un nuevo decreto, no hacen falta inventos, sino incrementar lo que ya está hecho. Ya existe la estructura, no generemos algo nuevo para dar ayudas, porque así todo se retrasa tanto que ha habido ayuntamientos que han tenido que devolver el dinero porque no han podido gastarlo.
-Por ejemplo, hay que hacer un nuevo decreto para continuar con el plan de Garantía Alimentaria en los colegios…
-Considero que si hemos detectado que hay niños que no comen, en vez de generar un programa específico cuando existen ya estructuras que están funcionando, lo que habría que hacer es dotarlos de más recursos, porque si no por el camino se pierde dinero, hay profesionales que tienen que intervenir, tiempo, plazos. Lo que debe es dotar de más recursos a lo que ya hay. No generes programas nuevos, decretos nuevos, sino refuerza lo que ya existe, para poder poner en marcha las ayudas desde el 1 de enero.
-¿Por qué se hace todo tan difícil?
-Pues habría que preguntárselo. Porque nosotros hemos hecho una valoración desde el consejo andaluz y nuestras propuestas van en esa línea. Sólo hay que mejorar las estructuras.
-¿Qué salida pueden encontrar los jóvenes cuando crece entre ellos el colectivo de parados de larga duración de forma alarmante?
-Está la parte que acaba sus estudios y no tiene salida pero lo más preocupante para mi son aquellos que lo abandonaron a medias. Dejaron de estudiar porque les era mucho más fácil conseguir los 1.000 ó 2.000 euros que tenía todos los meses. En el 2007 se pinchó todo aquello. Han pasado 7 años, se han quedado con la deuda del coche, de la casa y ahora no tienen nada. No hay elementos de motivación.
-Es entonces cuando vienen los desahucios…
-En mi tesina entrevisté a 110 familias desahuciadas de sus viviendas. El 60% tenía hijos menores de 9 años y todos habían trabajado en la construcción o en empresas auxiliares y hostelería. Llevaban todos más de 10 años trabajando con contratos temporales, un perfil de inquietud constante a los que, sin embargo, se les ha dado créditos de más de 200.000 euros.
-Hace unas semanas se creó una plataforma para denunciar recortes en la atención a menores. Desde la Junta se aseguró que los fondos se dirigían más al acogimiento familiar que a las residencias.
-Nosotros no estamos en contra del acogimiento, entendemos que en función del perfil del menor lo bueno será una cosa u otra, lo que técnico decida. Pero estamos preocupados porque efectivamente hay recortes y ellos lo reconocen. El año pasado le rebajaron un 10% el presupuesto al acogimiento y este año siguen con ese dinero sin reponer. Es contradictorio, más aún cuando dicen que ha aumentado el volumen muchísimo. Se está recortando en el sector de menores, por supuesto.
-¿La crisis ha dejado en la cuneta los derechos sociales?
-Totalmente. Y la gran lucha está en que sean los mínimos posibles y se puedan ir recuperando cuanto antes mejor. La crisis ha dejado tocados y en algunos casos hundidos a muchos derechos sociales.
-¿Cuáles?
-Drogodependencia es uno de los sectores donde más se están viendo los recortes. Hay sectores que, a lo mejor no son noticias, pero quitemos a los profesionales y cerremos los centros y a ver qué pasa. Yo viví la época en la que la gente moría por las esquinas, se consiguió posiblemente uno de los recursos más importantes de España y ahora se lo están cepillando. Supongo que porque ahora no es prioritario para la Consejería.
-¿Y cuáles son esas prioridades ahora?
-No hay una planificación, se va sobre la marcha, no existe un plan de Servicios Sociales ni a nivel andaluz ni municipal. No son elementos que estén en las agendas.
-¿Y qué está pasando con los mayores?
-Se ha estado pagando el concierto con la Junta de Andalucía, el 60% de la plaza, sin que se haya enviado a ningún mayor para ocupar ese puesto.
-¿Por qué?
-Porque estaba todo parado. Se ha preferido pagar el 60% a mandar un mayor. Aunque eso se ha cambiado hace dos semanas, ya se están enviando a ancianos.
-Usted es también experto en mediación… ¿Qué es lo más positivo de la mediación? ¿Qué es más económica?
-Es un proceso de resolución de conflictos de manera pacífica y dialogada y efectivamente se está dando tanta historia ahora a la mediación porque hay negocio. En Andalucía la ley de mediación familiar ha tardado cinco años en salir el decreto. No se ha puesto en marcha todavía, pero el propósito de la Junta es crear un servicio de mediación gratuita. Adopciones, conflictos intergeneracionales, separaciones, divorcios, una vía alternativa mucho más barata y mejor para las padres es la mediación.
-¿Dónde está la salida?
-Pues creo que ahora mismo la intervención social es la que puede dar salidas a la situación que estamos viviendo. Son problemas sociales los que nos acosan y los interventores sociales son los que están en mejor situación para dar salida a ellos. Lo que hace falta es que la misma profesión se lo crea y que demos cumplimiento a nuestro código deontológico.
-¿Hay una reflexión positiva más allá de esta crisis?
-Creo que esto nos está enseñando mucho, nos ha despertado de cierto aletargamiento y puede motivar que la gente se plantee que hay que hacer otras cosas y volver, incluso, a los orígenes, a un trabajo comunitario, con la gente, a trabajar desde la justicia y hacerles ver cuáles son sus derechos.
Expertos consideran necesario introducir al fisioterapeuta en los comités de evaluación de la situación de dependencia
La introducción de la figura del fisioterapeuta en los comités de evaluación de la situación de dependencia es necesaria, según han coincidido unos expertos en un encuentro informativo celebrado en Servimedia.
Han estado presente en esta reunión la presidenta de FEDER Madrid, Elena Escalante; el subdirector general de Gestión y Tramitación del Procedimiento de Dependencia Comunidad de Madrid, José Luis Prieto; el director general de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud, Julio Zarco; y el decano Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Carlos Valiente.
De este modo, Valiente ha señalado que desde su colectivo han considerado necesaria la inclusión de la figura del fisioterapeuta en estos equipos de evaluación, puesto que se trata de profesionales que trabajan a diario valorando y tratando las limitaciones físicas que se derivan de distintas patologías y que pueden generar situaciones de dependencia. Por ello, se ha lamentado de que este profesional sanitario sea «el menos aprovechado, ya que las competencias que se le otorgan se centran fundamente en el ámbito asistencial».
Prieto ha apuntado que desde la Consejería de Asuntos Sociales se es consciente de esta necesidad, debido a que la dependencia parte de un problema médico, pero ha dicho que se trata de un problema de financiación. «No sólo hay que desarrollar estrategias, si no ampliar el presupuesto y trabajar por una mejor coordinación», ha comentado.
Por su parte, Zarco ha abogado por mejorar la coordinación y ha asegurado que «el ciudadano es un ente que no se puede fragmentar, muchas veces percibe una discontinuidad o un salto en sus cuidados». También ha dicho que el paciente debe ser el centro del sistema de salud y «de ningún modo sufrir, como sufren muchas familias, un peregrinaje para ir abriendo las puedas de acceso a los servicios que necesitan».
«Está científicamente probado que el curso de evaluación de las enfermedades mejora a todos los niveles cuando reciben tratamiento de fisioterapia», ha añadido.
Escalante ha apuntado que la presencia de los fisioterapeutas es «fundamental» de manera transversal en todo el proceso médico al que se somete un paciente crónico, además de en los comités de evaluación de dependencia. «El fisioterapeuta debería estar en todas las plantas del hospital, desde neonatos, hasta los quirófanos, acompañando al paciente durante sus ingresos hospitalarios y orientando a los cuidadores», ha indicado.
En este sentido, ha añadido que el sistema de salud debe dar voz a los colegios profesionales para que puedan seguir poniendo en valor su profesión, y dando a conocer todo el abanico de posibilidades que ofrecen. Valiente y Escalante han finalizado su intervención pidiendo a la Consejería de Asuntos Sociales y a la de Sanidad una colaboración más estrecha para lograr una mayor coordinación y mejores resultados.
El Principado de Asturias reclama «las mismas reglas del juego» en el cálculo de la financiación de la dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha reclamado este domingo «las mismas reglas del juego para todas las administraciones en el cálculo de la financiación de la dependencia».
Así, el Gobierno asturiano presenta alegaciones al anteproyecto del Tribunal de Cuentas y solicita la homogeneización de los criterios para fijar los tiempos de espera y el reparto de la financiación entre las administraciones públicas, ya que considera que «el cambio de modelo aplicado por el ente fiscalizador provoca un aumento ficticio de la aportación estatal».
De hecho, la consejera ha subrayado que la contribución del Gobierno del Principado a la financiación de la dependencia en 2012 «fue muy superior a la del Ejecutivo central».
«El Tribunal de Cuentas se sale del ámbito de lo estipulado en la propia ley de la dependencia y considera oportuno incorporar como aportación estatal otros recursos adicionales para el sostenimiento del Estado de Bienestar y que no están dirigidos en exclusiva a la dependencia», señalan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.
Por tanto, desde el Principado consideran necesario que el Tribunal de Cuentas «unifique los criterios y fórmulas para evaluar la financiación de las administraciones públicas».
Asimismo, la titular de Bienestar Social coincide con el informe del Tribunal de Cuentas en que existen importantes diferencias en cuanto a modelos de gestión entre las comunidades autónomas. «Mientras en algunas autonomías la resolución de dependencia reconoce el derecho del dependiente y se inicia el disfrute de un servicio o prestación, como en el caso de Asturias, en otras, esa misma resolución solo reconoce un derecho, pero no implica el inicio inmediato del servicio, ya que el dependiente deberá esperar a que se lo asignen», dice.
«Esto genera que las listas de espera no sean homogéneas. Dependiendo de la comunidad autónoma, en unas se computa el tiempo para la concesión del derecho y en otras para la asignación o disfrute del servicio o prestación», añaden desde el Gobierno autonómico.
Por ello, el Principado ha solicitado al Tribunal de Cuentas que, una vez constatada esta diferenciación entre dos sistemas de gestión y su efecto distorsionador, «figuren diferenciadas unas y otras comunidades autónomas, así como el tiempo medio de espera de cada modelo de gestión».
Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.
Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.
La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?
El Ayuntamiento de Jaén se exculpa de una muerte en la residencia de mayores
El Ayuntamiento, a través de un decreto, se exculpa a sí mismo de la responsabilidad civil por la muerte de un anciano en un accidente ocurrido, el pasado mes de noviembre, en la residencia de mayores. Así, desestima la reclamación de daños y perjuicios de la familia y apunta hacia la empresa Clece, encargada de la atención. La concejal de Servicios Sociales, María Villegas, deja claro, ante todo, que es asunto delicado, por los seres queridos y por lo mal que lo ha pasado el personal. Por ello, la edil agradece el «magnífico comportamiento» de ambas partes y valora que los allegados del anciano entiendan que fue «un accidente desafortunado».
Villegas confirma que el equipo jurídico del Ayuntamiento, a través del secretario, Iván González, estipulan en un decreto que la responsabilidad administrativa debe de recaer en Clece, la empresa encargada de prestar la atención a los mayores. Además, se exime a Viesur, la firma concesionaria de los servicios de vigilancia y de conserjería.
Sin embargo, María Villegas asegura que aún no se ha cerrado el asunto y no descarta un acuerdo con la familia. «Estamos viendo quién es el responsable civil. Todavía no hay nada decidido. Ahora mismo se está estudiando la situación», indica. Al respecto, manifiesta que el procedimiento sigue abierto todavía y que hay «muchos condicionantes», ya que, por un lado, la residencia es de titularidad municipal y, por otro, la compañía atiende a los mayores. Para el expediente en cuestión, las autoridades han realizado indagaciones para determinar a quién compete asumir la indemnización pertinente. La familia del anciano fallecido, más allá de la reclamación administrativa, tiene la opción, en caso de que no se produzca acuerdo, de acudir a la vía contencioso-administrativa. Para presentar este recurso dispone de un plazo que se sitúa, de acuerdo con las fuentes, en unos dos meses.
Suceso. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2013. Según expone la propia María Villegas, la persona fallecida presentaba movilidad reducida, aunque manejaba con los pies la silla de ruedas. De acuerdo con la concejal, al hombre le gustaba estar en la zona de recepción. Una de las incógnitas es de qué manera consiguió salir a la parte descubierta del recinto. «No nos explicamos cómo llegó hasta la puerta», subraya Villegas, en referencia al hecho de que el residente tuvo que sortear una puerta de seguridad que solamente puede abrirse desde dentro. Una vez al aire libre se desencadenó la tragedia, ya que, como admite, la titular del área de Servicios Sociales, el anciano se precipitó por la pendiente. El vehículo adquirió velocidad y, finalmente, chocó contra el portón que separa las instalaciones, situadas cerca del centro de salud, de la calle adyacente. La colisión produjo a la víctima una «fuerte contusión». La muerte, ocasionada por el golpe, no aconteció de inmediato, sino horas después, una vez que el hombre, un alcalaíno, se encontraba en un hospital de Granada.