La Junta estudia recortar el coste de las plazas de dependencia

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha iniciado un proceso de negociación con todos los agentes implicados en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia con el fin de reducir los costes y «buscar fórmulas que garanticen su viabilidad» ante la difícil situación de tesorería a la que se enfrenta. Aunque ni la administración ni las empresas del sector quieren hablar de porcentajes todavía, fuentes consultadas apuntan a que la Junta estaría planteando reducir la asignación que reciben residencias y unidades de estancia diurna más de un 10%.

La Plataforma en Defensa de la Dignidad de los Mayores, que engloba a trabajadores, familiares y responsables de empresas del sector de la dependencia rechazan que el camino sea la reducción de los precios, ya que esto iría en perjuicio de la calidad del servicio y podría conducir a que las residencias vuelvan a ser asilos «con servicios básicos de hostelería y sin prestaciones sanitarias profesionales». Dicha plataforma destaca además la pérdida de empleo que acarrearía tal medida, debido a la reducción de las ratios de personal que conllevaría su aplicación y aluden a un estudio de la propia Consejería de Bienestar Social que destaca la rentabilidad de este sector, ya que «por cada euro invertido en empleo en dependencia se genera el triple en el conjunto de la economía regional, en forma de retornos fiscales directos (impuestos de sociedades, IVA, IRPF, tributos municipales y seguridad social)».

Asimismo, denuncian la paralización desde hace más de tres meses de la aplicación de la ley, «ya que no se están realizando nuevas valoraciones y las plazas que quedan vacías en residencias y unidades no se renuevan». Una situación que se produce a pesar de que «la mayoría de los centros tienen personas dependientes en lista de espera».

Por su parte, la Consejería culpa directamente de la situación al gobierno de Rajoy, que «ha puesto en serio riesgo la atención a las más de 19.000 personas atendidas en la provincia tras la aprobación unilateral de la reforma de la Ley de la Dependencia». En este sentido, desde la delegación explican que «medidas como la reducción de las aportaciones estatales por persona atendida, la rebaja del número de horas en el Servicio de Ayuda a Domicilio o el descenso del 15% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar están causando ya un notable perjuicio a los ciudadanos, a lo que se suma la eliminación del nivel acordado». Para la Junta, «la nueva situación solo es sostenible si los prestadores de servicio asumen los descuentos», algo que choca con la visión de los empresarios, que además de criticar el «constante retraso en los pagos» a que se ven sometidos, aseguran que «existen otras vías para garantizar la atención de calidad si se apuesta por la profesionalización».

El precio estipulado actualmente para una plaza de residencia es de unos 1.500 euros al mes, incluidos los servicios de medicina, psicología o fisioterapia, y en torno a 900 por una plaza en unidad de estancia diurna. La persona dependiente contribuye con el 75% de su pensión.

Leer noticia.

Etiquetas