La Ley para la Dependencia, entre el consenso y la insostenibilidad

El edificio polivalente del Centro Niemeyer acoge hasta última hora de la tarde de hoy la primera edición del Salón de gerontología ‘En Re Mayor’. La propuesta, concebida como un muestrario de actualidad en salud, servicio y ocio para mayores, está organizada por la Asociación Asturiana de Centros y Servicios a Mayores (ASACESEMA) y abrió sus puertas ayer con una jornada de debate sobre el estado actual del sector.
Así, el cine del complejo celebró al filo del mediodía una mesa redonda inaugural en la que ejerció de moderador Juan Neira, coordinador editorial de este periódico. A la charla, que devino en un análisis crítico de la Ley de Dependencia en Asturias, asistieron la directora general de Atención a la Dependencia, Clara Costales; el secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Asistenciales a la Dependencia, José Joaquín García; la presidenta de ASACESEMA, Ana Gil Fernández y el presidente de la Fundación Alzheimer Asturias, Laureano Caicoya.
En el marco de una cita de estas características, Neira lanzó la primera cuestión, relativa al estado actual del sector de la atención a la Tercera Edad. Clara Costales observó a modo de apertura que «estamos ante uno de los pocos sectores que en el contexto de crisis sigue creciendo, sobre todo en el ámbito privado», aportando para ello los datos con que cuenta el IMSERSO, pero también constatando «las dificultades que entraña un desarrollo eficaz y racional de los recursos con que contamos».
Ese tono aparentemente halagüeño del presente no obstante, enseguida fue matizado por la propia directora, que ve «un difícil futuro» ante los recortes presupuestarios, «por más que el Principado sea de las pocas autonomías que no piensa eliminar las ayudas», aseveró. A eso se refirió a renglón seguido José Joaquín García, que apuntó directamente a la «inoperancia» de la Ley de Dependencia como «un documento que nos hizo creer que ‘Papá Estado’ iba a pagarlo todo, cuando la realidad es que esa Ley nació coja». Y aunque su aprobación parlamentaria tuviese pleno consenso entre partidos, sindicatos y sociedad, «con ayudas de 400 euros que a menudo se destinan al dependiente, su cónyuge, sus hijos y hasta sus nietos, no se va a ninguna parte». Por ello cabe plantearse «si estamos ante una ayuda o un problema irresoluble», apuntaron Caicoya y García.
Además, la tradicional picaresca española no ha tardado en surgir y «hay demasiados casos de gente con pocos escrúpulos que se aprovecha de algún familiar para hacer de la ayuda su sueldo» lamentó Ana Gil. El debate prosiguió en esta línea, constatando que pese a lo necesario de una ley que ampare a los dependientes y sus allegados, «nadie está contento con su materialización, y eso lo demuestra su nula efectividad entre los familiares de las víctimas del Alzheimer, con su altísima tasa de ‘síndrome del quemado’», adujo Laureano Caicoya.