La dependencia, entre las prioridades de los Programas de Urgencia Social definidos por el Gobierno

Juan Manuel MorenoEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Según ha explicado el Gobierno, el actual sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF se sustituye por uno “más eficiente, flexible y objetivo”, basado en áreas de actuación en lugar de en colectivos como era hasta ahora.

Este Real Decreto, del que se había informado previamente al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, regula por tanto la convocatoria de 2013, que distribuirá 211 millones. Así, se va a dar prioridad a los Programas de Urgencia Social. Estos planes marcan distintos objetivos, y entre ellos el apoyo a las familias con necesidades especiales de atención, “en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo”.

Según ha explicado el Gobierno, a la convocatoria de este año podrán acceder aquellas entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales ya previstas el año pasado. El objetivo es, en definitiva, reorientar la convocatoria dedicando las ayudas a quienes más lo necesitan.

Subvenciones de Régimen General

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector. De acuerdo con esta modificación, se reconoce a las organizaciones que componen este Tercer Sector como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado. Esta nueva regulación “va a garantizar el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social”.

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