Aerte solicita a la Conselleria de Bienestar Social que no derive más usuarios a las plazas de centros de accesibilidad social

José María ToroMantiene que la única fórmula posible para solucionar el problema es la creación inmediata de un acuerdo marco que integre en su oferta todas las plazas acreditadas en dependencia que las empresas pongan a disposición de la Conselleria, que ésta dote un presupuesto en función de sus posibilidades para financiarlas, favoreciendo de esa manera la calidad del servicio, la libre competencia entre empresas y la libertad del ciudadano de elegir en que centro quiere ser atendido.

AERTE, ante las nuevas y escandalosas conversaciones desveladas por algunos medios de comunicación, en torno a presuntas comisiones sobre centros concertados de plazas de accesibilidad social, solicita a la Conselleria de Bienestar Social que deje en suspenso el mismo hasta que se aclaren todas las circunstancias.

Aerte ha denunciado a lo largo de los últimos años la presunta irregularidad de todo el proceso del programa de concertación de accesibilidad social, y lo volvemos hacer ante las recientes escuchas reflejadas en los medios, y que no son más que una reiteración de numerosos hechos que han venido repitiéndose y denunciándose constantemente en los medios.

La conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2.001, conocido coloquialmente como el Plan Blasco por ser el Conseller que lo impulsó. Rafael Blasco  fue condenado a 8 años de prisión por el caso cooperación y una presunta trama de comisiones ilegales, aunque actualmente está pendiente de la resolución de su recurso. Dicho Programa ponía en marcha un concurso por el que  las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos, y precios determinados, poniendo a disposición de la administración hasta un tercio de esas plazas, que ésta concertaría.

Del resultado de ese contrato es que no se pudo completar la totalidad de las 9000 plazas por ausencia de ofertas válidas que cubrieran ese número, construyéndose al final unos 54 centros por un total de alrededor de 6500 plazas,  y de las que alrededor del 80% del concurso se concedieron a empresas sin ninguna experiencia en la atención a dependientes, y relacionadas con empresas constructoras de gran renombre e influencia. Además durante el proceso existieron numerosas irregularidades demostradas, como incumplimientos reiterados en el plazo de construcción de los centros, incrementos del precio, y actualizaciones de éstos en sólo algunos centros, etc.

En diciembre de 2.007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas. Para justificarlo se usa como excusa el proceso de adaptación a la Ley de Dependencia  así como un presunto derecho de exclusividad basado en un documento interpretativo de Blasco del año 2.001, desconocido hasta entonces, con numerosos defectos de forma, entre otros, carecer del informe positivo de la abogacía de la Generalitat. Al parecer  los centros no eran rentables con sólo la ocupación pública de 1/3 de las plazas que era la propuesta recogida en el Pliego de Condiciones Administrativas del concurso. Resulta, cuando menos curioso, que ninguna de las personas que hasta entonces habían desempeñado la máxima responsabilidad de la Conselleria hubiese considerado necesario ampliar el concurso.

 Se  generaron una serie de órdenes y normativas para dotar de una presunta legalidad esta operación, y se firmó un contrato con los adjudicatarios del concurso. La principal entidad era SAVIA, participada por Sedesa, cuyo control mayoritario entonces estaba en manos de familiares de Cotino. Posteriormente vendieron sus acciones en la entidad con importantes beneficios.

Finalmente la realidad es que se cubrieron 2/3 de plazas concertadas de la totalidad de los centros de accesibilidad cuando el concurso inicial sólo contemplaba el primer 1/3.

En septiembre de 2.013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio y que por lo tanto serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el 2º tercio.

Después de todos estos informes, la conselleria de Bienestar Social entiende que debe declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2.001, los acuerdos posteriores de 2.008 y las Ordenes citadas de 2.007 y 2.012. Para ello solicita el informe del CJC, e intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.

AERTE  llevaba años denunciando esta situación de forma pública y privada y los privilegios que se estaban dando a las distintas empresas del contrato de accesibilidad frente al resto de operadores del sector, sin que nadie, ni política ni jurídicamente, actuara al respecto hasta que el equipo actual de Bienestar Social intentó este proceso de regulación. Dicho equipo podría haber sido empujado posiblemente por la presión de los hechos que iban saliendo en los medios como conversaciones telefónicas que reflejaban claramente lo irregular, oscuro y partidista de todo este proceso, así  como por esos informes jurídicos continuos de la Abogacía en contra del proceso actual.

Pero esto requería además el informe favorable del consejo jurídico consultivo, el  CJC, que en un proceso que riza el esperpento y  fuera de toda lógica jurídica, da audiencia sólo a una parte, los centros de accesibilidad que eran favorecidos por  dicho contrato , para acceder a la información y obtener documentación, sin dar audiencia al resto del sector que había presentado recursos y contenciosos administrativos ante las disposiciones y actos administrativos citados anteriormente aún reconociendo en su resolución a varios de ellos como legitimados en el proceso.

El informe del CJC resuelve en noviembre de 2.014, que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta, aunque considera irregular el adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.

AERTE entiende que dicho informe está viciado, ya que según los medios, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de los centros de accesibilidad, y que por tanto, al menos por una cuestión ética, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.

En Febrero de 2.015 Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses, el primero, y los motivos del voto particular la segunda. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas.

El intento del equipo actual de la conselleria de Bienestar Social de solucionar el tema ha sido valiente pero no ha sido suficiente ya que se ha visto frenado por el informe del CJC y  ahora el asunto se encuentra completamente encallado.

 Como se puede observar en este proceso han aparecido Rafael Blasco, Juan Cotino, Enrique  Ortiz, y presuntamente lo valida un informe de un abogado que trabajó para una de las partes. Además ahora  surge la noticia de que al parecer el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha podido estar implicado en una trama de comisiones sobre el tema según han recogido determinados medios de comunicación.

Y mientras tanto, amparados en una obtención de un segundo tercio de las plazas que AERTE ha considerado irregular siempre, los centros del Programa de Accesibilidad Social se han aprovechado de esta situación para crear una situación de oligopolio y de ventajas comerciales, mediante una política comercial muy agresiva para ocupar las plazas de sus centros y al mismo tiempo generar  un perjuicio grave en el sector, con cierres de varios centros, situaciones limites en la mayoría con la consiguiente pérdida de puestos de  trabajo y evitando la libre elección de plaza para el dependiente.

Y a pesar de los informes jurídicos públicos, del CJC inclusive, que lo consideran irregular, se siguen derivando dependientes a estos centros, cuando ya no existe un contrato que sustente el concierto del segundo tercio de esas plazas.

 Aerte reitera que no aceptará que esta situación se siga produciendo, actuando en todos los foros posibles, y más cuando ha presentado propuestas alternativas para resolver la situación que se produciría si no se da salida a la lista de espera y que no existan perjuicios para los dependientes.

Entendemos que hubo empresas que se presentaron al concurso de Accesibilidad Social de buena fe y en un marco de competencia y libertad empresarial, de hecho algunas de ellas son miembros de nuestra asociación, y de que el concurso inicial estaba abierto a todos aquellos que quisieron presentarse. Lo que no podemos admitir es que posteriormente se cambiasen las condiciones previstas en la licitación, que se hiciesen sin respetar el procedimiento previsto y que además varias de las personas que intervienen durante todo el proceso tuvieran un conflicto de intereses que les debería haber obligado a mantenerse al margen y no haber participado en dichas decisiones.

 

Aerte solicita que no se derive más usuarios a las plazas de centros de accesibilidad social

Después de todo lo explicado, Aerte pide una investigación seria del tema, tanto desde la propia Administración como desde las instancias judiciales, si procede, como así cree. La conselleria de Bienestar Social debe paralizar la derivación de dependientes a estos centros desde el momento en el que se supere el primer tercio de ocupación. Aerte ha presentado alternativas mientras tanto, para no perjudicar los intereses de los dependientes que necesiten una plaza pública.

Desde AERTE consideramos que la única fórmula posible para solucionar este problema es la creación inmediata de un acuerdo marco que integre en su oferta todas las plazas acreditadas en dependencia que las empresas pongan a disposición de la Conselleria, que ésta dote un presupuesto en función de sus posibilidades para financiarlas, favoreciendo de esa manera la calidad del servicio, la libre competencia entre empresas y la libertad del ciudadano de elegir en que centro quiere ser atendido.