Dependencia
Empresas de atención a dependientes constituyen una federación que garantice la superviviencia del sector privado
El pasado mes de mayo se constituyó la nueva Federación Unión Asturiana de la Dependencia (UNADE). Esta Federación integra intereses comunes de diversas Asociaciones de empresas de atención a Personas dependientes. Esta entidad ha nacido de la alianza de destacadas organizaciones empresariales así como de importantes entidades del Sector de atención a la Dependencia, que se han unificado para crear la primera y única Federación Empresarial del Sector, con la finalidad de constituirse en la voz unitaria y natural de representación del Sector privado de la Dependencia en Asturias. En esta Federación están asociadas tanto empresas de servicios de atención residencial a personas mayores y personas con discapacidad, como empresas de Ayuda a Domicilio y Centros de atención diurna, integrando entorno al 85% del sector de la Dependencia.
UNADE tiene como principal objetivo garantizar la supervivencia del sector privado de la dependencia en un entorno de enorme incertidumbre sobre el futuro de las empresas del sector. Persigue la coexistencia en Asturias de un sistema de colaboración público privado que garantice un mayor apoyo de la Administración pública en el sector privado. Esta Federación entiende que en estos tiempos tan convulsos se hace totalmente necesaria la búsqueda desde los poderes públicos de soluciones basadas en criterios de eficacia y eficiencia económica. La Federación considera que el mayor espíritu de servicio público y compromiso social se consigue llegando a atender a un mayor número de personas dependientes con los mismos recursos públicos. Desde UNADE se defenderá que la empresa privada es capaz de coexistir con el servicio público de atención a personas dependientes garantizando siempre los mismos criterios de calidad y además mayor eficiencia y eficacia en su aplicación. UNADE nace con la vocación de conseguir reivindicar un mayor espacio en el Sistema público de atención a la dependencia siempre en un marco de máxima colaboración con la Administración Pública a través de un mayor diálogo y cooperación entre la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias y el Sector empresarial. UNADE en cifras: Número de empresas del sector: 159 Número de residencias de mayores y discapacidad: 139 Número de plazas residenciales: 7.683 Número de plazas en Centros de Día: 750 Número de usuarios de atención domiciliaria: 5.000 Junta Directiva Presidente: Ignacio Díaz Dapena Vicepresidentas: Ana Gil Fernández y María Teresa Rodríguez Fdez. Secretario: Pablo Álvarez García Vocales: María Teresa Álvarez Álvarez, Aurora del Río Núñez, Manuel Suárez Rodríguez y Ángel Useletti de Ponte
Empresas de Dependencia alertan de que el sector está casi «en bancarrota»
El presidente de la Federación Estatal de Empresas de Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha alertado hoy de que el sector de atención profesional a los dependientes está «prácticamente en bancarrota» porque «desde hace dos años» sólo «ha sufrido recortes».
El máximo representante de la FED ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un foro sociosanitario, celebrado en Valladolid, al que ha asistido también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos.
Echevarría ha asegurado que «no se está apostando por la Ley de la Dependencia» y la «excusa es la crisis», algo que, a su juicio, no puede hacerse porque el sector de atención profesional a la dependencia «tiene demanda».
El presidente de los empresarios del sector ha indicado que sólo en centros residenciales en España existe una oferta de 60.000 plazas, cuando hay «más de 200.000 usuarios que, habiendo sido valorados como grandes y severos dependientes, a día de hoy no están recibiendo prestación».
«Es un sector que realiza inversiones y crea puestos de trabajo», ha manifestado Echevarría, quien ha insistido en que la «excusa jamás puede ser la crisis económica».
El presidente de la FED ha añadido que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que «mejor lo está haciendo» porque está «apostando por servicios profesionales», que, a su juicio, es «lo que genera inversión y empleo».
Echevarría ha apostado también por mejorar la atención sociosanitaria y ha asegurado que «no se puede estar pagando 700 euros por plaza y por día en un hospital de agudos, cuando el 50 por ciento de estas plazas están ocupadas por enfermos crónicos».
«Los especialistas en la atención a crónicos son los centros residenciales y sociosanitarios, que lo pueden hacer cinco veces por debajo de ese coste», ha precisado.
«No podemos jugarnos la atención de la Ley de la Dependencia», ha asegurado el presidente de la FED, quien ha recordado que el 24 por ciento de las plazas de los centros residenciales en España están vacías y que un servicio de esas características «no puede sobrevivir por debajo de un 20 por ciento de ocupación».
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha participado en el foro a través de la explicación del modelo de atención a la dependencia en la Comunidad.
Marcos ha hablado sobre las medidas que se adoptaron en Castilla y León el pasado año para «garantizar la atención profesional y de calidad a las personas dependientes» y «en paralelo la sostenibilidad de los centros de atención a personas mayores tanto en el ámbito urbano como en el rural».
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que se incrementaron «sustancialmente» las cuantías que se otorgan a las personas dependientes que eligen cuidados profesionales y se acordaron con el sector unos «precios de referencia» para que los dependientes puedan «comprar» el servicio que necesitan con lo que aporta la Comunidad y la capacidad económica del usuario.
La consejera ha presentado el sistema de centros multidisciplinares de la Comunidad y el de las unidades de convivencia, con atención «más personalizada», que ya está funcionando en cuarenta centros de la Comunidad.
Getafe elimina la lista de espera de ayuda a domicilio
El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha anunciado este domingo a través de un comunicado que «se ha puesto fin a la lista de espera para la ayuda a domicilio», que presta el Ayuntamiento en el marco de la Ley de Dependencia, entre otras razones, al eliminar personas fallecidas o que se habían trasladado a otra ciudad.
Según Soler, de este modo se cumple el objetivo que se marcó cuando accedió al Gobierno municipal, al pasar de 424 personas en lista de espera en junio de 2011 «a cero personas en julio de 2013».
En Getafe, actualmente reciben esta ayuda a domicilio 270 personas por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento a través de la delegación de Asuntos Sociales «y esta reducción en la lista de espera responde no sólo a la eficacia y buena gestión sino también al resultado de eliminar de la misma a personas que habían fallecido o se habían marchado del municipio».
«Esta dejadez por parte del anterior Gobierno municipal impedía el buen funcionamiento del servicio y gracias a la reducción de la lista de espera se crea un nuevo escenario a través del cual desde el Ayuntamiento de Getafe se puede volver a apoyar con la ayuda a domicilio a aquellos que no tengan acceso a los recursos de apoyo de la Ley de la Dependencia, como personas mayores válidas que por motivos de soledad no llevan a cabo cuidados personales y domésticos», ha agregado.
El alcalde ha señalado que estos apoyos podrán ser temporales o de carácter más estable, en función de la valoración social que se haga de cada situación, por lo que ha indicado que los vecinos pueden acudir a su trabajador social o a la Delegación de Asuntos Sociales, en el Hospitalillo de San José para más información.
Los trabajadores de ayuda a domicilio se dedican a tareas de apoyo en la higiene y cuidado personal, ayuda a aquellos usuarios que no pueden comer por sí mismos, ayuda en la toma de medicamentos prescritos por el centro de salud, entrenamiento en la realización de actividades de la vida cotidiana, compañía tanto en el domicilio como fuera de él, y facilitar actividades de ocio en casa.
Asimismo, los empleados proceden a la limpieza de la vivienda, cocinado de alimentos, lavado, planchado y compras domésticas.
La dependencia, entre las prioridades de los Programas de Urgencia Social definidos por el Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Según ha explicado el Gobierno, el actual sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF se sustituye por uno “más eficiente, flexible y objetivo”, basado en áreas de actuación en lugar de en colectivos como era hasta ahora.
Este Real Decreto, del que se había informado previamente al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, regula por tanto la convocatoria de 2013, que distribuirá 211 millones. Así, se va a dar prioridad a los Programas de Urgencia Social. Estos planes marcan distintos objetivos, y entre ellos el apoyo a las familias con necesidades especiales de atención, “en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo”.
Según ha explicado el Gobierno, a la convocatoria de este año podrán acceder aquellas entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales ya previstas el año pasado. El objetivo es, en definitiva, reorientar la convocatoria dedicando las ayudas a quienes más lo necesitan.
Subvenciones de Régimen General
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector. De acuerdo con esta modificación, se reconoce a las organizaciones que componen este Tercer Sector como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado. Esta nueva regulación “va a garantizar el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social”.
Ibercaja proyecta una residencia de tercera edad en un solar municipal de La Fuenfresca
Ibercaja proyecta construir una nueva residencia para la tercera edad, con una inversión de 5 millones de euros, en un solar municipal ubicado frente al cuartel de la Guardia Civil en La Fuenfresca y actualmente habilitado como aparcamiento en superficie. El Ayuntamiento de Teruel cedería la propiedad de la parcela y obtendría a cambio el inmueble de la carretera de Alcañiz que ahora alberga el centro cultural de la entidad financiera.
Para llevar a término este proyecto, la Junta de Gobierno Local aprobará el próximo lunes un protocolo de intenciones para el estudio de la permuta, que conllevará una modificación del planeamiento urbanístico para incrementar la edificabilidad del solar, que mantendrá su actual uso de equipamiento sociocultural, con el objetivo de hacer viable la construcción de una residencia de entre 100 y 115 plazas.
Este protocolo dejará sin efecto uno previo suscrito en junio de 2009, por el cual Ibercaja obtendría la propiedad del solar municipal del Cofiero para construir su nuevo centro cultural en la ciudad mediante una permuta que otorgaría al consistorio la titularidad del edificio de la entidad financiera en la carretera de Alcañiz. La discrepancia entre las partes sobre la valoración de ambos inmuebles llevó a descartar la operación.
En estos momentos, Ibercaja considera prioritaria la construcción de una nueva residencia de ancianos que sustituya a la Padre Piquer, situada en la calle Barcelona.
Aerte denuncia que la Generalitat no ha abonado los 12 millones que se comprometió a pagar en junio
Así lo ha indicado Aerte en un comunicado, en el que ha mostrado su esperanza en que el Ejecutivo valenciano «resuelva durante este mes» el pago de una deuda que, unida a los alrededor de 59 millones de euros pendientes de pago de 2013 a las empresas del sector elevan a más de 70 millones la deuda total.
A esta cifra, continúa la patronal, habría que añadir la deuda con los dependientes usuarios de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), subvenciones individuales directas al usuario que permiten al dependiente elegir qué servicio y en qué centros (dentro de los autorizados por la administración) quiere ser atendido. Estas prestaciones sufragan parte del coste profesional pero no la totalidad, al tener establecidos unos topes.
Ha criticado que «la falta de dotación presupuestaria por parte de la administración central y autonómica, unida a una política de concertación de plazas poco equitativa, está afectando al sector de la dependencia, que ha visto cómo en menos de año y medio se han cerrado en la Comunidad Valenciana varios centros de tres de los grandes operadores, tanto a nivel autonómico como nacional, junto a otros más pequeños».
Según sus cifras, esto supone en total 400 plazas menos y unos 200 puestos de trabajo perdidos «en un sector generador de empleo directo que afecta a un segmento de la población especialmente castigado por la crisis».
En este sentido, Aerte ha lamentado el cierre este mes de julio de otro de sus centros asociados, una residencia de tercera edad en Santa Pola(Alicante) «con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo» que conlleva.
UTILIZAR LAS PLAZAS VACÍAS
La asociación ha insistido en que tan sólo utilizando las 5.000 plazas que actualmente están vacías se generarían 2.500 puestos de trabajo directos en la Comunitat Valenciana (1.750 en Valencia, 500 en Alicante y 250 en Castellón). Actualmente, trabajan en la red de Aerte más de 14.000 personas que dan servicio a más de 22.000 dependientes.
«El sector de la dependencia, que requiere de una alta inversión por parte de las empresas, se está resintiendo de forma especial por la crisis y la lentitud de las administraciones en resolver las dotaciones presupuestarias comprometidas», ha alertado la patronal, que advierte de que esta situación «pone al borde del cierre a más centros, sobre todo de pequeño tamaño que tienen incluso dificultades para poder cerrar, ya que no pueden permitirse gestionar fácilmente los expedientes de cese de actividad».
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES
Para la patronal de la dependencia, la política de la administración valenciana «impide que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales».
Por otro lado, ha recordado que 11.000 dependientes, en algunos casos anteriores a 2011, tiene reconocido su derecho a recibir asistencia socio sanitaria, «pero no la reciben por falta de resolución de sus expedientes».
Más de 15.000 potenciales dependientes jiennenses a la espera de que se analice su situación
Desde hace 3 años, los ‘hachazos’ al Estado del Bienestar vienen acompañados de argumentos de ‘ahorro’. Sin embargo, cada recorte tiene consecuencias sociales y, en materia de dependencia, sobre la salud. Solo en Jaén, el primer ‘tijeretazo’ que el Gobierno asestó a la ley, en 2012, ha elevado el número de personas que esperan que se las evalúe en 1.249 y los usuarios de la ayuda a domicilio han caído casi un 13%.
Es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero “la están dejando morir”, dice, indignado, el presidente de la Asociación para la Promoción y Atención al Minusválido Físico (Aspramif) en Jaén, Ricardo Rocío. Con la excusa de la recesión que vive España y de los “desequilibrios presupuestarios” que arrastraba, la Ley de Dependencia ha sido una de las grandes damnificadas de los recortes. Pero, detrás de cada ajuste y más allá de los argumentos de ahorro en un país de presupuestos tradicionalmente ajustados en materia sanitaria, están los rostros de miles de personas y sus efectos sobre la salud. Desde julio de 2012 y a pesar de los “esfuerzos” de la Junta para contrarrestar los “tijeretazos” del Gobierno, el número de jiennenses que aguardan a que se evalúe su grado de dependencia ha aumentado en un 8,3%. Según los datos que maneja la Consejería, a los que tuvo acceso este periódico, hay 1.249 solicitudes más que hace un año, lo que supone que, solo en la provincia, en estos momentos, haya 15.186 personas pendientes de valoración. Pero la espera no es el único efecto de los recortes. Como denuncia el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de FSP de UGT en Jaén, Miguel Ángel Cazalilla: “En materia de dependencia, no se ha producido ni un alta. No hay reposición de la prestación”. Y el resultado es que el número de usuarios ha caído en un 12,8%, pasando de los 6.040 usuarios que se contabilizaban a finales de junio de 2012 hasta los 5.267 actuales.
Consecuencias similares se han registrado en el servicio de atención residencial, donde —como explica Cazalilla— “solo se atienden casos de emergencia, ¡y ni siquiera todos!”. Antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, las 2.250 plazas en residencias de mayores que hay en la provincia estaban cubiertas casi al 100%. Con una caída del 9,22%, ahora solo lo están 1.995. Y la misma tendencia a la baja se ha producido en residencias de mayores con trastornos de conducta, con un 2,05% menos de ocupación en las 101 plazas que hay en Jaén, y en complejos concertados para personas con discapacidad, en las que, de las 560 plazas que existen, solo están cubiertas 546.
Cospedal se escuda en la lucha contra el fraude para ‘meter’ un tijeretazo en las ayudas a la dependencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, tiene el firme propósito de ‘meter’ un tijeretazo a la Ley de Dependencia. La perfecta excusa sería la lucha contra el fraude.
O, al menos eso se desprende de una carta la que ha tenido acceso EL BOLETIN enviada a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha por el Gabinete de La Presidencia de la Junta.
En esta misiva se dice textualmente que “se está tramitando un cambio normativo que evitará la posibilidad de cobro por parte de herederos y que la persona fallecida tenga derecho a seguir cobrando hasta el día último del mes en que han muerto”.
O lo que es lo mismo, que las autoridades dejarán sin cobrar la ayuda correspondiente a un mes completo a los cuidadores del dependiente que haya fallecido. Sólo percibirán la cantidad proporcional a los días que permaneció vivo.
Como hemos dicho antes, la Junta justifica el recorte por la necesidad de luchar contra el fraude. En la carta se asegura que, según el IMSERSO, en la comunidad se estaban “constatando pagos indebidos del Estado como consecuencia del mantenimiento de personas fallecidas en el sistema estadístico de dependencia de Castilla-La Mancha”, para justificar los recortes en las ayudas.
Las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el portavoz de las plataformas en defensa de la Dependencia coinciden con lo que dice la carta. Además del criticar este próximo cambio en la ley, José Luis Gómez comentó que quien dirige la política nacional de dependencia por encima de la ministra de Sanidad, Ana Mato y que el recorte sería primero en Castilla-La Mancha y después se aplicaría en el resto del país.
A pesar de que la carta está firmada por la Jefa del Gabinete de Comunicación de La Presidencia de Castilla-La Mancha, María Gema Pérez Abad, desde la Junta se asegura no estar al tanto de ese proyecto de recorte tras los requerimientos de este diario al respecto.
Mayores y discapacitados más seguros en el hogar
Investigadores de la Escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de Cartagena han desarrollado un sistema basado en sensores inalámbricos que ayuda a detectar accidentes domésticos en personas mayores y discapacitados, según han informado fuentes de la institución docente.
Se trata de un sistema basado en sensores inalámbricos instalados en la vivienda que aumenta la autonomía de mayores o personas con discapacidad que vivan solos. Los dispositivos «supervisan» las acciones diarias de la persona y avisa automáticamente ante cualquier accidente.
La investigación se ha desarrollado en la tesis doctoral ‘Wireless sensor networks for ambient intelligence: contributions in the sensing and computing layers’, defendida por Francisco Fernández Luque y dirigida por Juan Zapata y Ginés Doménech.
La tesis es el resultado del trabajo realizado durante cuatro años en el marco de varios proyectos de investigación en el campo de redes de sensores inalámbricos y la asistencia a la vida en el hogar.
Fernández Luque ha logrado mejoras en los dispositivos sensores en tres aspectos fundamentales: aumentar su fiabilidad, prolongar su autonomía y obtener más información del entorno.
Entre las ventajas del nuevo dispositivo se encuentra el reducido consumo energético y su respeto a la privacidad, explica Francisco Fernández Luque.
El sistema consiste en un pequeño PC que procesa la información proveniente de los sensores inalámbricos instalados en la vivienda. El sistema «aprende de las costumbres del usuario y, en caso de que detecte algo raro, avisa», indican los investigadores. Esta parte de la investigación se ha realizado en colaboración con la Universidad de Murcia y la empresa murciana Ami2, dedicada a la inteligencia ambiental.
Ese pequeño PC se puede configurar para que avise a un servicio de teleasistencia o a una central. El sistema evita que las personas tengan que pulsar a un botón para dar avisos, ya que los sensores lo detectan automáticamente.
Otra de las ventajas del sistema es que «avisa ante pérdidas de consciencia o en aquellos casos que las personas no lleven un dispositivo de teleasistencia colgado», señalan los investigadores. Por ejemplo, detecta que una persona lleva cinco minutos en el pasillo de su casa a las 3:00 de la madrugada o una caída en el dormitorio, avisa.
Estos dispositivos monitorizan la actividad en cada una de las habitaciones de la vivienda, la ocupación de la cama y el sillón del usuario y la apertura de la puerta principal.
Los investigadores que han participado en este proyecto pertenecen al grupo de Diseño Electrónico y Técnicas de Tratamiento de Señales.
Sanidad opina que el número de Grandes Dependientes atendidos es «elevado» y lo atribuye a un mal uso del baremo
La Evaluación 2012 del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará mañana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del ramo, considera que hay un «elevado» número de personas declaradas Grandes Dependientes (Grado III) y lo atribuye a «un uso inapropiado del baremo de valoración» con el que se diagnostica la situación que tiene cada persona.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza los datos del SAAD entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 y señala que de 1,26 millones de personas valoradas y con derecho a prestación, 394.777 estaban localizadas en el Grado III, un 31,27 por ciento, que es «casi el doble de lo previsto» en el Libro Blanco de la Dependencia, redactado en 2007.
«A 31 de diciembre de 2011 este porcentaje era aún mayor: el 33,74% de personas reconocidas en Grado III (431.811 beneficiarios)», expone el documento, que destaca no obstante que, «en este año ha descendido en 2,5 puntos porcentuales» el peso de la población con un mayor nivel de dependencia.
El texto recoge «posibles causas de esta situación» que «se resumen en el uso inapropiado del baremo de valoración» aunque, conforme explica, «puede ser que confluyan también otros factores» como «que se han realizado reconocimientos de grado mediante la denominada ‘pasarela’ de personas ya atendidas».
«Otra razón de este número tan elevado de personas reconocidas en Grado III pudiera ser que la financiación viene directamente relacionada con el grado de dependencia reconocido», plantea el informe del Ministerio de Sanidad.
La evaluación dedica un capítulo a comparar el sistema de dependencia español con los de Alemania, Austria y Francia y, tras destacar que los baremos muestran «importantes diferencias» en cada uno, asegura que «sin duda el más generoso es el español».
Según afirma, con los criterios que aplican los alemanes 163.000 personas atendidas en España se quedarían fuera del sistema y en Francia, 463.000 no llegarían a entrar. En este país se excluye de la atención a la dependencia a las personas menores de 60 años y no tienen Grado I en su clasificación.
«Si nos centramos en los casos de Alemania y Austria, los más parecidos a España, tenemos que las personas valoradas en Grado III son un 11,9 y un 15,66%, respectivamente, mientras que en España este porcentaje, a 1 de enero de 2013, se eleva al 31,27%», explica el informe.
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año
La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, que pasó de obtener una nota de un 5,4 a suspender con un 3,8, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia, que sitúa la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.
Los retrocesos de las 13 regiones son especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y en Andalucía, donde el descenso deja a la región en un suspenso.
Les siguen en caída Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.
Con todo, el ranking nacional de implantación sigue en línea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; País Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7.
Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.
Esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses.
Así, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya había caído al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.
CAE EL NÚMERO DE GRANDES DEPENDIENTES ATENDIDOS
Si se atiende al equilibrio entre las prestaciones y servicios, Madrid es la que tiene mejor indicador, con sólo un 25 por ciento de dependientes recibiendo dinero en lugar de asistencia. Le sigue Galicia, con una proporción del 33 por ciento y Castilla y León con un 39,5 por ciento. En el lado opuesto, Murcia, que da prestación económica a más del 80% de los dependientes, y Cataluña, con un 74,6 por ciento, aunque la ley recoge que esta práctica debe ser la excepción.
Otro de los indicadores revela cómo se ha producido un descenso en la incorporación de nuevos dependientes al servicio. En la media nacional, la caída es del 1,37 por ciento en el primer semestre del año, pero en regiones como Aragón (-17,16 por ciento) o Andalucía (-8,7 por ciento) y La Rioja (-8,26 por ciento) es mayor. Por el contrario, en Cataluña el número de atendidos ha crecido un diez por ciento y en Galicia y Asturias algo más del siete.
Sobre este asunto, la escala destaca que en todas las comunidades autónomas menos en Cantabria y País Vasco se ha reducido la cifra de expedientes activos correspondientes a Grandes Dependientes (Grado III), con tasas que llegan a ser del 16,8 por ciento en Aragón, del 14 por ciento en Andalucía y superiores al 12 por ciento en Asturias y Murcia. En el total nacional, esta reducción es del 8,26 por ciento, conforme el estudio.
Una media de 70 personas son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según un estudio
Una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son «expulsadas» diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según ha indicado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013, que revela que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.
El dato de 70 beneficiarios que quedan cada día fuera del Sistema se calcula dividiendo la cifra de beneficiarios que han salido del Sistema en el último semestre entre seis meses y entre 30 días. Esta cifra, sumada al hecho de que «no se mantiene la tasa de reposición» de la Gran Dependencia conduce, según Ramírez, a la «destrucción absoluta» del Sistema de Dependencia.
Además, Ramírez ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que «no alardee» de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera.
Concretamente, ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: «impedir que nuevos dependientes accedan al sistema», como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones «a la baja» del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.
Precisamente, Ramírez ha señalado que, si tuviera la oportunidad de preguntar a la ministra del ramo, Ana Mato, le cuestionaría sobre el número de revisiones de grado que, según ha remarcado, les consta que han sido «masivas y sangrantes» en algunas comunidades autónomas.
«Las decisiones de este Gobierno han dado la puntilla para que la Ley (de Dependencia) muera por inanición», ha insistido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de «mentir con medias verdades», de «jugar con los datos» y de «ocultar restricciones al acceso» al Sistema.
Además, ha explicado que, si el Gobierno hubiera invertido en Dependencia los 449 millones de euros en recortes, «más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos –IRPF, Seguridad Social e IVA–, hubiera evitado el despido de 2.000 personas y hubiera ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones».
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia es «sostenible y viable» pues genera unos retornos económicos de en torno al 42% así como 30 empleos directos y estables por cada millón de euros invertidos en el sistema de atención a la dependencia.
«Si aplican los tres nuevos Reales Decretos que están sobre la mesa pendientes para publicar, probablemente el destrozo en la política social será dramático, la desatención a las personas dependientes será insoportable y la repercusión en el empleo hará que más de 20.000 personas en los próximos meses vayan engrosando las listas del paro», ha advertido.
A su juicio, el Gobierno quiere convertir un sistema de protección social de carácter universal en «un subproducto financiero de aseguradoras». Finalmente, sobre el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia que tendrá lugar este jueves, ha indicado que se espera «lo peor» teniendo en cuenta que en anteriores consejos se han aprobado medidas peores de las que se esperaban.
Las CC.AA tendrán que certificar mensualmente y por escrito en qué gastan el dinero estatal de dependencia
Las comunidades autónomas tendrán que certificar por escrito mensualmenete y año tras año en qué gastan el dinero que reciben del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, según establece una orden que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la que ha tenido acceso Europa Press, y que será sometida a consideración del Consejo Territorial de Dependencia el 2 de julio.
El texto, que creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD), establece que un cargo autonómico no inferior al rango de director general deberá presentar todos los meses un escrito dando fe de la veracidad de los datos de su comunidad sobre altas y bajas de beneficiarios y prestaciones y servicios.
La medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en «eficiencia», así como en «calidad y transparencia», ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos que aún figuraban de alta.
Ahora, «con el fin de avanzar en la transparencia y conocer el coste total» del sistema, las comunidades «expediran anualmente un certificado que reflejarán la aplicación de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del mismo, y la aportación de la comunidad autónoma a esta finalidad», conforme establece la orden.
«El titular del órgano competente de las comunidades autónomas, con rango al menos de Director general, expedirá anualmente y antes del 30 de abril, certificación con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma para los datos económicos y presupuestarios», concreta el documento.
Además, «el dia 25 de cada mes» tendrán que remitir al IMSERSO un formulario –con un modelo único en todo el territorio–cumplimentado y firmado por un director general o cargo superior en el que dé cuenta de las altas y bajas que se han cursado en el sistema y las variaciones que hayan podido producirse en los datos facilitados por su comunidad autónoma durante el mes anterior.
«Esta certificación servirá para la liquidación mensual del nivel mínimo, así como para la acreditación de la veracidad de los datos incorporados en el Sistema de Información», explica el texto, que concreta la obligación de que incluya también datos de resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, prestación y efectividad del derecho, así como las modificaciones relativas a las revisiones de grado y de la prestación reconocida y los traslados».
En cuanto a la nueva regulación en sí del SISAAD, la orden ministerial recoge varias novedades como la creación en el IMSERSO de un sistema informático para la introducción de información desde todas las comunidades autónomas, en el que se constituirá una base de datos de carácter personal a la que éstas accederán con un perfil de usuario.
No obstante, contempla la posibilidad de que haya comunidades «que decidan mantener sus propios sistemas de información», aunque las obliga a suscribir «convenios de colaboración con el IMSERSO como instrumento regulador que garantice la transparencia, integridad e interopoerabilidad» de todos los sistemas dentro del paraguas único del SISAAD.
Asimismo, se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también características del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras de haberlas y variables socioeconómicas como la condición de emigrante español retornado, junto a una descripción completa del perfil de su cuidador.
«Los datos serán recogidos por el personal designado por la Administración a tales efectos y entre los que se encontrarán los valoradores, trabajadores sociales y sus órganos supervisores, la información será proporcionada por el propio interesado o su representante legal mediante su presentación en las diferentes Administraciones Públicas y registros públicos involucrados en la gestión del Sistema, establece la orden.
A su vez, los empleados públicos podrán recabar información directamente del interesado en su hogar u otras localizaciones diferentes al mismo como residencias u otros centros de prestación de servicios, conforme puntualiza el texto.
Un estudio de la FEMP ve una «disminución considerable» de horas de ayuda a domicilio en 2013
La Federación Española de Municipios (FEMP) y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal presentaron este martes en Madrid los resultados preliminares de una investigación cualitativa sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) prestado en España en el primer semestre de 2013, que concluye que este servicio ha sufrido una «disminución considerable» en el número de horas concedidas este año.
La investigación se presentó durante las II Jornadas Internacionales sobre Atención a la Dependencia, que se desarrollan hoy, martes, y mañana en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadlad, organizadas por la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal.
Según el trabajo, tras la implantación de la Ley de Autonomía Personal, el SAD quedó «absorbido por la Dependencia» y dejó así de dar servicio o disminuyó su intensidad a personas que antes se beneficiaban de él.
Añade el estudio que tras el Real Decreto-ley 20/2012, que modificó varios aspectos relacionados con prestaciones por dependencia, el servicio de ayuda a domicilio sufrió «una disminución considerable de horas», lo que provocó «deficiencias» al dejar de cubrir las necesidades de la modalidad básica.
Asimismo, la investigación considera un aspecto «muy negativo» el de las externalizaciones y subcontrataciones de servicios con grandes empresas privadas, con las que es difícil competir desde la administración local.
El estudio, que se conocerá con cifras y valoraciones definitivas en octubre, concluye con la recomendación de que deben utilizarse sistemas de información e instrumentos de valoración comunes «que eviten la multiplicación de tareas, gasto inútil y demora en la solución a los problemas de una persona en situación de dependencia».
Por tanto, la investigación cualitativa de la FEMP recomienda una metodología de gestión de casos implementando un servicio unificado de atención integral, desarrollado y coordinado con los servicios sociosanitarios, facilitando la atención e implicando a servicios sociales, atención primaria y salud mental.
El Imserso aboga por aumentar la formación en atención a la dependencia
El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón, abogó este martes por ampliar la formación dirigida a crear profesionales de atención a las personas en situación de dependencia y cumplir así las perspectivas de empleo creadas por la ley que regula este sector.
Antón participó en la inauguración de las II Jornadas Internacionales sobre Atención a la Dependencia, que se desarrollaron, martes 25, y miercoles 26 de junio en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadlad, organizadas por la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal.
En su intervención, el director general del Imserso apostó también por realizar una estimación presupuestaria de los servicios de atención a la dependencia que existen realmente en las comunidades autónomas para saber qué tipo de prestaciones es necesario crear.
«Cuanto más conozcamos el gasto, mas ajustaremos las prestaciones», dijo Antón, quien se refirió también a la «importancia» que para las personas mayores tiene la posibilidad de permanecer el máximo tiempo posible en casa.
En esta línea, confió en el potencial de las nuevas tecnologías para hacer realidad este deseo de las personas mayores.
El CERMI aplaude que por fin vaya a aprobarse el plan de atención a menores de 3 años en situación de dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaudió hoy que, «tras varios años acumulados de retrasos, vaya a entrar en curso de aprobación el plan específico de atención a menores de 3 años en situación de dependencia, tal como ordenaba la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia».
Según indicó el Cermi en una nota, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Imserso, ha remitido a los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), entre los que se encuentra el Consejo Nacional de la Discapacidad, del que el Cermi forma parte, el borrador de plan de atención a menores de 3 años, para aportaciones y sugerencias de las distintos sectores sociales con intereses en el despliegue del SAAD.
La Ley 39/2006 obligaba al Gobierno central y a las comunidades autónomas la aprobación de un plan específico de atención a los niños y niñas de hasta 3 años en situación de dependencia, que estableciera los apoyos que estos menores precisan para potenciar su autonomía personal, dadas las singularidades que presentan por razón de su temprana edad en relación con el resto de personas beneficiarias del SAAD.
«En estos más de seis años de aprobación de la ley que creó el SAAD el Cermi ha venido exigiendo la adopción de este plan y denunciando los retrasos e incumplimientos en los que han incurrido los distintos gobiernos y administraciones, para materializar una pieza básica para la promoción de la autonomía personal de los niños y niñas con discapacidades con grandes necesidades de apoyo», añade la nota.
Los cuidadores se dan de baja de la Seguridad Social por no poder pagarla
El Gobierno central, en aras de austeridad y la eficiencia, reformó el sistema de atención a la Dependencia para hacerlo «viable». Recortó algunas prestaciones, aprobó una moratoria para los grados más bajos y obligó a los cuidadores no profesionales a sufragar su Seguridad Social, entre otros aspectos. Precisamente, estos últimos, según las asociaciones de defensa de la ley, son los que más están sufriendo los cambios.
El 90 por ciento de los familiares que atienden a sus dependientes en la Comunitat y que estaban dados de alta en el sistema de Seguridad Social, se han dado de baja en los últimos ocho meses. Así, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se ha pasado de los 16.397 que cotizaban en julio de 2012 a tan solo 1.658 en marzo de 2013. Y es que, desde el pasado mes de septiembre, son los propios cuidadores los que han de sufragar íntegramente la cuota, que oscila entre 80 y 250 euros al mes, cantidad casi imposible de pagar para muchos, teniendo en cuenta que la subvención que perciben no supera los 500 euros.
De esta manera, únicamente el ocho por ciento de los cuidadores que hay en la Comunitat (20.828) cotizan a la Seguridad Social. En la provincia de Valencia hay 11.156, en la de Alicante, 7.412 y en la de Castellón, 2.256.
Según aseguró la portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Valencia, Palmira Castellano, sólo cotizan aquellos con circunstancias muy específicas, como que les queda poco tiempo para jubilarse, por lo que les compensa hacerse cargo de los últimos pagos.
Hasta ahora era el Gobierno el que sufragaba la Seguridad Social de estos cuidadores, tal y como establecía la ley en 2007, para que tuvieran una pensión de jubilación. Con la reforma es voluntario darse de alta en el sistema. En opinión de Castellano, es un paso atrás, ya que no se reconoce el trabajo de estas personas que se encargan durante las 24 horas del día de cuidar de sus familiares enfermos y no pueden, por lo tanto, desempeñar otro trabajo.
Además, a esta medida hay que sumarle el recorte de un 15 por ciento en las ayudas que cobran. De esta manera, perciben una media cercana a los 400 euros.
En esta línea, la representante denunció que con esa cantidad ahora también tienen que pagar una parte de los medicamentos que necesiten, después de que el Consell aprobara el copago farmacéutico para el colectivo.
Recurso «excepcional»
La ley creó la figura del cuidador no profesional para casos excepcionales, pero se ha convertido en uno de los recursos más demandados del sistema, ya que es uno de los más económicos.
Sin embargo, las condiciones para desempeñar esta función no son pocas. El cuidador ha de ser cónyuge o pariente del dependiente. También ser mayor de edad, acreditar las capacidades adecuadas, convivir con la persona beneficiaria y no desempeñar cualquier otra actividad profesional o cobrar prestación de desempleo. Además ha de recibir formación específica, de la que se encarga la Conselleria de Bienestar Social.
En la actualidad, según los últimos datos del Imserso del 31 de mayo de 2013, hay más de 40.000 personas beneficiarias de prestaciones por dependencia en la región valenciana, un número similar al de ejercicios anteriores. De ellas, el 56,46 por ciento reciben subvenciones relacionadas con el servicio (prevención y promoción de autonomía personal, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y de noche y atención residencial) y el 43,54 por ciento, para cuidadores familiares.
La patronal de la Dependencia recoge firmas en defensa de la ley
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en defensa de la Ley a fin de lograr un total de 500.000 y presentarlas en forma de iniciativa popular en el Congreso de los Diputados.
Según explica el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, «el sentido de esta campaña es exigir el cumplimiento integro de la Ley de la Dependencia y la paralización de los recortes presupuestarios puestos en marcha por el Gobierno», al que acusa de estar «desmontando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia» dejando «sin atención a miles de dependientes».
La FED explica que en la actualidad, 214.000 dependientes tienen reconocido el derecho a recibir alguna prestación o servicio y sin embargo, no perciben ningún tipo de ayuda, cuando 60.000 plazas residenciales están vacías.
«No podemos olvidar que la Ley otorga unos derechos que es obligatorio cumplir y si destruimos la red de servicios se provoca el cierre de las empresas del sector, tanto Residencias y Unidades de Estancia Diurna o Nocturna, como Servicios de proximidad, Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Estamos hablando de la posible destrucción de más de 300.000 empleos», asegura.
De momento, se han recogido 130.000 firmas en Andalucía que han sido llevadas al parlamento regional, mientras en el resto de comunidades la campaña va a «un excelente ritmo» según la FED, «y se irá incrementando en las próximas semanas con distintas acciones de información a los ciudadanos y en distintas residencias».