Dependencia
El Síndic insta a la Generalitat a reanudar las prestaciones para residencias
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado hoy al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Bienestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.
Ribó ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que «se ha prorrogado indefinidamente», por lo que ha reclamado al Govern que «garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes».
Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que «la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento».
Para Ribó, «la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables».
El síndic ha afirmado que «son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa» para la persona dependiente.
Por ello, el Síndic se ha dirigido hoy al departamento de Bienestar Social y Familia para que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que «adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades».
La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, «no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas».
Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Bienestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20 % que aporta el Estado.
El Síndic, sin embargo, considera que «la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat».
Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que «arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial» y ha pedido «actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia».
Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que «la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente».
Descienden un 11% las ayudas para cuidados a dependientes
Freno y marcha atrás. Las ayudas a la dependencia experimentaban un descenso en 2013. Una vez tocado el techo de 8.475 beneficiarios allá por diciembre de 2012, tal y como indicó en su momento el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, la última estadística publicada por la Consejería de Familia arroja una disminución paulatina de usuarios y de prestaciones reconocidas.
En concreto, la provincia de Burgos perdió 536 dependientes con dictamen favorable y 306 ayudas, el 11%, a lo largo del año pasado. A las bajas por fallecimiento se suman los cambios introducidos en la normativa como principales motivos de esta caída.
Así, 2014 comenzó con 13.178 personas con su situación de dependencia valorada, 172 más que las que tenían un dictamen a comienzos de 2013. Con todo, de ese total, 7.939 recibían la buena noticia de que les correspondía percibir servicios o prestaciones. Los 5.239 solicitantes restantes obtenían sin embargo un ‘no’ por respuesta.
Según los datos difundidos por la Consejería de Familia en la web www.jcyl.es, los 7.939 dependientes con derecho a prestación en la provincia de Burgos tenían -a 31 de enero de 2014- identificadas y reconocidas 10.269 prestaciones económicas o en forma de servicios, frente a las 10.605 aprobadas en diciembre de 2012.
El descenso se concentra especialmente en las ayudas económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar que caían en un año de 3.006 a las 2.695 actuales, un descenso del 11% que se explica en parte por la decisión del Gobierno de reducir la cuantía de esta prestación y obligar a los que ejercen esta labor a asumir el pago de su cotización a la Seguridad Social. Hasta julio de 2012 el Gobierno se hacía cargo de este gasto.
Por el contrario, las prestaciones reconocidas destinadas a servicios prestados por profesionales, bien en el domicilio, bien en centros específicos, residenciales o no. Esta tendencia recibe el aplauso de las voces que defienden las modificaciones de la ley de Dependencia, que sus detractores definen como recortes. Los primeros hablan de generación de empleo y los segundos critican que se beneficie a las empresas privadas del sector.
Así, la prestación económica vinculada al servicio, que copa el grueso de este tipo de ayudas -casi un 21% del total, solo superado por las destinadas a cuidados familiares, un 26%-, llega a 2.153 dependientes. Le siguen las dirigidas a atención residencial, con 1.440 plazas en la provincia, y las concedidas para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 1.398 en enero de 2014.
Completan el listado las prestaciones para usuarios de centros de día o noche, 1.136, ayuda a domicilio, 1.093, y teleasistencia, 351. En conjunto estos apoyos en forma de servicio pasaban en un año de suponer el 70% del total de derechos reconocidos al 73%, en detrimento de las ayudas económicas directas.
Por población de residencia, de las 7.939 personas dependientes con derecho a prestación, 3.630 tienen domicilio en la capital burgalesa, 809 en Miranda, 680 en Aranda y las 2.820 restantes en otros municipios de la provincia.
Este reparto da cuenta de la estrecha relación entre dependencia y mundo rural, alimentada por la elevada edad media de los habitantes de estas zonas.
Con todo, a pesar del ‘retroceso’ cuantitativo de la ley y de las críticas que han suscitado las decisiones del Gobierno central en este ámbito, Castilla y León revalida año a año el sobresaliente en la gestión y aplicación de esta normativa. La nota se la otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, responsable del observatorio estatal que evalúa la atención a dependientes en cada una de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los datos confirman la eficacia de los mecanismos regionales que, por ejemplo, elevan a un 98,8% la proporción de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido que ya la reciben en Burgos. Este dato supera en 18 puntos la media nacional.
III Curso On-line de Atención Centrada en la Persona
Se consolida como un referente el curso diseñado e impartido por la psicóloga y experta en gerontología social Teresa Martínez Rodríguez donde ha profundizado durante los últimos tres meses en la formación sobre el innovador modelo
Matia instituto Gerontológico y Fundación Asmoz con la colaboración de el Gobierno Vasco han organizado por tercer año consecutivo el Curso Modalidad e-learning de Atención Gerontológica Centrada en la Persona que ha constado de 50 horas lectivas impartidas entre el 15 noviembre 2013 y el 25 de febrero de 2014.
El curso, que está incluido en una serie de acciones formativas que comenzaron en 2010 de las tres instituciones vascas, ha sido impartido por tercer año consecutivo, por su propia diseñadora, la experta gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez, autora de la Guía la Atención Gerontológica Centrada en la Persona, que ha servido de base para profundizar en la formación del referido innovador enfoque, para mejorar la calidad en la prestación de servicios siendo una herramienta útil para fomentar la competencia positiva en un sector cada vez más competitivo.
Han participado profesionales de atención directa de las distintas disciplinas del ámbito de los cuidados a personas mayores de la mayoría de Comunidades y de algún país de Latinoamérica. El curso ha sido un éxito de participación, organización y de contenidos, a tenor de la evaluación –excelente- efectuada por los alumnos participantes, cumpliendo sobradamente sus expectativas.
En el mismo, se han desarrollado doce lecciones básicas que han aportado elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permiten avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos; adiestramiento en nuevas formas de trabajo en los centros y servicios para que los equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con los usuarios y familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de cada contexto asistencial; orientación y pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayudan a construir planes de atención a cada persona usuaria; generando reflexión sobre las buenas prácticas y los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto dinámico de interacción social.
A lo largo del curso se abordaron cinco importantes asuntos para el desarrollo de dicho modelo, como la atención personalizada desde la promoción de la autodeterminación y la independencia; lo íntimo, lo privado y la confidencialidad; lo propio, lo cotidiano, lo significativo; las familias y, finalmente, lo organizativo y los profesionales. Han hecho ejercicios prácticos y se ha habilitado un “foro de discusión” donde alumnos y profesora, intercambiaron experiencias cotidianas y se recomendaron documentos, libros, artículos, páginas web y audiovisuales de interés.
Contemplando, desde este enfoque a lo largo de todo el curso: que la persona mayor sea el centro, sea protagonista de su vida y no un mero receptor de cuidados, aunque estos estén bien programados y sean técnicamente correctos. Esto ha pasado ya en otros países, y aunque España y su diversidad de pueblos tengan su propia cultura, las personas, sus necesidades de ser, no son tan diferentes.
Porque, todos queremos vivir dignamente, ser apreciados, respetados y poder vivir en coherencia a nuestra forma de pensar y sentir, aunque seamos muy mayores y necesitemos ser cuidados por otros. Y para ello los profesionales comprometidos y bien formados son imprescindibles.
Triunfo del programa centrado en la persona: «En mi Casa»…mando yo…
“Para nosotros es importante el moño de Casilda, que se vista con su falda y ponga su colcha de ganchillo en la que ya es su cama. Conocemos sus apetencias y sus manías y es básico saberlas, porque, el día de mañana, cuando ella no pueda decidir, su cuidador de referencia sabrá cómo es esa persona y así pasará el final de su vida tal y como ahora es, no como una institución quiere que sea”. El director de la residencia Los Royales, Antonio Valdenebro, describe de este modo el modelo de atención que se presta en este centro, que fue el encargado de pilotar hace dos años las llamadas unidades de convivencia en las residencias de mayores de Castilla y León.
Se trata de un modelo que ha revolucionado la manera de entender los cuidados gerontológicos, que responde a las nuevas demandas de los mayores y que se va extendiendo como una mancha de aceite sobre el territorio regional, hasta el punto que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades confía en que haya 60 unidades de convivencia en los próximos meses en toda la Comunidad. En estos momentos, el proyecto es ya realidad en 44 residencias de Castilla y León, y está teniendo tanto éxito porque permite al mayor sentirse como en casa, ‘En mi casa’, que es el nombre que lleva el proyecto.
Para Valdenebro, cuando un anciano entra a un centro residencial tradicional deja de decidir qué se pone o qué come e incluso no maneja su dinero. Es, en muchas ocasiones, esperar a que un día “Dios llame a su puerta”. Si bien, en estas unidades el anciano sigue siendo decidiendo sobre su vida. No es beneficiario, sino protagonista; no se mima su autoestima, se fomenta su autonomía, y puede tomar sus propias decisiones. Se huye de la institucionalización, ya que quiere que cada persona conserve lo que tiene de distinto y se deje a un lado un sinfín de protocolos que hacía que a todos se les tratara de la misma manera.
“La autoestima es muy importante. Si te visten con un chándal y no te ponen tu ropa, ya te están coartando su libertad. A los centros llegan personas muy distintas y se pretende hacerlas igual por protocolos y por la organización del centro. Ahora deshacemos el camino”, insiste para recalcar que este modelo se adapta a la persona y no al revés.
El novedoso sistema, propio de los países del norte y centro Europa, se implantó a la vez que en los Royales en la residencia Fundación Matías de San Sebastián. Representa un nuevo modelo de derechos para el anciano y garantiza que puede “controlar sobre su vida”. En ese sentido, Valdenebro explica que hace un año que se implantó el sistema de elección de menús y siendo una cosa tan importante algunos residentes decían que cómo iban a elegir a su edad. “Nos quedamos preocupados, porque normalmente protestaban por el menú, pero es el efecto que causa el centro, que anula la capacidad de voluntad del anciano, porque las instituciones, sin querer, pretenden que todos sean homogéneos para aplicar los protocolos de la misma manera”, atestigua para defender los principios de este modelo: individualidad, intimidad, adaptación del centro a la persona e implicación de la familia.
Esta atención integral centrada en la persona se basa en la metodología del psicólogo americano Carles Rogers, de la Escuela Humanista, y son los propios psicólogos y terapeutas los que apuntan a los múltiples beneficios, sobre todo cognitivos, que conlleva para el anciano. El equipo profesional de Los Royales recibió formación de la Fundación Pilares y visitaron otros centros europeos donde se desarrolla el modelo. Actualmente el centro soriano es referencia para el resto de profesionales de centros públicos y privados que implantan el modelo, de hechos sus profesionales forman a compañeros de otras provincias.
Todo, beneficios
La psicóloga de Los Royales, Sandra Moneo, explica que en los ancianos no válidos psicológicamente los beneficios son visibles, ya que están “menos tristes, reconocen a su cuidador de referencia, están más atentos y el nivel de agresividad baja”. Los válidos lo manifiestan verbalmente. Además, los familiares realizan más visitas, más prolongadas en el tiempo y sin horarios establecidos; manifiestan que “ven mejor” a su familiar; mejoran su confianza en el centro y en los profesionales, al estar permanentemente informados y contar con un interlocutor, y disminuyen “su sentimiento de abandono del ser querido”.
La residencia Los Royales cuenta con seis unidades de convivencia, además de otras dos unidades de centro de día. Cada unidad porta el nombre de un escritor vinculado a Soria. El director del centro explica que 72 de los 197 residentes viven bajo este modelo, y se pretende, que en un plazo máximo de dos años, toda la estructura del centro se adapte al modelo de unidades de convivencia. “Supone un cambio muy grande, también en el auxiliar, que se implica psicológicamente en la vida del anciano”.
Cada unidad de convivencia porta en su entrada un decálogo de buenas prácticas que viene a recordar unas mínimas normas de respeto hacia el anciano, la base del modelo. “Llámame siempre por mi nombre; mírame a los ojos cuando me hables; avísame antes de movilizarme; llama antes de entrar a mi casa; recuerda que cuando estoy desnudo puedo sentirme violento; si te cuento cosas lo hago porque confío en ti; gritar puede desahogarte nunca mejorar nuestra comunicación; mi familia no es tan distinta a la tuya, se preocupan por ti; dame tiempo para reacciones, para hacer, para responder y enséñame a valorar tu trabajo”.
Cambio radical
‘En mi casa’ se desarrolla, principalmente, a través de las unidades de convivencia y ha supuesto un cambio arquitectónico, ambiental y organizativo. La atención es personalizada y cada cuidador, que se viste más como un monitor que como un auxiliar, tiene asignado a un anciano de referencia, que presta atención directa y estable. Esos profesionales tienen una visión global de la persona mayor, de su historia de vida y de su proyecto de vida. Los residentes pueden decorar sus habitaciones y traer sus propios muebles de casa. En la residencia de Soria, Lucio Marco, tiene hasta un periquito que le hace compañía. Las residencias, según el director de Los Royales, tienen un componente “sanitario” muy importante, y se prestaba continuamente atención a este aspecto, algo que el modelo deja en un segundo plano.
Además, disponen de una cocina-comedor donde pueden o bien cocinar o que los auxiliares o sus familiares les cocinen. Simplemente el volver a oler la comida les hace evocar recuerdos y estar más despiertos. La residencia Los Royales de Soria dispone de un invernadero y un gallinero, donde los ancianos acuden una vez a la semana para realizar tareas que normalmente han hecho durante toda su vida. Además, una vez a la semana el perro de Sandra les visita, una ocasión para recordar su infancia en su pueblo. El modelo se complementa con terapia ocupacional cuya actividad principal es la vida diaria. “En ocasiones les acompañamos al mercado o al centro comercial. Asisten a charlas y hacen actividades con otros colectivos”, explica la psicóloga.
Mapa autonómico
El Modelo de los Royales, estrenado en 2012, se implantó en otras ocho residencias, una por provincia, y en la actualidad hay 44 centros con unidades de convivencia en marcha. Ávila cuenta con cuatro , dos en la capital y otras dos en Piedrahita y Sotillo de la Adrada; Burgos dispone de nueve, cinco en la capital y cuatro repartidas en Celeda del Camino, Canicosa de la Sierra, Villasana de Mena y Tardajos; mientras que en León hay siete, de las que cinco se ubican en la provincia, en Fabero, La Pola de Gordón, Puente Domingo Flórez, Toreno y Mansilla de las Mulas.
En Palencia hay tres unidades, dos en la capital, y, además, se prevé abrir este año otra unidad en la residencia Puente de Hierro, que contará con una capacidad máxima de 21 personas en situación de dependencia. En Salamanca, la residencia de Villares de la Reina cuenta con una unidad; en Segovia hay una en la residencia Prádena Salud; y en Soria, además de la residencia de Los Royales, hay una unidad en la Virgen del Ribero, en San Esteban de Gormaz. Valladolid dispone de una en la capital y en la localidades de Mojados, Viana de Cega, y Cabezón de Pisuerga, y Zamora tiene dos unidades, una en la capital y otra en Moraleja del Vino.
“Es importante acometer el nuevo modelo de financiación de la dependencia”
La Ley de Dependencia preveía el posterior desarrollo de la normativa que facilitara la difusión del seguro privado de dependencia. Sin embargo, esta norma no se ha concretado, y a día de hoy las compañías aseguradoras siguen reclamando que el Gobierno central aborde esta situación. Lo cierto es que, si bien la oferta de este tipo de productos ha ido creciendo progresivamente año tras año, el volumen de seguros contratados aún está muy lejos de lo esperado.
¿Cuál ha sido la evolución de los datos de contratación de seguros de dependencia a lo largo de 2013? ¿Y en comparación con años anteriores?
Tal y como apunta acertadamente el estudio SCOR sobre seguros privados y públicos de dependencia: comparación internacional, en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan diferentes prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo ser éstas temporales o vitalicias. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la penetración del seguro es muy baja, las dificultades que el sector público español está afrontando tanto en lo que respecta a la financiación como a la prestación del servicio a los dependientes, acrecienta la importancia de que sea el sector privado quien de manera complementaria al Estado deba asumir un papel fundamental a la hora de dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
Según un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) que repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013, refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012.
La Ley de Dependencia dejaba abierta la necesidad de desarrollar una norma que regulara estos seguros de dependencia, sin embargo, no se ha llevado a buen puerto. ¿En qué situación se encuentra? ¿Saben si se está trabajando en ello?
El Consejo Económico y Social de España (CES) apunta en un reciente informe que “la valoración del grado de aceptación y de aplicación de la Ley de Dependencia se pone de manifiesto en los datos referidos a las solicitudes de prestación registradas, los dictámenes emitidos y las valoraciones positivas en relación con la generación del derecho a prestaciones. Al respecto puede decirse que las comunidades autónomas en las que existen más solicitudes de prestaciones en términos absolutos (Andalucía y Cataluña), con un 43 por 100 del total, contrastan con otras, de un nivel poblacional igualmente importante (Madrid y Valencia), donde esas solicitudes no llegan en su conjunto al 15 por 100 del total, junto a las que destacan también por su bajo número de solicitudes otras comunidades de menor población (Canarias, Baleares).
En cuanto a las prestaciones de dependencia, en primer lugar, y pese a la pretensión legal de dar preferencia a las prestaciones de servicios, son las prestaciones económicas por cuidados en el entornofamiliar las que prevalecen. Por otra parte destaca el escaso número de las prestaciones económicas para la contratación de un asistente personal. Es también relevante, en cambio, el número de prestaciones de atención residencial, ya que a pesar de estar dirigidas a dependientes en situación extrema de necesidad de cuidado, su número es semejante a las prestaciones de teleasistencia. Todo esto indica que la cobertura de una prestación tan básica como la teleasistencia está poco o defectuosamente extendida al cubrir solo a un tercio de los dependientes que podrían necesitarla, dejando al margen a los que disfrutan prestaciones económicas o de atención residencial. En cuanto a las prestaciones de ayuda domiciliaria no experimentan el desarrollo que cabría esperar. También es particularmente reducido el número de prestaciones para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal”.
¿Qué sería necesario para que el seguro de dependencia se extienda?
El debate sobre la financiación de los servicios necesarios para los dependientes (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) es una cuestión abierta en la que unos se muestran partidarios de un seguro obligatorio para todos los individuos, sea en forma de un cotización adicional dentro del sistema de protección social, o sea mediante un seguro fuera del sistema. Otros se han mostrado abiertamente a favor de una cobertura total por los sistemas públicos mediante una financiación por impuestos y finalmente, muchos se han mostrado partidarios de que la persona que necesita la asistencia contribuya a una parte de la financiación del servicio y que el sistema público de protección asuma otra.
En cualquier caso sea el modelo que finalmente surja, lo importante es que se acometa con urgencia y de una forma consensuada entre todos las partes que intervienen en el proceso y de nuevo la iniciativa privada en esta definición estratégica es fundamental, debido a que su aportación en este ámbito es extraordinaria y está paliando en gran medida el enorme déficit que padecemos en este asunto que afecta no solo a España sino también a otros países occidentales de nuestro entorno. También necesitamos aprender de algunas experiencias puestas en marcha en modelos implantados en países de nuestro entorno más próximo.
¿Cree que la ciudadanía percibe como una necesidad asegurar la dependencia futura? ¿Qué podrían hacer en este sentido las compañías?
La protección a las personas que se encuentran en una situación de dependencia es un problema creciente que tienen que afrontar las sociedades avanzadas debido al envejecimiento de su población. El incremento de la esperanza de vida como consecuencia de los avances en los campos de la sanidad y la salud, el fenómeno del ‘baby boom’ ocurrido en nuestro país en la mitad del siglo XX, unidos a las caídas en las tasas de natalidad han dado como resultado una población más geriatrizada o envejecida y, por lo tanto, más dependiente.
El informe del CES que he referido anteriormente señala aspectos clave en este acuciante problema, apunta hacia que “la grave situación económica actual, así como la radical reducción del gasto público han condicionado y condicionarán en los próximos años la aplicación de la Ley de Dependencia. Los recortes presupuestarios, el conflicto entre Estado y comunidades autónomas acerca de quién debe asumir en mayor medida el coste de las prestaciones, las enormes dificultades para organizar un sistema que requiere profesionales cualificados, estructuras organizativas públicas eficientes y bien dotadas, así como un sector privado dispuesto a colaborar de forma permanente e intensa con la organización pública, todo ello determinará inevitablemente una paralización de la aplicación de la Ley. Como ya se ha puesto de manifiesto en el cambio del calendario inicial de aplicación establecido en la misma Ley 39/2006, al congelarse o retrasarse primero hasta 2014 y luego hasta julio de 2015 el reconocimiento de prestaciones a los dependientes de los niveles más bajos o dependientes moderados.
Un retraso que, determinando ciertamente un empeoramiento de la tutela, puede tener una incidencia menor ya que se trata de dependientes cuya incapacidad de gestionar su vida diaria no es tan acusada como en otros grados y pueden ser atendidos, sin excesivas dificultades, por la red de seguridad de la tutela de los dependientes; que no es otra que la protección familiar, extraordinariamente activa en España, como lo demuestra, si se ve como una forma de aflorar y hacer visible ese cuidado familiar, la absoluta preponderancia de las prestaciones económicas causadas por ese cuidado familiar”.
La iniciativa privada en este entorno es fundamental con residencias, centros de día especializados, atención domiciliaria, etc. “El seguro de dependencia paga los servicios que permiten a una persona vivir de forma autónoma o en un centro especializado, si pierde la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida. Las prestaciones se abonan en caso de necesidad parcial o total de cuidados de larga duración por parte de la persona asegurada. En este sentido, es comparable con el seguro de invalidez (seguro de incapacidad laboral). Sin embargo, el siniestro y el período depago de las prestaciones difieren sustancialmente en función del mercado y del producto” incide el informe SCOR publicado por Inese.
¿Qué tipo de servicios ofrecen estos seguros? ¿Hay modalidades muy diferentes?
Tal y como he comentado actualmente en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo seréstas temporales o vitalicias. No se puede crear un producto destinado a cubrir el 100 por cien de los gastos de dependencia sufragado a través de impuestos, máxime en la situación financiera precaria en la que se encuentra nuestro Sistema y con una inversión de la pirámide poblacional evidente, por lo tanto de nuevo el sector privado asume una función complementaria al Estado, siendo la aportación privada clave esencial para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
¿En qué situación se encuentra España con respecto a países de nuestro entorno en lo que al desarrollo del seguro de dependencia se refiere?
Hoy en día, la mayoría de los países desarrollados que registran un envejecimiento de la población se enfrentan al aumento del número de personas mayores y dependientes. La necesidad de cuidados de larga duración, a domicilio o en centros especializados, seguirá creciendo tanto en los mercados maduros como en los mercados emergentes. Además, las tendencias demográficas y sociales, así como las disposiciones públicas inadecuadas incitan al mercado de seguros a ofrecer soluciones de financiación para cuidados de larga duración. La ayuda informal proporcionada a una persona mayor por sus familiares es cada vez más difícil. Por consiguiente las personas deben organizarse en caso de que se vuelvan incapaces de cuidar de sí mismas.
Los productos de dependencia garantizan el pago de una renta o una prestación por los cuidados proporcionados a la persona dependiente según el grado de la dependencia. El tipo de cobertura puede variar sustancialmente entre los diferentes mercados y de hecho así lo explicita el reciente estudio desarrollado por SCOR Global Life quien realiza un seguimiento de estos productos en el mundo entero. Su centro de I+D dedicado al seguro de dependencia analiza las tendencias más relevantes en este segmento de población tan sensible y desprotegido por los sistemas sanitarios de todo el mundo.
Diputación de Vizcaya flexibiliza el acceso a residencias de dependientes para dar mayor protección a estas personas
La Diputación foral de Vicaya ha flexibilizado el acceso a residencias de personas dependientes, con el objetivo de facilitar los procedimientos y conseguir, de esta forma, una mayor protección de estos ciudadanos, según ha informado el portavoz foral, Unai Rementeria.
La Institución foral ha aprobado este martes, en consejo de Gobierno, el Decreto que tiene por objeto la regulación del régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio de estancia permanente.
Los cambios propuestos están dirigidos, por un lado, a reducir y agilizar, en la medida de lo posible, los trámites previos al ingreso en residencia, y, por otro, a mejorar el proceso de gestión de asignación de plaza.
El Parlamento vasco aprobó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que estableció el nuevo marco normativo al que debía ajustarse el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Con el fin de adaptar el procedimiento administrativo de acceso al servicio foral residencial para personas mayores dependientes a este nuevo marco jurídico, se aprobó el Decreto foral de la Diputación de Vizcaya 29/2009, de 24 de febrero por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
Posteriormente, se público el Decreto foral de la Diputación de Vizcaya 162/2009, de 1 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Este Decreto foral ha sido modificado por el Decreto foral 93/2010, de 20 de julio, y por el 121/2012, de 21 de febrero.
El futuro de los servicios sociales municipales a análisis
Nueva jornada informativa y gratuita organizada por AERTE.
La aprobación el pasado mes de diciembre de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, repercutirá de forma notable sobre las competencias que los ayuntamientos tienen en servicios sociales municipales, en especial, en la asistencia a domicilio a personas en situación de dependencia, en su mayoría mayores y personas con algún tipo de discapacidad.
Un tema de máximo interés dadas las perspectivas presentes y futuras de aumento de la población mayor y, por tanto, la progresiva demanda en servicios asistenciales de calidad que, en muchos casos, deben garantizar las Administraciones públicas locales, con el objetivo de procurar que, en situaciones de necesidad, las personas puedan permanecer en sus propios domicilios con una adecuada calidad de vida.
AERTE celebrará este jueves, 27 de febrero, a partir de las 16:00 horas, una jornada informativa en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con el fin de informar y asesorar, de forma gratuita, a empresas y profesionales de servicios sociales, y a personal de los ayuntamientos sobre las consecuencias de la aplicación de dicha ley sobre los servicios sociales municipales. Para ello, se pondrá énfasis en la adaptabilidad del servicio al nuevo escenario, su financiación, las fórmulas para dar una cobertura asistencial profesional o los mecanismos de la colaboración público privada con las administraciones que gestionan servicios municipales, así como la Generalitat que gestiona los servicios de dependencia.
La jornada contará en su apertura con la presencia de la Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. El formato comprenderá tres ponencias y una mesa redonda moderada por la Directora General de AERTE, Mª José Mira, en la que se analizará el nuevo panorama de los servicios sociales de ámbito local que se configura tras la reforma. Participarán: Mª Carmen Aparisi, interventora del Ayuntamiento de Torrente; José Mª Toro, Coordinador del Grupo de trabajo de Gestiones Integrales de Aerte; Enrique Bueso Guirao, Abogado; Juan Manuel Pérez Mira, decano del Colegio de Economistas, Alberto Echevarria, Presidente de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), y José Antonio Redorat, secretario de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, encargado además de clausurar la jornada.
SARquavitae gestionará del Centro Residencial y de Día Utebo propiedad del Gobierno de Aragón
El nuevo centro del IASS tiene una capacidad para 135 residentes y 30 plazas de centro de día y creará 80 nuevos puestos de trabajo.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón ha adjudicado la gestión integral del centro residencial y centro de día para personas mayores de Utebo a SARquavitae, líder en servicios sanitarios y sociales en España. El centro, propiedad del Gobierno de Aragón, tiene capacidad para 135 residentes y 30 usuarios de centro de día y ofrecerá empleo a más de 80 personas.
El contrato tendrá una duración inicial de 10 años, un periodo susceptible de prorrogarse por otros dos periodos de 5 años. El importe total de adjudicación del contrato para el periodo inicial y para las posibles prórrogas mencionadas supera los 34 millones de euros.
SARquavitae ofrecerá a los usuarios y residentes del centro residencial y de día de Utebo una amplia cartera de servicios asistenciales tales como atención médica y de enfermería, recuperación y estimulación de capacidades funcionales, atención psicosocial, actividades socioculturales y fisioterapia; entre otros. Así como una amplia gama de servicios hoteleros y servicios complementarios.
Cabe remarcar que, durante unos meses, el centro atenderá también a los usuarios procedentes del centro residencial de Movera, dependiente también del IASS, debido a las obras de reforma que se están llevando a cabo por el momento en sus instalaciones.
Un entorno privilegiado con una arquitectura funcional
El centro residencial y de día Utebo es un edificio de nueva construcción situado en el municipio de Utebo con un total de 11.375 m2 construidos. El edificio destaca por su arquitectura y su ubicación: situado frente al Parque de las Fuentes, lo que permite que las salas principales avancen y se orienten hacia esta zona verde.
Con esta adjudicación SARquavitae reforzará su presencia en Aragón, donde actualmente ofrece trabajo a más de 400 personas y gestiona otros dos centros residenciales y sociosanitario en Zaragoza, SARquavitae Fontibre y SARquavitae Zalfonada; además de prestar el Servicio municipal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Zaragoza a 2575 personas.
SARquavitae (www.sarquavitae.es), compañía líder en servicios sanitarios y sociales, con una plantilla formada por más de 9.000 profesionales, ofrece servicio -tanto en sus centros como a domicilio- a 200.000 personas al año. Desarrolla un innovador modelo de atención centrada en la persona y basado en tres ejes de actuación: el trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort y bienestar, presentes en todos sus servicios. La empresa dispone 135 centros de los que 53 son centros residenciales y sociosanitarios, 15 son centros especializados en la atención a la discapacidad, 59 son centros y hospitales de día y 5 son complejos de viviendas con servicios, con una oferta total de más de 11.000 plazas. Además, también ofrece diariamente un servicio de ayuda a domicilio a 12.600 personas y servicios sanitarios a domicilio. Realiza anualmente 76.600 visitas de urgencias médicas y de enfermería, atiende diariamente a 17.000 usuarios de teleasistencia y realiza un servicio de call center médico y social de 96.716 llamadas anuales.
La residencia y el centro de día de Muiños (Ourense) se incorpora a la red de centros asistenciales de la Fundación San Rosendo
Los vecinos de Muiños y familiares interesados conocieron las instalaciones del centro, durante una jornada de puertas abiertas.
La residencia y en centro de día entran en funcionamiento el martes 25 de febrero, con una decena de usuarios que se irán incorporando de manera progresiva.
La Fundación San Rosendo celebró, ayer, una jornada de puertas abiertas en la residencia y el centro de día Virxe da Clamadoira de Muiños (Ourense), cuya gestión fue adjudicada por el concello el pasado mes de enero, en la que los vecinos de Muiños y ayuntamientos limítrofes conocieron las instalaciones.
La residencia, dotada con 40 plazas para dependientes, y el centro de día, con 30 plazas, entrará en funcionamiento con una decena de personas mayores que ingresarán a partir del martes 25 de febrero. La puesta en marcha del centro supondrá la contratación de 14 profesionales, la mayoría vecinos de Muiños, que durante las últimas semanas han recibido formación especializada impartida por la Fundación. Cuando el centro funcione a pleno rendimiento, se crearán 20 empleos directos.
Uno de los aspectos más significativos del centro es su arquitectura interior, ya que se ha recurrido a un juego de colores para diferenciar los espacios. La arquitecta de la edificación, Rosario Dacal, explicó que “mediante un sistema muy visual se trata de facilitar a las personas mayores su ubicación y, por lo tanto, la localización de sus propios espacios”, apuntó durante la jornada de puertas abiertas. Dacal también destaca que las estancias han sido diseñadas y equipadas con mobiliario “divertido” y “dinámico”.
El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela considera que la institución está “siendo coherente con el desarrollo en la comarca de Baixa Limia donde tenemos en funcionamiento un centro en Entrimo, ponemos en marcha Muiños y, próximamente, haremos lo mismo en Lobeira”.
El 85% de los centros de la Fundación San Rosendo se encuentran en entornos del rural, con escasa oferta privada y “donde existen necesidades reales, como en Muiños donde más del 53% de la población tiene más de 55 años, según el INE”, indicó Gavela Varela.
Una red de 67 centros por toda Galicia
La Fundación San Rosendo es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años prestando asistencia a colectivos desfavorecidos deGalicia como personas mayores o discapacitados. Con la incorporación de Muiños, la red de centros de la Fundación asciende a 67 residencias repartidas por toda Galicia, con cerca de 3.500 plazas asistenciales.
Al igual que el resto de los centros, Muiños se gestionará con los criterios de: apuesta por la calidad, participación activa en la vida social y cultural del entorno y ser una agente dinamizador.
Ropa sucia tras la privatización de la lavandería en las Residencias de Mayores
El sindicato Comisiones Obreras denunciairregularidades en la lavandería del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS), en manos de FLISA desde hace dos meses. Esta empresa es además la concesionaria de la Lavandería Central Hospitalaria tras su privatización, una maniobra de la Consejería de Sanidad que provocó un conflicto laboral que se tradujo en 42 días de huelga.
Según CCOO el servicio de lavandería de los centros adscritos al SRBS (Residencias de Personas Mayores, Centros Ocupacionales y Centros de Atención a Personas con Discapacidad) se ha deteriorado tras la privatización. «La ropa llega sucia, rota, deteriorada, no llega planchada, incumplen los horarios previstos, por lo que hay que esperar a que lleguen las ropas para poder a hacer las camas», ha comentado a la Cadena SER Javier Díaz, Secretario General del Sector de la Administración Autonómia de CCOO Madrid. Según Díaz, FLISA, que cobra la ropa lavada al peso, la devolvería húmeda para poder obetener mayores beneficios.
Para el sindicato, la privatización, lejos de suponer un ahorro, ha provocado unaumento en el gasto. «No está solucionando nada. El coste al erario público es mayor porque la Comunidad de Madrid ha invertido en calandras, en máquinas, que ahora están paradas«, ha añadido Díaz. CCOO exige una vuelta al modelo anterior o, en su caso, mayores controles para asegurar la calidad del servicio.
Por su parte, desde FLISA han comunicado que el servicio se presta «cada día mejor»y «sin quejas importantes por parte de Bienestar Social».
«Moreno es el Terminator de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género»
La diputada nacional del PSOE por Almería Consuelo Rumí ha manifestado este miércoles que su grupo tiene «muy claro cuál es el currículo» del candidato a la Presidencia del Gobierno andaluz del PP-A, Juan Manuel Moreno, a quien ha definido como «el ‘Terminator’ de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género».
En rueda de prensa, Rumí ha asegurado que Moreno es «cómplice de la ministra Ana Mato de los repagos farmacéuticos y del atentado contra la sanidad pública española» en su cargo institucional como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. «En definitiva, Arnold Schwarzenneger al lado del Moreno es un angelito», ha apostillado la diputada.
Rumí ha estado acompañada del senador socialista Juan Carlos Pérez Navas y de la diputada nacional Gracia Fernández, quien ha asegurado que el candidato a presidir la Junta «es conocido por sus malos hechos y obras» ya que «ha sido el responsable de implantar las políticas sociales que han agravado en nuestro país la pobreza y la desigualdad», según ha valorado.
Fernández ha afirmado que Moreno deja una Ley de Dependencia «prácticamente derogada» dado que «el Gobierno ha dejado de asumir sus responsabilidades y de aportar el 50 por ciento para el pago de las prestaciones» que ahora «tienen que asumir las comunidades autónomas». En este sentido, ha señalado que Andalucía «asume el 72 por ciento de los costes» de los servicios derivados de esta ley al tiempo que sufrido «una pérdida de 314 millones de euros» de aportaciones del Estado.
«La Junta ha tenido que hacer esfuerzo para garantizar la atención a la dependencia a 15.627 beneficiarios», ha explicado la diputada, quien ha valorado la «aportación extra» de más de 851.000 euros que el Gobierno andaluz ha dedicado al pago de los servicios de trabajadoras en la provincia.
Con esto, ha criticado también que Moreno «no haya tenido como prioridad» la integración de personas con discapacidad ni el desarrollo de políticas para luchar contra la violencia de género, cuyas partidas se han visto mermadas mientras que, en el caso de los discapacitados, sus políticas de integración o acceso a los medicamentos de manera gratuita se ha deteriorado, según ha defendido.
Para Fernández, Moreno «no está en condiciones de dar lecciones a nadie y menos en Andalucía» con lo que considera que «tiene mucho que hacer para demostrar que los andaluces le preocupan», sentido en el que además le ha invitado a participar en una concentración contra el anteproyecto de la ley del aborto.
Cerca de 10.500 ancianos sufren maltratos en Catalunya y 142.500 más están en riesgo
Cerca de 10.500 catalanes mayores de 65 años sufren maltratos y 142.500 más están en riesgo de sufrirlos, un fenómeno «silenciado» que se produce principalmente en el ámbito familiar y de difícil detección.
Según datos facilitados a Europa Press por la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, la violencia hacia los ancianos afecta al 0,8% de la población, una cifra que se duplica en el caso de los mayores de 65 años con dependencia.
Cinco de cada seis casos se mantiene oculto y menos del 6% de los maltratos se denuncian por las propias víctimas: «Para el Govern es una prioridad acabar con esta tendencia, así como dar visibilidad y proteger a este colectivo», según han indicado las citadas fuentes.
Para combatir la violencia hacia los ancianos, la Generalitat formará este año a 2.000 profesionales que están en contacto con este colectivo, –principalmente médicos, farmacéuticos y policías–, el doble que el año pasado, para que puedan prevenir y detectar posibles casos.
Los Mossos d’Esquadra atendieron en 2013 a 722 víctimas de violencia doméstica mayores de 65 años, seis más que el año anterior, y constataron 1.100 actuaciones de maltrato sobre ellas: «Esto permite intuir cierta reincidencia en los abusos sobre este colectivo especialmente vulnerable».
De las 722 víctimas atendidas por violencia doméstica el año pasado, 560 tenían entre 65 y 79 años, 153 entre 80 y 89, y nueve de ellas 90 años o más.
Además, los Mossos tramitaron 751 denuncias, mientras que el año anterior fueron 707, y se certificaron dos muertes por violencia doméstica, ambas mujeres –una en el primer trimestre y otra en el cuarto–.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La Conselleria que lidera Neus Munté impulsó en 2012 un protocolo de actuación contra los maltratos a los ancianos con el objetivo de acabar con su ocultación e implicar a los profesionales en su detección, con la edición de 2.000 ejemplares de la normativa.
El protocolo define los distintos tipos de maltrato que existen –físico, psicológico, emocional, sexual, económico, negligencia, abandono y vulneración de derechos–, y define las situaciones de riesgo.
Empresarios y sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Dependencia
Organizaciones empresariales y sindicales retoman el Observatorio de la Dependencia con el fin de que la Administración cumpla con la aplicación de la Ley de Dependencia, a través de una financiación adecuada, y vea a este sector «necesario» como la sanidad o la educación, y capaz de «generar riqueza» y puestos de trabajo.
Así, los representantes de las entidades firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han celebrado este jueves una rueda de prensa para pedir a la Administración que «recupere los objetivos iniciales» de la ley de la Dependencia, aprobada en diciembre de 2006.
Estas organizaciones señalan que frente a la previsión de unos 300.000 puestos de trabajo nuevos, con la puesta en marcha de la ley en 2007, sólo se han creado 70.000 nuevos, ya que antes de su aplicación ya trabajaban en este sector un total de 120.000 profesionales cualificados.
Esto es consecuencia, según la secretaria de Salud y Dependencia de UGT, Pilar Navarro, de la errónea actuación de las administraciones al fomentar la figura del cuidador familiar (actualmente representa el 43% de las prestaciones de la ley) y no el profesional, además de los recortes.
También denuncian que el sector de empresas de la dependencia está en «absoluta bancarrota» con el cierre de una residencia cada día por falta de viabilidad y una ocupación media del 20 por ciento de las plazas. Según ha indicado el secretario general de LARES, José María Gallardo, el Estado podría ahorrase 10.000 millones anuales si se atienden a los dependientes en residencias (150 euros al día) en lugar de en hospitales (650 euros diarios).
Las patronales advierten de que los precios de los conciertos residenciales siguen bajando mientras que permanecen vacías 50.000 plazas y hay 200.000 dependientes sin atender «Este binomio es imposible», ha aseverado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, en declaraciones a Europa Press.
Las organizaciones de este Observatorio avisan al Gobierno de la necesidad de preparar el sistema ante la realidad demográfica, pues en 2050 las personas mayores de 65 años en España se van a duplicar hasta alcanzar el 30 por ciento de la población y unen a los seis millones de mayores de 80 años previstos para esa fecha.
En cuanto al servicio de atención domiciliaria profesionalizada, denuncian que las adjudicaciones se dan por debajo del coste del servicio, lo que produce, según el secretario de negociación colectiva de CC.OO de Servicios Privados, «la merma directa» de este servicio porque no se producen altas.
UNA LEY «EN RETROCESO»
Transcurridos siete años desde la implantación de la Ley de Dependencia, las organizaciones de este Observatorio denuncian que no se están consiguiendo los objetivos que se marcaron en cuanto a la profesionalización del sector, que está en «riesgo» de viabilidad. A su juicio, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) está en «claro estancamiento» e incluso en «retroceso», como consecuencia de la reducción de la financiación.
Por ello, patronales y sindicatos han establecido varias áreas de actuación: seguimiento de las estadísticas oficiales sobre dependientes, prestaciones y empleo; análisis de la oferta de plazas, demanda, prestaciones, licitaciones, morosidad y financiación adecuada; evaluación toda la normativa que repercute en el sector de la dependencia; participación al sector asociativo y expertos; y la creación de un documento semestral (30 de junio y 30 de diciembre).
AMADE y el Foro Técnico de Formación han organizado el próximo 25 de febrero una jornada informativa, sobre «La Inspecciónde Trabajo»
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) y el Foro Técnico de Formación han organizado para el próximo 25 de febrero una JORNADA INFORMATIVA, destinada a las empresas, sobre LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.
El abogado Carlos Javier Galán, director del despacho Alberche Área Jurídica y autor del libro “La empresa ante la Inspección de Trabajo” (FC Editorial, 2013) será el primer ponente de este acto, convocado por la organización empresarial que representa a las empresas del sector privado de Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid.
Tras el turno de preguntas, tendrá lugar una mesa redonda que pondrá en contraste distintas perspectivas: la de los responsables empresariales, la de la propia inspección y la de la judicatura. Participan en la misma Beatriz Aguirre, directora de relaciones laborales de CEOE-CEIM, Paloma Urgorri, Jefa de la Unidad especializada de otras áreas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Antonio Trimiño, jefe de Relaciones Laborales de la multinacional Unísono, y Pablo Aramendi, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid.
El horario previsto es de 10 a 14 h. y el lugar de celebración es el Salón de Actos de CEOE en calle Diego de León nº 50 de Madrid. La inscripción es gratuita hasta cubrir plazas, dirigiéndose a maparicio@forotf.com y administracion@amade.es
Patronales y sindicatos se unen para exigir el cumplimiento de la Ley de la Dependencia
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), reclaman a la Administración recuperar los objetivos iniciales de la ley
Retoman el Observatorio de la Dependencia para exigir a las Administraciones Públicas que hagan efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía al acceso a los servicios sociosanitarios de calidad
Consideran el desarrollo de la ley clave para profesionalizar el sector, consolidar las inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de las prestaciones
FECHA: JUEVES 20 DE FEBRERO
LUGAR: SALA JOSE Mª CUEVAS, CEOE. C/ DIEGO DE LEON, 50 MADRID
HORA: 10:30 hr
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) protege de manera efectiva a más de 700.000 personas y que da ocupación a más de 190.000 trabajadores. El rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios. No en vano, tal y como ponen de relieve las organizaciones sindicales y empresariales del sector, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá 9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situándose España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumanía o Irlanda.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han decidido retomar “El Observatorio de la Dependencia” para cooperar con las administraciones públicas en recuperar los objetivos iniciales de la Ley y reconducir la situación, avanzando en la reglamentación pendiente, garantizando su cohesión territorial y poniendo en marcha criterios de eficacia y eficiencia en el sistema, fomentar la necesaria colaboración entre los ámbitos sanitarios y sociosanitarios. Y todo ello apostando en todo momento por la mayor profesionalización del sector, la consolidación de las inversiones, la generación de empleo de calidad y cualificación del mismo, así como la mejora de la calidad en la prestación que se ofrece a las personas dependientes y a sus familias.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia representan a la mayoría absoluta de las empresas del sector en la que prestan servicio 180.000 trabajadores, que atienden diariamente a más de 1,2 millones de personas en situación de Dependencia a través (Residencias de Personas Mayores, Centros de Día y Noche, Viviendas Tuteladas, Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
Cabe recordar que las trabajadoras y trabajadores del sector están realizando un importante esfuerzo de contención salarial en estos años de crisis; por su parte, la empresas han trabajado intensamente para mantener el volumen de empleo en el sector; y las organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a la profesionalización del sector. Todo ello con el claro objetivo de prestar un servicio de calidad con un coste sostenible en un sector, el de la Dependencia, que es único que no pierde empleo en la Encuesta de Población Activa.
Argumentos, todos ellos, que vienen a reforzar la exigencia a las Administraciones Públicas de un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía contemplado en dicha Ley.
Validadas más de 55.000 firmas de ILP para garantizar pagos gran dependencia
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir una reforma de la ley de finanzas públicas de Cataluña para que se garanticen los pagos a la gran dependencia ha conseguido las firmas necesarias para continuar la tramitación de la petición, al validarse un total de 55.554 firmas de apoyo.
La comisión de control de la ILP que propone modificar la ley de finanzas públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia ha validado esta tarde las firmas recogidas por los promotores y que han superado las 50.000 firmas necesarias.
Esta ILP, la segunda presentada esta legislatura tras la que pide una renta mínima garantizada, plantea una proposición de ley de modificación del texto refundido de la ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
Se trata, según sus promotores, de garantizar por ley que los pagos de las prestaciones de gran dependencia «lleguen puntualmente a los beneficiarios y a las entidades proveedoras» y tengan «carácter prioritario».
La comisión de control, el órgano que vela por la veracidad del proceso y que preside el magistrado de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Daniel Bartomeus, ha proclamado esta tarde las firmas recogidas y las ha comunicado a los promotores.
Ahora, la mesa del Parlament deberá abrir la tramitación propiamente parlamentaria de la iniciativa, y la junta de portavoces el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas.
Después, la junta deberá incluir en el orden del día de un pleno para hacer el debate de totalidad.
El primer centro de día para mayores LGTB de España se abrirá en Lavapiés
Se trata del primer centro de día de toda España destinado a prestar servicios al colectivo LGTB. Su gestión será participativa y ofrecerá actividades lúdicas, deportivas, terapéuticas, de alimentación y cuidados especializado y por personal también preferentemente LGTB. El centro, situado en la calle Amparo de Madrid, abrirá al público en cuanto terminen las obras de acondicionamiento previstas.
La Fundación 26 de Diciembre presentó el pasado viernes en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, el proyecto de Centro Socieducativo para mayores, principalmente lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Durante el acto, la Fundación 26 de Diciembre lanzará su nueva página web y presentará el vídeo promocional del Centro Socieducativo, en la que participan todos los grupos políticos de Madrid. Asimismo dará comienzo una campaña para la implicación de personas interesadas en participar asociándose a la iniciativa.
La Fundación no ha confirmado la fecha exacta de la inauguración, pero sí ha precisado que será “cuando terminen las obras de acondicionamiento previstas”.
“Hay muchos mayores (LGBT) que no tienen ni para comer, por la crisis y porque en el pasado no trabajaban por la discriminación que había y al no haber cotizado, ahora no tienen pensiones. Además de ofrecerles comida, también se trabajaría con ellos para fomentar su autoestima y valorarlas como personas”, explicó Federico Armenteros, presidente de la Fundación.
También adelantó que estaban trabajando en “varias campañas de captación de fondos y se está negociando con los empresarios de Chueca para que colaboren y así poder crear este comedor solidario”. Los responsables también anunciaron la puesta en marcha de una campaña de captación de voluntarios y de “implicación de personas interesadas en participar asociándose a la inciativa”.
Al acto también acudieron representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid, periodistas como Fernando Olmeda, empresas y público en general. En el evento también se presentó la nueva web de la fundación. Así nos explicaba el responsable de la Fundación su gran proyecto, el residencial, que se construirá en la población madrileña de Rivas.
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.